geopolítica

BlackRock ve un “tercer orden mundial” tras la captura de Maduro y no cambia su estrategia de inversión

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La intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro no modificaron la estrategia de inversión de BlackRock. El mayor gestor de activos del mundo encuadró el episodio dentro de un escenario de creciente fragmentación geopolítica, al que definió como un “tercer orden mundial”, pero descartó impactos inmediatos sobre los mercados globales y ratificó su postura favorable al riesgo.

La evaluación surge de un informe difundido la semana pasada por el equipo de estrategia de BlackRock, en el que la firma analizó las implicancias macroeconómicas y financieras de la ofensiva estadounidense y del traslado de Nicolás Maduro a Nueva York, donde enfrenta cargos vinculados a drogas y armamento. Pese al peso simbólico y político del operativo, la gestora consideró que los mercados ya operan bajo un régimen de alta dispersión de resultados posibles y que el evento no altera, por ahora, la dinámica financiera internacional.

Un nuevo régimen macroeconómico marcado por la fragmentación

Para BlackRock, la situación en Venezuela se inscribe en un cambio estructural más amplio del orden global. En su diagnóstico, los acontecimientos recientes reflejan un “nuevo régimen macroeconómico” impulsado por megafuerzas de largo plazo, entre las que se destacan la fragmentación geopolítica y la transformación energética.

“Estos eventos son la manifestación de nuestro marco de nuevo régimen macroeconómico: un mundo con una amplia gama de resultados a largo plazo impulsados por megafuerzas, especialmente la fragmentación geopolítica y la transformación energética”, sostuvo la firma en el documento citado.

En esa línea, BlackRock afirmó que el mundo atraviesa el “tercer orden mundial distinto desde la Segunda Guerra Mundial”, caracterizado por Estados Unidos redefiniendo sus relaciones económicas y estratégicas con el resto del planeta. Este contexto, señaló la gestora, incrementa la incertidumbre política, pero no necesariamente se traduce en riesgos sistémicos para los mercados financieros globales.

Sin contagio financiero y continuidad de la estrategia pro-riesgo

A pesar del shock político que implicó la captura de Maduro, BlackRock aseguró que no observa señales de contagio hacia los activos globales. En consecuencia, mantuvo sin cambios su posicionamiento estratégico: sobreponderación en acciones estadounidenses, exposición al tema de inteligencia artificial y preferencia por bonos de mercados emergentes en moneda dura.

“Vemos un impacto limitado en los mercados globales por ahora”, indicó el informe. Y agregó: “Nuestra postura pro-riesgo y sobreponderación en acciones de EE.UU., el tema de IA y bonos de mercados emergentes no ha cambiado”.

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump sostuvo que la acción militar en Venezuela no implica un cambio de régimen, sino un relevo de liderazgo. Para BlackRock, la falta de un plan político y militar claro respecto del futuro venezolano introduce un alto nivel de incertidumbre regional, aunque sin consecuencias inmediatas para los portafolios globales.

“No hay un plan político ni militar claro para lo que viene, vemos mucha incertidumbre por delante. Pero esto puede no importar mucho a los mercados globales”, advirtieron los analistas de la gestora.

Energía, commodities y un impacto acotado

Uno de los canales de transmisión que el mercado sigue con atención es el energético. Venezuela posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero su producción actual representa apenas alrededor del 1% del suministro global. Sobre esa base, BlackRock descartó disrupciones relevantes en los precios de los commodities.

“Venezuela puede tener las mayores reservas de petróleo del mundo, pero sólo produce alrededor del 1% del petróleo mundial. Esperamos un impacto limitado en el corto plazo y un impacto ligeramente negativo en el largo plazo sobre los precios del petróleo”, señaló la firma.

Asimismo, el informe indicó que no se esperan cambios significativos en la producción de petróleo, gas y minería venezolana en el corto plazo, lo que refuerza la idea de que el canal de materias primas no actuará como vector de contagio macroeconómico inmediato.

Venezuela y la transición política bajo observación

En el plano político, BlackRock anticipó que el foco estará puesto en la eventual hoja de ruta hacia una transición y en el rol que puedan asumir figuras clave del actual esquema de poder. En particular, el informe mencionó la atención sobre la continuidad de Delcy Rodríguez, leal a Maduro y al expresidente Hugo Chávez, en un eventual liderazgo interino.

