GOLPE DE ESTADO

A 50 años del golpe, “la idea de memoria completa es una reivindicación del terrorismo de Estado”

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A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Misiones volvió a poner la memoria en la calle, pero esta vez con una carga política más explícita. La movilización realizada este martes 24 en Posadas, con paso por ex centros de detención y sedes de fuerzas de seguridad hasta la plaza 9 de Julio, no se limitó a la conmemoración del terrorismo de Estado: incorporó una lectura directa sobre el escenario nacional actual y convirtió el acto en una advertencia sobre las libertades democráticas, el rol del Estado y la vigencia de los derechos humanos. La pregunta que quedó flotando no fue solo cómo recordar el pasado, sino qué señales del presente empiezan a ser leídas como un motivo de alarma.

La jornada reunió a organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, familiares de desaparecidos, exdetenidos y militantes que marcharon desde la intersección de Mitre y Buenos Aires hasta distintos puntos vinculados a la represión ilegal en la provincia. El recorrido incluyó Jefatura de Policía, Policía Federal, la antigua Cárcel de Posadas (actual CEP 4), la sede de Inteligencia del Ejército, Gendarmería Nacional y la sede administrativa del Ejército. El cierre fue en la plaza 9 de Julio, donde se leyó un documento y se dejó abierto el micrófono para intervenciones de distintas agrupaciones.

De la conmemoración al señalamiento político

La movilización mantuvo el núcleo histórico del 24 de marzo —memoria, verdad y justicia—, pero sumó una capa de intervención política sobre el presente. En ese marco se inscribieron las palabras de Mario Coutouné, expreso político, hermano de una desaparecida por la dictadura y militante de Política Obrera, quien durante la jornada vinculó el aniversario de los 50 años del golpe con una crítica frontal al Gobierno nacional y a lo que definió como una avanzada sobre derechos y libertades.

Su planteo no quedó en una evocación general. Coutouné cuestionó la idea de “memoria completa”, la asoció a una reivindicación del terrorismo de Estado y sostuvo que la fecha también debía servir para advertir sobre medidas que, a su entender, anticipan un endurecimiento del poder. En esa línea, mencionó el tratamiento de una modificación del servicio de inteligencia, la posibilidad de detenciones arbitrarias, el rastreo digital sin control judicial y la pérdida de derechos laborales y sindicales.

La intervención tuvo un tono de denuncia política y buscó correr la conmemoración del terreno exclusivamente simbólico. Allí apareció una de las claves de la marcha de este año: para una parte de los sectores movilizados, el 24 de marzo ya no solo funciona como recuerdo del pasado, sino también como una herramienta para leer el presente y ordenar una respuesta política.

Del terrorismo de Estado a las alertas sobre el presente

En dialogo con Economis, Coutouné avanzó sobre un terreno sensible: vinculó la agenda de derechos humanos con debates actuales sobre inteligencia, organización de los trabajadores, derecho de huelga y capacidad de respuesta de las organizaciones sociales. Su crítica apuntó a lo que definió como una reivindicación del terrorismo de Estado bajo la idea de “memoria completa”, y desde allí trazó un paralelo entre el clima previo al golpe y determinadas decisiones o debates contemporáneos.

No se trató, en su exposición, de una comparación lineal ni de una descripción institucional cerrada, sino de una lectura militante sobre el presente político. El eje de su argumento fue que los retrocesos en derechos, la pérdida de herramientas de organización y las reformas que afectan libertades públicas deben ser observados no como hechos aislados, sino como parte de una secuencia que exige debate y reacción en sindicatos, lugares de trabajo y espacios de militancia.

En ese punto, su intervención aportó una dimensión política específica a la marcha: trasladó la memoria desde el terreno del consenso histórico al de la disputa contemporánea. Allí apareció una de las claves de la jornada. La conmemoración no solo reunió a quienes sostienen el reclamo de justicia por los crímenes de la dictadura; también funcionó como caja de resonancia para sectores que leen en el presente una reconfiguración del vínculo entre Estado, control social y conflicto laboral.

