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La UTA sostiene el paro de colectivos en Misiones por falta de fondos nacionales

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El paro de colectivos impulsado por la Unión Tranviarios Automotor se mantiene este viernes en distintas ciudades de Misiones, ante la falta de pago de salarios correspondientes a marzo. La medida afecta al sistema integrado de Posadas, Garupá y Candelaria, donde los choferes cumplen horario pero no prestan servicio, en una modalidad de retención de tareas que paraliza el transporte urbano.

El conflicto tiene como trasfondo la falta de transferencias desde Nación, lo que impide a las empresas cumplir con sus obligaciones salariales y profundiza una crisis estructural del sistema en el interior del país.

Subsidios, costos y financiamiento en tensión

El paro en Misiones no es un hecho aislado. Según lo informado, la medida alcanza también a empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras provincias que no completaron el pago de sueldos.

Desde la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros advierten que el sector atraviesa un escenario crítico. La combinación de factores incluye: Deudas en subsidios nacionales, aumento del costo del combustible, caída en la demanda de pasajeros y obligaciones operativas sin financiamiento suficiente

En ese contexto, la deuda acumulada del sistema supera los $30.000 millones, una cifra que condiciona el funcionamiento de las empresas y la continuidad del servicio.

Salarios, servicio y sostenibilidad del sistema

El eje inmediato del conflicto es salarial. Las empresas no pudieron cancelar los sueldos de marzo, lo que activó la medida sindical. Sin embargo, el problema de fondo es financiero: la eliminación o retraso de compensaciones nacionales deja a las prestatarias sin margen para cubrir costos básicos.

En términos operativos, la retención de tareas implica que: los trabajadores cumplen su jornada laboral, no se presta servicio al público y el sistema queda virtualmente paralizado

Esto impacta directamente en la movilidad urbana y en la actividad económica cotidiana, especialmente en ciudades donde el transporte público es clave para el traslado laboral.

Nación, provincias y empresas en un esquema tensionado

El conflicto revela una tensión entre distintos niveles de decisión. Por un lado, el Gobierno nacional aparece como actor central en la provisión de fondos. Por otro, las empresas y los trabajadores quedan expuestos a la falta de financiamiento.

La situación también expone el lugar del interior en el esquema de subsidios: mientras el AMBA concentra históricamente mayores recursos, las provincias enfrentan mayores dificultades para sostener el sistema sin asistencia.

En este escenario, la UTA se posiciona como actor de presión directa, al trasladar el conflicto a la prestación del servicio.

Actividad condicionada y costos en aumento

La paralización del transporte tiene efectos inmediatos: dificulta el traslado de trabajadores, afecta la actividad comercial y de servicios e incrementa costos logísticos para usuarios que deben recurrir a alternativas

A nivel estructural, la combinación de menor demanda y mayores costos (especialmente combustible) reduce la sustentabilidad del sistema, generando un círculo de deterioro.

Foco Misiones: dependencia del sistema urbano y presión sobre el esquema local

En Misiones, el impacto es directo. El sistema integrado de Posadas, Garupá y Candelaria concentra una parte significativa de la movilidad urbana, por lo que la interrupción del servicio genera un efecto inmediato sobre la dinámica económica y social.

Si bien el origen del conflicto es nacional, su expresión territorial es concreta: empresas locales con dificultades financieras y usuarios sin servicio.

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Paro de colectivos en Misiones: la crisis por subsidios de Nación escala y pone en jaque el transporte

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El sistema de transporte urbano del interior sumó un nuevo capítulo de tensión este jueves, cuando choferes de Posadas, Garupá, Candelaria, Eldorado y Montecarlo iniciaron un paro de colectivos tras la falta de acreditación de fondos nacionales.

La medida, que se replica en distintas ciudades del país, expone un dato estructural: una deuda superior a $30.000 millones por parte del Estado nacional con las empresas del interior. En ese escenario, la pregunta que atraviesa el conflicto es inevitable: ¿se trata de un desajuste coyuntural o de una redefinición política en la distribución de subsidios?

Un sistema sostenido por subsidios en disputa

El conflicto se inscribe en una matriz de financiamiento históricamente dependiente de aportes nacionales. Los fondos adeudados —correspondientes a atributos sociales SUBE de enero, febrero y marzo de 2026, además de períodos anteriores— son considerados por las empresas como parte central de la estructura de ingresos.

