FALLO

2×1: “Muiña “y el país que retrocede

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¿Que es el 2×1? La ley 24.390 se promulgó en 1994 y se basaba en contabilizar cada día que el imputado pasó en prisión preventiva (detenido sin condena) como “dos de prisión o uno de reclusión”. Esta ley fue derogada en el año 2001, y tuvo básicamente dos objetivos:  el primero, “apurar” los procesos e intentar orientarlos hacia el plazo razonable al que obliga el art. 8.1 de la  Convención Americana de Derechos Humanos.  El segundo, una búsqueda de descompresión de la población carcelaria. Ninguna de las dos cosas sucedió, y hoy en día tenemos procesos lentos, muchos presos y poquísimos con sentencias firmes.

¿Que falló (nunca mejor dicho) la Corte? La mayoría de la Corte (Highton, Rosenkrantz y Rossatti) consideró que por aplicación del principio configurado como “ley penal más benigna”, Luis Muiña, represor  condenado en el 2003, puede ser beneficiado con el 2X1.  Entiende que este principio no excluye a los delitos de lesa humanidad. Considera que si bien estos delitos no pueden ser indultados, ni prescriptos no deberían ser discriminados de la ley penal más benigna.  En disidencia, Lorenzetti y Maqueda opinan, entre otros fundamentos,  que no debe aplicarse porque sólo es “ley penal más benigna” la que baja la escala penal. Fundamentalmente consideran que existe una clara diferenciación entre los delitos ordinarios y los de lesa humanidad.

Explicado lo jurídico, hay algo que se debe decir. Estamos frente a una decisión política que al ciudadano no le puede pasar desapercibida.  El Supremo Tribunal  elige a “Muiña”, de entre los millones de casos que tiene para resolver, para decir esto y de esta manera. La Corte utiliza el 280 (desestimación sin fundamentos) como caramelos pero en este caso no, y se expresó. No podemos pensar que es una apreciación “técnica”, no después del genocidio sufrido en este país, no después de los esfuerzos ímprobos de los grupos de poder para escapar a la Justicia de un Estado de Derecho. El Derecho no es inocente, es político, porque es una manifestación del poder. La hipocresía que pretenden los Supremos al querer vendernos un “garantismo inevitable” (mención especial merece el voto culposamente freudiano de Rosatti) no nos puede convencer. No después de todo lo vivido,  y sufrido. Es mentira que esta interpretación de la Corte abre la puerta para que el ladrón de gallinas del barrio se vea beneficiado, porque el colectivo carcelario que ingresa en la hipótesis Muiña son ALFREDO ASTIZ, JORGE “TIGRE” ACOSTA, RICARDO CAVALLO, etc. EL POBRE VA A SEGUIR ESTANDO PRESO en prisión preventiva, en una cárcel común y  siendo pisoteado, sin dignidad.

Ahora bien, la pregunta fundamental es qué va a pasar con esto. Los fallos de la CSJN no son obligatorios, y los jueces -sistema de control de constitucionalidad difuso- pueden apartarse. Es decir, cada juez en nuestro país puede fallar conforme su criterio alejándose de lo que digan Estrados Superiores.  Los magistrados federales ¿se van a apartar del fallo “Muiña”? Si es no así, se desnaturalizarán la condenas, la lucha y el sufrimiento que costó poder apresar, juzgar y condenar a los genocidas argentinos (además de la responsabilidad internacional).

Como dijimos en el comunicado de la Asociación Pensamiento Penal : algunos son mas iguales que otros. (http://www.pensamientopenal.org/algunos-son-mas-iguales-que-otros-la-csjn-y-el-2×1/ ) Nosotros sabemos mejor que nadie el valor de las herramientas constitucionales para ponerle límites al poder punitivo de un Estado que siempre se las agarra con los más débiles. Pero también conocemos el trasfondo macabro del Poder, y las implicancias que estos fallos traen. La Corte Suprema tiene una mora con muchísimas personas que se encuentran privadas de su libertad con recursos sin resolver ante sus instancias, y elige otorgar prisiones domiciliarias a represores e indultarlos con el 2×1.  Cuando les explique de nuevo a mis alumnos que el Derecho no es otra cosa que la herramienta del Poder,  y que el Poder en nuestro país nunca cambia de manos, voy a poder utilizar el vergonzoso ejemplo que me ha dado la Corte actual.

