GLIFOSATO

Libertad Avanza en Misiones: propuestas para desburocratizar la economía, bajar impuestos y ampliar zonas francas

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Los candidatos a Diputados por Misiones, Diego Hartfield y Maura Gruber junto a referentes de Libertad Avanza expusieron las prioridades económicas y regulatorias para Misiones en la antesala del 26 de octubre: reducción del Estado, reforma impositiva y zona franca nacional

En un evento llamado Misiones Productiva, los candidatos y referentes de Libertad Avanza en Misiones —entre ellos Diego Hartfield (candidato a diputado nacional), Miguel Boggiano (analista financiero)— el espacio delineó ejes prácticos de su propuesta económica: desburocratización, reforma impositiva y laboral, y una ambición de zona franca nacional. Los entrevistados defienden recortar el tamaño del Estado como condición previa para reducir impuestos y ampliar incentivos a la inversión; además pronostican que las reformas buscadas por el gobierno nacional necesitarán un volumen legislativo mayor, que se jugará en la elección del “veintiséis”, según sus propias palabras. La conversación remarcó preocupaciones concretas de productores y empresas misioneras sobre competitividad fronteriza, regulación ambiental y aplicación de normativas que, en su visión, frenan la inversión y el desarrollo productivo.

Propuestas centrales: desburocratizar, bajar impuestos y una reforma laboral e impositiva

Los referentes del espacio ubicaron como prioridad la “economía libre” y la eliminación de trabas que, según ellos, encarecen y desincentivan la actividad privada. Diego Hartfield afirmó que a los productores “les piden todo el tiempo desburocratizar el trabajo y que podamos tener una economía libre para poder trabajar”, y definió a la sobrecarga tributaria provincial como un problema estructural: “tenemos una aduana paralela, un peaje a la entrada… no puede ser… en una provincia que es una esquinita entre Brasil y Paraguay cobrar peaje en la entrada nos dificulta mucho la competitividad”.

En la agenda legislativa propuesta, los ejes mencionados con mayor insistencia fueron:

  • Reforma impositiva para reducir el peso de las transferencias y retenciones en las cadenas productivas.
  • Reforma laboral orientada a “achicar el costo” de despido y evitar incentivos a la judicialización masiva de conflictos laborales. Miguel Boggiano subrayó que “la primera es la reforma laboral y la segunda es la reforma impositiva”, y advirtió sobre efectos de litigiosidad en el fuero laboral que, a su juicio, distorsionan incentivos empresariales.

Hartfield lo sintetizó: “primero trabajamos en eficientizar las cuentas… una vez que tengamos las cuentas ordenadas… el siguiente paso es bajar impuestos”.

Zona franca, crédito y expectativas de inversión: enfoque nacional con impacto local

El anuncio reciente sobre la ampliación de la zona franca a Posadas y Bernardo de Yrigoyen fue tema de debate. Para Hartfield, la medida es positiva en tanto se avance hacia una “zona franca para todo el país”: “Hay que ver las delimitaciones de esta nueva zona franca”, dijo, y añadió que lo importante es evitar cargas impositivas por transferencias internas. Sin embargo, tanto Hartfield como Aldo Gruber manifestaron recelos sobre que la implementación sectorial o la concesión a actores específicos derive en beneficios concentrados: Gruber señaló que algunas soluciones “serían negocio para la empresa y para algunos que pueden comprar algo, pero en general no sé cómo se va a pasar eso en el resto de la provincia”.

Miguel Boggiano vinculó la agenda de reformas con la llegada de financiamiento y crédito: señaló que la incertidumbre electoral y la fragmentación de los comicios a lo largo del año han frenado decisiones de inversión y consumo. “Cualquier inversión o consumo se pospone… eso reduce la actividad”, afirmó, y añadió que la posibilidad de crédito a tasas razonables dependerá de la resolución de la incertidumbre macro y política.

Reglamentación ambiental, uso de agroquímicos y gestión pública: tensiones entre producción y conservación

En la voz del empresariado misionero representado por Aldo Gruber emergieron reclamos claros sobre la normativa ambiental y fitosanitaria. Gruber pidió una readecuación de la ley 26.331 (citada como “la Ley Bonazo” en la entrevista, también conocida como Ley de Bosques) para “que esté acorde” y permita desarrollar actividades de industria, ganadería y forestación, sin afectar los parques nacionales y provinciales. Sobre el glifosato, reclamó que se despeje la incertidumbre regulatoria: “el tema del glifosato… es una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los productores. Hoy te doy y mañana te corto la cabeza”.

