Energía autorizó las exportaciones adicionales de gas desde Neuquén, pero a menos de una semana del inicio, el gobierno tiene pendiente la autorización de permisos de exportación desde la cuenca Austral.
La Subsecretaría de Hidrocarburos autorizó una exportación en firme de 300.000 m3/día de gas hacia Chile durante los próximos 15 meses a través del Gasoducto del Pacífico, beneficiando a YPF que es la única petrolera conectada a ese sistema de transporte. Pero a menos de una semana del inicio, el gobierno tiene pendiente la autorización de permisos de exportación desde la cuenca Austral.
A través de una nota de la subsecretaria de Hidrocarburos, firmada por su titular Federico Bernal, se convocó a las petroleras interesadas en vender 300.000 metros cúbicos diarios (m3/día) del hidrocarburo a la distribuidora de la región Bío Bío, para cubrir la demanda residencial.
El Gasoducto del Pacífico transporta, por cuestiones de conexión física, gas del yacimiento El Portón, siendo la única conectada a ese sistema de exportación. Esto no solo la pone en ventaja, sino factible que se quede con el contrato, que se extenderá entre el 1º de octubre de este año y el 31 de diciembre de 2024. La novedad del mismo recae en que las operaciones autorizaban por un plazo menor.
De acuerdo al medio EconoJournal el gobierno intenta cercar el mercado de exportación de gas hacia Chile para compensar en algo el sobrante de gas que se registra en la Argentina durante buena parte del año. En 2023, el diseño estructural del sistema argentino quedó expuesto por las altas temperaturas registradas en invierno y el ingreso en operación del Gasoducto Néstor Kirchner —que incorporó producción a la oferta local—, por lo que los productores se vieron obligados a cerrar pozos por hasta 15 MMm3/día en algunos días de agosto y septiembre por la ausencia de demanda.
Lo que llama la atención, es la realidad de las exportaciones de la Cuenca Austral. A menos de una semana para que inicie el período estival (el 1º de octubre), aún no definió quién se adjudicará las exportaciones remanentes (las preferentes ya fueron adjudicadas) por unos de 2 MMm3/día de gas desde Santa Cruz y Tierra del Fuego.
La Argentina investiga operaciones de “ventas trianguladas” en exportaciones de gas a Paraguay a partir de la utilización de intermediarios en el extranjero, que motivaron la retención, y posterior liberación, de camiones transportistas cuando se disponían a cruzar la frontera.
El Gobierno paraguayo denunció hoy que 22 camiones cisternas cargados con gas licuado fueron retenidos el fin de semana pasado en el cruce entre la localidad argentina de Puerto Pilcomayo con la vecina Itá Enramada por la Aduana argentina, consignó la agencia AFP.
Desde el Gobierno argentino explicaron que este hecho se enmarca en una investigación de operaciones de sub y sobrefacturación por las exportaciones de gas.
“Se presume la existencia de una maniobra llevada adelante por las firmas exportadoras a través de operatorias trianguladas utilizando a empresas refacturadoras en distintos países con porcentajes de incremento sustantivos del valor en destino”, señalan fuentes oficiales en un informe ejecutivo.
Según el trabajo al que tuvo acceso Télam, “las maniobras expuestas persiguen como único objetivo la subfacturación de las exportaciones al documentar un importe menor al realmente exportado dejando parte del precio en el extranjero, con consecuencias en el orden cambiario, así como en el ámbito de la tributación aduanera e interior”.
La denuncia se realizó luego de “haberse detectado diferencias sensibles en los precios documentados en destino (Paraguay) respecto de los declarados en origen y, luego de cursar notificaciones a los exportadores, cuya respuesta no logra justificar la sustancia económica adicionada por los terceros operadores refacturadores involucrados”.
“La operatoria de todas las firmas involucradas expuesta involucraría a 69 Permisos de Embarque oficializados entre 2019 y 2023, siendo que la multa mínima estimada en todos los casos asciende a US$ 2.685.000”, completaron las fuentes.
Tras conocerse la información sobre la retención de los camiones, trascendió que algunas unidades ya recibieron autorización para reanudar su recorrido por los riesgos de mantener este tipo de carga bajo el calor de la zona.
La magnitud de los subsidios energéticos se ha venido recortando este año frente a los últimos dos años, siendo uno de los rubros que más contribuyó a la reducción reciente del gasto público. Aun así, sigue siendo superior a la de los años previos.
