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Acuerdo Mercosur–Unión Europea: cómo cambia el mapa productivo argentino y qué regiones ganan y pierden

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El Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 17 de enero en Asunción tras más de 25 años de negociaciones, abre un nuevo escenario para la economía argentina y redefine el mapa productivo regional. El entendimiento prevé una desgravación arancelaria asimétrica y progresiva que permitirá el acceso a un mercado de casi 500 millones de habitantes, de alto poder adquisitivo y responsable de alrededor del 15% del Producto Bruto Interno mundial.

Según el análisis del economista Gerardo Alonso Schwarz, los beneficios iniciales se concentrarán en los sectores que ya exportan a la Unión Europea, mediante la reducción inmediata de aranceles sobre el comercio existente. Actualmente, ese bloque explica cerca del 10% de las exportaciones totales argentinas, con una fuerte gravitación de la región pampeana en términos de volumen y del Noroeste Argentino en participación relativa.

El acuerdo establece que la Unión Europea eliminará aranceles de manera acelerada: el 80% de las posiciones arancelarias se liberará de forma inmediata y el resto en un plazo máximo de diez años, incluyendo el 99% de la oferta agrícola. En contraste, el Mercosur contará con períodos de transición más largos, de hasta quince años, para productos sensibles como automóviles, autopartes, maquinaria y químicos, junto con mecanismos de salvaguarda para evitar daños significativos a las industrias locales.

Acuerdo UE–Mercosur: puntos centrales

  • Acceso a un mercado de casi 500 millones de habitantes.
  • Desgravación arancelaria asimétrica y progresiva.
  • 80% de los aranceles europeos se eliminan de forma inmediata.
  • Períodos de transición de hasta 15 años para sectores sensibles del Mercosur.
  • Mecanismos de salvaguarda ante aumentos bruscos de importaciones.

Más allá del impacto inmediato, el trabajo identifica dos efectos centrales en el mediano plazo: la creación y la desviación del comercio. La creación de comercio permitirá la aparición de nuevas exportaciones, favoreciendo a sectores como la carne vacuna en la región pampeana, la pesca en la Patagonia, el maní en Córdoba, el vino en Cuyo y producciones regionales como cítricos, miel y té en el Noroeste y Noreste Argentino. En paralelo, la desviación de comercio plantea riesgos para sectores industriales orientados al mercado brasileño, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y algunas economías regionales del NEA.

El análisis incorpora el caso de Chile como referencia empírica. En un contexto de apertura comercial plena con la Unión Europea, Chile logró desarrollar industrias exportadoras competitivas, demostrando que es posible convivir con proveedores europeos si se identifican nichos de mercado y se reducen costos estructurales. En ese marco, Schwarz subraya que la clave para la Argentina será aprovechar el período de transición para avanzar en reformas que reduzcan el denominado “costo argentino”.

Impacto regional del acuerdo

  • Cuyo: vinos, minería y agroexportación; principal beneficiaria.
  • NOA: cítricos, legumbres, miel y minería; desafíos ambientales y logísticos.
  • Patagonia: pesca y energía; riesgos tecnológicos en Tierra del Fuego.
  • Región Centro: mayores ganancias absolutas, pero fuerte competencia industrial.
  • NEA: alto potencial en arroz, madera, infusiones y carne; baja inserción internacional.

Un capítulo central del acuerdo es el ambiental. El cumplimiento obligatorio del Acuerdo de París y las exigencias vinculadas a la deforestación cero podrían transformarse en barreras no arancelarias para productos como carne, soja, madera y biodiesel, con especial impacto en provincias del NOA y del NEA. En particular, la posible clasificación del biodiesel argentino como producto de “alto riesgo” por cambio indirecto en el uso del suelo representa un desafío relevante para uno de los principales rubros de exportación al bloque europeo.

Desde una mirada regional, el estudio concluye que Cuyo aparece como la principal ganadora potencial, impulsada por la baja de aranceles al vino, la minería y su perfil agroexportador. Le siguen el NOA, con fuerte complementariedad productiva, y la Patagonia, beneficiada por la pesca y la energía, aunque con desafíos tecnológicos en Tierra del Fuego. La región Centro concentra los mayores volúmenes y ganancias absolutas, pero enfrenta una competencia más intensa en sectores industriales. El NEA, en tanto, muestra un alto potencial a largo plazo, condicionado a una mayor inserción internacional, certificaciones técnicas y cumplimiento de estándares ambientales.

