El presupuesto 2025 presentado por el gobernador Hugo Passalacqua permite trazar una proyección clara del escenario económico que se avecina, con un enorme esfuerzo de la Provincia por sostener inversiones sin el respaldo de la Nación y con recursos que son impredecibles en un escenario de alta volatilidad. No se sabe qué puede pasar mañana. Difícil predecir lo que sucederá el año próximo.
Lo que sí está claro es que el torniquete del Gobierno nacional seguirá firme, con recorte de fondos e inversiones que necesariamente deberán ser asumidos por la Provincia.
Los datos del Presupuesto permiten analizar el futuro inmediato y al mismo tiempo determinar por qué Misiones está en condiciones de asumir compromisos ante la retirada nacional.
En una constante de los últimos años, la Provincia destinará el 70 por ciento de los recursos a las áreas sociales, mientras que lo previsto para el pago de la deuda asciende a apenas el 0,17 por ciento del total. Un mínimo histórico que otorga autonomía financiera y revela el resultado de una política asumida hace 20 años.
De los 3.107.874.111.000 pesos -3,1 billones- destinados a inversiones y gastos en 2025, las áreas Salud (23%), Bienestar Social (21,1%) y Cultura y Educación (25,3%) concentran el 69% del total, que equivale a un monto de $2.137.148.058.000 -2,1 billones-.
El Gobernador destacó que “priorizando la inversión social ratificamos nuestro pensamiento que la verdadera inclusión, la real igualdad de oportunidades es la que brinda la educación, y por eso, apostamos decididamente a ella”.
Por otra parte, las áreas agrupadas bajo el concepto Desarrollo de la Economía, tienen una participación del 8,5% con un monto asignado de 265.174.588.000 pesos, recursos que serán destinados a dar continuidad a los distintos programas productivos en ejecución, fortalecer el apoyo a emprendedores, asistir al sector rural, promover el desarrollo industrial, avanzar en la habilitación de nuevos medios de transporte incluyendo las actividades portuarias y en obras de distribución de energía eléctrica.
Inversión social y desendeudamiento. Son premisas que en forma aislada pueden leerse como simples eslóganes. En Misiones, en este momento, cobran otra dimensión. El equilibrio fiscal que impuso la Nación como fin, sin importar los medios, desde hace tiempo está en la economía misionera, con una considerable diferencia: se conquistó en paralelo a una fuerte inversión del Estado, una infraestructura expansiva y en permanente vínculo con los municipios, como núcleos primarios de las demandas sociales.
A diferencia de la Nación, que impuso el nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, con concesiones generosas a las empresas, Misiones atrajo inversiones y tiene el mayor número de empresas de la región, con una legislación clara, una política fiscal definida desde hace años y leyes que protegen el medioambiente. Por eso no sorprendió la definición del presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Herrera Ahuad. En una entrevista en los estudios de Open1017, el ex gobernador señaló que será “el RIGI se va a adaptar a Misiones” y no al revés. Misiones está en el mapa de las provincias más atractivas para las eventuales inversiones por la masa forestal.
La economía de Misiones está resistiendo mejor que otras la recesión, aunque no pueda eludir sus efectos inmediatos. La crisis nacional comienza a hacer mella en el empleo y los niveles de pobreza están subiendo a niveles alarmantes según los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos. En Misiones el proceso es similar, pero en niveles inferiores a las demás provincias de la región. Sigue creando empleo privado y la pobreza se mantiene bastante por debajo del promedio.
Sin embargo, junio y julio tuvieron récord de subsidios por desempleo, con 3.077 y 3.098 casos. En los últimos quince años, nunca hubo tantos. Ni en la crisis de 2018. Ni en plena pandemia. Está pegando la recesión, admiten los empresarios. Particularmente en el sector comercio se están generando los despidos. Por eso la preocupación oficial de generar incentivos.
En Misiones, el Estado es un socio activo de la economía, porque cuenta con recursos para intervenir donde haya que intervenir. Desde la infraestructura pública, que derrama en otras actividades hasta inyecciones de optimismo, como definió Passalacqua a la nueva edición del Black Friday, que busca mover la demanda de bienes en momentos de fuerte contracción. La yerba mate es preocupación central: nueve cooperativas yerbateras recibieron 350 millones en créditos para compra de hoja verde y tienen pendiente otro desembolso similar en los próximos días. Otras cinco cooperativas y secaderos recibirán 400 millones y otro tanto espera 480 millones. También se trabaja con el Banco Nación por otros 1.140 millones. La premisa es que compren hoja verde a un precio más elevado que lo que paga el derrumbe del mercado desregulado por el presidente Javier Milei.
