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Misiones esta entre las provincias más relegadas en el Presupuesto 2022, según informe del IARAF

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Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) sobre el Presupuesto 2022, discrimina cómo se reparte el gasto nacional entre las provincias. Principales proyectos de inversión nacional por provincia

El proyecto enviado por el Ejecutivo prevé destinar como gasto en el 2022 en Misiones 169.769 millones de pesos; lo que da 139.073 pesos por habitante, dejando a los misioneros al final de la tabla.

Si se analiza el Gasto corriente de la Administración Nacional por provincia, Misiones recibirá 130.720 pesos por habitante. En tanto si vemos el gasto de capital (obras e inversiones, Misiones recibirá solo 10.761 pesos por habitante.
Separando lo que es el gasto a realizar por parte del gobierno nacional directamente en las provincias a través de la Inversión Real Directa, Misiones recibirá solo 2.527 pesos por habitante, quedando nuevamente al final de la tabla.

Si vemos la la Inversión Real Directa a realizarse en cada provincia, y particularmente en lo que hace a los Proyectos de obra pública, Tucuman y Misiones son las más relegadas en el proyecto con montos de $2.660 y $2.197 per cápita cada una el año próximo.

El análisis del IARAf tiene como base el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022, donde se especifica el gasto que el Gobierno Nacional planea realizar, así como la estimación de los recursos con los que contará para hacerlo. En este informe se analiza el gasto desde la óptica provincial, para lo que se identifica dónde se realizarán los diferentes tipos de gasto, utilizando la imputación geográfica del propio presupuesto. Particularmente, se hace foco en el gasto de capital que se proyecta realizar en cada provincia el año próximo.

Según el proyecto, la Administración Nacional prevé gastar en 2022 un total de $13.336.520 millones. De este monto, un 76% es imputable a alguna provincia en particular, y el restante 24% se atribuye a más de una provincia (interprovincial), a nivel nacional, o incluso a nivel binacional. El foco en este informe es en el gasto atribuible individualmente a las diferentes provincias, que equivale a $10.085.663 millones.1

Gasto por provincia

Cuando se considera el gasto agregado que se efectuará por parte de la Administración Nacional en cada provincia según el presupuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de mayor población son aquellas que más participación tienen. Por ejemplo, la C.A.B.A. y Buenos Aires acumulan el 58% del gasto, la primera por su condición de Capital Federal Nacional junto con su nivel poblacional, y la segunda principalmente porque contiene al 39% de los habitantes del país. Luego, son seguidas por las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, con un 6%, 5% y 4% respectivamente. El resto de las provincias reciben entre el 2,9% y el 0,4% del gasto total a realizar por la Administración Pública Nacional.

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución del gasto total presupuestado para cada provincia.

Para analizar el presupuesto con una visión económica es conveniente relativizar el gasto por provincia a su cantidad de habitantes. Para ello se utilizan las proyecciones del INDEC para la población que cada jurisdicción tendría en 2022.

Cuando se mira el mismo gasto bajo esta óptica, se encuentra una distribución diferente a la anterior en términos de posicionamiento: si bien la C.A.B.A. sigue recibiendo un monto muy superior a las demás (explicado por la imputación a esta jurisdicción de los gastos centrales de la administración de gobierno en Argentina), en el resto del ranking se ubican primero provincias de baja densidad poblacional como Santa Cruz, Río Negro, La Rioja y La Pampa. Además, en el bloque de todas las provincias, puede observarse que el gasto por habitante es relativamente más homogéneo. Esto tiene su explicación, como se verá más abajo, en que buena parte del gasto nacional es gasto corriente (siendo Seguridad social la principal partida), el cual guarda clara relación con el número de habitantes de cada jurisdicción.

Análisis del gasto por carácter económico

La primera clasificación agregada que se puede hacer del gasto responde a la diferencia entre Gasto Corriente y Gasto de Capital.

Los gastos corrientes son aquellos que realiza el Estado para su funcionamiento cotidiano, tienen carácter repetitivo, y se agotan en el primer uso. Incluye tanto bienes de consumo como servicios (por ej. sueldos) y las transferencias al sector público y privado (ejemplo de estas últimas van desde las prestaciones de la seguridad social hasta los subsidios a la energía).