En síntesis, el acuerdo Mercosur–Unión Europea abre oportunidades transversales para todas las regiones del país, pero su aprovechamiento dependerá de la capacidad de modernizar la producción, mejorar la competitividad, reducir costos logísticos y adaptarse a las nuevas reglas del comercio internacional.

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El NEA hacia una agenda de crecimiento: menos impulso público, más competencia real

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El 2025 nos demostró que la desaceleración inflacionaria, producto mayormente del equilibrio fiscal, no es suficiente para asentar las bases para un crecimiento económico homogéneo en el NEA. Dentro de la región, las provincias registraron desempeños dispares: Corrientes en auge (+4,2%), mientras que Chaco y Misiones aún se encuentran en terreno negativo (‑2,9% y ‑1,5%, respectivamente).

Estas distintas dinámicas se explican principalmente por la diferente estructura productiva. Por ello, ordenar el análisis según los motores de la economía (consumo, inversión, gasto público y exportaciones) ayuda a entender por qué provincias vecinas registraron ritmos distintos.

En primer lugar, el consumo privado creció 9,1% a nivel nacional en promedio durante los primeros tres trimestres de 2025, respecto del mismo periodo del año anterior. Sin embargo, en el NEA el consumo tradicional en supermercados cayó en términos reales en toda la región, aunque con especial intensidad en Misiones. El factor diferencial fue la recomposición de precios relativos y la menor brecha cambiaria: se redujo el flujo de compradores extranjeros y se incrementaron compras de argentinos en Brasil y Paraguay, al mismo tiempo que ecrecieron nuevos canales de comercialización (que incluyen el fuerte crecimiento del comercio electrónico). De todos modos, hubo segmentos que traccionaron a favor, como la venta de automóviles y motos, que se expandió en toda la región.

En segundo lugar, la inversión registró un crecimiento del 23,6% promedio en 2025 a nivel nacional, pero en el NEA la característica central fue la concentración en Corrientes (con foco en bioenergía, forestoindustria e infraestructura). Esto vuelve a mostrar que, aun en un contexto macroeconómico más estable, las provincias no captan por igual las oportunidades de expansión.

En este marco, el gasto público fue uno de los componentes más débiles como motor económico, ya que el superávit fiscal nacional implicó menos transferencias a las provincias. En Corrientes y Chaco, parte del impacto se compensó con mayor obra pública provincial, pero es claro que en términos generales este sector no volverá a tener el protagonismo de los últimos años, cuando la actividad se explicaba principalmente por el gasto, las compras o subsidios públicos.

Por último, el sector externo nacional mostró en 2025 una balanza comercial con superávit debido a que las exportaciones crecieron 9,5%. En el NEA, Misiones y Corrientes mostraron un desempeño exportador favorable: Misiones con crecimiento en yerba mate, madera aserrada, tabaco y maíz; Corrientes con arroz y productos forestoindustriales, mientras que Chaco quedó rezagado por la sequía (que impactó sobre los cultivos) y por la presión competitiva de importaciones textiles sobre hilados de algodón.

Todo lo anterior deja varias tendencias que probablemente continuarán durante el 2026. La primera es que ninguna provincia puede depender de que el Estado nacional envíe más dinero para sostener su economía, ya que la suspensión de transferencias no automáticas tuvo un impacto negativo, lo cual replantea el rol del estado en las provincias. Al mismo tiempo, diversos factores (cambio de hábitos de consumo, reducción de la brecha cambiaria, plataformas de ventas online a crédito, etc.) afectaron negativamente las compras a comercios locales, sobre todo en zonas fronterizas. Esto pone dos cuestiones en el centro del debate:: atender el costo argentino y adaptarse al avance del comercio electrónico.

La competitividad, además, no sólo es relevante en lo que respecta a consumo privado, sino también en el desempeño del sector externo.Las provincias que cuentan con ventajas comparativas claras (Misiones y Corrientes con la forestoindustria y yerba mate) registraron una dinámica positiva. Otras, en cambio, quedaron expuestas no sólo a shocks climáticos, sino también a la competencia de importaciones (Chaco con la industria textil). En ambos casos el desafío vuelve a ser el mismo: “adaptarse”, tanto desde el sector privado como desde el sector público.