Además, Gruber insistió en la necesidad de un Estado más eficiente y menos clientelar: “hay que eficientizar el Estado… no haya tantos ñoquis… que solo ponen sello”, reclamó, y dijo que el foco del sector debe ser la previsibilidad y la seguridad jurídica para invertir.

Riesgos políticos y sociales: presiones, miedo al voto y judicialización

En el relato de campaña, Hartfield describió tensiones en el terreno electoral: denunció presión sobre votantes en comunidades del interior y señaló que “mucha gente se nos acerca y no quiere salir en las fotos, tienen miedo”. También se hizo referencia a episodios judiciales vinculados al propio espacio: “El mismo Espert se apartó y está en manos de la justicia”, dijo Hartfield, pidiendo concentrarse en propuestas en la recta final de campaña.

Por su parte, Boggiano advirtió que la dinámica política —con elecciones desdobladas— genera pausas en la economía que afectan a empresas y familias, con efectos multiplicadores sobre la inversión y la dolarización de activos por parte de los agentes económicos.

Repercusiones previsibles por sector

Productores y pymes locales. Las demandas de menor carga fiscal y de reglas laborales más flexibles responden a que los actores productivos buscan reducir costos de operación y litigiosidad. Si se impulsaran las reformas propuestas, podrían aliviarse costos de corto plazo, pero también generar confrontación con sindicatos y sectores que defienden la actual tutela laboral.

Sector ambiental y comunidades locales. Las propuestas de readecuar normativas ambientales y levantar restricciones sobre agroquímicos pueden intensificar el debate entre productores y grupos ambientalistas; la ausencia de consensos técnicos podría derivar en conflictos políticos y judiciales.

Inversores y crédito. La expectativa de mayor crédito y de llegada de inversiones internacionales (mencionada en términos generales por Boggiano) depende de la confianza que generen decisiones fiscales y de gobernabilidad; la incertidumbre electoral y la percepción de riesgo regulatorio pueden frenar estos flujos a corto plazo.

Política nacional y legislativa. Los entrevistados enfatizan que la viabilidad de reformas estructurales (impositiva y laboral) exige volumen legislativo en el Congreso y, por tanto, que los resultados del “veintiséis” serán determinantes para traducir discursos en cambios normativos.

Viabilidad y puntos de conflicto

Las propuestas que articulan Hartfield, Boggiano y Gruber combinan reclamos de competitividad regional (reducción de impuestos y simplificación administrativa) con un claro sesgo hacia la liberalización económica. Para que estas medidas se concreten, las condiciones que los entrevistados mismos señalan —orden fiscal, acuerdo político en el Congreso y mayor certidumbre macroeconómica— deben darse en simultáneo. De lo contrario, existe el riesgo de generar tensiones distributivas (trabajadores vs. empleadores), conflictos regulatorios (ambientalistas vs. productores) y percepción de captura de beneficios si medidas como la creación o ampliación de zonas francas terminan concentrando ventajas en actores privilegiados.

En suma, la campaña en Misiones exhibe una narrativa coherente con la estrategia nacional del espacio: empujar reformas profundas que reducen el rol del Estado y recortan cargas para el sector privado, planteo que enfrenta resistencias políticas y sociales importantes y cuya implementación dependerá tanto del resultado electoral del “veintiséis” como de la capacidad de negociación del gobierno para articular consensos.

Textuales:

  • Diego Hartfield: “A nosotros nos piden todo el tiempo desburocratizar el trabajo y que podamos tener una economía libre para poder trabajar.”
  • Diego Hartfield: “Tenemos una aduana paralela, un peaje a la entrada… en una provincia que es una esquinita entre Brasil y Paraguay cobrar peaje en la entrada nos dificulta mucho la competitividad.”
  • Miguel Boggiano: “La primera es la reforma laboral y la segunda es la reforma impositiva.”
  • Aldo Gruber: “La Ley Bonazo (Ley de bosques)… es muy estricta y no permite el desarrollo de la industria, de la ganadería, forestación.”
  • Aldo Gruber sobre el glifosato: “Es una espada de Damocles sobre la cabeza de todos los productores. Hoy te doy y mañana te corto la cabeza.”
  • Diego Hartfield sobre la zona franca: “Hay que ver las delimitaciones de esta nueva zona franca… lo importante desde nuestro lugar es intentar que no haya impuestos a una transferencia.”
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Glifosato en debate: especialista advierte que el modelo agrícola argentino atraviesa una crisis sanitaria y ambiental

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El pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, referente de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, visitó Posadas para alertar sobre los riesgos del glifosato y el impacto del modelo de producción vigente en la salud y el ambiente. Con cifras alarmantes y estudios científicos recientes, planteó que el sistema actual “no solo enferma a la población, sino que además atraviesa una crisis ambiental sin precedentes”.