Una voz militante que tensiona el clima político

Coutouné sostuvo que no se puede permitir que un nuevo deterioro democrático “sorprenda” a la sociedad, y recuperó para eso referencias del período previo al golpe de 1976. Su argumento se apoyó en la idea de que la inacción de dirigencias políticas y sindicales frente a señales de agravamiento institucional también forma parte de la historia que debe ser revisada.

Esa lectura corrió la discusión de un plano memorial hacia uno estratégico. El foco ya no estuvo solo en el pasado dictatorial, sino en la capacidad actual de organización social. Según su planteo, el silencio sindical, la pérdida de derechos laborales y la falta de debate en los lugares de trabajo debilitan la capacidad de respuesta ante escenarios de mayor conflictividad. De ese modo, la memoria aparece no solo como homenaje a las víctimas, sino como herramienta de interpretación política y de reorganización colectiva.

El impacto de esa voz dentro de la jornada no radicó únicamente en la dureza de sus definiciones, sino en el lugar desde donde habla: hermano de una desaparecida y partícipe de una movilización que, a medio siglo del golpe, volvió a reunir a sectores políticos, sociales y de derechos humanos en defensa del “Nunca Más”. Esa combinación entre biografía, militancia y coyuntura le dio peso a su intervención dentro del acto.

La memoria como territorio de disputa

A medio siglo del golpe, el sentido de la fecha se volvió un terreno en disputa más visible. La marcha en Posadas mostró que la memoria ya no se limita a la preservación de una verdad histórica, sino que se reactualiza frente a debates contemporáneos sobre seguridad, organización social, inteligencia estatal y derechos laborales.

En ese marco, el recorrido por ex centros de detención y edificios ligados a las fuerzas de seguridad tuvo una carga doble. Por un lado, reconstruyó territorialmente el circuito de la represión en Misiones. Por otro, reforzó una idea política: que los lugares del pasado no son solo sitios de memoria, sino referencias concretas desde donde interpelar decisiones del presente.

La lógica del acto también acompañó esa lectura. Dejar el micrófono abierto a las agrupaciones no solo amplió la participación: habilitó que la conmemoración tomara un tono más asambleario, más militante y menos ceremonial. Eso fortaleció la dimensión política del evento, aunque también dejó a la vista que dentro del amplio campo de derechos humanos conviven discursos, estrategias y tonos distintos.

Qué expresa esta escena en términos de poder

La movilización dejó una señal relevante en el plano político local. Las organizaciones de derechos humanos, los sobrevivientes, los familiares y los espacios militantes que participaron conservaron capacidad de presencia callejera, de construcción de agenda y de intervención simbólica sobre una fecha central del calendario democrático. No es un dato menor en un escenario donde la disputa por el sentido del pasado también busca traducirse en posicionamientos sobre el presente.

Al mismo tiempo, la incorporación de una crítica abierta al Gobierno nacional reordena el mapa de alianzas y tensiones en torno al 24 de marzo. La memoria aparece así no solo como una política de reparación o un compromiso institucional, sino como una plataforma desde la cual sectores sociales y políticos fijan posición frente a reformas, discursos y dispositivos estatales que consideran problemáticos.

Eso no convierte automáticamente a toda la marcha en una expresión homogénea. Pero sí muestra que la conmemoración dejó de ser un espacio neutro. En Posadas, el aniversario de los 50 años del golpe funcionó como una escena donde se cruzaron historia, derechos humanos y conflicto político contemporáneo.

Un aniversario que no quedó encapsulado en el pasado

En sus declaraciones, Coutouné insistió en una idea: que el golpe de 1976 no fue una irrupción inesperada, sino un proceso precedido por señales, complicidades y silencios. Esa lectura histórica fue llevada al presente como advertencia. Su planteo apuntó a que las organizaciones sociales, sindicales y políticas debatan, se reorganicen y no minimicen medidas que, según su visión, pueden erosionar derechos democráticos.

