Estados Unidos

Ley GENIUS: Estados Unidos fija su primera normativa para stablecoins

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Estados Unidos aprueba su primera ley integral sobre cripto dólares: fuerte impacto en el mercado global de stablecoins

La Cámara de Representantes sancionó la Ley GENIUS, el primer marco legal que regula el uso de stablecoins vinculadas al dólar. Se espera una mayor transparencia, auditorías obligatorias y paridad 1:1 en las reservas. El proyecto cuenta con respaldo del presidente Donald Trump y anticipa un reordenamiento del sistema financiero digital global.

Con una histórica votación en la Cámara de Representantes, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley GENIUS, el primer marco regulatorio integral para las stablecoins en el país. La normativa apunta directamente a los cripto dólares –monedas digitales cuyo valor está anclado al dólar estadounidense– y establece reglas claras para su emisión, funcionamiento y supervisión. El presidente Donald Trump ya expresó su apoyo y se espera su promulgación en los próximos días.

Este avance marca un hito en el sistema financiero estadounidense, que hasta ahora carecía de una legislación específica para regular este segmento creciente del ecosistema cripto. La nueva ley exige que los emisores de stablecoins mantengan reservas líquidas en una proporción 1:1 con el valor emitido y se sometan a auditorías regulares, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la estabilidad del sistema de pagos digitales.

“Esta ley modernizará el sistema de pagos, protegerá a los consumidores y consolidará el dominio del dólar en las finanzas digitales globales”, celebró el senador republicano Bill Hagerty, uno de los impulsores del proyecto.

Obligaciones para emisores: reservas líquidas y auditorías

Uno de los puntos clave de la Ley GENIUS es la obligatoriedad de que los emisores de stablecoins garantizen una paridad efectiva 1:1 con el dólar mediante la tenencia de reservas líquidas. Este aspecto busca eliminar el riesgo sistémico asociado a monedas sin respaldo y evitar potenciales colapsos que puedan afectar la confianza del usuario.

Además, los emisores deberán presentar auditorías periódicas ante los organismos competentes para verificar el cumplimiento de esta exigencia. Estos requisitos, según analistas del sector, podrían elevar la barrera de entrada a nuevos emisores, pero también dar mayor robustez y legitimidad al mercado.

Tether y el rediseño de su estrategia para EE.UU.

El mercado de las stablecoins, con una capitalización superior a los u$s260.000 millones, está liderado por Tether (USDT) y USD Coin (USDC), que concentran el 60% y 25% del volumen, respectivamente. A raíz de la nueva ley, Tether ya evalúa lanzar un nuevo cripto dólar exclusivo para Estados Unidos, adaptado a las exigencias regulatorias del país.

Su CEO, Paolo Ardoino, afirmó recientemente que el mercado norteamericano requiere “una solución diferente a USDT”, con nuevas reglas de cumplimiento y funcionalidades específicas. Esto podría anticipar una segmentación regulatoria entre los criptoactivos operados en EE.UU. y los del resto del mundo.

Otras leyes cripto en debate: CLARITY y Anti-CBDC

Además de la Ley GENIUS, el Congreso estadounidense avanza con dos proyectos complementarios que ya cuentan con media sanción: CLARITY y la ley Anti-CBDC.

  • CLARITY busca establecer criterios jurídicos claros para definir cuándo un token es un valor financiero o una mercancía, además de permitir a las blockchains descentralizadas certificar su “madurez” para obtener una menor supervisión regulatoria.
  • Por su parte, la ley Anti-CBDC apunta a prohibir la creación de una moneda digital del banco central estadounidense (CBDC), un mecanismo que varios países ya comenzaron a desarrollar, como China, Brasil y la Unión Europea.

La sanción de la Ley GENIUS podría tener un fuerte impacto en el ecosistema cripto de América Latina, y en particular en países como Argentina, donde el uso de stablecoins como cobertura frente a la inflación y restricciones cambiarias es creciente. La legitimación y regulación de estas herramientas en Estados Unidos puede generar una mayor institucionalización de las criptofinanzas, pero también nuevas exigencias regulatorias indirectas para usuarios y empresas de la región.

A corto plazo, se espera que el Departamento del Tesoro defina los criterios técnicos para licencias, supervisión y estándares de transparencia. A largo plazo, la normativa podría consolidar al dólar digital como un pilar clave del sistema financiero global, desplazando iniciativas alternativas que no cumplan con estas nuevas reglas.

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Aranceles: Lula descarta una guerra comercial con Estados Unidos y busca una solución diplomática

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“Aquí se vino a discutir democracia, no a discutir a Trump”, expresó el mandatario brasileño en un foro internacional sobre democracia.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este lunes que aún no se puede hablar de una guerra comercial con Estados Unidos, pese a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer un arancel del 50 % a productos brasileños.