Un modelo en cuestionamiento

El especialista participará este martes 23 de septiembre en un conversatorio en la Plaza San Martín de Posadas bajo el lema “Soberanía Alimentaria sin Glifosato”, en el marco de los 10 años de la Ley de Agricultura Familiar, el Mes de la Agroecología y el Día de la Soberanía Alimentaria.

Durante una entrevista en el programa El Periodista de Canal 12, Ávila Vázquez advirtió que Argentina utiliza más de 600 millones de litros de agroquímicos por año, lo que equivale a 15 litros por habitante. Solo una fracción mínima permanece en los cultivos, mientras que “el 80% termina en el agua, el aire, la tierra y los alimentos que consumimos”.

La investigación del equipo que coordina comenzó en 2007 en Córdoba, cuando detectaron que en un barrio lindero a campos de soja los casos de cáncer se triplicaron, aumentaron los abortos espontáneos y crecieron las malformaciones congénitas. Desde entonces, se documentaron efectos similares en distintas regiones agrícolas, incluida la presencia de residuos por encima de los límites internacionales en soja de exportación, frutas y verduras de consumo interno.

Impacto sanitario: la niñez como población más vulnerable

Uno de los hallazgos más preocupantes se vincula al efecto neurológico en los niños. “Las neuronas en presencia de estas sustancias no se ramifican, no se intercomunican, pierden su capacidad de funcionamiento”, explicó el pediatra. Esto deriva en dificultades de aprendizaje, aumento de casos de autismo y un retroceso en la capacidad intelectual infantil.

En los denominados pueblos fumigados, los estudios arrojan cifras alarmantes: 7 de cada 1000 personas tiene diagnóstico de cáncer. El 50% de los chicos necesita broncodilatadores. Las familias de trabajadores rurales presentan tres veces más casos de cáncer que la media.

Ávila Vázquez subrayó que estas consecuencias afectan sobre todo a los sectores populares, que viven y trabajan expuestos de manera directa. Pero aclaró que el consumo de alimentos contaminados impacta en toda la población: niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

Producción y ambiente: un modelo en jaque

El especialista fue categórico al señalar que “usar venenos para cultivar alimentos es un sinsentido”. En su visión, el modelo de agronegocios genera una guerra química contra la naturaleza que compromete la salud, degrada los suelos y contamina los ríos.

Citó un estudio realizado en el río Paraná que demuestra cómo los niveles de glifosato en sedimentos aumentan de manera progresiva desde el norte del país hasta Buenos Aires. “Es tanto lo que se aplica que es lo que más se encuentra”, puntualizó.

Asimismo, rechazó los intentos de las empresas del sector por minimizar estos impactos: “Tenemos pruebas científicas de que esto es así y no debemos dejarnos tapar la boca por las industrias que hacen marketing o fake news”.

Hacia un debate por soberanía alimentaria

La conferencia en Posadas buscará reforzar la discusión sobre alternativas agroecológicas y soberanía alimentaria. Para Ávila Vázquez, el desafío principal es visibilizar la evidencia científica y convertirla en política pública, con la participación activa de profesionales de la salud, universidades y organizaciones sociales.

“Esto no es solo un problema económico ni productivo. Es una violación a los derechos de la salud y la vida de las personas”, concluyó el especialista.

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SENASA: cambios normativos sobre envases, vida útil y clases toxicológicas de agroquímicos

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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) aprobó la Resolución 614/2025, publicada en el Boletín Oficial el 22 de agosto, que introduce cambios sustanciales en el marco regulatorio de los envases y la comercialización de productos fitosanitarios en Argentina. La medida apunta a modernizar los procedimientos de control, simplificar trámites y garantizar estándares de seguridad y trazabilidad, en línea con las políticas de desregulación y eficiencia impulsadas por el Gobierno nacional.