Más allá de la dureza de esa interpretación, el hecho político concreto es otro: en Misiones, el 24 de marzo de este año no quedó encapsulado en el pasado. Se convirtió en una fecha desde la cual distintos actores intentan intervenir en la discusión pública actual. Eso amplía el alcance de la jornada, pero también eleva la tensión alrededor de su significado.

Lo que habrá que observar en las próximas semanas es si esta lectura más confrontativa del Día de la Memoria se sostiene en nuevas acciones, documentos o articulaciones entre organizaciones, o si queda circunscripta a la potencia simbólica de la fecha. También será relevante ver hasta qué punto la agenda de derechos humanos logra seguir conectando con reclamos sociales más amplios, como el empleo, los salarios y las libertades públicas, sin perder densidad histórica en el camino.

A 50 años del golpe, la escena en Posadas dejó algo más que una conmemoración. Mostró que la memoria sigue siendo una forma de intervención política y que, lejos de clausurarse, el debate sobre su sentido vuelve a abrirse cada vez que el presente empuja nuevas preguntas.

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Augusto Speratti: “Nos torturaron para que olvidemos, pero sobrevivimos para contar”

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Augusto Gilberto Speratti tenía apenas 14 años cuando empezó a militar. Lo hizo, como tantos otros jóvenes de su generación, desde el barrio, entre reuniones, debates políticos y tareas comunitarias.

“Nos iniciamos en la militancia con compañeros un poco mayores, dentro del peronismo revolucionario, el ala más combativa”, recuerda. Aquellos años previos al golpe estaban atravesados por la organización barrial, el trabajo con comisiones vecinales y una fuerte vocación pedagógica: “Lo principal era la toma de conciencia. Queríamos que la gente supiera lo que pasaba en la Argentina y en América Latina”.

Era una militancia que combinaba lo territorial con lo estudiantil. Speratti trabajaba en un comercio durante el día y por la noche cursaba en el Colegio Nacional. Integraba, además, la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), donde acompañaban reclamos y situaciones de injusticia.

“Nos organizábamos para defender derechos, incluso cuando alguna compañera era vulnerada. Salíamos a manifestarnos. Esa era nuestra política”, explica.

El clima regional también marcaba el pulso: dictaduras en Chile, Brasil y el avance del Plan Cóndor anticipaban lo que vendría.

La madrugada del secuestro

El golpe lo encontró con 19 años, una compañera y una hija de apenas siete meses. La madrugada del 24 de marzo de 1976 cambió su vida para siempre.

“A las cinco de la mañana irrumpen en mi casa. Eran unos 20 hombres, de civil, armados. Me sacaron prácticamente en ropa interior”, relata.

Fue trasladado al Departamento de Informaciones de la Policía, en Posadas. Desde ese momento comenzó un circuito de violencia sistemática.

“Me tiraron al piso, me pateaban, me golpeaban. Ya desde ese traslado recibí torturas”, cuenta. Vendado, sin poder ver, apenas podía reconocer voces o intuir movimientos.

Allí comenzó el primer interrogatorio. Buscaban nombres, vínculos, estructuras. “Querían saber quiénes éramos, quién lideraba, dónde estaban los mimeógrafos. Nuestro ‘arsenal’ eran libros y revistas”, dice.

El testimonio de Speratti expone con crudeza el funcionamiento del aparato represivo.

“Me desnudaron, me pusieron sobre una mesa y me empezaron a pasar picana en la cabeza y en los testículos. Mientras tanto me interrogaban”, recuerda.

Las sesiones de tortura eran constantes, alternadas con golpes, amenazas y simulacros de ejecución. La violencia no era sólo física, sino también psicológica.

“Me decían que tenían a mi compañera y a mi hija, que les iban a hacer de todo. Eso era lo que más me desesperaba”, relata.

En un momento, fue trasladado a lo que luego identificaría como la “Casita de los Mártires”, un centro clandestino de detención en Posadas. Allí permaneció colgado durante horas, atado de pies, sometido a golpes, quemaduras y picana eléctrica.