Los gastos de capital son erogaciones que incrementan el patrimonio del sector público, no son repetitivos y no se agotan en el primer uso. Aquí se incluye de manera primordial lo que se conoce como obra pública.

En el proyecto de presupuesto para 2022, el 91% del gasto total de la Administración Nacional es clasificado como gasto corriente, del cual un 55% corresponde al gasto en seguridad social (jubilaciones, pensiones, etc.), 28% son transferencias corrientes (a empresas como subsidios a la energía y al transporte; y a familias como la AUH), y el restante 17% corresponde a gastos de consumo incluyendo los salarios al personal.

Del 9% que corresponde al gasto de capital (equivalente a $ 874.385 millones), un 49% es inversión real directa de la Administración Nacional, un 41% corresponde a transferencias de capital, y el restante 10% es inversión financiera, que no se imputa geográficamente en ninguna provincia en particular, sino que corresponden a C.A.B.A. y a gastos nacionales o no clasificados.

Gasto corriente

Como se mencionó, los gastos corrientes son la mayor parte del gasto, y este rubro abarca conceptos como la Seguridad Social, Transferencias y gastos en Consumo. Dentro de estos últimos se incluyen los salarios (los cuales representan 3/4 del total de gastos en consumo), y el resto corresponde a gastos en bienes y servicios. El reparto del gasto corriente por jurisdicción aparece en el gráfico 7. Dejando fuera de la consideración a C.A.B.A., la provincia donde cada habitante recibe en promedio más gasto per cápita es Río Negro, con $218.206 anuales, un 58% más que la provincia de Formosa, que es la última del ranking y recibe en promedio $126.878 por habitante del gasto corriente proyectado para el próximo año.

Gasto de capital

El Gasto de Capital del gobierno nacional incluye la obra pública llevada a cabo directamente por dicho nivel de gobierno (denominada Inversión real directa), a lo que se le suman las Transferencias de capital: envíos de fondos para que otros entes públicos, provincias y municipios lleven a cabo erogaciones con este fin (construcciones, reparaciones, compra de maquinaria y equipo).

En el presupuesto se prevé que los gastos de capital de la Administración Nacional se incrementen un 61,8% en 2022 respecto a 2021, pero se remarca que si se netean los refuerzos asignados para mitigar los efectos de la pandemia COVID-19, esa variación asciende al 69,8% en comparación con el ejercicio 2021. Este crecimiento comprende un aumento proyectado de la Inversión Real Directa del 103,2%, y de las Transferencias de Capital del 43,6% (los mismos guarismos pero netos de los gastos considerados por COVID-19 del año pasado son del 108,2% y el 54,3%, respectivamente).

Como se mencionó, la mayor parte del gasto de capital que prevé realizar la Administración Nacional corresponde a Inversión Real Directa (IRD) y a Transferencias de Capital (TC); mientras que la Inversión Financiera no se asigna geográficamente a las provincias (se asigna a C.A.B.A., nacional y no clasificados) y corresponde a subsidios a empresas públicas y otros entes del sistema de transporte, y a la promoción y fomento de la innovación tecnológica.

A partir de este punto, el foco se realiza en las primeras dos categorías: IRD y TC que tengan asignación unívoca a una jurisdicción en particular, cuya suma es de $790.543 millones. Si se considerara el gasto total de la administración nacional en IRD y TC, es decir la suma incluyendo los rubros “interprovincial”, “nacional” y “no clasificados”, dicha suma ascendería a $1.314.156 millones.

Analizando la suma entre la IRD y las TC, surge una distribución desigual entre las provincias, siendo Buenos Aires el lugar donde más gasto de este tipo se realizará (26,4% del total), seguido por la C.A.B.A. (23,5%) y luego Santa Cruz (5,1%). Los últimos puestos del ranking son ocupados por San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego, que representan el 0,8%, 1% y 1,1% del mencionado gasto respectivamente.

Separando lo que es el gasto a realizar por parte del gobierno nacional directamente en las provincias a través de la Inversión Real Directa de lo que proyecta que se realizará a través de Transferencias de Capital a las jurisdicciones para que éstas ejecuten las obras, se mantiene la importancia de la participación de Buenos Aires y la C.A.B.A. en los montos totales proyectados, aunque con diferencias en el resto del ranking.