“Observamos cualquier hoja de ruta hacia una transición y si Delcy Rodríguez permanece en el centro de cualquier liderazgo interino”, precisó el documento, aunque aclaró que estos factores no tendrían incidencia directa sobre la estrategia de inversión global.

En síntesis, para el mayor gestor de activos del mundo, la ofensiva de Estados Unidos en Venezuela confirma la consolidación de un orden internacional más fragmentado y volátil, pero no altera el apetito por riesgo ni la asignación estratégica de activos en el corto plazo.

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EE.UU. endurece su postura sobre Groenlandia y desafía a Dinamarca

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su país “va a hacer algo con Groenlandia, ya sea por las buenas o por las malas”, al considerar que la isla del Ártico es un activo estratégico clave para la seguridad nacional estadounidense. Las declaraciones, realizadas en la Casa Blanca, reavivaron la tensión diplomática con Dinamarca, generaron preocupación en la OTAN y provocaron una reacción inmediata de los líderes políticos groenlandeses, que rechazaron cualquier intento de anexión y reivindicaron el derecho a la autodeterminación del territorio.

Seguridad, geopolítica y control territorial en el Ártico

Trump insistió ante la prensa en que Estados Unidos no permitirá que Rusia o China “ocupen Groenlandia”, y sostuvo que, de no intervenir, el territorio autónomo danés podría quedar bajo la influencia de esas potencias. En ese marco, justificó una eventual acción directa al afirmar que “ahora mismo alrededor de Groenlandia hay destructores rusos, hay destructores chinos y, además, hay submarinos rusos por todas partes”.

El mandatario fue más allá al cuestionar la soberanía histórica de Dinamarca sobre la isla. “Admiro a Dinamarca, pero el hecho de que desembarcaran allí con un barco hace 500 años no significa que sean dueños de esa tierra”, expresó, reforzando su argumento de que Estados Unidos necesita controlar y poseer Groenlandia para poder defenderla eficazmente. “No se defienden los arrendamientos de la misma manera: hay que ser propietario”, afirmó, descartando cualquier esquema alternativo que no implique control directo.

La Casa Blanca no excluyó el uso de fuerzas armadas como parte de las opciones en análisis. Funcionarios del entorno presidencial, entre ellos el subjefe de Gabinete, Stephen Miller, y la portavoz Karoline Leavitt, señalaron esta semana que una acción militar no está descartada, pese a que Groenlandia ya manifestó que “no está en venta” frente a cualquier hipótesis de compra.

OTAN, diplomacia y advertencias cruzadas

Trump buscó despejar dudas sobre su relación con la OTAN, al asegurar que su postura sobre Groenlandia no implica un enfrentamiento con la Alianza Atlántica. “Estoy totalmente a favor de la OTAN. Yo salvé a la OTAN. Si no fuera por mí, ahora mismo no tendrían OTAN”, afirmó, en una declaración que apuntó tanto al frente interno como a los aliados europeos.

En paralelo, el secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que abordaron “la importancia de la seguridad en el Ártico para todos los aliados”, según informó el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott. En ese contacto también se discutieron los esfuerzos de Washington para impulsar una solución negociada al conflicto entre Rusia y Ucrania.

La diplomacia estadounidense anticipó además que Rubio se reunirá la próxima semana con diplomáticos daneses para conversar específicamente sobre Groenlandia, en un contexto de creciente inquietud internacional por el impacto que una acción unilateral de Estados Unidos podría tener sobre el futuro de la Alianza Atlántica y el equilibrio estratégico en el norte europeo.

La respuesta de Groenlandia: autodeterminación y rechazo a la anexión

Las declaraciones de Trump provocaron una reacción contundente en Groenlandia. Los líderes de los cinco partidos políticos con representación en el Inatsisartut, el Parlamento groenlandés, emitieron una declaración conjunta en la que defendieron el derecho del territorio a decidir su propio futuro.

“El futuro de Groenlandia lo deben decidir los groenlandeses. La tarea del futuro de Groenlandia se hace en diálogo con su gente y en base a las leyes internacionales y el Estatuto de Autonomía. Ningún otro país puede inmiscuirse en ello”, señala el documento, que reclama que cualquier definición se adopte sin presiones externas y sin la “intromisión” de otras potencias.