“Estábamos como bolsas de boxeo. Nos torturaban por turnos. Perdí el conocimiento varias veces”, dice.

La escena que describe es brutal: torturadores que entraban en grupo, una cadena de mandos reconocible por la voz, radios encendidas para tapar los gritos, y una lógica de deshumanización total.

Tras días de tortura, Speratti fue devuelto al Departamento de Informaciones y luego trasladado al penal de Candelaria.

“Allí creíamos que iba a ser distinto, pero también había torturas. Sacaban compañeros de noche, los golpeaban”, recuerda.

Pasó por distintos lugares de detención, incluyendo la cárcel de Resistencia, en Chaco. En total, estuvo detenido cerca de un año.

Su liberación llegó en el marco de presiones internacionales por los derechos humanos durante el gobierno de Jimmy Carter en Estados Unidos. Pero no fue una libertad plena.

“Salimos en libertad vigilada. Teníamos que ir todos los meses al regimiento a firmar. No podíamos salir de la provincia”, explica.

El regreso y el miedo

Volver a la vida civil no fue inmediato. El miedo persistía.

“Al principio no militábamos. Había terror. Recién en los años 80 empezamos a reorganizarnos”, cuenta.

Con el retorno de la democracia, Speratti volvió a la actividad política y a la militancia en derechos humanos. Desde entonces, su compromiso se mantiene intacto.

Hoy, como referente de memoria en Misiones, insiste en la necesidad de transmitir lo vivido a las nuevas generaciones.

“La política es necesaria para todo. Es la herramienta para cambiar la realidad”, sostiene.

Y deja una definición que atraviesa su historia: “Estoy convencido de que nuestra generación luchó por una sociedad más justa, por un país libre, justo y soberano”.

También advierte sobre los riesgos del negacionismo:

“Tenemos que conocer nuestra historia reciente. Esto no fue un error: fue un plan sistemático de secuestros, torturas y desapariciones”.

Speratti rechaza la idea de que en Misiones “no pasó nada”.

“En Misiones no hubo guerrilla, pero sí hubo represión. Fueron perseguidos especialmente los integrantes de las Ligas Agrarias”, afirma.

Recuerda casos emblemáticos:

  • Pedro Peczak, dirigente agrario ejecutado
  • Susana Ferreira, docente
  • Carlos Pérez Rúa, militante peronista
  • Miguel Ángel Sánchez, estudiante secundario asesinado tras torturas

Y agrega: “Fuimos cientos los secuestrados y detenidos. Más de 60 misioneros fueron asesinados o desaparecidos en todo el país”.

A medio siglo del golpe, Speratti no duda cuando se le pregunta si cambiaría algo.

“Lo volvería a hacer. Sin duda”, afirma.

Su respuesta no es épica ni retórica: es la síntesis de una vida atravesada por la militancia, el dolor y la memoria “Lo que hicieron nuestros compañeros no puede quedar en vano. Costó mucha sangre”, concluye.

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A 50 años del Golpe de Estado: La memoria en disputa frente al negacionismo

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A medio siglo del golpe cívico-militar, la Argentina no solo recuerda: enfrenta una disputa abierta por el sentido de su historia y de su presente.

El 24 de marzo de 1976 no fue un hecho aislado ni un “error”. Fue un plan sistemático de exterminio al servicio de un proyecto económico que necesitó del terror para disciplinar a la sociedad y garantizar privilegios para unos pocos. Treinta mil desaparecidas y desaparecidos son la evidencia brutal de ese modelo.

Hoy, a 50 años, ese mismo entramado de poder intenta avanzar sobre uno de los consensos más profundos de la democracia argentina. El negacionismo ya no es marginal: se expresa desde el gobierno, se legitima en discursos oficiales y busca relativizar el terrorismo de Estado bajo la excusa de “revisar la historia”.