Con un tipo de cambio estable, la competitividad necesariamente debe depender de la productividad, la eficiencia y la reducción de costos estructurales y no del tipo de cambio, esto muestra un cambio respecto al modelo económico anterior, lo cual implica la necesidad de afrontar nuevas reglas de juego.

En consecuencia, los desafíos del 2026 implican que el sector público debe avanzar con la agenda de crecimiento basándose en la reducción del costo argentino. Esto incluye disminuir y simplificar los tributos provinciales y municipales, acelerar la simplificación y digitalización de trámites, facilitar la instalación y funcionamiento de empresas, ampliar la infraestructura logística y modernizar leyes laborales En el NEA esto es especialmente importante por la alta exposición a la competencia de los países vecinos. Al mismo tiempo, la región debe aprovechar las oportunidades de integración logística y productiva (especialmente con los estados del sur de Brasil), además del potencial de la Unión Europea y Estados Unidos en base a las negociaciones comerciales en curso.

Un ejemplo de estos nuevos roles del Estado es lo ocurrido con la desregulación aérea. Este proceso tuvo génesis en el Decreto 70/2023 y se profundizó en 2024 y 2025 con cambios en las regulaciones, en paralelo a una fuerte reducción de subsidios al sector. Según datos de ANAC, a poco más de dos años del cambio normativo, la cantidad pasajeros de cabotaje ha superado los valores de 2023 (+3% en la región del NEA), e incluso de 2018 (+11% a nivel nacional y +23% en la región), lo cual claramente se traduce en mayor consumo de esos turistas y derrame a otras actividades. Esa línea de políticas permite pensar también cómo a escala provincial y municipal sería posible abandonar las políticas de protección y subsidios, generando un aumento de la actividad a partir de reglas que incentiven la competencia e inversión..

En la misma línea, el sector privado también enfrenta los desafíos (y las oportunidades) que plantea el nuevo contexto de estabilidad, por lo que también es necesario adaptar los modelos de negocios a la nueva realidad (canales de comercialización, estructuras de costos, diferenciación de productos, etc.). En este sentido, el Régimen de Incentivos a Medianas Inversiones (RIMI), el cual está inserto en la ley de modernización laboral a discutirse en febrero del corriente año en el Senado, abre una ventana de oportunidad para acompañar estos cambios.

De cara al año nuevo, el panorama macroeconómico muestra señales positivas: cierta recuperación del consumo (de la mano de la recuperación de los salarios reales, aunque muy dependiente también de la creación de empleos); perspectivas buenas para la inversión (de la mano del financiamiento y de las reformas actualmente en discusión); consolidación del sector exportador (además de las enormes posibilidades que abren los acuerdos comerciales en negociación); y un sector de la construcción con leve reactivación (a partir tanto de la apertura de las licitaciones nacionales como de obras provinciales ejecutadas con fondos propios, nacionales y con financiamiento internacional).

En resumen, el desafío para el NEA no reside en sostener indefinidamente actividades que han perdido competitividad. La prioridad es reorientarla intervención pública y las decisiones privadas hacia procesos de reconversión y adaptación, atrayendo inversiones y generando empleo privado, en un contexto marcado tanto por las amenazas asociadas a la competencia externa, el cambio tecnológico y factores climáticos, pero también por oportunidades que surgen con estabilidad macroeconómica y apertura comercial.

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IERAL advierte que las tasas municipales elevan el costo financiero; Posadas, por debajo del promedio nacional

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La presión tributaria municipal y su impacto en el crédito al sector privado. Un reciente estudio del IERAL determinó que la alícuota “efectiva promedio” de estas tasas, analizadas en 10 provincias, alcanza el 5,9% de los ingresos brutos bancarios.

Un estudio del IERAL de la Fundación Mediterránea reveló que las tasas municipales aplicadas a la actividad financiera generan distorsiones significativas en el sistema de crédito argentino. En promedio, la alícuota efectiva alcanza el 5,9% sobre los ingresos brutos de los bancos, operando en muchos casos como un impuesto encubierto que eleva los costos financieros y limita el acceso al crédito productivo.

