Estados Unidos

Los latinos ya representan el 25% de los nuevos emprendimientos en Estados Unidos

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El panorama empresarial en Estados Unidos ha experimentado un notable cambio en los últimos años, reflejando la creciente influencia y contribución de la comunidad latina. Según datos recientes de la SBA (US Small Business Administration, por sus siglas en inglés), la presencia de empresarios latinos está en constante aumento, evidenciando su papel vital en la economía del país. 

De hecho, uno de los datos más destacados es que actualmente, 1 de cada 4 nuevos negocios en Estados Unidos tiene a dueños latinos al mando. “El crecimiento de negocios liderados por latinos en Estados Unidos es una clara muestra de su aporte al desarrollo económico del país. No se trata solo de números, sino del empuje, la creatividad y la capacidad de adaptación de una comunidad que sigue abriéndose paso a pesar de los obstáculos. El emprendimiento se ha convertido en una herramienta poderosa para los latinos que buscan oportunidades reales de progreso”, afirma Fernando Socol, abogado de inmigración y fundador de SOCOL Law.

Uno de los factores clave que ha impulsado este aumento en la actividad empresarial entre los latinos es su deseo de crear oportunidades para sí mismos y sus comunidades. Muchos empresarios latinos ven el emprendimiento como una forma de superar barreras y contribuir al crecimiento económico tanto a nivel personal como en el ámbito local y nacional. Además, la apertura a nuevas ideas y la adaptabilidad inherente a la cultura latina han desempeñado un papel esencial en la creación y éxito de estos negocios.

La tecnología y la globalización han sido aliados valiosos para estos emprendedores latinos. Las plataformas en línea, el comercio electrónico y las redes sociales han permitido a estos nuevos negocios llegar a un público más amplio y diverso. Esto no solo ha ampliado su base de clientes, sino que también ha brindado una visibilidad sin precedentes a estos emprendimientos dirigidos por latinos.

Cuántos y cómo emprenden los latinos exitosos en Norteamérica

De acuerdo a cifras del Comité Hispánico de Emprendedurismo y negocios de Estados Unidos, los casi 5 millones de empresas propiedad de hispanos en Estados Unidos aportan más de 800 mil millones de dólares anuales a la economía estadounidense.  Además, hay más de 300 mil empresas propiedad de hispanos en los 50 estados y en el Distrito de Columbia. Estas compañías emplean al menos a un trabajador aparte del propietario.

Las empresas hispanas emplean alrededor de 1 millón de trabajadores, con más de 100 mil millones de dólares en nóminas anuales.

Asimismo, según un relevamiento de Socol Law, sobre el perfil de los latinos que aplican a la visa E2 de inversionista para emigrar legalmente a Estados Unidos, la demanda creció un 50% en la región de Latinoamérica y la media de los interesados tiene entre 40 y 60 años. En los últimos 3 años, según la Embajada estadounidense, más del 80% de las visas E2 emitidas en América Latina son emitidas por las embajadas de México, Argentina y Colombia.

En cuanto al ranking de tipo de visas que aplican los residentes latinos principalmente en la Florida, se enumeran las siguientes:

Visa de inversión: Muchos latinos optan por la visa de inversionista para establecer o expandir negocios en Estados Unidos.

Visa de talento: Esta visa es elegida por aquellos latinos con habilidades y talentos especiales que desean trabajar en campos específicos.

Residencia de trabajo: Algunos latinos obtienen la residencia de trabajo como parte de su proceso migratorio hacia Estados Unidos.

No obstante, desde la firma especializa en inmigración, alertan de que la trayectoria de los negocios latinos no está exenta de desafíos. Acceder a financiamiento, enfrentar regulaciones gubernamentales y competir en un mercado saturado son obstáculos que muchos de estos emprendedores deben superar. Es fundamental que se continúen creando programas y recursos que apoyen a los empresarios latinos y les brinden las herramientas necesarias para prosperar.

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Expropiación de YPF: el Gobierno advirtió que sería “incumplible” un fallo desfavorable en EEUU

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A la espera de la resolución de la Justicia de EEUU, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró que Argentina no estaría en condiciones legales de cumplir con la entrega de acciones a los fondos buitres.