La resolución se apoya en la Ley 27.233, que declara de interés nacional la sanidad animal y vegetal, y en el proceso de desburocratización que el Estado viene implementando desde el DNU 70/2023. Este marco exige reducir cargas innecesarias y actualizar regulaciones que impactan sobre el sector productivo.

En 2021, el SENASA había dictado la Resolución 245/21, que estableció el Protocolo de envases para fitosanitarios. Sin embargo, la dinámica del mercado y la necesidad de ajustes técnicos motivaron su revisión. La presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo Gaviglio, firmó la nueva normativa que modifica artículos clave sobre declaraciones juradas, vida útil de envases y clases toxicológicas permitidas, además de derogar disposiciones que habían quedado obsoletas.

El objetivo declarado es mantener altos estándares sanitarios al tiempo que se facilitan los procesos de registro y control, reduciendo tiempos y costos para las empresas.

Cambios técnicos centrales en la Resolución 614/2025

La normativa introduce tres modificaciones centrales:

  1. Declaración jurada obligatoria de envases y embalajes
    • Al registrar sustancias activas y fitosanitarios, las empresas deberán adjuntar una declaración jurada detallando tipo, material y capacidad de los envases que planean comercializar o transportar.
  2. Vida útil y gestión de envases vacíos
    • Se redefine la responsabilidad empresarial: el titular del producto deberá establecer la vida útil de cada envase.
    • Una vez cumplida, la firma será responsable de ejecutar opciones de Gestión Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios, conforme a la Ley 27.279, aplicando Mejores Prácticas de Gestión Disponibles (MPGD).
  3. Clases toxicológicas autorizadas para envases reutilizables y venta a granel
    • Se restringe la comercialización a granel y en envases retornables de hasta 1.000 litros a productos de Clases Toxicológicas II, III y IV (OMS 2009) o Categorías 3, 4, 5 y menor toxicidad según el Sistema Globalmente Armonizado de la ONU (GHS).

Además, la resolución deroga los artículos 4 y 18 de la Resolución 245/21, considerados innecesarios en el nuevo esquema.

Repercusiones e impacto en el sector agroindustrial

El cambio normativo tiene un impacto directo en la industria de fitosanitarios y en toda la cadena agrícola. Al exigir mayor trazabilidad en envases y embalajes, se refuerza la seguridad en el transporte y almacenamiento de químicos, reduciendo riesgos ambientales y sanitarios.

Para las empresas, implica un ajuste en procesos internos, dado que deberán presentar nuevas declaraciones juradas y asumir mayor responsabilidad en la gestión de envases vacíos. En paralelo, la simplificación en trámites busca agilizar registros y reducir costos burocráticos.

A nivel político, la resolución se inscribe en la estrategia del Gobierno de Javier Milei de compatibilizar la desregulación económica con estándares internacionales de seguridad sanitaria, clave para sostener la competitividad exportadora de la agroindustria argentina.

Especialistas del sector anticipan que la medida tendrá repercusión en exportaciones de granos y agroquímicos, ya que fortalece la credibilidad de Argentina en materia de control sanitario, un aspecto central en mercados como la Unión Europea y China

La Resolución 614/2025 confirma la tendencia a un marco regulatorio dual: más exigente en estándares de calidad y trazabilidad, pero al mismo tiempo más flexible y simple en lo administrativo.

En adelante, el desafío será garantizar la correcta implementación por parte de las empresas y fortalecer los mecanismos de fiscalización de SENASA, en un contexto en el que la gestión de envases vacíos y los riesgos toxicológicos están bajo creciente escrutinio internacional.

La medida, que ya entró en vigencia con su publicación, abre un nuevo capítulo en la gobernanza sanitaria agroindustrial argentina, donde la combinación de eficiencia y control será clave para sostener mercados y atraer inversiones.

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El glifosato se prohíbe solo (por precio)

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Sesenta señores hablan como si representaran a 26.000 familias campesinas. El bidón ya es impagable para el pequeño productor. La prohibición limita la fumigación a gran escala; abajo, la transición avanza por necesidad. En el medio, nombres, números y un proyecto: Pan sin veneno.

Hoy sería raro que, al preguntarle a alguien por la calle si sabe que los alimentos de su mesa tienen agrotóxicos, microplásticos o metales pesados, dijera que no. Ha habido y hay tantas campañas de concientización que prácticamente todo el mundo sabe lo que pasa, pero normalmente se siente sin margen para actuar o se limita a denunciar. Algo similar ocurre a pocos kilómetros de su heladera, en el campo, donde el pequeño productor sabe que lo que aplica en los cultivos afecta al consumidor, a él mismo y a su ecosistema. Sin embargo, aunque no desconoce las consecuencias de los agrotóxicos, queda limitado por la aparente falta de alternativas rentables. Esta es la postal del día a día del campesinado misionero.