Sin esos recursos, la ecuación se vuelve inviable. Las compañías advierten que no pueden cubrir salarios, mantenimiento ni costos operativos básicos. La consecuencia es directa: interrupción del servicio o reducción de frecuencias, como ya ocurre en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) definió el escenario como una “tormenta perfecta”. A la deuda se suma un aumento del 35% en el precio del gasoil —de $1.500 a $2.000 por litro— que no fue trasladado a tarifas, junto con una caída del 30% en la cantidad de pasajeros en el último año.

Misiones en el centro de una crisis federal

En Posadas, las empresas confirmaron que tampoco recibieron los fondos nacionales, lo que activó la medida de fuerza de los choferes. La situación no es aislada, sino parte de un conflicto más amplio entre el interior del país y el Gobierno nacional por la distribución de subsidios.

El punto de fricción es conocido: la concentración de recursos en el AMBA. Desde el sector empresario sostienen que el esquema actual deja en desventaja al interior, donde el colectivo representa el único medio de transporte público para millones de usuarios y garantiza más de 50 millones de viajes mensuales.

La falta de compensaciones provinciales en gran parte de las jurisdicciones agrava el cuadro. Según FATAP, el 80% de las empresas del interior que no cuentan con esos aportes atraviesan una situación crítica.

Presión empresaria y costo político

El paro reconfigura el escenario político en dos niveles. Por un lado, fortalece la posición de las empresas del interior, que logran visibilizar un reclamo estructural y trasladar el conflicto a la agenda pública. Por otro, tensiona al Gobierno nacional, que queda expuesto frente a un servicio esencial paralizado en varias provincias.

El impacto es inmediato en términos sociales y económicos. La interrupción del transporte afecta la movilidad laboral, la actividad comercial y el funcionamiento cotidiano de las ciudades.

Al mismo tiempo, el conflicto reactiva una discusión más profunda: el federalismo en la asignación de recursos. La percepción de inequidad en la distribución de subsidios suma presión política sobre la administración nacional.

Un conflicto abierto y sin resolución inmediata

El desarrollo de las próximas semanas dependerá de una variable clave: la acreditación de los fondos adeudados. Sin una respuesta concreta, el riesgo de nuevas medidas de fuerza se mantiene latente.

También habrá que observar si el conflicto deriva en una redefinición del esquema de subsidios o si se resuelve con transferencias puntuales que descompriman la situación.

Por ahora, el sistema funciona al límite. Y cada paro no solo interrumpe el servicio: también expone una tensión estructural que sigue sin resolverse.

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Fracasa una nueva audiencia entre la UTA y FATAP y se agrava el conflicto en el transporte del interior

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Una nueva audiencia entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), celebrada este miércoles de manera virtual, terminó sin acuerdo y con fuertes cruces entre las partes. En medio del conflicto por los salarios del transporte de pasajeros del interior del país, ambas delegaciones se acusaron mutuamente de incumplir las normas laborales y no hubo avances para destrabar la negociación paritaria.

Durante el encuentro, convocado por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo del Ministerio de Capital Humano, FATAP pidió que se tomen medidas frente al paro realizado el martes 6 de mayo en el interior del país. Calificó la medida como “ilegítima”, denunció que se hizo “sin sustento legal” y solicitó que la Secretaría de Trabajo dicte la conciliación obligatoria. También remarcó que el paro perjudicó a millones de usuarios y dejó a las empresas “en estado de indefensión y parálisis”.

En su descargo, FATAP planteó que la medida de fuerza fue intempestiva y que responde a un conflicto ajeno a su representación, centrado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. “La pérdida de ingresos ocasionada por el paro se suma a una caída de la demanda del 30% interanual, la proliferación del transporte informal y la eliminación del Fondo Compensador al Transporte”, alertó la federación empresaria.

Por su parte, la conducción nacional de la UTA, encabezada por Roberto Fernández, rechazó “en todos sus términos” la acusación de ilegalidad. El gremio defendió su derecho a la protesta amparado en la Constitución Nacional y argumentó que FATAP no ha hecho ningún esfuerzo serio para alcanzar un acuerdo salarial. Según indicaron, la negociación comenzó formalmente en marzo, con varias audiencias y reprogramaciones, sin que los empresarios hayan presentado propuestas concretas.