Nuevamente, es útil realizar la división de los recursos destinados a cada gasto por la cantidad de habitantes de cada jurisdicción, para tener una mirada más significativa de la distribución del gasto entre las provincias. En el caso de la IRD, la C.A.B.A., Tierra del Fuego y Santa Cruz son las provincias en donde más se gastará.

En lo que respecta a TC, el primer puesto del ranking lo ocupa Santa Cruz, seguido por La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego. Esto se puede observar en los gráficos 9 y 10.

El monto total previsto de la Inversión Real Directa se encuentra influido principalmente por las obras viales de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV); la implementación del Plan Federal Juana Manso; la Construcción Etapa I del Gasoducto Néstor Kirchner – Transport.Ar entre localidades Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires); los proyectos para el mejoramiento del transporte y la renovación, puesta en valor y mejoras de ramales ferroviarios (Belgrano Cargas, Sarmiento, Roca, San Martin y Belgrano Sur); los proyectos del Ministerio de Obras Públicas; las inversiones de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), fundamentalmente para la construcción de reactores (RA10 y CAREM); las obras de saneamiento de ENOHSA; las adquisiciones de bienes de uso del Ministerio de Salud, especialmente para el fortalecimiento de la capacidad del Sistema Público de Salud; y la construcción de vehículos lanzadores (Tronador II A, B y C) y las misiones satelitales que lleva adelante la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); entre otras inversiones reales que se destacan en el Proyecto de Presupuesto 2022.

En el caso de la IRD, hay una diferencia importante entre las jurisdicciones de acuerdo a lo que cada habitante “recibe en promedio” de gasto de capital ejecutado por la nación por este inciso. Mientras cada misionero recibe $2.527, en el otro extremo cada porteño y cada fueguino contarán con $41.215 y $25.987 respectivamente de obras a ejecutarse en su provincia.

Las Transferencias de Capital más significativas tienen como destinatarios las provincias y municipios (36,5% de las transferencias de capital), pero también otros integrantes del Sector Público Nacional como son la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA S.A.), el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social, el Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar), la empresa Integración Energética Argentina S.A., la Administración de Infraestructuras Ferroviarias S.E. y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

En este punto es clave la diferenciación presupuestaria entre Administración Nacional (AN) y el Sector Público Nacional No Financiero (SPNNF), concepto este último que abarca a la Administración Nacional más Empresas, Fondos Fiduciarios y Otros organismos. Parte importante de las empresas y otros entes reciben como principales fuentes de ingresos las transferencias enviadas por la Administración Nacional, para luego destinarlos a efectuar sus gastos, parte de los cuales pueden ser inversiones. En este caso, una Transferencia de Capital de la AN se “transformará” en una Inversión Real Directa del SPNNF. Lamentablemente, no se dispone de la información desagregada geográficamente de este último consolidado presupuestario. Para tomar un ejemplo puntual se tiene el caso de las Transferencias que tienen como destinatario AYSA, que opera en C.A.B.A. y el Conurbano bonaerense, las cuales explican buena parte del monto de las Transferencias de Capital clasificadas como “interprovincial” (ver Tabla 1) por corresponder a estas dos jurisdicciones que, como se dijo, ya son las principales destinatarias de los gastos de capital de la Administración Nacional.

En el rubro Transferencias de Capital, las disparidades por habitante son aún más marcadas que en cualquiera de los anteriores. Un cordobés promedio recibirá en 2022 transferencias por $2.309 anuales, mientras que cada riojano recibirá 21 veces más (aunque cabe recordar que esta provincia recibe cada año por este medio fondos automáticos en virtud de acuerdos históricos de coparticipación), y cada santacruceño recibirá $81.453, es decir el equivalente a más de 35 veces los envíos promedio por habitante de la provincia mediterránea.

Proyectos de obra pública por provincia

En este apartado se pone el foco de atención en la Inversión Real Directa a realizarse en cada provincia, y particularmente en lo que hace a los Proyectos de obra pública. Para esto, se listan los principales planes que se llevarán a cabo, considerando como “principales proyectos” a aquellos que acumulen aproximadamente el 60% del gasto total en proyectos de cada jurisdicción. La información surge de la Planilla N°12 del Capítulo I del Proyecto de Ley del Presupuesto para el próximo año presentado el 15/09/2022.