¿Para qué protegerse tanto si después lo vas a esparcir en el aire? Se suelen atribuir las aberraciones del uso de herbicidas, fungicidas e insecticidas a la falta de protección de quienes los aplican. Pocos usan el equipo completo: dificulta el manejo y baja la eficacia. Pero incluso quienes sí lo usan saben que esos compuestos terminarán en su comida, en la tierra donde crecerán sus hijos y en el mismo aire que respiran. Entonces, ¿por qué lo siguen usando? ¿Por qué no buscan alternativas?

La respuesta más común es: “porque no hay opción”, “esta forma de agricultura es la que alimenta al mundo”. Esa postura afirma que, aun conociendo los daños, no habría alternativa. No compro.

Recientemente, en la Confederación Económica de Misiones (CEM), sesenta señores —técnicos, directivos PyME y cuadros de organismos— se arrogaron representar a las 26.000 familias campesinas que hay en Misiones para sostener que sin glifosato no se produce. No corresponde pedirle al campesinado que invente “la salida”: ese es el trabajo de quienes cobran por estudiar, ensayar y regular (INTA, SENASA y equipos técnicos que definen reglas y certificaciones). Mientras tanto, ocurre algo que casi no se dice: la transición ya avanza, pero no por una iluminación colectiva, sino porque los precios de glifosato, herbicidas, insecticidas y fungicidas se volvieron prohibitivos. En los hechos, el glifosato “se prohíbe solo” por precio. ¿Quiénes sí pueden pagarlo? Justamente esos sesenta. ¿Quiénes no pueden? Los que ya le están buscando la vuelta desde abajo, por necesidad y sin micrófonos. En este marco, la prohibición provincial y su prórroga por cinco años cumplen otra función: imponen un límite a la fumigación a gran escala; para el pequeño productor, en cambio, cambia poco porque el bidón ya era impagable.

El costo humano tiene nombres y números. Desde 1987, el cirujano infantil Hugo Gómez Demaio —Hospital de Pediatría de Posadas— registró picos de malformaciones del tubo neural y expuso señales de genotoxicidad asociadas a exposiciones crónicas en zonas rurales. En su servicio, estimó 0,5% de nacidos con mielomeningocele (5 por cada 1.000) y denunció, en Colonia Alicia, que el 86,6% de niños menores de dos años presentaba alteraciones del desarrollo en pruebas cognitivas simples; además, habló de alrededor de 60 nacimientos con malformaciones por año en Misiones. No son números cómodos.

Mirando la región, Chile: la organización de consumidores ODECU empuja una demanda colectiva contra Bayer/Monsanto por casos de cáncer asociados a Roundup, reclamando compensación por persona afectada. Mientras allá discuten reparación, acá todavía hay quien insiste en que el problema “no existe”. La comparación sola ya incomoda, y bien.

El costo humano también tiene rostros: Fabián Tomasi, banderillero de aviones fumigadores en Basavilbaso, símbolo del daño por exposición, fallecido en 2018; y Matías Sebastián Vázquez, de Aristóbulo del Valle, que atravesó una leucemia y hoy milita para visibilizar los riesgos en su comunidad. No son anécdotas: son señales que piden un cambio de rumbo.

Pan sin veneno. En Misiones ya se prueba otra lógica: trigo agroecológico (no transgénico) sembrado por productores locales, en suelo y clima misioneros, con acompañamiento técnico. Ya hubo pan elaborado con esa harina y este año el programa creció: semilla agroecológica distribuida, productores sumándose en distintos departamentos, primeras espigas en el campo y cosecha a la vista. No es consigna: es trabajo, acuerdos y trazabilidad.

Progreso y atraso. Se llenan la boca con “progreso”, pero aferrarse al glifosato es atraso. El futuro está más cerca de lo que sabían nuestros abuelos: suelos vivos, abonos orgánicos, rotar, cubrir, carpir… y hasta lo sencillo de aprovechar la ceniza de la cocina para proteger de plagas.  Para muchos pequeños productores, eso ya cierra mejor la cuenta que perseguir un insumo que no pueden pagar y que, cuando se paga, deja deuda en el cuerpo y en la cuenca.