A horas de que la Corte de Apelaciones de EEUU resuelva si autoriza o no la entrega de las acciones de la empresa YPF en la causa por la expropiación, el Gobierno afirmó que un fallo desfavorable sería “incumplible” en la práctica. El Tribunal deberá determinar si mantiene la suspensión del fallo, si levanta la orden o si pide al país que presente otra garantía.

El 30 de junio pasado, la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló en contra del país y dispuso que la Argentina entregue las acciones de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park como forma de pago de la indemnización fijada en u$s16.100 millones más intereses. La defensa argentina presentó una apelación para frenar la orden y, mientras tanto, el tribunal concedió una suspensión temporal.

A la espera del fallo que saldría en las próximas horas, el jefe de Gabinete Guillermo Francos habló en Radio Nacional al respecto. “Pueden dictarla, pero si lo hacen, es una decisión incumplible por parte del gobierno nacional, porque existe esta famosa ley que hemos comentado, la ley por la que se expropió la empresa”, señaló.

De acuerdo al jefe de ministros, la legislación indica que “para que alguna vez se venda alguna acción de YPF de las que pertenecen al Estado nacional, eso tiene que ir al Congreso y ser aprobado con una mayoría especial”. De manera que si la Justicia estadounidense resuelve en contra del país, no estaría habilitada para ordenar una entrega de acciones.

Al momento de solicitar la suspensión, la defensa argentina consideró que la magistrada se excedió en su jurisdicción y que no hay posibilidad material de expropiar las acciones. Además de pedir la suspensión de la entrega de acciones, también pidieron que se dicte una suspensión provisoria mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor.

En esa línea señaló que “Preska está invadiendo una jurisdicción” y que no puede “ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”.

También agregaron que toda decisión relacionada a la expropiación de la petrolera tiene que estar sujeta a la votación del Congreso de la Nación y obtener una mayoría especial de dos tercios. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, agregan en el escrito.

El texto advierte que podría haber “consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo”.

“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, agregaron los abogados en el escrito dirigido a Preska. En ese sentido, explicaron que si se transfirieran las acciones a los demandantes y luego decidieran venderlo, el daño ya sería irreversible, todavía con la instancia de apelación pendiente.

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Caso YPF: la justicia de EEUU define el futuro del control accionario argentino

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El tribunal estadounidense resolverá hoy si el Estado argentino puede mantener en su poder el capital accionario que posee en YPF mientras se tramita la apelación por la condena de USD 16.000 millones dictada por la jueza Loretta Preska, o si deberá transferirlo como garantía inmediata. La decisión tendrá impacto económico, político y diplomático de alto voltaje.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York debe pronunciarse sobre el pedido de suspensión (“stay”) presentado por la Argentina para evitar la transferencia inmediata (“turnover”) del 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado.
La resolución se da en el marco del litigio que enfrenta al país con Burford Capital, fondo que compró los derechos de demanda derivados de la expropiación de la petrolera en 2012.

En caso de un fallo adverso, el Gobierno podría recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque especialistas advierten que esta instancia suele rechazar intervenir en disputas de carácter administrativo.

Contexto: la expropiación de 2012 y la condena millonaria

El origen del conflicto se remonta a abril de 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se expropió el 51% de YPF que pertenecía a la española Repsol y a la familia Eskenazi.
En 2023, la jueza Loretta Preska condenó en primera instancia a la Argentina a pagar USD 16.000 millones por violaciones al estatuto de YPF y a normas de mercado en el proceso de nacionalización.
Con intereses acumulados, la deuda asciende hoy a USD 18.000 millones, cifra que representa casi un tercio de las reservas brutas del Banco Central y que presiona las ya tensas cuentas externas del país.

Burford Capital sostiene que YPF y el Estado argentino funcionan como un “alter ego”, sin separación efectiva, lo que habilitaría ejecutar no solo las acciones de la petrolera sino otros activos soberanos.
Para sostener esa posición, el fondo solicitó acceso a correos electrónicos, chats y documentos de exministros de Economía como Luis Caputo y Sergio Massa, buscando probar la injerencia directa del Gobierno en la operativa de la empresa.