Como se presupone por la información de la IRD en proyectos de obra pública nacional susceptibles de ser identificados unívocamente a una jurisdicción, la Provincia de Buenos Aires ($100.042 mil millones) es en donde más se gastará, seguida de Santa Fe ($27.249 millones), Córdoba ($18.086 millones), C.A.B.A. ($15.618 millones) y Mendoza ($12.068 millones).

También se pueden considerar proyectos que recaen sobre más de una provincia (por ejemplo, un puente o una ruta compartidos por más de una jurisdicción), concepto a llamar Interprovincial, que se ubica segundo en el ranking, con un total de $88.465 millones a gastarse en 2022 según los proyectos que se incluyen en el Presupuesto Nacional en discusión parlamentaria para el próximo año.

Ajustando por la cantidad de habitantes, las jurisdicciones que, consideradas individualmente, más recibirían en este rubro serían Tierra del Fuego, Santa Cruz y La Rioja con $23.889, $22.298 y $15.789 por habitante respectivamente. En el otro extremo, Tucumán y Misiones son las provincias que menos recibirían, con montos de $2.660 y $2.197 per Cápita cada una el año próximo.


1 En los gráficos de la sección 2 se utiliza el término “Gasto total de la Administración Nacional” refiriendo
al gasto que puede ser atribuible a una provincia en particular (el mencionado 76% del total real).

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Según el IARAF cada argentino paga en impuestos el 50% del dinero que genera

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“Tiene que haber un acuerdo en el que se defina la cuestión financiera y tributaria. De lo contrario, será muy difícil salir de la recesión”, sostuvo el director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argañaraz.

El país se encuentra “en un nivel de carga tributaria muy alto” porque los contribuyentes pagan en impuestos “el 50 por ciento de lo que generan”, sostuvo Argañaraz.

“La Argentina está en una nivel de carga tributaria muy alto. Aquel que paga todo lo que le corresponde, paga el 50 por ciento de lo que genera”, apuntó.

En diálogo con FM Milenium, subrayó: “Una cuestión que tenemos que entender es que cuando hablamos de carga tributaria, hablamos de cuántos impuestos nos corresponde pagar a cada uno sin evadir”.

El especialista además advirtió que “viene cayendo la recaudación”, mientras puntualizó: “Si alguien piensa en este momento que existe la posibilidad de subir la carga tributaria, está volviendo a cometer el error del año pasado”.

Argañaraz argumentó que “en este contexto, una de las primeras cosas que dejan de pagar las pymes son los impuestos”, por lo cual aseguró que más carga tributaria implicaría una “mayor informalidad de la economía” en el país.

“A la morosidad se la puede reactivar, pero cuando la economía se reactive”, estimó y resaltó: “Tiene que haber un acuerdo en el que se defina la cuestión financiera y tributaria. De lo contrario, será muy difícil salir de la recesión”.

Evaluó en ese escenario que si ello no se consigue, ninguna medida tomada por el Gobierno “tendrá impacto”.

En tanto, el economista analizó que “no debería estar en discusión la continuidad de la reforma tributaria nacional”.

“Todo genera caída de rentabilidad, que en algún momento las pymes ya no pueden soportar y tienen que cerrar”, alertó Argañaraz.

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En agosto la coparticipación de Misiones volvió a perder contra la inflación

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Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en agosto la coparticipación cayó en todas las provincias, excepto en Buenos Aires y La Pampa. En el caso de Misiones es un -2.7% interanual

De acuerdo a los datos del mes de agosto de 2019, el monto recibido por las jurisdicciones en concepto de Coparticipación y Leyes Especiales mostró un crecimiento nominal del 53,5% respecto al envío de fondos durante el mismo mes del año anterior.

Si se tiene en cuenta el efecto de la inflación sobre los fondos enviados a las provincias, la coparticipación durante el mes habría registrado una caída de 0,7% en términos reales

Desde enero de 2018 la coparticipación mensual contiene un envío por compensación a las provincias en un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos resultante de la eliminación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y del destino de la recaudación total del Impuesto al Cheque a la ANSES, de acuerdo al Consenso fiscal firmado entre las provincias y el Estado nacional.