En una rueda de prensa en Santiago de Chile, donde participa en un foro internacional sobre democracia, Lula dijo mantener “cierta tranquilidad” ante la situación y afirmó que su Gobierno, junto al sector empresarial, trabaja en una solución diplomática.

“Nosotros no estamos en una guerra tarifaria. La guerra tarifaria comenzará cuando yo dé una respuesta a Trump, si no cambia de opinión”, aseguró.

Además, el mandatario brasileño subrayó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, el vicepresidente Geraldo Alckmin y empresarios brasileños están movilizados para buscar una salida negociada al conflicto comercial.

Lula también se refirió a la carta enviada por Trump la semana pasada, en la que el presidente estadounidense pidió el fin del proceso judicial contra el exmandatario Jair Bolsonaro, acusado de intento de golpe de Estado.

En ese sentido, Brasil no aceptará presiones externas que interfieran en las decisiones de su Poder Judicial, aseveró Lula. “Nadie puede amenazar a un partido con una decisión judicial. ¿Quién soy yo para tomar una decisión en nombre de la Corte Suprema? El ciudadano al que él (Trump) defiende está siendo juzgado por un crimen que consta en el expediente”, señaló.

Durante su intervención en el foro internacional sobre democracia, celebrado en Santiago de Chile, Lula evitó confrontar de forma directa el aumento de aranceles impuesto por Estados Unidos, insistiendo en que el foco del encuentro era el fortalecimiento de la democracia.

“Aquí se vino a discutir democracia, no a discutir a Trump”, expresó el mandatario.

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Juicio por YPF: fuerte cruce entre Burford y el Departamento de Justicia de EE.UU.

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Burford Capital, el fondo que litiga contra Argentina por la expropiación de YPF, cuestionó duramente al gobierno de Estados Unidos por intervenir como amicus curiae a favor del Estado argentino ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. El bufete británico reiteró que Argentina deberá pagar una sentencia que ya supera los USD 17.500 millones, con intereses incluidos.

Críticas al Departamento de Justicia y advertencia por “efectos adversos” locales
Burford Capital presentó un escrito de 31 páginas ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en el que rechaza el intento de intervención del gobierno estadounidense como amicus curiae en la causa por la expropiación de YPF. El fondo acusó a los funcionarios norteamericanos de presentar un alegato “basado en premisas erróneas” y “sin valor sustancial”.

“Lamentablemente, la prisa y el desconocimiento del gobierno quedan patentes en su escrito”, señaló el documento, en el que además se tilda de “sumamente inusual” la presentación del Departamento de Justicia, aludiendo a funcionarios del entorno del expresidente Donald Trump.

Burford también criticó que EE.UU. no haya respondido a su pedido de reunión previa para aclarar su postura, lo que –según alegó– contribuyó a una interpretación equivocada del caso. “Cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de la Casa Blanca al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos de tribunales federales”, sentenció el fondo.

Una batalla de fondo por USD 17.500 millones

El fallo de Preska, las acciones de YPF y la pulseada por la inmunidad soberana
El litigio por la estatización de YPF ya lleva más de una década. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina y ordenó que se transfiera el 51% de las acciones en manos del Estado como parte de pago por la expropiación sin oferta previa de compra. La sentencia inicial fue por USD 16.000 millones, cifra que ya se elevó por intereses hasta superar los USD 17.500 millones.

Burford busca que la Corte de Apelaciones no suspenda el fallo de Preska, mientras que Argentina, con el respaldo reciente del Departamento de Justicia de EE.UU., insiste en la inmunidad soberana y el riesgo de daño irreparable si se ejecuta la entrega de acciones antes del resultado final del proceso de apelación.

El giro de EE.UU. y su impacto político

El gobierno argentino lee un respaldo implícito; Burford alerta sobre falsas expectativas
Desde la Procuración del Tesoro, que encabeza Santiago Castro Videla, interpretaron el respaldo de EE.UU. como un gesto diplomático significativo. “No se trata de un respaldo menor ni debe ser naturalizado”, indicaron fuentes del organismo. Recordaron que en 2019, durante las presidencias de Macri y Trump, la posición oficial estadounidense fue contraria a la inmunidad argentina.

En su presentación, el Departamento de Justicia justificó su posición afirmando que “el caso puede tener importantes ramificaciones para las relaciones exteriores de EE.UU. y afectar el trato recíproco en tribunales de otros países”.

Burford, por su parte, advierte que el gobierno argentino ha interpretado erróneamente ese gesto como una garantía de que no deberá pagar. “La prensa y los funcionarios públicos han asumido que Argentina nunca tendrá que cumplir la sentencia”, alertó.

La Corte decidirá si suspende la sentencia y evita la entrega de acciones
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito deberá definir esta semana si hace lugar al pedido de suspensión de la sentencia de Preska. De lo contrario, Argentina podría verse obligada a transferir el paquete accionario en disputa a los demandantes, incluso antes de que se resuelva la apelación.