Tasas municipales que funcionan como impuestos encubiertos

El informe Presión tributaria municipal y su impacto en el crédito al sector privado, elaborado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, analizó el efecto de las tasas locales sobre la intermediación financiera en 51 municipios de 10 provincias argentinas.

El estudio determinó que la alícuota efectiva promedio de estas tasas alcanza el 5,9% de los ingresos brutos bancarios, y en varias ciudades importantes ese valor supera el 7%, configurando una carga que “excede los límites legales de una tasa” y actúa, en la práctica, como un impuesto encubierto.

El impacto de esta presión local no es menor: según el IERAL, los impuestos municipales pueden incrementar en más de 7 puntos porcentuales el costo del crédito productivo, y en el caso de los créditos personales, combinados con el IVA, el aumento puede alcanzar casi un 50% sobre la tasa final.

El informe destaca que esta carga adicional se traslada directamente al costo de financiamiento que enfrentan las empresas y familias, afectando la rentabilidad del sistema bancario, la competitividad del sector productivo y la capacidad de inversión.

Posadas, con una presión efectiva inferior al promedio nacional

Dentro de la muestra relevada, la ciudad de Posadas registró una alícuota promedio del 4,8% sobre los ingresos brutos bancarios, un valor inferior al promedio nacional del 5,9%.

Si bien la capital misionera muestra un nivel de presión moderado en comparación con otros centros urbanos, el informe del IERAL advierte que las distorsiones persisten debido a la heterogeneidad normativa entre municipios y la escasa correspondencia entre las tasas y los servicios efectivamente prestados.

El documento subraya que más de 2.000 gobiernos locales en todo el país aplican tributos de esta naturaleza, con criterios dispares y, en muchos casos, con débil sustento legal. Esta fragmentación —advierte el IERAL— genera inseguridad jurídica y desincentiva la expansión de entidades bancarias físicas, que enfrentan una carga mayor respecto de las plataformas digitales, exentas de estas obligaciones.

“El crédito es imprescindible para el desarrollo”

El presidente del IERAL, Osvaldo Giordano, enfatizó en el estudio que la presión tributaria local “conspira contra el desarrollo del crédito”.
“El crédito es imprescindible para el desarrollo, tanto para las empresas como para las familias. El orden macroeconómico es una oportunidad para que éste se expanda, pero si no se resuelve el tema impositivo, y en particular el problema con los impuestos locales, este desarrollo no va a ser posible”, sostuvo.

El informe advierte que la persistencia de este esquema debilita el papel del crédito como motor del crecimiento económico, limitando la capacidad de recuperación del sector privado incluso en escenarios de estabilidad macroeconómica.

Reforma fiscal local: una condición para ampliar el crédito

Como conclusión, el estudio propone una revisión integral del esquema de tasas municipales, orientada a construir un sistema más simple, homogéneo y ajustado a los principios legales de una tasa, con una relación efectiva entre el cobro y la prestación de servicios.

De acuerdo con la Fundación Mediterránea, avanzar en esa dirección mejoraría la competitividad del sistema financiero, ampliaría el crédito al sector privado y fortalecería el desarrollo económico federal.

Impacto de las tasas municipales sobre el costo del crédito by CristianMilciades

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Un raro año electoral, sin el tractor del gasto público

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El gasto primario del sector público nacional cerró el 2024 en una cifra de 94,9 mil millones de dólares (tipo de cambio oficial), con un recorte de nada menos que el 28,0 % respecto de los 131,6 mil millones de 2023. Este indicador muestra una diferencia crucial con la transición gubernamental de 2015 a 2016, cuando el gasto público en dólares se ajustó un 14,5 %, para quedar en un nivel de 174,4 mil millones de dólares (moneda constante). La política fiscal de la actual gestión luce mucho más consistente con los equilibrios macro que aquellas experiencias, pero la tarea recién empieza.

No hay lugar para el conformismo. La medición en dólares del gasto público muestra la presión existente sobre el sector de la economía que produce bienes de exportación y compite con importados, y los datos de 2024 reflejan un lastre mucho menos pesado en relación a todo el período de la estanflación que se inició en 2011.