En agosto de 2019 la compensación enviada a las provincias fue de $6.558 millones. Un aspecto no menor a tener en cuenta en el corriente año, es que la provincia de Buenos Aires comenzó a recibir envíos automáticos por compensación, de acuerdo a lo establecido en el inciso II.e del Consenso Fiscal. En agosto la misma alcanzó los $3.771,4 millones, lo que equivale al 58% de la compensación del consolidado de provincias. De hecho, sin la compensación a Buenos Aires, la coparticipación del conjunto de provincias habría registrado una caída real de 3,2%.

Analizando los valores acumulados al mes de agosto de 2019, en el Gráfico 2 se aprecia que el consolidado provincial recibió $1.051.151 millones en concepto de coparticipación y leyes especiales. Dentro de estos envíos se encuentra la compensación fruto del consenso fiscal, que se ubicó en $46.185 millones.

El crecimiento registrado en el acumulado al mes de agosto fue de 52,8% en términos nominales, no obstante en términos reales la coparticipación habría caído 1% interanual.

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En la Superliga de las provincias con cuentas fiscales ordenadas, Misiones pelea el campeonato y ya juega la Copa

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Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) acaba de poner en evidencia una realidad que contrasta mucho la actual crisis económica, con la situación que se vivía antes del estallido de la Convertibilidad, en el 2000-2001.
Las provincias están -en conjunto- bastante ordenadas en sus cuentas fiscales, mucho mejor que las cifras que muestra el Gobierno central en la actualidad. Y por supuesto, mucho mejor que aquellos aciagos días donde estaban en rojo, recortaban sueldos (como el IETE), despedían gente y emitían cuasi-monedas (Lecops, Patacones) al comienzo de la década pasada en un desesperado intento por mantener la paz social.
El trabajo del IARAF que conduce el economista Nadin Argañaraz dejó otro dato fuerte: La inflación indomable, combinada con la recesión, les ha venido como anillo al dedo a los distritos para practicar un “ajuste blando” que les permitió mejorar más sus cuentas en el 2018.
O sea: gracias a la fuerte devaluación, las provincias ordenaron más sus cuentas y obtuvieron en 2018 un superávit primario, es decir, el resultado entre los ingresos y sus egresos, antes de computar los intereses de la deuda. Fue el mejor resultado desde el 2014, con un superávit equivalente al 0,4% del PBI, dice el trabajo realizado por Argañaraz. El año anterior habían registrado -en conjunto- un déficit primario del 0,4% del PBI.
El ajuste “blando”
Este “ajuste blando” de las provincias consistió, básicamente, en aprovechar la crisis para cerrar paritarias con sus empleados públicos (el principal rubro de gasto de las provincias) por mucho menos que el incremento del costo de vida. Una manera de bajar los gastos en términos reales, aprovechando que la crisis y el aumento del desempleo permiten practicar este ajuste sin grandes conflictos políticos.
El razonamiento es simple. En época de vacas flacas las provincias hacen un esfuerzo extraordinario por mantener los empleos públicos, aún aquellos que no son tan necesarios y podrían ser objeto de recortes. Otro esfuerzo lo hacen para pagar en tiempo y forma los salarios. A cambio, ofrecen incrementos paritarios por debajo de la suba del costo de vida. Una estrategia de win-win donde, dadas las circunstancias, ambas partes ganan.
Análisis provincia por provincia