 

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2×1: Pasos en falso

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Cuando hablamos de “crímenes de lesa humanidad” estamos haciendo referencia a crímenes que ofenden, agravian o insultan a la humanidad. Estamos frente a actos que definen los destinos de un pueblo, estamos marcando los valores morales de una Nación.

La justicia debería ser la espada precisa de los sentimientos de cualquier pueblo, debería representar los intereses justos de una sociedad sensata. Sin embargo, los fallos judiciales son tan discutidos en todo el mundo que nos permitimos dudar de lo justo o lo verdadero. Este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lesiona la conciencia colectiva del Nunca Más, rompe la balanza de lo justo y sucumbe la salud social.

Los historiadores dicen que cuando pasan más de 30 años de un acontecimiento histórico relevante se pueden ver análisis más objetivos de la propia historia. Considero que la sociedad no pone en discusión lo que fue la última dictadura militar, no se pone en tela de juicio la complicidad del Estado con los asesinatos, desapariciones, torturas y apropiaciones ilegales de personas.

Por lo tanto, reflotar la teoría de los dos demonios, llamar al diálogo religioso entre familiares de las víctimas y los genocidas, un indulto encubierto por este nuevo fallo dibuja una realidad que provoca un sentimiento de desazón (como cuando percibís que tus instituciones no piensan igual a ti).

El compromiso generacional de los que nacimos en democracia pasa por marcar los límites a quienes deben ejercer “la justicia”, marcar los disgustos o los aciertos de los tres poderes del Estado. Debemos protestar ante el Congreso cuando queremos nuevos derechos, debemos reclamar ante la Casa Rosada cuando demandamos mejoras salariales, pero también debemos demandar a los jueces (que no son en ningún caso elegido por el sufragio popular) cuando consideramos que se equivocaron con un fallo.

Todo el pueblo debe expresarse libremente, aunque deseo poner el foco en los hijos de los hijos, en los jóvenes que no vivieron esos años pero sí reconocen los errores del presente. Y esto sucede porque hay conciencia manifiesta, porque se demanda un futuro sin instituciones manchadas por la sangre del poder.

Hoy los genocidas están a un paso de recuperar su libertad pero lo que no nos damos cuenta es que con este fallo del máximo tribunal estamos a un paso de cometer un nuevo error, estamos a un paso de condenar a las nuevas generaciones a perder su memoria. No podemos vaciar la memoria, el juicio y castigo; porque el único soberano siempre será el pueblo argentino.

 

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Repudian el fallo de la Corte Suprema que otorga el 2×1 a represores

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Desde la Dirección General de Derechos Humanos del municipio de Posadas expresaron su enérgico repudio por la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al otorgar la aplicación de la Ley 24.390, conocida como 2×1, a condenados por delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura militar en la Argentina.

Hasta el momento se relevaron 343 sentencias condenatorias y concluyeron que 278 represores sentenciados están en condiciones de pedir el beneficio del 2×1 y quedar libres, lo que representa el 52 por ciento de los condenados que están bajo arresto.

La directora General de Derechos Humanos, Clara Melgarejo subrayó que “este fallo equivale a un grave retroceso en materia de los Derechos Humanos de nuestro país. “Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y no hay amnistía ni indulto que pueda modificarlos”, dijo la funcionaria.

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Diputado del PRO lloró en repudio al fallo de la Corte que benefició a un represor

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El diputado Jorge Ratier, del bloque del PRO, lloró en pleno recinto en la primera sesión ordinaria de la Legislatura provincial, en momentos en que se debatía un repudio general al fallo de la Corte Suprema que benefició con el 2×1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad.

Ratier se emocionó a la hora de recordar a su tío, Hugo Norberto Ratier Noguera, desaparecido durante la última dictadura y consideró que le hubiera gustado “conocer” a la generación desaparecida durante los años de plomo. “Estas cosas duelen, siento el dolor en los ojos de mi viejo. Entonces, repudio esto. Nos vuelve atrás, a discutir algo que habíamos pasado. Yo nací en 1972 y creo firmemente que nunca más se debe practicar la intolerancia en este país y un gobierno militar ni democrático que aplique la violencia para dirimir las diferencias de las ideas. Hay que repudiar esto porque es un retroceso. No hay discusión, en este país hubo un genocidio y los culpables deben ser condenados y cumplir con sus condenas. No debe haber ninguna duda”, argumentó.