A pesar de que el Programa de Segmentación evitó que el atraso real tarifario siguiera profundizándose, este resulta insuficiente para cumplir los objetivos de reducción del gasto público y, consecuentemente, para la necesaria consolidación fiscal acordada con el FMI.
A costa de los incentivos políticos en el marco de las elecciones, nuevos ajustes en las tarifas se tornan necesarios, ante la necesidad del Gobierno de profundizar el ajuste real del gasto en la segunda mitad del año y el aumento en los costos luego del salto discreto del tipo de cambio oficial.
La reducción de la cuenta de subsidios energéticos constituye una de las claves para alcanzar la consolidación fiscal y cumplir con las metas acordadas con el FMI. Además de representar un elevado costo fiscal (2% del PIB en 2022), el actual esquema de subsidios continúa generando un gasto ineficiente, que no sólo es costoso en pesos, sino también en dólares, explicando el fuerte incremento en las importaciones de energía de los años recientes. Además, fortalece la distorsión de precios relativos y desincentiva un consumo racional de la energía.
A partir de los recientes aumentos, la magnitud de los subsidios energéticos (75% del total de los subsidios económicos) se ha venido recortando este año frente a los últimos dos años (-20% i.a. real acumulado hasta julio), siendo uno de los rubros que más contribuyó a la reducción reciente del gasto.
No obstante, la cuenta de subsidios energéticos sigue siendo bastante superior a la de los años previos (en julio fue +22% vs 2020 en términos reales).
En este marco, hasta julio el precio pagado por la demanda cubrió en promedio sólo el 45% del costo de generación eléctrica, por encima del 35% en 2021 y 2022, pero inferior al 55% de 2020, según datos de CAMMESA. Además, el guarismo de este año se ubica aún más lejos del de 2019, cuando, luego de sucesivas actualizaciones, se llegó a cubrir cerca del 70% del costo.
Asimismo, cabe destacar que en esta reciente mejora fue determinante la caída real en el costo de generación (-17% i.a. en promedio), ya que, de haberse mantenido constante el costo respecto al año pasado, la tasa de cobertura habría ascendido a apenas el 37%.
La Segmentación resulta insuficiente
Parte de la explicación de la aún abultada cuenta de subsidios energéticos se encuentra en los impactos de la lógica detrás de la segmentación tarifaria iniciada en septiembre 2022. Analizaremos el caso de las tarifas a la energía eléctrica (75% de los subsidios energéticos), tomando, para simplificar el análisis, la tarifa de EDENOR, prácticamente idéntica a la de EDESUR.
Hasta septiembre del año pasado, los aumentos tarifarios habían sido acotados y prácticamente idénticos para todos los niveles de consumo e ingreso. Esta decisión convalidaba un atraso vigente desde abril de 2019. En ese momento, los mandatarios salientes decidieron interrumpir el proceso de aumentos y congelar el precio de estos servicios, que luego fue profundizada con la irrupción de la pandemia y consideraciones electorales a lo largo de 2021.
Así, entre marzo de 2019 y agosto de 2022, el valor real (descontada la inflación) de la factura de electricidad de los hogares en el AMBA para un consumo promedio cayó cerca del 65% (se abarató).
En el marco del acuerdo con el FMI, y con el objetivo de comenzar un sendero de reducción del déficit fiscal, el Gobierno comenzó a aplicar desde septiembre de 2022 el Plan de Segmentación, buscando “ordenar los subsidios a la electricidad y el gas según los aspectos socio-económicos de cada hogar”.
El esquema apunta a ir retirando y acotando los elevados subsidios fiscales a los usuarios residenciales según su nivel de ingresos (N1 ingresos altos, N2 bajos y N3 ingresos medios), atenuando el deterioro real de los márgenes de transporte y distribución de electricidad y gas natural.
¿Qué ha sucedido desde entonces? Las únicas facturas de energía eléctrica que se recomponen en términos reales son las del segmento de mayores ingresos (N1)[1], que representan sólo el 30% de los usuarios. Desde septiembre del año pasado estos usuarios fueron perdiendo los subsidios de manera gradual hasta que se llegó a pagar casi la totalidad del costo desde mediados de este año, experimentando aumentos nominales mayores al 500% y retomando valores reales de principios de 2019.