Otra evidencia que dejó el trabajo del IARAF es que en el análisis provincia por provincia, Misiones fue uno de los distritos que está en el “top five” de todos los rankings con los que se mide la salud fiscal de un distrito.
En términos futboleros, la tierra colorada pelea el “campeonato de la Superliga” y ya se aseguró un lugar en la “Copa Libertadores” de las provincias ordenadas fiscalmente.
Veamos.
El análisis del IARAF elabora los rankings de acuerdo a cinco rubros.
¿Cuanto gasta Misiones en empleados públicos? 4° puesto
1) La cantidad de dinero que cada provincia gasta en personal, como porcentaje de su presupuesto total. Acá Misiones está 4°, con erogaciones en personal de 38,4 pesos por cada 100 pesos. Sólo superada por Córdoba, San Juan y Formosa, distritos que gastan aún menos en sus masas respectivas salariales.
¿Cuánto invierte Misiones en obra pública? 5° puesto
2) El dinero que se invierte en obras públicas, como porcentaje del gasto total. Obviamente, cuanto más dinero invierte una provincia como porcentaje de su gasto total, se la considera más sana económicamente. Aquí Misiones entra 5°, con unos 17,1 pesos en obras por cada 100 de gastos. Detrás de San Juan, Santiago del Estero, CABA, Córdoba y Formosa.
¿Cuánto es la recaudación propia de Misiones? 5° puesto (sin computar las provincias ricas)
3)La importancia de la recaudación propia sobre los recursos totales que maneja una provincia. Acá Misiones entra en el puesto 10° que ya de por sí es muy bueno. Pero si se excluyera a las provincias más ricas, que naturalmente encabezan el ranking (CABA, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, en ese orden), la tierra colorada figuraría 5ta. Cabe destacar que el propio IARAF separa a las jurisdicciones entre las de Altos Ingresos y las de Bajos Ingresos para analizar mejor los rankings. Y Misiones está entre las de Bajos Ingresos.
¿Cuánto depende de la Coparticipación? 2° puesto (excluyendo provincias ricas y provincias petroleras)
4) Coparticipación sobre Ingresos Totales. En este rubro se analiza la dependencia de los giros automáticos, que representan para todas las provincias el principal ingreso. Acá Misiones está en el puesto 12°, muy por encima de sus pares del NEA. Pero si se excluye del ranking a las provincias ricas y las provincias petroleras que cobran regalías (por ambos motivos, su cuota de Coparticipación resulta más baja), Misiones estaría en el puesto 2° ($52,8 de Copa por cada $100 de ingresos totales), detrás de Entre Ríos ($52,7 por cada $100 de ingresos). En rigor, ambos compartirían, virtualmente, un primer puesto.
Este número refleja también la inequidad con la que Misiones es tratada en el reparto de la Coparticipación. En ese sentido, más que estar en el tope de un cuadro de honor, Misiones encabeza el ranking de las más perjudicadas y las primeras que deberían compensarse con la sanción de una nueva Ley de Coparticipación. Reforma que está retrasada en más de 23 años por mandato constitucional en 1994.
¿Cuánto transfiere la Nación por afuera de la “Copa”? Puesto 2°
5) En tanto, en el ranking de transferencias no automáticas de la Nación a las provincias, Misiones figuró como el segundo distrito que más recibió, con un 12 por ciento respecto de sus ingresos totales de 2018.
El análisis del IARAF no computa un ranking con las provincias que menos se endeudaron en los últimos años. En este rubro, la tierra colorada también está para pelear el campeonato y ya se aseguró un lugar en las copas.

