El Gobierno de Brasil dispuso hoy eximir desde mayo del impuesto a las ganancias a quienes ganen hasta 2.640 reales (529 dólares), lo que afecta a más de 13 millones de personas, y ratificó que buscará avanzar hacia la exención definitiva de todos los trabajadores que cobren hasta dos salarios mínimos.
El ministro del Trabajo, Luiz Marinho, hizo el anuncio de que no abonarán el Impuesto a las Rentas Personales Físicas (IRPF) los que tengan sueldos de hasta 2.640 reales.
“Junto, está también el compromiso del presidente (Luiz Inácio) Lula (Da Silva) de eximir durante todo su mandato, de la tabla del impuesto a la renta, a los salarios de hasta 5.000 reales. Como primer paso de este compromiso, salarios de hasta 2.640, a partir del 1 de mayo”, detalló el ministro.
Según Marinho, la medida “ayudará mucho” al poder adquisitivo de la clase trabajadora, especialmente de aquellos que reciben salarios más bajos.
Consultado sobre si la medida será instituida por un acto del presidente o de la Secretaría de Ingresos Federales, Marinho dijo que será de la Secretaría y que entrará en vigencia el lunes 1.
Según el ministro, el proceso para formalizar la decisión “está en curso”.
Con el aumento del rango de exención, según la dependencia, 13,7 millones de personas dejarán de pagar impuesto a las ganancias, una cifra que representa alrededor del 40% del total de contribuyentes.
De acuerdo con la Secretaría de Ingresos, el contribuyente no necesitará hacer nada para garantizar la exención, porque los sistemas de Ingresos serán actualizados para permitir la concesión automática del descuento.
Con la propuesta, el Gobierno dejará de recaudar este año 3.200 millones de reales (641 millones de dólares), y en 2024 otros 6.000 millones (1.202 millones de dólares).
Ayer, el Ejecutivo había adelantado que en los próximos días, el presidente Lula firmará la suba del salario mínimo a 1.320 reales. Ese monto está ahora en 1.302.
Marinho también dijo que la propuesta del gobierno para la apreciación permanente del salario mínimo utilizará la fórmula ya adoptada en las pasadas administraciones de Lula y de Dilma Rousseff.
El cálculo tiene en cuenta la inflación del año anterior y también la variación del PIB de dos años antes.
El gobierno pretende aprobar antes de fin de año un proyecto para que el haber mínimo sea corregido por la nueva política a partir de enero de 2024.
Según información del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), citado por el Folha de San Pablo, el salario mínimo sirve de referencia para 60,3 millones personas en Brasil, de los cuales 24,8 millones son beneficiarios del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).
A la vez, Lula sancionó la ley que reajusta en un 9% los salarios de los empleados públicos federales, incluidos jubilados y pensionados.
La ceremonia tuvo lugar este viernes, en el Palacio del Planalto, con la presencia de los representantes sindicales y de la ministra de Gestión e Innovación en los Servicios Públicos, Esther Dweck, que encabezó la negociación con los trabajadores.
“Este reajuste es una clara demostración de que el gobierno no ve a los empleados públicos como parásitos”, dijo la ministra Dweck, en referencia a un discurso del exministro de Economía Paulo Guedes, quien en 2020 comparó a los empleados públicos con parásitos al abogar por una reforma administrativa para reducir los costos de personal.
El reajuste se otorgará de forma lineal a todas las categorías y comienza a regir a partir del 1 de mayo, siendo pagado en el salario del 1 de junio.
Este es el primer acuerdo de readecuación de empleados públicos desde 2016. Este año se reabrió la Mesa Permanente de Negociación entre los empleados públicos y el gobierno federal con la participación de cerca de 100 entidades gremiales.
“Si algo ha aprendido la sociedad brasileña en la mala gestión que estamos viviendo es a valorar la democracia, el diálogo, la negociación. Fueron años sin sentarse a hablar con sindicatos, gobernadores, dirigentes. Un gobierno debe ser mucho más que sólo el presidente”, dijo Lula.