“La patronal ha quebrado la paz social, y la medida de fuerza fue anunciada públicamente el 30 de abril. La negativa de la Secretaría de Trabajo a dictar la conciliación obligatoria se interpreta como una negativa expresa a los pedidos empresariales”, sostuvo la UTA. Además, desmintió que el transporte urbano de pasajeros sea un “servicio esencial”, citando el criterio del Comité de Libertad Sindical de la OIT y la ley nacional 25.877.

En el cierre de la audiencia, el funcionario interviniente, Guido Arocco, anunció que el acta será elevada a la Superioridad para su análisis y resolución. También instó a ambas partes a continuar el diálogo directo “extremando esfuerzos” para preservar la paz social.

El conflicto en el transporte del interior persiste desde hace meses, con reclamos por atrasos salariales y falta de previsibilidad financiera. Sin un marco de subsidios claros y con la caída de la demanda, el sistema sigue en riesgo, mientras los usuarios enfrentan interrupciones del servicio.

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UTA anuncia paro de transporte en las provincias para presionar por las paritarias

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Tras fracasar la negociación con FATAP, desde la UTA advirtieron que “la negativa a alcanzar un acuerdo, pese a haber transcurrido ya cinco audiencias, en una revisión salarial que debía darse en 15 de diciembre, no solo justifica, sino que nos obliga a la realización de medidas de fuerza, por ello se ha resuelto un paro de 24 horas en todo el interior del País, durante todo el día jueves 08 del corriente”.

La reunión terminó sin acuerdo paritario. Próxima audiencia prevista para el 14 de febrero.
UTA anunció medidas para este jueves por tema paritario y medidas adicionales en cada jurisdicción que no pague totalmente pauta paritaria actual.

En la parte crítica dice así: ” … se ha resuelto un paro de 24 horas en todo el interior del País, durante todo el día jueves 08 del corriente. De no tener respuesta adecuada a la pretensión sindical, las medidas se profundizarán hasta tanto se suscriba el acuerdo salarial que los trabajadores demandan. Atento la denuncia respecto de incumplimientos en el pago de salarios de manera íntegra por parte de la representación empresarial, se hace expresa reserva de llevar adelante medidas protectorias del salario en las distintas jurisdicciones y/o empresas, lo que implica desde ya un conjunto de acciones entre las cuales se encuentra la abstención de tareas de aquellos que no perciban íntegramente su salario como se preanuncia”.

Desde UTA expresaron que “en razón de haberse acordado los salarios para el personal representado en el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires y bajo la premisa de “Igual Remuneración por Igual tarea”, reiteramos que para la entidad sindical que representamos, la negociación salarial es una sola, con ello exigimos que tanto la representación empresaria asuma la responsabilidad que le compete, como la Autoridad Nacional y las respectivas Autoridades Provinciales y Municipales, se hagan cargo del Transporte de Jurisdicción Provincial y Comunal del interior del país”.

Los sindicalistas cargaron contra la ausencia de las autoridades representantes de las provincias, expresando que “resulta injustificable que, si se pretende el sostenimiento de un servicio de transporte Federal, que ni siquiera asistan al tratamiento de la problemática los responsables del COFETRA”.

Fueron muy claros al advertir que “la negativa a alcanzar un acuerdo, pese a haber transcurrido ya cinco audiencias, en una revisión salarial que debía darse en 15 de diciembre, no solo justifica, sino que nos obliga a la realización de medidas de fuerza, por ello se ha resuelto un paro de 24 horas en todo el interior del País, durante todo el día jueves 08 del corriente. De no tener respuesta adecuada a la pretensión sindical, las medidas se profundizarán hasta tanto se suscriba el acuerdo salarial que los trabajadores demandan”.

El representante de las Cámaras y Empresas que nuclea a las transportistas de las provincias manifiesta que no es posible formular propuesta de ninguna especie relativa a la pretensión de recomposición salarial”.