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La carga tributaria indirecta sobre las tarifas de servicios

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Un informe realizado por Ariel Barraud, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) muestra como impacta las tasas municipales y los impuestos provinciales y nacionales en las facturas de los servicios:
Desde inicios de 2016, el desarmado de la estructura de subsidios relacionados con servicios como el gas y la energía eléctrica está generando una suba importante del valor de las facturas que reciben los usuarios, fruto de que los ciudadanos están afrontando una proporción cada vez mayor del costo económico real y efectivo del servicio que consumen.
Esta realidad pone nuevamente en la superficie la discusión sobre el impacto de la carga tributaria en el valor de la factura. Los servicios públicos, como cualquier otro bien o servicio, están gravados con impuestos sobre los consumos. La existencia de estos impuestos, como lo es a nivel nacional el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y a nivel provincial el Impuesto a los Ingresos Brutos, tiene como sustento el hecho de que ellos actúan sobre la capacidad demostrada por los individuos a través de una manifestación indirecta de riqueza relativa, como son precisamente en este caso los consumos de servicios.
En nuestro país, la estructura tributaria descansa de manera relevante sobre impuestos indirectos. Debido a factores estructurales, la realidad muestra no sólo que en la Argentina y sus provincias la recaudación de impuestos directos (impuesto a los patrimonios y/o a las ganancias) se mostró dificultosa y por lo tanto su importancia siempre fue menor, sino que los elevados niveles de informalidad y evasión, junto al crecimiento permanente del tamaño del Estado en las últimas dos décadas, conllevaron la fijación de alícuotas crecientes en los impuestos indirectos mencionados.
Por su parte, el elevado nivel de cumplimiento tributario que se asocia al pago de impuestos “atados” a las facturas de servicios esenciales, como son los energéticos, implicó que los fiscos subnacionales gradualmente fueran incorporando diversos mecanismos tributarios como fondos especiales y/o tasas, cuya base imponible se determinó igual al valor del consumo de energía, gas (o agua y saneamiento, en algunos municipios) junto a una alícuota que da como resultado el monto del tributo a ingresar por cada contribuyente, que depende de su uso del servicio. En algunos casos, la tasa no resulta asociable a ningún tipo de beneficio específico recibido por el ciudadano, situación que la configura realmente como un impuesto que eleva el monto de la factura a pagar, entendiendo por tal la suma de la tarifa más todos los componentes tributarios asociados al consumo que dio lugar a la misma.
El elevado nivel de cumplimiento tributario asociado a las facturas de servicios implicó incorporar fondos especiales y tasas.
Para dar una idea cuantitativa, se analizan las características generales de la mochila tributaria que tienen los servicios públicos, como la energía o el gas, para el usuario final en lo que respecta a los impuestos calculados según el consumo. Esto permite pensar cómo los cambios en el peso de los impuestos indirectos podrían tener incidencia sobre el valor total de la factura.
La carga tributaria indirecta que recae sobre el consumo final tanto de energía eléctrica como de gas natural se compone, en su esencia, de IVA a nivel nacional, Impuesto a los Ingresos Brutos provincial, y tasas municipales generales y específicas. Esta sería una carga “de mínima” en el sentido de que no incluye otros conceptos que pueden estar presentes (en el caso de la energía residencial, por ejemplo, está la Ley 23.681 de “Recargo Santa Cruz”, que rigió en todo el territorio nacional hasta mediados de 2016). A pesar de que los impuestos cobrados tienen distintos destinos, para el usuario final significan incrementos importantes en su factura, y la carga impositiva según las distintas jurisdicciones varía notablemente.

Participación por impuesto y por nivel de gobierno en la carga tributaria indirecta sobre los servicios.
En % de la tarifa

Para el caso del IVA se considera la alícuota del 21% correspondiente al consumo residencial. A nivel provincial, según el Consenso fiscal de finales de 2017, la alícuota de Ingresos Brutos sobre el sector de Electricidad, Gas y Agua debe bajar progresivamente hasta quedar exento en el año 2021. Actualmente, la alícuota para el consumo no residencial es del 3,75%, mientras que el año pasado el límite era del 5%. Sin embargo, para los consumidores residenciales la alícuota según el Consenso es de un máximo del 4%, el cual se considerará en los cálculos a continuación. Las tasas municipales generales rondan el 1%, aunque las contribuciones municipales son muy variadas, ya que cada municipio tiene autonomía propia para aplicar en su jurisdicción los tributos que considere necesarios. En el ejemplo se considera una tasa hipotética específica con una alícuota del 4%, que se suma a la general.
Si la carga tributaria indirecta baja, el aumento porcentual de la factura es menor que el aumento porcentual que pueda tener la tarifa.
Toda esta carga tributaria representa el 30% del valor de la tarifa (costo del servicio antes de impuestos). Es decir que la mochila tributaria es de este orden. Desde el punto de vista del consumidor, lo relevante es saber cuánto de la factura son impuestos. El cálculo sería en consecuencia $30/$130. Es decir que, de cada $100 que se pagan en una factura por energía eléctrica o por gas natural por redes, $23 son impuestos indirectos.
Para tener en cuenta la importancia de este resultado, debe considerarse que, si la carga tributaria indirecta baja, el aumento porcentual de la factura es menor que el aumento porcentual que pueda tener la tarifa. Así, si se estuviera en una situación en la que las tarifas no crecieran más de aquí en adelante, la eliminación de la carga tributaria indirecta permitiría hoy una reducción del 23% del valor de la factura del usuario. Alternativamente, es relevante notar que, ante una suba del 100% de la tarifa, si al mismo tiempo se remueve completamente la carga tributaria indirecta, el valor de la factura a pagar para el usuario solamente sube 54 por ciento. Claramente, la eliminación de toda la carga tributaria es una alternativa de alto costo fiscal directo, y se establecería un nuevo subsidio a la energía. La particularidad es que se lo brindaría resignando recaudación.

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