Los tres escenarios posibles

Según fuentes del caso, la Corte de Apelaciones podría:

  1. No conceder la suspensión y confirmar la orden de Preska de entregar las acciones.
  2. Conceder la suspensión, pero exigir una garantía distinta a las acciones de YPF.
  3. Otorgar la suspensión plena, postergando la entrega de las acciones hasta que se resuelva la apelación en septiembre.

En los dos primeros casos, el Gobierno anticipa que pedirá revisión ante la Corte Suprema. Si la resolución fuera negativa y Argentina no cumpliera, quedaría en desacato, con posibles sanciones económicas y diplomáticas.

Un desacato podría acarrear consecuencias que van más allá de lo financiero: desde la imposición de trabas para emitir deuda en mercados internacionales hasta eventuales restricciones de ingreso a Estados Unidos para funcionarios argentinos, incluyendo la revocación de visas.
Para el gobierno de Javier Milei, que busca posicionar a la Argentina como destino confiable para capitales extranjeros, el caso YPF se transforma en un test clave de seguridad jurídica y credibilidad internacional.

Si la Corte de Apelaciones concede la suspensión, la definición final se trasladará a septiembre, tras las elecciones legislativas nacionales. Allí se evaluará de fondo si la orden de Preska de entregar las acciones es legalmente procedente.

En paralelo, el resultado marcará un precedente para futuras disputas sobre activos estratégicos de empresas con participación estatal, en un contexto en el que Argentina enfrenta litigios internacionales por otros sectores clave como energía, infraestructura y deuda soberana.

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Milei pactó el fin de la Visa con una funcionaria de Trump: cuándo esperan que esté listo

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El presidente Javier Milei se reunió esta mañana con la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el canciller Gerardo Werthein para firmar una serie de avances en materia migratoria.

De la reunión también participaron el jefe de Gabinete de la Secretaria de Seguridad, Corey Lewandowski; la encargada de Negocios de la Embajada de EE.UU., Heidi Nicole Gómez; el asesor, Robert Thomas Law.

“Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina está convirtiéndose en un amigo incluso más fuerte de los Estados Unidos, más comprometido que nunca a la seguridad fronteriza de ambas naciones”, declaró Kristi Noem.

Se trata de la cuarta figura de la administración republicana que pasó por Buenos Aires, tras el jefe de Comando Sur, Alvin Holsey; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el de Salud, Robert Kennedy Jr.

Su visita se da en el marco de las negociaciones de Argentina con Estados Unidos para volver a integrar el Programa Visa Waiver (VWP), tras haberse retirado en 2002, un régimen que permitirá que los argentinos viajen a EE.UU hasta 90 días sin necesidad de obtener una visa tradicional.

El Gobierno confirmó este fin de semana que comenzarán con el proceso y esta mañana firmaron una declaración de intención para el ingreso al Programa de Exención de Visas. De todos modos, todavía aguardan instancias de evaluación y no hay fechas para su ejecución. “Es muy difícil que sea menos de un año”, advirtió la secretaria de Trump en declaraciones que hizo en Campo de Mayo, donde fue a almorzar un asado acompañada de la ministra Bullrich.

Dentro del tramiterío “riguroso”, la Argentina deberá cumplir con altos estándares internacionales en sus procedimientos migratorios y la incorporación de pasaportes electrónicos, sistemas biométricos y control migratorio avanzado, según anticiparon desde el Gobierno.

“De culminar exitosamente, (el programa) permitirá que millones de argentinos puedan viajar a los Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de visado, posicionando a la Argentina en un selecto grupo de países con este privilegio”, festejó el comunicado de la Oficina de Presidencia.

“Argentina ahora tiene la tasa más baja de estadías con la visa vencida en toda Latinoamérica, y hay un 25% más de argentinos que viajaron a EE.UU en los primeros cuatro meses de este año en comparación al año pasado, lo cual implica el salto más grande entre los 20 principales países con llegadas internacionales. Por eso estamos dando pasos para permitir que Argentina se reintegre en el Programa Visa Waiver”, declaró además la secretaria estadounidense en un comunicado.