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Productores nucleados por la CEM exigen derogar la Ley de Bioinsumos

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La asamblea convocada por la Confederación Económica de Misiones reunió a más de 60 referentes del agro, la industria y las cooperativas para definir una postura conjunta sobre la prohibición del glifosato. El sector productivo reclama la derogación del artículo 7 —y en algunos casos, de toda la Ley de Bioinsumos— al considerar que pone en riesgo la competitividad provincial.

Una asamblea con el arco productivo unido

En la sede de la Confederación Económica de Misiones (CEM), productores, cooperativistas, empresarios pymes y técnicos del INTA, SENASA y colegios profesionales debatieron sobre una problemática que atraviesa a toda la provincia: la prohibición del uso del glifosato. Entre los asistentes hubo representantes de sectores como la yerba, el té, el tabaco, la ganadería, la foresto-industria y la agricultura familiar, así como dirigentes de entidades empresarias y cooperativas.

El reclamo fue unánime: derogar el artículo 7 del capítulo 2 de la Ley de Bioinsumos —que regula el uso del glifosato mediante un registro limitado— o, en algunos casos, directamente eliminar toda la normativa. Los asistentes coincidieron en que la ley actual burocratiza y obstaculiza la producción, mientras que el herbicida sigue siendo una herramienta indispensable ante la ausencia de alternativas biológicas eficaces y accesibles.

Competitividad en riesgo y advertencia sobre el contrabando

El diagnóstico común de los productores es contundente: sin glifosato, los costos se disparan y la competitividad cae. Desde el sector yerbatero advirtieron que la prohibición genera conflictos con compradores internacionales, que exigen certificaciones sanitarias que hoy solo pueden cumplirse con herbicidas aprobados. En el sector tealero, empresarios señalaron que la prohibición encarece la producción y puede cerrar mercados externos.

Sergio Delapierre, productor yerbatero, lo sintetizó: “Prohibir el glifosato solo incentiva el contrabando desde países vecinos”. Otros referentes coincidieron en que la normativa, además de impracticable en un universo de 35.000 productores, expone al sector a multas millonarias, lo que agrava la ya crítica situación de las economías regionales.

Un reclamo con matices: producción responsable y transición hacia bioinsumos

Aunque el pedido es contundente, el sector productivo no desconoce la necesidad de avanzar hacia modelos más sostenibles. Todos los participantes coincidieron en la importancia de fomentar investigaciones en bioinsumos y capacitar a los productores en Buenas Prácticas Agrícolas, pero aclararon que el reemplazo debe ser realista, certificado y aplicable a las condiciones locales.

Matías Pamberger, presidente de la Sociedad Rural Misiones, sostuvo que el artículo 7 “genera discriminación entre productores que exportan y los que abastecen al mercado interno” y que la falta de herramientas viables para el control de malezas afecta directamente la producción. Para el ingeniero Jorge Pujato, “hay un mito sobre el glifosato: bien utilizado, no causa daño; el problema es la falta de capacitación”.

La vía política: el escenario en la Legislatura

Más allá de las acciones judiciales en curso, el sector sabe que la solución será política. Así lo expresó el legislador Miguel Núñez, quien adelantó que volverá a impulsar un proyecto de derogación en la Cámara de Diputados, pero reclamó “acompañamiento técnico y presión legislativa” para que la propuesta prospere.

Sin embargo, el debate interno también dejó expuestas tensiones: mientras algunos productores reclamaron mayor apertura y participación de legisladores y prensa, otros defendieron una asamblea cerrada. La presencia de diputados provinciales y nacionales —como Javier Mela, Cristian Castro y Martín Arjol— que debieron retirarse tras el pedido de sesión privada, evidenció las fricciones entre quienes buscan un diálogo político amplio y quienes priorizan definir primero una posición unificada del sector.

Entre la urgencia productiva y la transición ambiental

La discusión sobre la Ley de Bioinsumos refleja un conflicto mayor: cómo equilibrar la necesidad inmediata de competitividad de las economías regionales con la transición hacia modelos productivos más sostenibles. Para el agro misionero, el glifosato no es una bandera ideológica, sino una herramienta insustituible en el presente.

El desafío ahora recae en el Poder Legislativo provincial: ¿puede Misiones construir una política agropecuaria que combine la protección ambiental con la viabilidad económica de sus productores? La respuesta marcará el rumbo no solo de un insumo polémico, sino del futuro del sector productivo misionero.

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