Causa YPF: la Justicia de EE.UU. frena entrega de acciones y da aire a Argentina
El fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspende la orden de la jueza Preska y respalda el argumento de inmunidad soberana. El Gobierno celebra un alivio clave en la disputa por la expropiación de 2012.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió que Argentina podrá apelar la entrega de las acciones estatales de YPF sin desprenderse de esos títulos ni aportar otras garantías, en el marco del juicio que se sigue en Estados Unidos por la expropiación de la petrolera en 2012. La decisión, firmada por Catherine O’Hagan Wolfe, clerk del tribunal, suspende la orden emitida el pasado 30 de junio por la jueza Loretta Preska, que obligaba al país a transferir el 51% de las acciones que controla el Estado a Burford Capital, principal beneficiario del fallo.
La resolución también admitió que el Gobierno de Estados Unidos participe como “amicus curiae” en favor de Argentina, fortaleciendo la estrategia jurídica basada en la inmunidad soberana y la doctrina de actos soberanos prevista en la ley estadounidense FSIA (Foreign Sovereign Immunities Act) y en tratados internacionales.
El trasfondo del litigio: expropiación y condena multimillonaria
El caso se originó en abril de 2012, cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió la mayoría accionaria de YPF, entonces controlada por Repsol. Burford Capital, un fondo especializado en litigios, adquirió los derechos para demandar al Estado argentino por supuesta violación de los estatutos societarios de la compañía y por no realizar la oferta pública de adquisición obligatoria a los accionistas minoritarios.
En septiembre de 2023, Preska condenó a la Argentina a pagar USD 16.000 millones, cifra que hoy, con intereses, supera los USD 18.000 millones. El país solicitó un “stay” para evitar la ejecución de esa sentencia mientras se resuelve la apelación.
Argumentos de la defensa argentina
La Procuración del Tesoro, encabezada por Santiago Castro Videla, sostuvo que la entrega de acciones violaría la inmunidad soberana y el principio de cortesía internacional (“comity”), ya que los títulos están depositados en la Caja de Valores en Buenos Aires y su venta requiere la aprobación de dos tercios del Congreso, según la legislación nacional.
“El tribunal de apelaciones ha decidido aceptar la solicitud de Argentina y suspender la orden mientras se resuelven las apelaciones. Esta decisión garantiza que la República conserve la participación mayoritaria en YPF, un activo estratégico para todos los argentinos”, afirmó el organismo en un comunicado.
Para Juan José Carbajales, experto en energía, el fallo “refuerza el argumento de que la causa involucra actos soberanos no sujetos a jurisdicción comercial en EE.UU.”.
La agenda judicial fija el 25 de septiembre como fecha para la presentación de escritos argumentales en la apelación contra la orden de “turnover” de acciones. La primera audiencia para tratar la apelación de fondo está prevista para la semana del 27 de octubre, tras las elecciones legislativas. Se espera que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre la validez de la condena de Preska a comienzos de 2026.
En paralelo, Burford insiste en avanzar con otras líneas de ataque judicial, como la teoría del “alter ego”, que busca demostrar que YPF y el Estado argentino no son entidades independientes. Este enfoque apunta no solo a la petrolera, sino también a otras empresas con participación estatal e incluso al Banco Central, intentando acceder a reservas en oro depositadas en el exterior.
La decisión de la Cámara de Apelaciones fue recibida como una victoria táctica por el Gobierno, al evitar el desprendimiento inmediato de un activo considerado estratégico en el sector energético. Desde el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro subrayaron que el fallo “evita un precedente que pondría en riesgo activos soberanos” y permite encarar la apelación con margen de maniobra.
No obstante, el litigio principal sigue abierto y la eventual confirmación de la condena obligaría a la Argentina a afrontar un pago multimillonario que impactaría en las reservas y en la política energética.