Ahora bien, pese a sufrir incrementos nominalmente elevados, la factura del resto de los segmentos (el 70% de los hogares) tuvo ajustes que se encontraron bien por debajo de la inflación, sin siquiera lograr evitar que el retraso real acumulado hasta septiembre del año pasado sea aminorado. De hecho, la factura promedio para los usuarios N2 y N3 cayó en términos reales un 25% y 20%, respectivamente, respecto de la factura pre-segmentación[2].
Ampliando la mirada, frente a marzo de 2019 las tarifas del segmento N1 caen 5,4% en términos reales, mientras que el atraso real del grupo de ingresos bajos es del 74%, y el de ingresos medios, 71%.
Por consiguiente, mientras que la tarifa de los usuarios del segmento N1 cubre actualmente casi 100% del costo de generación eléctrica, los usuarios de ingresos medios (N3)[3] y bajos (N2) pagan apenas el 17% y el 13%, respectivamente (IIEP-UBA).
Perspectivas
Por lo dicho, se evidencia la necesidad de continuar con el sendero de reducción de los subsidios a la energía, a costa de los incentivos políticos en el marco de las elecciones. En esta línea, en su reciente Staff Report, el FMI señaló que aún se requieren esfuerzos adicionales para alinear el precio de las tarifas energéticas a los mayores costos de producción (más aún luego del incremento derivado de la reciente devaluación) y alcanzar la meta de reducción de los subsidios energéticos prevista para 2023 en 0,5% del PIB (de 2% a 1,5%). Según el Fondo, estos ajustes deberían aplicarse a todos los sectores, tanto hogares como comercios e industrias (sin importar el nivel de ingresos), comenzando en septiembre.
De hecho, al ratificar la meta del 1,9% de déficit fiscal primario para 2023, el Gobierno estará forzado a profundizar el ajuste sobre el gasto en la segunda mitad del año para corregir el desvío acumulado en el primer semestre. Esta necesidad evidencia que próximos ajustes en tarifas serán necesarios.
Esta necesidad se refuerza a partir del salto discreto de 22% del tipo de cambio oficial el pasado 14 de agosto: la devaluación tiene efectos sobre la cobertura de costos de generación eléctrica, así como en el costo de abastecimiento de gas natural por redes. En el caso eléctrico, los costos de generación se encuentran dolarizados en un 80%[4].
Al respecto, Flavia Royón, Secretaria de Energía había anticipado que tras la reciente devaluación habría una actualización de las tarifas de electricidad, luego de que “se realice un estudio de cómo la devaluación afecta el costo de la generación”. Por lo pronto, el Ente Regulador de Energía Eléctrica publicó el Cuadro Tarifario para Septiembre 2023 y no incluyó aumentos para ningún segmento.
Ahora bien, un nuevo ajuste tarifario tendrá impactos inflacionarios y sobre el ingreso disponible de las familias: el aumento necesariamente tendrá que recaer en los segmentos de ingresos medios y bajos -que suman el 70% de los hogares-, ya que son los que tienen un mayor atraso real, por lo que no sólo aumentaría la inflación, si no también podría añadirle un componente regresivo adicional. Por caso, en la canasta del 10% de los hogares de menores ingresos, las tarifas energéticas pesan 11%; mientras que en el 10% más rico pesan cerca del 7%, por lo que una tarifa mayor implicaría que un porcentaje de gasto en consumo deba trasladarse al pago del servicio.
Hacia adelante, el desafío continuará siendo restablecer la tarifa plena para la mayor parte de los usuarios, que se combine con una tarifa social que garantice el acceso a los usuarios de menores ingresos sin generar mayores distorsiones.
Esto será fundamental a la hora de realinear incentivos, de manera que se haga un uso eficiente de los servicios y se allane el terreno para fomentar inversiones que reduzcan los costos.
Un recorte en los costos de generación de la energía se posiciona como la manera más sostenible de garantizar una tarifa más económica. En este punto, se prevé que la puesta en marcha del Gasoducto Néstor Kirchner reduzca la necesidad de importar gas natural costoso.
[1] En este segmento ingresan tanto los usuarios residenciales que tienen ingresos de $813.494 o más, y también quienes no se inscribieron para recibir el subsidio, ya sea por decisión propia o por desconocimiento.
