Varias municipalidades opositoras enfrentan la amenaza de ser intervenidas por el gobierno central, luego de que sus intendentes resolvieran auditar las administraciones coloradas anteriores, revelando en todos los casos escándalos de malversación, fraude y enriquecimiento ilícito.
Las municipalidades de Carlos Antonio López y Encarnación, en el sureño Departamento de Itapúa, fronterizo con Argentina; y Lambaré, en el Departamento Central, están en el ojo de una tormenta política desatada como consecuencia de la decisión de sus actuales intendentes de revisar lo actuado por sus predecesores colorados.
Podría parecer exagerado, pero el modus operandi sugiere la figura de un “golpe parlamentario” que comienza gestándose en la Junta Municipal (legislativo), de aplastante mayoría colorada en todos los casos, y se resuelve en la Cámara de Diputados, donde los colorados también son mayoría.
La posible intervención de la Municipalidad de Lambaré, vecina a Asunción, podría ser el primero de una serie de “golpes parlamentarios” en municipios en manos de la oposición al Partido Colorado.
Según especulan sus leales, el intendente lambareño Armando Gómez estaría viviendo sus últimas semanas al frente de la Municipalidad de una de las principales ciudades del área metropolitana de Asunción.
Gómez, que asumió hace poco más de un año, derrotó al colorado Roberto Cárdenas, quien iba por su segundo mandato cuando una serie de escándalos de corrupción con fondos destinados a la Educación, entre otros casos, minó sus posibilidades en el tramo final de la campaña electoral.
La mafia del transporte
En Encarnación, el intendente Luis Yd, quien puso fin a 80 años de gobiernos colorados al frente de una coalición que agrupó a liberales, luguistas e independientes, vive una situación similar luego de impulsar una auditoría de las administraciones anteriores que reveló multimillonarios faltantes en las arcas municipales.
Los reveladores datos pusieron contra las cuerdas a, por lo menos, dos administraciones coloradas, la del hasta hace poco director de la binacional Yacyretá, Juan Alberto Schmalko, y su delfín, el abogado Joel Maidana, derrotado por Yd en las últimas elecciones municipales de 2015.
Maidana, ocupó la intendencia al renunciar Schmalko para asumir en Yacyretá, pero también fue concejal, así que aparece doblemente comprometido en las denuncias de corrupción surgidas de la auditoria dispuesta por Yd, que también salpican a otros ediles, algunos de ellos en funciones.
Como contracara, la gestión actual consiguió un superávit de casi dos millones de dólares en el presupuesto municipal, un dato inédito si se tiene en cuenta que la comuna encarnacena vivía gestionando préstamos en bancos de plaza hasta para atender gastos corrientes.
El conflicto político recrudeció en las últimas semanas con la intención de la actual administración de llamar a licitación para renovar flota e itinerarios del transporte público de la ciudad, monopolizado desde siempre por un grupo de empresarios ligados al Partido Colorado.
Esta semana, la mayoría colorada ratificó una ordenanza ya vetada por Yd, otorgándoles a los transportistas otros siete años de usufructo de un servicio abiertamente deficitario y que pone en peligro la vida de miles de personas todos los días. Y que además se contrapone con la moderna infraestructura con que cuenta actualmente Encarnación, capital del verano y el carnaval paraguayo.
Las escenas de colectivos perdiendo alguna rueda en pleno viaje, que bien podrían integrarse a la galería universal de “los bloopers y los videos más asombrosos” de Discovery Channel, no sorprenden a nadie en la ciudad. Tampoco los buses parados en medio del camino, o empujados por los mismos pasajeros. Amén de horarios e itinerarios que jamás se cumplen.
Los “chatarreros”, como llaman los encarnacenos a los transportistas, son aliados históricos de la logística colorada en la ciudad. Algunos de ellos hasta son “seccionaleros”, nombre que reciben aquí los operadores o punteros partidarios barriales y comunitarios.
Se trata de una verdadera mafia que ha manejado los hilos de un renglón importante de la actividad económica de Encarnación durante el último medio siglo. Todas las administraciones coloradas de la ciudad han sido abiertamente indulgentes con ellos, incluso a pesar de los reclamos, protestas y muestras de indignación ciudadana, como la que se volvió a producir en estos días, en ocasión de la decisión de la bancada colorada municipal de ratificar la norma vetada por Yd.
Según observadores políticos encarnacenos, la aprobación de esta ordenanza, es el punto 4 de un menú golpista que ya incluyó el rechazo a la ejecución presupuestaria 2016 del Intendente, el rechazo al llamado a licitación pública para el transporte, y el rechazo a su veto a la cuestionada ordenanza por el mismo tema. Ahora, dicen, sigue el rechazo a la modificación de la ejecución presupuestaria 2016, que sería la antesala de un pedido de intervención varias veces anunciado.
La prensa colorada, como el diario ADN, de propiedad del grupo Cartes, lo anunció abiertamente en tapa en dos ediciones de la primera semana de junio, con los sugestivos titulares: “Se le acaba el tiempo a Luis Yd”, y “Yd sigue callado pero con la soga al cuello”.
Presa por transparentar
En Carlos Antonio López, en el norte de Itapúa, la intendenta Ninfa González llegó incluso a ser detenida en el marco de una denuncia por difamación y calumnias que le entabló su predecesora en el cargo, Silvana González, salpicada por supuestos hechos de corrupción revelados por una auditoría de su gestión, encargada por la actual jefa comunal.
Carlos Antonio López, un distrito también tradicionalmente colorado, está en manos de una mujer del partido Participación Ciudadana, integrante del izquierdista Frente Guasú, una de las pocas comunas del país en manos de la coalición que lidera el ex presidente Fernando Lugo, apartado del cargo mediante un golpe parlamentario de características similares en 2012.
La colorada González, querelló a la Intendenta porque ésta hizo públicos los resultados de la auditoría de su gestión, algo que por otra parte está estipulado en la ley de información pública, que además obliga a los entes públicos a difundir sus acciones y finanzas, incluso a tener un sitio web con toda esa información.
La auditoría evidenciaba una millonaria malversación de fondos, entre otras irregularidades, convalidados por sus correligionarios en la Junta Municipal, algunos de ellos con más de 20 años en sus cargos.
No son pocas las voces, silenciadas por los medios de propiedad de los mismos grupos políticos y económicos que ya estuvieron detrás de otras asonadas institucionales, que señalan que Armando Gómez, Luis Yd y Ninfa González están a las puertas de ser depuestos por procedimientos “legales” pero no legítimos.