Ratier sorprendió al recinto que estaba debatiendo distintos proyectos que coincidían en repudio al fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2×1 a un represor condenado. “Aunque no soy parte importante de la estructura nacional del PRO, sí lo fui en sus comienzos, cuando éramos pocos, y sé cuál es la ideología del Presidente. No es lo que muchos creen, sé que no tiene nada que ver, sé que no participó en esta decisión de la Corte Suprema”, aseguró.

Después, el legislador contó la historia familiar. Su tío era militante del ERP tuvo que exiliarse en Chile perseguido por la dictadura argentina. En la tierra de Pinochet, finalmente fue asesinado. “Nunca lo conocí. Yo era un bebé cuando ocurrió, pero recuerdo el dolor de mi padre”, se quebró el diputado como antesala de la votación unificada de los proyectos de repudio.

Llamativamente, hubo unanimidad, incluso de los legisladores de la alianza Cambiemos. La única salvedad fue la del radical Gustavo González, quien votó el repudio, pero defendió al ministro de Justicia, Germán Garavano, quien justificó el fallo de la Corte al decir que como “máxima instancia” hay que cumplir sus decisiones y no cuestionarlas, aunque calificó de “perversa” la norma que beneficia con la salida anticipada a las personas que cometieron delitos graves.

La Corte dictaminó que Luis Muiña, represor de un grupo paramilitar en el Hospital Posadas y condenado en 2011, tiene derecho a una reducción de penas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco votaron la vigencia de la ley para el detenido Muiña, quien no estaba preso porque ya gozaba de una libertad condicional desde el 18 de abril pasado.

Además de la polémica que despertó la decisión de la Corte, también generó controversia debido a que otros militares condenados por delitos de lesa humanidad puedan invocar el fallo.

Los diputados unificaron sus iniciativas en repudio al fallo e instaron a que los legisladores nacionales por Misiones adopten idéntica actitud. Los diputados aprobaron sobre tablas, de manera unánime, las iniciativas de los diputados Héctor Escobar, María Losada, Myriam Duarte, Lucas Cácerez y Martín Sereno, que fueron unificadas en una declaración que expresa el repudio contra el fallo pronunciado por la Corte Suprema de Justicia en el que se aceptó la aplicación del cómputo de la pena conocido como “dos por uno” en condena por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívica- militar.

 “El momento político permitió este fallo. Esto se soluciona con más política, saliendo de la grieta en la que nos han puesto y de la antipolítica que imponen los medios nacionales”, sentenció el diputado de Vanguardia Radical, Hugo Escalada, uno de los integrantes del interbloque Avancemos. 

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Fallo político y genocida

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Hacer una valoración jurídica del Fallo de la Corte Suprema sobre la posibilidad de aplicar la denominada “ley del 2×1” para los casos con sentencia firme (es decir, demostrados de la participación en delitos de lesa humanidad, o seaque lesionan a toda la humanidad) es imposible e infructuosa para comprender el problema. Básicamente porque los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación generan Jurisprudencia, es decir, normas con “fuerza de ley”, o sea leyes, o sea legislan, o sea hacen política. 

Hace ya varios años se ha establecido que estos delitos de lesa humanidad siguen sucediendo en el tiempo, no prescriben, nunca se interrumpieron, por lo tanto la complicidad de la Corte Suprema de Justicia de La Nación con este fallo que sienta un precedente tristísimo y criminal empieza a suceder efectivamente desde el momento de su firma y por lo tanto es genocida.

Es claro que tiene que ver con la participación en este gobierno de los elementos civiles del proceso militar que comenzó el 24 de marzo del ´76 y también de todos los anteriores civiles o militares antipopulares y es claro que tiene el apoyo y la adhesión de los militares responsables del genocidio y sus familiares. 

Es claro también que un importante sector de la Iglesia Católica acepta implícitamente este genocidio desobedeciendo claramente la postura del Papa Francisco.

Es claro que para este tipo de decisiones políticas  necesitaba CAMBIEMOS (PRO, UCR y otros cómplices menores) la incorporación de nuevos militantes rentados de la oligarquía en la Suprema Corte como lo son Rosenkraft y Rossati y la participación necesaria, en carácter de cómplice de la ministra Highton de Nolasco. 

Por todo ello, sostengo, éste es un Fallo Político y Genocida cuyos instrumentadores deberán pagar las consecuencias judiciales cuando volvamos a modificar las relaciones de fuerza sociales y políticas. 

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