[2] Para el caso del gas, la dinámica viene siendo similar: desde 2019 y hasta febrero de 2023, donde inicia la Segmentación, el atraso real era del 50%. Luego, hasta agosto de 2023, hubo una reducción real adicional del 5% para los hogares de altos ingresos, mientras para los niveles N2 y N3 se produjo un recorte adicional de un 2% y 5% respectivamente, según el IIEP-UBA.
[3] Si bien para los hogares de ingresos medios (N3) se fijó un límite de consumo subsidiado (400 kWh), abonando el excedente bajo la tarifa plena, según datos de la Secretaría de Energía de los 3 millones de usuarios N3 menos del 30% supera ese nivel de consumo.
[4] El costo de abastecimiento del gas natural se encuentra dolarizado en un 100%, debido a los contratos del Plan Gas.Ar nominados en USD.
Por Simon Black, Ian Parry, Nate Vernon – La disminución de los subsidios reduciría la contaminación atmosférica, generaría ingresos y contribuiría sobremanera a la desaceleración del cambio climático
Los subsidios a los combustibles fósiles se dispararon hasta alcanzar un monto histórico de USD 7 billones el año pasado, cuando los gobiernos ayudaron a los consumidores y a las empresas durante la escalada mundial de los precios de la energía causada por la invasión rusa de Ucrania y la recuperación económica tras la pandemia.
Mientras el mundo lucha por limitar el calentamiento global a 1,5 ºC y algunas zonas de Asia, Europa y Estados Unidos sufren un calor extremo, los subsidios al petróleo, el carbón y al gas natural están costando el equivalente al 7,1% del producto interno bruto mundial. Es un porcentaje superior al que los gobiernos asignan anualmente a la educación (4,3% del ingreso mundial) y en torno a dos tercios de lo que destinan a la atención sanitaria (10,9%).
Nuestros datos confirman la reciente afirmación de la Organización Meteorológica Mundial: julio ha sido el mes más caluroso desde que se tienen registros, lo que subraya la urgente necesidad de frenar el cambio climático inducido por la actividad humana.
Como muestra el gráfico de la semana, los subsidios a los combustibles fósiles aumentaron en USD 2 billones durante los últimos dos años mientras que los subsidios explícitos (que no consideran en su totalidad los gastos de suministro) se duplicaron con creces hasta los USD 1,3 billones. Así se expone en nuestro documento, que ofrece estimaciones actualizadas de 170 países sobre los subsidios explícitos e implícitos (que no consideran en su totalidad los costos ambientales y los impuestos sobre el consumo no percibidos). Se pueden descargar los datos detallados para los diferentes países y combustibles aquí.
El consumo de combustibles fósiles entraña unos enormes costos ambientales, principalmente debido a la contaminación atmosférica local y los daños causados por el calentamiento global. La gran mayoría de los subsidios son implícitos, ya que no se suelen reflejar los costos ambientales en los precios de los combustibles fósiles, especialmente en el caso del carbón y el diésel.
Nuestro análisis revela que los consumidores no pagaron por los más de USD 5 billones de costos ambientales del año pasado. Esta cifra prácticamente se duplicará si los daños en el clima se valoran a los niveles recogidos en un reciente estudio publicado en la revista científica Nature en lugar de según nuestro supuesto de que los costos del calentamiento global equivalen al precio de las emisiones necesario para cumplir los objetivos de temperatura del Acuerdo de París.
Está previsto que estos subsidios implícitos aumenten mientras los países en desarrollo (que tienden a contar con centrales energéticas, fábricas y vehículos que contaminan más, y presentan una mayor densidad de población, que vive y trabaja cerca de esas fuentes de contaminación) aumentan su consumo de combustibles fósiles y se acercan a los niveles de las economías avanzadas.
Si los gobiernos suprimen los subsidios explícitos y aplican impuestos correctivos, los precios de los combustibles aumentarían. Esto haría que las empresas y los hogares tengan en cuenta los costos ambientales a la hora de tomar decisiones sobre el consumo y la inversión. De esta manera, se reducirían las emisiones mundiales de dióxido de carbono considerablemente, el aire estaría menos contaminado, disminuirían las enfermedades pulmonares y cardiovasculares y los gobiernos disfrutarían de un mayor margen de maniobra fiscal.