Burford sostiene que la posición de EE.UU. no debe influir en esa decisión, mientras insiste en que la inmunidad soberana no aplica para actos comerciales incumplidos por parte de Estados que operan en mercados internacionales, como en el caso de YPF.

El fallo definitivo tendrá implicancias financieras y diplomáticas de largo alcance. En juego no solo está el futuro accionario de la petrolera estatal, sino también la credibilidad jurídica de Argentina en los mercados internacionales. Si la Corte ratifica el fallo y avanza la ejecución, el gobierno de Javier Milei deberá afrontar uno de los mayores pasivos heredados del pasado reciente.

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Trump anuncia arancel del 30% a México por “no hacer suficiente” para frenar el narcotráfico

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que impondrá nuevos aranceles del 30% contra México que entrarán en vigor a partir del 1 de agosto.

En una carta que publicó en sus redes sociales, el mandatario informó que la medida contra uno de los principales socios comerciales de EE.UU. responde a que México “no ha hecho lo suficiente” para asegurar la frontera entre ambos países.

En el comunicado dirigido a la presidenta de México, Trump reconoció que ese país había colaborado en frenar el flujo de inmigrantes indocumentados y el tráfico de fentanilo a EE.UU.

“México me ha estado ayudando a hacer segura la frontera, PERO [en mayúsculas en el original] lo que ha hecho no es suficiente. México aún no ha detenido a los carteles que intentan hacer de toda Norteamérica un patio de juegos del narcotráfico”, dice la carta.

“La carta [de Trump] establece claramente que se busca llegar a un acuerdo para que no haya estos aranceles, lo ponen para el 1 de agosto”, sostuvo la mandataria.

“Nosotros creemos que, por lo que platicaron el día de ayer nuestros compañeros, vamos a llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y llegar, por su puesto, a mejores condiciones”, agregó Sheinbaum en relación al encuentro que mantuvieron funcionarios de ambos países este viernes en Washington.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum,  durante su "mañanera"
Pie de foto,Claudia Sheibaum se ha comprometido a negociar las mejores condiciones comerciales con EE.UU.

México es uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos, con más de US$505.000 millones en bienes importados por consumidores y empresas estadounidenses en 2024.

México representó el 69% de las importaciones estadounidenses de verduras y el 51% de las de frutas frescas en los últimos años, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Debido a su corta vida útil, los consumidores podrían experimentar aumentos de precios más rápidos que con otros productos.

Los aranceles son superiores al impuesto del 25% que Trump impuso a los productos mexicanos a principios de este año, aunque los productos que ingresan a Estados Unidos bajo el Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) están exentos.

La Cancillería y el Ministerio de Economía de México emitieron un comunicado conjunto indicando que ambos países habían entablado negociaciones el día anterior, donde abordaron temas de seguridad, migración, frontera y la relación económica entre ambos países.

Fue durante estas conversaciones que el gobierno de México fue informado de la nueva postura del presidente Trump, con nuevas tarifas que empezarían a regir a partir del 1 de agosto.

“Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo”, informa el comunicado mexicano.

“Se convino que la primera gran tarea de la mesa permanente binacional será conducir los trabajos para que antes de esa fecha (1 de agosto) tengamos una alternativa que permita proteger empresas y empleos en ambos lados de la frontera”, agrega.

El pasado miércoles, cuando México anunció el envío de su delegación a Washington, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno haría todo lo posible por negociar las mejores condiciones para su país frente a las nuevas amenazas arancelarias.

“Vamos a hacer todo el esfuerzo que esté de nuestro lado. Sabe el pueblo de México que estamos en eso”, aseguró la mandataria.

Aranceles contra aliados y rivales

Trump se encuentra en medio de una ráfaga de anuncios de nuevos aranceles contra aliados y rivales.

Esta política ha sido una de sus principales promesas de campaña, con el argumento de que establecería los cimientos para revitalizar la economía de EE.UU., que según dice ha sido saqueada por otras naciones durante décadas.

Desde principios de esta semana, el presidente estadounidense ha enviado cartas a más de 20 países con los aranceles actualizados para cada uno.

Al tiempo que envió la misiva a México, también publicó en su cuenta de redes sociales una carta similar anunciando la misma tasa de 30% contra la Unión Europea, resaltando que el déficit comercial con el bloque implica una amenaza a la seguridad nacional.

“Hemos tenido años para discutir nuestra relación comercial con la Unión Europea, y hemos concluido que debemos alejarnos de estos déficits comerciales de largo plazo, grandes y persistentes, engendrados por sus políticas de aranceles, no aranceles y barreras comerciales”, escribió Trump.

“Nuestra relación, lamentablemente, está lejos de ser recíproca”, agregó.