Pero esa ofensiva no se limita a lo discursivo. También se traduce en decisiones concretas: el desfinanciamiento y vaciamiento de políticas públicas de memoria, el debilitamiento de programas de derechos humanos, el abandono de sitios donde funcionaron centros clandestinos y las señales que ponen en riesgo la continuidad de los procesos de verdad y justicia. Sin esas herramientas, la memoria corre el riesgo de ser reducida a un gesto vacío.

Sin embargo, la sociedad argentina vuelve a marcar un límite. No solo en las calles, sino también en la opinión pública: distintas encuestas muestran que el consenso en torno a la condena al terrorismo de Estado se mantiene firme y que los intentos de relativizarlo no encuentran respaldo mayoritario. Lejos de consolidarse, el discurso negacionista choca con una memoria social profundamente arraigada.

Esa memoria se expresa, se multiplica y se hace cuerpo en cada rincón del país. También en los espacios más populares. Como en Club Atlético Banfield, donde recientemente se rindió homenaje a sus hinchas detenidos-desaparecidos por la dictadura. Un gesto que no es sólo recuerdo: es una toma de posición frente al intento de borrar, relativizar o silenciar.

Y también en las calles: marchas de antorchas en La Boca y San Telmo, donde la memoria volvió a iluminar la noche. O en todo el país, donde miles de mujeres bordaron pañuelos con los nombres de las y los desaparecidos, tejiendo memoria colectiva, identidad y resistencia.

Porque la dictadura no solo persiguió militantes: persiguió trabajadores, estudiantes, profesionales, vecinos, hinchas. Persiguió pueblo.

Frente a eso, la lucha de las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo sigue siendo faro. Y la búsqueda de las nietas y los nietos apropiados continúa, porque cada identidad recuperada es una derrota del terror y una victoria de la verdad.

Y hay algo que empieza a quedar claro: lejos de imponer un nuevo sentido común, el intento de instalar el negacionismo encuentra límites en la sociedad. Cada acto de memoria, cada movilización, cada homenaje —en las canchas, en los barrios, en las plazas— expresa que esa batalla cultural no está ganada por el poder, sino en disputa. Y, cada vez más, es un síntoma de que la están perdiendo.

A 50 años, la memoria no es un ritual: es una trinchera.

Nunca Más no es una consigna vacía. Es un límite político y moral que la Argentina decidió construir —y que hoy más que nunca hay que sostener.

Porque la memoria no es sólo pasado: es acción presente.

Es en la calle, en la organización y en la lucha colectiva donde se defiende.

A 50 años, más que nunca: memoria, verdad y justicia… y el pueblo en movimiento para que el Nunca Más sea para siempre.

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Donald Trump: “Vamos a gobernar Venezuela”

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Donald Trump quiere presentar el relato bélico, captura de Nicolás Maduro y derrota del supuesto jefe narcoterrorista de Venezuela. 2026 es año electoral en USA y hay que agitar a los electores propios y a los independientes también. ¿Acaso él no presentó como éxito una falsa tregua en Gaza o un armisticio entre Rusia y Ucrania que en la realidad es una rendición de Kiev? Pero siempre habrá un Javier Milei dispuesto a creer en Papá Noel y los Reyes Magos.

“Vamos a gobernar Venezuela”, declaró en una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago.

“No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bien del pueblo venezolano”, dijo Trump a la prensa en su club de Mar-a-Lago. “No vamos a permitir que eso suceda”.

Al declarar que Estados Unidos “gobernará” Venezuela, Trump provoca numerosas preguntas:

  • ¿Estados Unidos tendrá una fuerza militar de ocupación?
  • ¿Instalará un gobierno dócil durante varios años?
  • ¿Controlará los tribunales y determinará quién extrae el petróleo?
  • ¿USA se involucrará en una eventual guerra civil?

Trump habló extensamente sobre la posibilidad de llevar compañías petroleras estadounidenses para reconstruir la infraestructura energética del país y recuperar los derechos que alguna vez tuvo USA para explotar las reservas de petróleo.

Trump dijo que las compañías petroleras estadounidenses gastarán miles de millones de dólares en Venezuela para arreglar su infraestructura petrolera.