En el texto, firmado por el presidente autonómico Jens-Frederik Nielsen y respaldado por Pelle Broberg, líder del partido Naleraq, los dirigentes subrayaron: “No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses”. Si bien ratificaron su disposición a cooperar diplomática y económicamente con Estados Unidos y otros aliados occidentales, dejaron en claro que la soberanía popular es un límite infranqueable.

Impacto político

Desde una perspectiva institucional, las advertencias de Trump introducen un factor de inestabilidad geopolítica en una región estratégica por sus recursos, su ubicación y su rol creciente en las rutas del Ártico. El planteo de una eventual acción “por las buenas o por las malas” tensiona los principios de derecho internacional, pone a prueba la cohesión de la OTAN y reactualiza el debate sobre la autonomía y la autodeterminación de territorios estratégicos en un escenario global marcado por la competencia entre grandes potencias.

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Estados Unidos se retira de 66 organismos internacionales por orden de Trump

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum presidencial que ordena la retirada del país de 66 organizaciones internacionales, entre ellas 31 entidades vinculadas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que “ya no favorecen los intereses estadounidenses”. La decisión, anunciada por la Casa Blanca este miércoles 31, marca un giro significativo en la política exterior y multilateral de Washington, con implicancias políticas, económicas e институ­cionales a escala global.

Un repliegue del multilateralismo: alcance y fundamentos de la medida

Según informó la Casa Blanca a través de la red social X, el memorándum presidencial dispone el abandono formal de 66 organismos internacionales, de los cuales casi la mitad forman parte del sistema de Naciones Unidas. Entre las organizaciones más relevantes alcanzadas por la decisión se encuentran la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático y la Alianza de Civilizaciones.

En un comunicado oficial, la Casa Blanca sostuvo que estas entidades promueven “causas radicales sobre el cambio climático, gobernanza global y programas ideológicos que chocan con la fortaleza económica y la soberanía de Estados Unidos”. El texto remarca que, desde la perspectiva de la actual administración, la participación en estos foros dejó de alinearse con los intereses estratégicos, económicos y políticos del país.

La mayor parte de los organismos abandonados son comisiones y paneles asesores enfocados en temáticas como cambio climático, migración, derechos laborales y otros asuntos que la Administración Trump considera asociados a agendas de diversidad e igualdad que, según su diagnóstico, se imponen “en perjuicio del mérito”.

Organismos alcanzados y redefinición de prioridades estratégicas

Además de estructuras del sistema de la ONU, el retiro estadounidense alcanza a espacios de cooperación y coordinación internacional en materia de seguridad y gobernanza. Entre ellos figuran el Foro Global Central contra el Terrorismo, el Partenariado para la Cooperación Atlántica y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

Desde la Casa Blanca no se detallaron plazos operativos ni mecanismos específicos de salida, pero el memorándum presidencial establece la directriz política para concretar el retiro de manera progresiva. La medida se inscribe en una visión que prioriza la soberanía nacional y la autonomía de decisión frente a los compromisos multilaterales, un eje que ya había caracterizado la política exterior de Trump en etapas anteriores.

Impacto político e institucional a nivel global

La decisión de abandonar 66 organizaciones internacionales introduce un nuevo factor de tensión en el escenario internacional y plantea interrogantes sobre el rol futuro de Estados Unidos en los ámbitos de coordinación global. En particular, el retiro de organismos vinculados al cambio climático y a la gobernanza internacional puede alterar equilibrios en foros donde Washington históricamente tuvo un peso determinante.

En términos institucionales, la salida de Estados Unidos implica una reducción de aportes financieros, capacidad técnica y liderazgo político en múltiples instancias multilaterales. A la vez, abre espacio para que otros actores internacionales refuercen su influencia en esos organismos.

Desde el plano económico, la redefinición del vínculo con estructuras globales de cooperación podría tener efectos indirectos en áreas como comercio, financiamiento climático y estándares internacionales, en un contexto de reconfiguración de alianzas y prioridades geopolíticas.

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Venezuela y el derecho a decidir su propio destino

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Hablar de Venezuela exige, antes que nada, un ejercicio de honestidad política y moral. Durante años, el debate internacional estuvo dominado por consignas simplificadoras, etiquetas funcionales y relatos construidos desde afuera, casi siempre al servicio de intereses geopolíticos ajenos a la vida real de millones de personas.

En ese ruido permanente, el pueblo venezolano fue sistemáticamente borrado: reducido a cifra estadística, convertido en excusa diplomática o señalado como amenaza. Rara vez reconocido como lo que es: un sujeto histórico que resiste.