“Esta declaración que firmé junto a los ministros Werthein y Bullrich resalta nuestra fuerte asociación con Argentina y nuestro mutuo deseo de promover viajes legales y desterrar amenazas. Este tipo de liderazgo diplomático, encabezado por el Presidente Trump, va a ayudar a aumentar la seguridad en ambos países”, agregó.

A su vez, suscribieron a un memorando de cooperación para la identificación de personas prófugas,un paso clave para el alineamiento en las políticas migratorias entre ambos países.

Además del ministerio de Seguridad que conduce Bullrich, de parte de Estados Unidos Noem firmó en representación del Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Control de Inmigración, la Aduana y la División de Operaciones de Aplicación de Leyes y Expulsión.

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YPF: Argentina advierte que irá a la Corte Suprema si falla la apelación en Nueva York

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La Procuración del Tesoro presentó ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito los argumentos para suspender el “turnover” de las acciones. El país busca que el fallo quede sin efecto hasta que se resuelva la cuestión de fondo por la expropiación de 2012.

Argentina pide frenar la entrega de las acciones

El Gobierno argentino presentó formalmente sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF que el Estado posee desde la expropiación de 2012. La presentación, coordinada por la Procuración del Tesoro, busca que el tribunal suspenda de manera definitiva el “turnover” ordenado por la jueza Loretta Preska en septiembre de 2023, que habilita al fondo Burford Capital a ejecutar las acciones como parte de la indemnización fijada por más de USD 17.500 millones.

El planteo, a cargo del procurador Santiago Castro Videla y un equipo de abogados estadounidenses, insiste en que la medida de Preska “viola la inmunidad soberana” y “desconoce principios básicos de cortesía internacional”, además de subrayar que las acciones de YPF “están radicadas en Argentina” y no forman parte de ninguna actividad comercial en EE.UU.

El apoyo de EE.UU. y los argumentos centrales

En su apelación, la Argentina contó con el apoyo del propio Gobierno estadounidense, que presentó un amicus curiae ante el tribunal en favor de suspender la medida, al advertir que la ejecución podría generar “represalias judiciales” contra EE.UU. en otros países.

Entre los principales argumentos del escrito oficial, se destacan:

  • Violación de inmunidad soberana: las acciones están protegidas por la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos (FSIA) y no fueron utilizadas para actividades comerciales en ese país.
  • Principio de comity: la orden judicial obligaría a la Argentina a incumplir su propia legislación, que prohíbe la venta de las acciones sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional.
  • Irreparabilidad del daño: la entrega de las acciones implicaría la pérdida del control estatal sobre YPF, un perjuicio “irreversible” incluso si el país ganara la apelación final.
  • Interés público afectado: la medida podría impactar en la empresa, sus accionistas, las relaciones bilaterales con EE.UU. y el pueblo argentino en su conjunto.

Qué puede resolver la Corte de Apelaciones

Los escenarios que evalúan en la Procuración son tres:

  1. Favorable: el tribunal suspende el turnover sin condiciones, permitiendo avanzar con la apelación de fondo.
  2. Intermedio: acepta la suspensión, pero exige garantías de parte del Estado argentino.
  3. Adverso: confirma la orden de entrega, lo que llevaría al Gobierno a apelar ante la Corte Suprema de EE.UU., tal como anticipó oficialmente.

Si bien el tribunal no tiene plazos para pronunciarse, las partes esperan que la definición llegue “en cuestión de horas o días”, dada la urgencia del caso.

El caso Petersen/Eton Park vs. Argentina, impulsado por el fondo Burford Capital, cuestiona el proceso de expropiación de YPF en 2012 y es uno de los juicios más costosos que enfrenta el país. Un fallo adverso no solo implicaría la pérdida del control accionario de la principal petrolera argentina, sino que podría sentar un precedente internacional en materia de ejecución de activos soberanos.

Desde el Gobierno argentino remarcan que la prioridad es proteger el capital accionario estatal en YPF y que “negociar no es una opción”. En caso de un revés, la estrategia oficial será apelar hasta las últimas instancias judiciales en Estados Unidos.

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