Cualquiera sabe que helicópteros volando a baja altura son un blanco sencillo de cualquier artillería, aún cuando sea ineficiente como la venezolana.

La detención y extradición de Nicolás Maduro es un relato de ficción similar al que hicieron los chavistas con la fuga de los opositores venezolanos de la Embajada argentina en Caracas.

La idea de que Diosdado Cabello pudo ocultarse y Nicolás Maduro no pudo resulta inverosímil.

Aún cuando Maduro ya es muy impopular es complicado iniciar una transición sin el oficialismo.

El chavismo es un fracaso: el PBI por habitante de Venezuela en 2025 es el mismo de 1945. 8 decadas perdidas. Pero los militares tienen el poder.

Conocer la verdadera historia es clave para evaluar lo que vendrá.

La detención de Maduro

El representante Carlos Giménez (republicano por Florida) se enteró de que Nicolás Maduro había sido capturado cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, lo llamó a las 04:27 a. m. para decirle: “Lo tenemos”, relató el legislador en una entrevista.

“Sabía de quién estaba hablando”, dijo Giménez, miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, quien dijo que no tenía ningún conocimiento previo sobre la operación.

Giménez también afirmó, sin entrar en detalles, que Rubio afirmó que el líder venezolano estaba rodeado de agentes de seguridad cubanos y que “no les fue bien”.

El legislador afirmó que el presidente Trump tomó la decisión correcta al autorizar la captura de Maduro y que la acción envió una fuerte señal a otros regímenes, especialmente al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

“Estoy seguro de que Díaz-Canel ahora está reconsiderando su situación: ¿qué tan seguro está? No digo que estemos haciendo nada al respecto… Esto es una demostración de la capacidad y la habilidad de Estados Unidos, y cuando se tiene la voluntad de usarlas, se pueden obtener resultados realmente positivos”, dijo Giménez.

Él también especuló que Estados Unidos estaba negociando con los líderes restantes de Venezuela, “posiblemente la vicepresidente”, porque “creo que la principal preocupación en este momento es la seguridad, y no queremos una guerra civil dentro de Venezuela. Queremos que sea lo más pacífica posible”.

Republicanos

Algunos correligionarios republicanos del presidente Trump se han quejado de lo que consideran una Casa Blanca demasiado centrada en las intervenciones extranjeras en detrimento de los desafíos internos. Sin embargo, el partido se alineó en gran medida con él tras la operación para destituir al presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Un dictador malvado y narcoterrorista ha caído, creando un camino hacia la libertad para el maravilloso, altamente inteligente y trabajador pueblo de Venezuela”, dijo el senador Lindsey Graham (republicano por Carolina del Sur) el 15 de marzo, un sentimiento compartido por otros legisladores republicanos, incluyendo críticos ocasionales como el representante centrista Don Bacon (republicano por Nebraska).

El senador republicano John Curtis de Utah adoptó un tono diferente, condenando al régimen de Maduro y al mismo tiempo pidiendo una sesión informativa del Congreso sobre la operación.

Muchos demócratas calificaron la medida tomada la noche anterior de ilegal y criticaron a Trump por eludir al Congreso en lo que consideraron un acto de guerra. El representante Greg Casar (demócrata por Texas) exigió una votación inmediata sobre una resolución sobre poderes de guerra para detener nuevas acciones. “Trump no tiene derecho a llevarnos a una guerra con Venezuela. Esto es imprudente e ilegal”, declaró.

La representante Jasmine Crockett (demócrata por Texas) agregó: “Trump prometió que no habría ‘nuevas guerras estúpidas’, pero está iniciando una con Venezuela sin la aprobación del Congreso”.

La representante demócrata Debbie Wasserman Schultz, quien representa un distrito al norte de Miami, dijo que la destitución de Maduro fue una “buena noticia para mis amigos y vecinos” que huyeron de su gobierno. “Sin embargo, cortarle la cabeza a una serpiente es inútil si simplemente vuelve a crecer”, dijo.