La tasa de aranceles es más alta de lo esperada y constituye un golpe a las esperanzas de la UE de reducir la intensidad de las diferencias y lograr un acuerdo.

En una advertencia más, tanto para México como la UE, Trump añadió que si toman represalias con aranceles más altos, “entonces, a cualquier cifra a la que decidan aumentar se le agregara al 30% que cobramos”, escribió en sus cartas.

Durante años, Estados Unidos y la mayoría de los otros países implementaron aranceles a través de una serie de complejas negociaciones conocidas como la ronda de Uruguay.

Los países podían establecer sus propios aranceles, pero bajo la medida de “nación más favorable” no podían cobrar a un país más que al otro.

Con sus tarifas recíprocas, Trump está desintegrando las leyes que han gobernado el comercio mundial en los últimos tiempos.

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Tensión migratoria en EE.UU.: Trump busca equilibrio entre deportaciones y demandas del sector agrícola e industrial

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Mientras el expresidente y actual candidato Donald Trump impulsa una agenda migratoria más agresiva con deportaciones masivas como eje, crece el malestar en sectores productivos clave de Estados Unidos. Desde la industria agrícola hasta el turismo, las empresas alertan sobre el riesgo de una crisis de mano de obra que podría desestabilizar la cadena de suministro y desacelerar la economía. La Casa Blanca reconoce las tensiones y evalúa medidas paliativas, pero las divisiones internas dificultan una estrategia coherente.

En un contexto de alta dependencia del trabajo inmigrante, especialmente indocumentado, la política migratoria de línea dura promovida por Trump enfrenta resistencias incluso dentro de su propio gabinete. Mientras sectores del Gobierno buscan sostener la productividad agrícola e industrial, otros —liderados por el influyente asesor Stephen Miller— insisten en la aplicación estricta de las leyes migratorias, sin excepciones.

Según datos del Departamento de Agricultura, EE.UU. cuenta con 2,4 millones de trabajadores agrícolas, de los cuales un 40% no tiene estatus legal. En sectores como producción de cultivos, procesamiento de alimentos y construcción, los trabajadores indocumentados representan hasta el 20% de la fuerza laboral. Goldman Sachs advirtió que una pérdida masiva de este segmento podría generar cuellos de botella, escasez de productos y aumentos de precios.

La industria presiona: riesgo de caída en productividad y empleo

“El Gobierno está entre la espada y la pared”, declaró Kip Eideberg, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Equipos. Según el referente empresarial, una política de deportaciones sin contemplaciones “haría imposible sostener el impulso de reindustrialización” que promueve el propio Trump. El impacto negativo se proyectaría no solo sobre los agricultores, sino sobre fabricantes, proveedores y consumidores.

Rosanna Maietta, presidenta de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento, también manifestó su preocupación por la escasez de mano de obra en el sector turístico y hotelero, que enfrenta “graves desafíos” si se profundiza la política de redadas y deportaciones.

Pese a la retórica pública, la Casa Blanca ha iniciado contactos discretos con actores del sector privado para buscar alternativas. Se analizan mecanismos para permitir que ciertos trabajadores indocumentados permanezcan temporalmente en sus puestos, incluso a través de nuevas versiones del programa de visas agrícolas H-2A.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, ha impulsado iniciativas para permitir que los empleadores presenten declaraciones juradas que validen la experiencia y necesidad de estos trabajadores. Trump, en tanto, ha deslizado en entrevistas la posibilidad de “pases temporales” para sectores críticos, aunque ha aclarado que “no habrá amnistía”.

Riesgos políticos y dilemas electorales

El giro moderado en la aplicación de las leyes migratorias podría tener costos políticos para Trump, cuya base electoral espera una política sin concesiones. Jessica Vaughan, del Centro de Estudios de Inmigración, lo advirtió: “Cuanto más consienta a los empleadores de trabajadores ilegales, más se indignará su base”.

Las idas y vueltas del Gobierno reflejan esa tensión: tras una redada en una planta cárnica de Omaha, ICE recibió órdenes de moderar las acciones en granjas y hoteles. Sin embargo, días después, Trump volvió a reclamar públicamente la implementación del mayor programa de deportación de la historia. “Están furiosos”, reconoció un funcionario de su entorno respecto a la presión del sector agropecuario.

La disputa entre la necesidad de sostener la producción y la promesa electoral de “orden migratorio” coloca al Gobierno en un equilibrio inestable. Mientras sectores como agricultura, hotelería y construcción reclaman medidas para preservar su capital humano, los funcionarios más duros presionan por una aplicación inflexible.

Trump, por ahora, intenta mantener ambas promesas: garantizar una fuerza laboral 100% legal y proteger a los productores que sostienen la economía real. Pero con el calendario electoral en marcha, las definiciones urgentes parecen inevitables.

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