“Asumiendo el riesgo de ser reiterativos respecto de nuestras manifestaciones vertidas en las audiencias anteriores, debemos expresar que, a nuestro juicio, el Transporte del Interior ha sido excluido como actividad económica que merezca la atención del Gobierno Nacional, lo que resulta grave e inexplicable, dado que el sector no contará con los aportes del Fondo Compensador, ni siquiera en los importes establecidos para el año 2023, así como también sufre la reticencia de numerosas jurisdicciones provinciales y poderes concedentes municipales para generar una alternativa a una situación largamente explicada y para fijar las tarifas del servicio respetando los contratos de concesión y los sistemas de determinación del precio del servicio que contemplen los reales costos de la actividad”.

“Este estado de cosas está provocando que, en numerosas jurisdicciones, los ingresos resulten insuficientes para abonar los salarios vigentes, motivo por el cual los mismos se abonarán fraccionados, parcialmente, en la medida en que los recursos lo permitan, resultando en ese marco imposible cumplir siquiera con lo convenido en la CLÁUSULA CUARTA del acuerdo paritario del 1/11/2023. Demás está señalar que este cuadro de situación está generando que las empresas prestadoras asuman pasivos de toda índole que ponen en riesgo no solo su viabilidad económica sino su existencia como tales, ante la falta de respuestas de los responsables de los servicios que son quienes deben proveer lo necesario para mantener la ecuación económico financiera de la actividad”, remarcó el representante de FATAP.

Explicó que “Nación adeuda al sector la suma de $20.500 millones correspondientes al Fondo Compensador 2023, sin que se haya dictado aún la norma que establezca la distribución de los fondos correspondientes al mes de enero, lo que, en la práctica nos sitúa en la imposibilidad material de cumplir con los salarios vigentes y lo establecido en la cláusula CUARTA del acuerdo suscripto el 1/11/2023. Tampoco se han transferido a las jurisdicciones que operan con el SUBE los atributos sociales correspondientes al mes de diciembre 2023, sin que se conozca fecha probable de ese desembolso. Además, existen numerosas jurisdicciones provinciales que han incumplido con su obligación de generar aportes equivalentes a los efectuados por el Estado Nacional, a lo que se obligaron mediante la firma de los convenios que surgían de las resoluciones dictadas durante el último año por el ex Ministerio de Transporte, en el marco del Fondo Compensador. Por otra parte, en varias jurisdicciones aún no se han completado las transferencias del Fondo Compensador de los meses de octubre a diciembre de 2023 y, en algunos casos, de períodos anteriores al mes de octubre”.

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FATAP pide urgente declaración de “la emergencia del transporte de pasajeros” para eliminar asimetrías en los subsidios

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Tras una nueva reunión fallida entre los empresarios de transporte y el gremio, el gremio convocó a un paro por 72 horas. Desde el sector empresarial nucleado en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) recuerdan que el problema es la desigual distribución de los recursos nacionales.

FATAP recordó que el servicio que brindan las empresas en el país moviliza a 9.000.000.de usuarios diarios, gracias a la labor de 34.000 trabajadores distribuidos en 600 empresas.

El comunicado:

En el día de la fecha, tal como viene sucediendo en las últimas audiencias sin presencia de autoridades Nacionales ni Provinciales, el sector Empresario del Transporte Público del Interior del País, no han podido acercar propuestas a la entidad gremial, aunque reconoce la necesidad que los salarios de los trabajadores sean recompuestos con un criterio de justicia y equidad.

Es por ello que instamos a las AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES a respaldar el tratamiento URGENTE en la sesión de la H. C. de Diputados del día mañana (19/10/22), de la Emergencia del Transporte Público del Interior del País, propiciando el tratamiento del Dictamen de la Comisión de Transporte de la H. C. de Diputados citados en la referencia, que contempla la mejora del Fondo Compensador del Transporte de Pasajeros del Interior del País, previsto por Art. 72 de la Ley de Presupuesto 27591, en la suma de $ 59.500. MILLONES.

Nuestra Nación, necesita más que nunca la imperiosa necesidad de alcanzar las pautas que permitan garantizar la paz social y la sustentabilidad del sistema, con el objeto de extremar esfuerzos y trabajar en forma conjunta sobre los reclamos que la entidad gremial viene requiriendo para sus trabajadores del interior, en iguales condiciones que el acuerdo alcanzado con las empresas del A.M.B.A.

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