Estimamos que la eliminación de los subsidios explícitos e implícitos a los combustibles fósiles evitaría 1,6 millones de muertes prematuras al año, incrementaría los ingresos públicos en USD 4,4 billones y encarrilaría las emisiones hacia las metas establecidas para limitar el calentamiento global. También se redistribuirían los ingresos, dado que los subsidios a los combustibles benefician a los hogares ricos más que a los pobres.
Sin embargo, la eliminación de estos subsidios puede resultar complicada. Los gobiernos deben diseñar, comunicar y emprender reformas de manera clara y detenida, en el marco de un paquete amplio de medidas que resalte los beneficios. Una parte del incremento de los ingresos debería emplearse para compensar a los hogares vulnerables por el aumento de los precios de la energía. La parte restante podría utilizarse para recortar los impuestos al trabajo y la inversión y financiar bienes públicos como la educación, la atención sanitaria y la energía limpia.
Ante la disminución de los precios mundiales de la energía y el aumento de las emisiones, es el momento adecuado para eliminar progresivamente los subsidios explícitos e implícitos a los combustibles fósiles y así lograr un planeta más sano y sostenible.
Simon Black, economista del Departamento de Finanzas Públicas del FMI y se especializa en mitigación del cambio climático, tarificación del carbono y fiscalidad ambiental
Ian Parry, Experto Principal en Política Fiscal Ambiental en el Departamento de Finanzas Públicas del FMI, y se especializa en el análisis fiscal de la mitigación del cambio climático y la reforma de los precios de la energía
Nate Vernon economista de la División de Política Climática del Departamento de Finanzas Públicas
En mayo, la producción fue de 327244 barriles diarios, lo que representó un incremento del 21,18% en comparación con mayo de 2022. La producción del gas alcanzó los 88,1 millones de metros cúbicos diarios.
La producción acumulada de petróleo entre enero y mayo de 2023 en la provincia de Neuquén, registró un crecimiento del 25,23% con respecto al mismo periodo de 2022, de acuerdo a un informe realizado por la Secretaría de Energía de la Nación y el ministerio de Energía y Recursos Naturales de la provincia de Neuquén.
En el mes de mayo, la producción fue de 327244 barriles diarios, lo que representa una caída del 0,26% con respecto a abril. No obstante, esta producción mostró un incremento del 21,18% en comparación con mayo 2022.
La pequeña caída con respecto al mes anterior, tiene relación con la baja en la producción de las áreas Bajada del Palo Oeste (-3681 barriles diarios), Aguada del Chañar (-1340), Cruz Lorena (-1194) y Los Toldos II Este (-750).
Con respecto al gas, entre enero y mayo la producción acumulada fue un 2,67% mayor que la registrada para el mismo periodo de 2022. En mayo, alcanzó los 88,1 millones de metros cúbicos diarios, lo que representó un aumento del 5,98% respecto a abril de este año y un 0,81% en comparación con mayo del año pasado.
Los no convencionales, sobre el total de la producción, en el caso del petróleo significó un 91% con 299063 barriles diarios. En el gas,la producción alcanzó 74,08 millones de metros cúbicos diarios, lo cual representó un 84% del total. De esta cifra, 56,38 millones de metros cúbicos diarios (64%) corresponden al shale y 17,62 millones de metros cúbicos diarios (20%) al tight.
Resultados
El martes, el gobierno nacional celebró la culminación del gasoducto Néstor Kirchner. A la vez de dar inicio a la presurización para su puesta en marcha, un proceso que demora 30 días en total. El ducto, permitirá enviar has desde Neuquén hasta el sur de la provincia de Buenos Aires.
Omar Gutiérrez, el gobernador de la provincia señaló “Vamos a inyectar 11 millones de metros cúbicos de gas en esta obra que fue producto de una articulación público y privado, mediante una ley que sancionó el Congreso de la Nación y que generó una gran revolución de trabajo”.
Sobre los resultados obtenidos en Vaca Muerta, expresó que el objetivo es llegas a los 400000 barriles diarios en diciembre. Por otra parte, aseguró que “Neuquén va a duplicar la producción de petróleo en dos años. Estamos hablando de unos 650000 a 660000 barriles”.
Expresó que estos logros son fruto del trabajo de los neuquinos y neuquinas. Además de marcar la necesidad de “seguir construyendo consensos para acelerar la curva de producción y transporte”.