Imprecisiones de Trump

Al justificar la operación militar en Venezuela, Trump argumentó que Maduro envió miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos para aterrorizar a las comunidades estadounidenses. A principios de este año, la propia agencia de inteligencia de Trump desmintió esa afirmación, al concluir que la banda no estaba controlada por el gobierno venezolano.

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Bolsonaro: El Tribunal Supremo condenó a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado

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Por 4 votos a 1, la Primeira Turma del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió condenar al expresidente Jair Bolsonaro y a otros siete aliados por los delitos de intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, daño calificado y deterioro del patrimonio catalogado. Los votos a favor de la condena fueron emitidos por los ministros Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Alexandre de Moraes, ponente del caso, mientras que Luiz Fux votó por la absolución. Es la primera vez en la historia del país que un expresidente es condenado por intento de golpe de Estado.

Cármen Lúcia se une a Alexandre de Moraes y Flávio Dino, que también votaron a favor de la condena de Bolsonaro el martes (9). El ministro Luiz Fux se desmarcó de sus colegas y absolvió al expresidente el miércoles (10). Se espera que el ministro Cristiano Zanin vote justo después de Cármen Lúcia.

En su voto, Cármen Lúcia dijo que “hay pruebas de la presencia de un complot entre estas personas, en el sentido de una organización que se integra, con el liderazgo de Jair Messias Bolsonaro”. Para ella, el expresidente practicó los cinco delitos de los que se le acusa.

-Lo que más se alega es que no hay una firma formal. Hasta donde tenemos algún conocimiento de la historia, pasar un recibo por notaría no es exactamente lo que sucede en estos casos. Él no fue arrastrado, él es el causante, el líder de la organización-, dijo.

Además de Bolsonaro, serán condenados:

  • Almir Garnier, excomandante de la Marina;
  • Anderson Torres, exministro de Justicia;
  • Augusto Heleno, exministro jefe del Gabinete de Seguridad Institucional;
  • Mauro Cid, ex edecán de la Presidencia;
  • Paulo Sérgio Nogueira, exministro de Defensa;
  • Walter Braga Netto, exministro de Defensa y de la Casa Civil;
  • Alexandre Ramagem, exdirector de la Abin (en este caso, menos por daños calificados y deterioro del patrimonio catalogado).

Después de la proclamación del resultado, las defensas de los acusados podrán presentar los llamados embargos de declaración, para aclarar puntos de la decisión, y los embargos de infracción, en caso de que no sea unánime. Solo después de eso se tomarán eventuales decisiones sobre el encarcelamiento.

Cómo votaron los ministros

El juicio comenzó la semana pasada y, esta semana, los ministros empezaron a votar. El martes (9), el ministro Alexandre de Moraes, relator del caso, fue el primero en votar a favor de la condena del expresidente. Moraes calificó al expresidente como “líder de una organización criminal” y afirmó que no hay dudas de que hubo un intento de golpe de Estado.

— Estamos olvidando poco a poco que Brasil casi vuelve a una dictadura que duró 20 años porque una organización criminal, constituida por un grupo político, no sabe perder elecciones. Porque una organización criminal constituida por un grupo político liderado por Jair Bolsonaro no sabe que la alternancia de poder es un principio democrático y republicano —dijo Moraes, en un fragmento.

A continuación, fue el turno del ministro Flávio Dino. Él acompañó a Moraes, pero dijo que ve niveles de culpabilidad diferentes, con Jair Bolsonaro y Braga Netto ejerciendo un papel dominante y, por lo tanto, teniendo una mayor culpabilidad. También mencionó a Almir Garnier, Anderson Torres y Mauro Cid con alta culpabilidad en el intento de golpe. En cuanto a Alexandre Ramagem, Augusto Heleno y Paulo Sérgio, afirmó que tuvieron una participación de menor importancia.

— No se trató de una mera conjetura. No se trató de meras reflexiones, que fueron indebidamente puestas en agendas, cuadernos y hojas —afirmó.