Los efectos de la desregulación se están sintiendo en plenitud. Un proceso idéntico al de los años 90 en apenas un puñado de meses. Los pequeños productores yerbateros están asumiendo las consecuencias. Muchos de ellos votaron por “más libertad”. Los precios, libres, son hoy de 180 o 200 pesos, a 30, 60 o 90 días. En enero se estaba pagando por la hoja verde unos 300 pesos o más. Si se analiza la relación entre lo que recibe el productor y el precio de góndola, el primero sólo logra captar 5,8% del precio de venta en góndola, es decir, 3,1 puntos menos que en junio de 2023, consignó un estudio del Centro de Economía Política Argentina. Para que los productores perciban el mismo porcentaje del precio de góndola que en mayo de 2023, el valor del kilo de hoja verde debería ser de $396, un aumento de 52% en relación al actual. A su vez, los productores reclaman un valor mínimo de 505 pesos por kilo, lo que equivaldría al 11% del precio de góndola (volver a abril de 2023) y a un aumento de 94% en relación al precio actual. El precio en góndola, en cambio, no bajó, sino que aumentó 35 por ciento en los últimos meses, aunque la industria no logra captar toda esa rentabilidad.
La misma desazón que reina entre los productores yerbateros, comienza a manifestarse en las encuestas que hasta hace poco eran todas favorables al Presidente. Ya no lo son tanto. Es que la autopercepción del Presidente como “generador de riqueza con o sin dinero”, envejeció muy mal en unos pocos meses.
Según los últimos datos de la Encuesta Permanente de Hogares que difundió esta semana el Indec, por la devaluación de diciembre y su impacto en la inflación y en el costo de las canastas básicas, la pobreza pegó un salto significativo y alcanza al 54,8% de las personas en el primer trimestre de 2024, en el inicio de la gestión Milei. De ese total, el 20,3% de las personas quedaron en situación de indigencia. Equivale a un incremento de 4,7 millones de nuevos pobres, de los cuales 2,8 millones son nuevos indigentes, en apenas un trimestre.
En relación al primer trimestre de 2023, la pobreza general aumentó de 38,7% a 54,8%: una suba de 16,1 puntos. Y la indigencia subió del 8,9% al 20,3%. Esto representa un incremento de 7,5 millones de nuevos pobres. Por su parte, y a pesar de las ayudas sociales, sobresalió la pobreza infantil con 69,7% y una indigencia del 30%.
Las encuestas marcan ese descontento. Un trabajo de la consultora Proyección, el 51,6 por ciento de los encuestados cree que la economía estará peor en los próximos seis meses. El 41 por ciento siente “incertidumbre” ante el rumbo del país y 43,4 por ciento considera que es “incorrecto”.
Los datos recolectados por Zuban&Córdoba son igual de contundentes. Un 51% cree que la gestión económica está fracasando, un 70% dice que su economía personal empeoró desde que Milei es presidente, y un 55% cree que Milei no es capaz de controlar el precio del dólar.
El 53,6 por ciento de los consultados por Zuban&Córdoba desaprueba la gestión y el 46,2 por ciento “ya no le da más tiempo” a la gestión Milei. El 70,1 por ciento cree que su situación personal empeoró con el nuevo gobierno y el 68,8 por ciento rechaza la premisa de que los salarios le están ganando a la inflación.
Esa frase que el Gobierno se esmera en repetir, pierde sentido ante acciones que impulsa el mismo Gobierno para “ordenar la economía”. Agosto llegó con una nueva suba de combustibles, esta vez de 2,5 por ciento en las provincias y de 7 por ciento en dos veces en Buenos Aires. En Misiones en la era Milei, los combustibles aumentaron 134,8 por ciento. Llenar un tanque en diciembre costaba 26.675 pesos, mientras que ahora hay que pagar 62.645. Ni siquiera el aumento “doble” en Buenos Aires logra mitigar la asimetría interna en el país, que sigue siendo profunda: una diferencia de 170 pesos por litro entre Posadas y Buenos Aires.
Lo mismo sucede con el boleto del transporte. En Posadas este fin de semana hubo un aumento del boleto. El viaje con la Sube o la aplicación pasará de costar $690 a $850 en la capital provincial, mientras que el costo del recorrido Garupá-Posadas, y viceversa, será de $1.105 y de Candelaria-Posadas $1.292. En cuanto a los usuarios que no cuenten con la Sube Misionera o la aplicación móvil, el valor del pasaje para viajar por Posadas será de $1.100, para Garupá-Posadas, y viceversa, de $1.500 y para Posadas-Candelaria $1.700. En el AMBA el aumento se aplicará desde el 12 de agosto. Para las personas que tienen su tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo para el tramo más corto (0 a 3 kilómetros) subirá $100 y pasará a costar $370. Así y todo, el AMBA mantendrá la segunda tarifa más baja de la Argentina. Son problemas del federalismo fallido que persisten, no importa el Gobierno que sea.