Y, sin embargo, Venezuela sigue viva en su gente.

Vive en quienes cada día sostienen la vida en condiciones adversas. En trabajadores y trabajadoras que enfrentaron la inflación y la incertidumbre. En madres, abuelas y jóvenes que organizaron la existencia cotidiana con una mezcla de ingenio, solidaridad y dignidad. Vive en los barrios, en las comunidades, en la cultura popular que no se apaga, en la decisión de quedarse y también en la de migrar sin romper el lazo con la tierra propia, porque no todos los migrantes son los que vemos festejar en el Obelisco. Esa resistencia no es una consigna: es una práctica diaria.

Durante años, una de las herramientas más violentas para deshumanizar a Venezuela fue la construcción de una narrativa que presentó al país como un “Estado criminal”, dominado por un supuesto Cartel de los Soles. Esa etiqueta operó como un dispositivo político: justificó sanciones económicas, aislamiento internacional y castigos colectivos que nunca golpearon a los sectores acomodados, sino directamente al pueblo.

Por eso no es un dato menor que, recientemente, el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos haya dejado de sostener que el llamado Cartel de los Soles exista como una organización criminal real y estructurada, comparable a los grandes cárteles del narcotráfico de la región. Que hoy se reconozca —aunque sea de manera implícita— que se trató de una construcción sin sustento jurídico sólido expone algo más profundo: la fragilidad de un relato que durante años fue utilizado para legitimar el asedio a un país entero.

Este reconocimiento no niega los problemas reales de Venezuela. No absuelve errores, tensiones internas ni desafíos pendientes. Pero sí derrumba una coartada. Porque cuando se desmonta la ficción del “Estado narco”, queda al desnudo lo que realmente ocurrió: el uso del castigo económico y político como forma de disciplinamiento, con consecuencias devastadoras sobre la vida cotidiana de millones de personas.

Las sanciones no son abstractas. Tienen rostro. Son menos medicamentos, menos insumos, más dificultades para producir, para importar alimentos, para sostener servicios básicos. Son salarios pulverizados y proyectos truncos. Y, aun así, el pueblo venezolano resistió. No se quebró. No desapareció. No se resignó a la narrativa que otros escribieron para él.

Resistió porque existe una memoria histórica de luchas populares. Porque hay organización social, identidad colectiva y conciencia política. Porque, incluso bajo presión extrema, Venezuela siguió apostando a resolver sus conflictos sin tutela extranjera. Porque el pueblo entendió que ninguna sanción “humanitaria” puede justificar la carencia, ni ningún bloqueo puede presentarse como defensa de la democracia.

Hoy, cuando algunas de las narrativas más agresivas empiezan a resquebrajarse, es imprescindible decirlo con claridad: las sanciones contra Venezuela no fueron un error, fueron una decisión política consciente, y su objetivo nunca fue proteger derechos humanos, sino forzar un cambio de régimen a cualquier costo. El costo lo pagó el pueblo.

Por eso, no hay salida para Venezuela desde el castigo externo ni desde el intervencionismo encubierto. No hay futuro posible mientras se siga usando al pueblo como rehén de disputas geopolíticas. La autodeterminación no es un eslogan: es una condición básica para la dignidad de los pueblos.

Venezuela no es un expediente judicial, ni un laboratorio de sanciones, ni un titular armado en Washington. Venezuela es su pueblo. Y ese pueblo, pese a todo, sigue resistiendo, viviendo y defendiendo su derecho a decidir su propio destino.

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Trump impone una doctrina de fuerza global y Venezuela activa el estado de conmoción exterior

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La captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos abrió un punto de inflexión en la política internacional. Mientras la Casa Blanca explicita una doctrina basada en fuerza y dominación, el Gobierno venezolano activó un estado de excepción con amplias facultades represivas. El episodio reconfigura el equilibrio político, jurídico y económico en el hemisferio occidental.

La administración de Donald Trump explicitó esta semana un cambio estructural en el papel global de Estados Unidos, al asumir abiertamente una estrategia de poder basada en la fuerza, la coerción y el dominio directo. La definición quedó en boca de Stephen Miller, uno de los principales asesores presidenciales, tras la operación militar que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos judiciales.