El miércoles (10), Luiz Fux votó por la nulidad del proceso. El ministro aceptó tres cuestiones previas (alegaciones de abogados para cuestionar los ritos del proceso): que el STF no sería el foro adecuado para juzgar a los acusados; que la acción debería ser juzgada por el plenario, y no por la Primera Sala; y la violación de la garantía de amplia defensa.

El ministro Luiz Fux también votó para absolver al expresidente Jair Bolsonaro (PL) de los cinco delitos citados por la Fiscalía General de la República (PGR) en el proceso de la trama golpista. El ministro declaró que no hay ninguna prueba de que el expresidente hubiera ordenado a los involucrados en el 8 de enero que dañaran un edificio público, en mención a los delitos de daño calificado al patrimonio de la Unión y deterioro de patrimonio catalogado.

El voto decisivo ha sido el emitido este jueves por Carmen Lúcia Antunes Rocha, la única mujer de la alta corte. La jueza considera probado que “un grupo compuesto por figuras clave del Gobierno y liderado por Jair Bolsonaro llevó a cabo un plan progresivo de ataque a las instituciones democráticas con objetivo de perjudicar la alternancia de poder y minar a los demás poderes, en especial el poder judicial”. 

Tras recordar que Brasil recuperó la democracia hace 40 años, la magistrada ha destacado que “los hechos descritos no han sido, en esencia, negados” por los acusados. 

El voto definitivo fue dictado por el presidente de la Primera Sala, Cristiano Zanin, antes abogado del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva. “Las pruebas permiten concluir que los acusados pretendían romper el estado democrático de derecho”, dijo Zanin en su voto, que dejó una mayoría de cuatro a uno la condena de Bolsonaro y otros siete reos, entre los que figuran exministros y antiguos jefes de las Fuerzas Armadas.

En el caso de Bolsonaro, la acusación formulada por la Fiscalía General contempla un agravante, lo considera “jefe” de la “organización criminal” que intentó impedir la toma de posesión de Lula, tras su victoria en las elecciones de 2022 frente al líder de la extrema derecha.

Vea cómo fue el juicio

Los primeros indicios sobre el posible desenlace del caso del golpe ya se vieron en las sesiones de los primeros días. En la apertura del juicio, el ministro Alexandre de Moraes, al leer el informe del proceso que investiga la trama golpista, dio señales de la probable inclinación a la condena de los acusados.

— En estos momentos, la historia nos enseña que la impunidad, la omisión y la cobardía no son opciones para la pacificación, ya que el camino aparentemente más fácil, y solo aparentemente, que es el de la impunidad, deja cicatrices traumáticas en la sociedad y corroe la democracia, como lamentablemente el pasado reciente en Brasil demuestra —afirmó.

Moraes también defendió que la pacificación está condicionada al respeto a la Constitución y sostuvo que el STF debe juzgar la trama golpista con imparcialidad, ignorando “coacciones” y “presiones externas”, en referencia a sanciones de Estados Unidos.

El procurador general de la República, Paulo Gonet, también defendió el castigo de los involucrados afirmando que la impunidad “recrudece ímpetus de autoritarismo” en la sociedad. También defendió que, para que un intento de golpe se consolide, “no es indispensable que haya una orden firmada por el presidente de la República”.

— Los actos que componen el panorama espantoso y tenebroso de la denuncia son fenómenos de atentado con relevancia criminal contra las instituciones democráticas. No pueden ser tratados como actos de menor importancia, como desvaríos utópicos anodinos ni como precipitaciones a ser reducidas, con el paso de los días, a un plan bonachón e irreverente —afirmó.

Bajo arresto domiciliario, Bolsonaro no compareció al juicio. La defensa, a cargo de los abogados Celso Vilardi y Paulo Amador Thomas Alves da Cunha Bueno, alegó que el expresidente “fue arrastrado” al 8 de enero y que no tiene relación con los actos. Los abogados argumentaron, además, que el expresidente tampoco tendría relación con los planes Puñal Verde y Amarillo y Copa 22, y que él habría autorizado la transición de gobierno.

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