“Vivimos en un mundo que está gobernado por la fuerza, por el poder, por la autoridad. Éstas son las leyes de hierro del mundo”, sostuvo Miller en declaraciones televisivas. Y fue más allá: “Somos una superpotencia. Y con el presidente Trump, nos comportaremos como tal”.

Las declaraciones se produjeron luego de una incursión militar que, según funcionarios estadounidenses, involucró a casi 200 efectivos en territorio venezolano y derivó en un enfrentamiento armado. Trump justificó la operación al presentar a Maduro como el jefe de un cártel de narcotráfico y a Venezuela como una amenaza directa para la seguridad de Estados Unidos.

Una doctrina de fuerza sin control legislativo

El episodio dejó al descubierto un aspecto central del segundo mandato de Trump: el desplazamiento del Congreso en materia de política exterior y uso de la fuerza. La Casa Blanca rechazó la necesidad de autorización legislativa para la captura de un jefe de Estado extranjero, al calificar la incursión como una “misión de aplicación de la ley”.

La posición fue avalada por los líderes republicanos del Congreso. El jefe de la mayoría en el Senado, John Thune, sostuvo que informar previamente al Capitolio habría sido “desaconsejable”, argumentando que el Poder Legislativo “no es el mejor para guardar secretos”.

La operación abrió interrogantes clave: si existe un plan viable para la transición venezolana, cómo se financiará una eventual administración indirecta del país, si habrá nuevas acciones militares y cuál será el costo fiscal para los contribuyentes estadounidenses. Todo esto ocurre mientras la aprobación presidencial de Trump cae por debajo del 40% y persisten tensiones internas por inflación y precios elevados.

En paralelo, el discurso de la Casa Blanca se expandió más allá de Venezuela. Trump lanzó advertencias directas a Colombia, exigió a México “ponerse las pilas” y amenazó a Irán con represalias. Miller incluso deslizó la posibilidad de que Estados Unidos incorpore Groenlandia, al sostener que “para asegurar la región ártica, Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos”.

Venezuela responde con un estado de conmoción exterior

Frente a la ofensiva estadounidense, el Gobierno venezolano activó un Estado de Conmoción Exterior, una figura constitucional inédita desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999. El decreto, publicado en la Gaceta Oficial y firmado por Nicolás Maduro —capturado horas antes— y refrendado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, tiene rango de ley y regirá por 90 días, prorrogables por otros 90.

El texto ordena a los cuerpos de seguridad nacionales, estadales y municipales la búsqueda y captura de toda persona que promueva o apoye el ataque armado de Estados Unidos, con miras a su juzgamiento. Además, dispone la militarización de la infraestructura de servicios públicos, de la industria petrolera y de las industrias básicas del Estado, sometiendo temporalmente a su personal al régimen militar.

El decreto habilita también la requisición de bienes para la defensa nacional, la suspensión del derecho a reunión y manifestación y la adopción de “cualquier otra medida necesaria para proteger al pueblo”, aunque mantiene formalmente las garantías a la vida, la libertad personal, el debido proceso y la prohibición de tortura.

Según explicó el jurista Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, el estado de conmoción exterior implica “la restricción de garantías constitucionales” y otorga al presidente “las más amplias facultades desde el punto de vista político, económico y social”. Aunque el decreto puede ser revertido por la Asamblea Nacional o la Justicia, Apitz subrayó que en Venezuela “no hay contrapesos” efectivos al Poder Ejecutivo.

Impacto político, económico e institucional

La escalada redefine el escenario regional. En términos institucionales, Estados Unidos avanza hacia una doctrina que relativiza la soberanía de otros Estados y el derecho internacional, pilares del orden construido tras la Segunda Guerra Mundial y de los tratados fundacionales de la ONU y la OTAN.

En el plano económico, la militarización de la industria petrolera venezolana y la concentración de poder en el Ejecutivo anticipan mayor incertidumbre para la producción, las inversiones y el comercio exterior. A nivel social, el decreto habilita un endurecimiento represivo con impacto directo sobre derechos civiles y políticos.

Desde Washington, el mensaje es claro: Estados Unidos utilizará su poder de forma más abierta y unilateral en defensa de sus intereses. Desde Caracas, la respuesta es el cierre del sistema político y la criminalización de cualquier apoyo interno a la ofensiva extranjera.

El choque de estrategias no solo define el futuro inmediato de Venezuela, sino que proyecta un cambio profundo en el equilibrio político del hemisferio occidental, con efectos que podrían extenderse mucho más allá de la coyuntura actual.

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