Sin embargo, para “alinear” los planetas hace falta:
Consolidar y dar continuidad a este nuevo escenario;
Asumir que el nacional es una fracción (el 52 %) del gasto público consolidado, siendo que el 48 % restante está en cabeza de provincias y municipios;
Que la presión tributaria elevada incide proporcionalmente mucho más sobre los sectores formales de la economía, y la actividad informal no produce bienes exportables;
Y también que, para atraer proyectos de inversión, se necesita alinear el set de precios locales a los internacionales, pero en este plano subsisten severas anomalías: el castigo tributario a una gama amplia de exportaciones, una protección efectiva elevada y anárquica sobre productos importables, y también la persistencia de otros impuestos distorsivos ( Ingresos Brutos, débitos bancarios y tasas municipales), que llegan a encarecer 15 puntos o más los precios de fábrica en Argentina comparado con Brasil y México, de acuerdo a estudios sectoriales recientes.

Medir la evolución del gasto público en dólares es un buen indicador, complementario de los índices de tipo de cambio real, útiles para auscultar la trayectoria de la llamada “competitividad cambiaria”. Sin embargo, por la “inflexibilidad a la baja” de ciertos precios nominales, la fuerza deflacionaria del ajuste del gasto público puede no trasladarse a los índices de precios minoristas. Además, también juegan los términos de intercambio y, muy relevante, por fuera del agro y la minería, el que tiene mayor poder explicativo sobre el comercio exterior de bienes y servicios es el tipo de cambio real multilateral (que se mide contra una canasta de monedas que incluye el real y el peso chileno, entre otros). Conviene retener el dato que la apreciación del peso contra la canasta de monedas es de 29,5 % contra el promedio de los últimos 28 años, una diferencia de 16 puntos porcentuales con la apreciación de 13,5 % de la medición bilateral (versus el dólar estadounidense).

Respecto de la sustentabilidad del gasto primario del sector público nacional, habiéndose definido una pauta cambiaria del 1,0 % mensual desde febrero, los números son exigentes. Para que las erogaciones en dólares constantes se mantengan en el andarivel descripto, en 2025 habría que hacer un ajuste adicional de 5,3 % en términos reales en las partidas no indexadas, utilizando cálculos del investigador jefe de IERAL, Marcelo Capello. Los ítems presupuestarios sujetos a esa restricción son los correspondientes a personal, subsidios económicos, inversión y transferencias discrecionales a provincias. Esto es así porque para las partidas indexadas, que incluyen jubilaciones, ese año habrá un incremento en
términos reales del 11,6 %, por la inercia de las fórmulas.

Alinear la pauta del gasto público con la del tipo de cambio oficial es una condición necesaria, no suficiente, para el aterrizaje de la economía en un escenario de estabilidad y sin desequilibrios macro significativos. Ocurre que, por la persistencia de las restricciones cambiarias, hay dos precios, y no uno, para el tipo de cambio, aun cuando la brecha se haya reducido a un andarivel del 15,0 %. Ya se subrayó más arriba que los precios relativos no necesariamente estarán en equilibrio aun con un gasto público estabilizado en dólares, y no puede ignorarse que con cepo hay menos propensión a ofertar dólares en el mercado oficial, al mismo tiempo que la demanda de divisas a ese precio tiene sesgo alcista. Esta es una de las razones por las que recuperar reservas del Banco Central es mucho más complejo con restricciones cambiarias que sin ellas (siempre que la política fiscal y monetaria estén alineadas).

Una prueba de la complejidad que surge de la interacción entre las distintas variables es lo ocurrido en 2024, cuando la pauta cambiaria del 2,0 % mensual no impidió que el gasto público se acomodara a la baja en la medición en dólares y, aun así, la cuenta corriente del balance cambiario entrara en terreno negativo en el segundo semestre. Este indicador clave del sector externo pasó a un déficit promedio mensual de 1,2 mil millones de dólares en el último trimestre en la medición base caja, un rojo que no tiene signos de reversión en el arranque de 2025.

El déficit de cuenta corriente está siendo financiado por la puesta en valor de los dólares depositados en el sistema bancario local (de fuerte incremento con el blanqueo), a través de préstamos en argendólares y la suscripción de obligaciones negociables de empresas líderes. Hay margen para que ese mecanismo continúe activo en la primera parte de 2025, con la ampliación de la diferencia entre la tasa de interés en pesos (2,4 % mensual) y el deslizamiento del tipo de cambio, ahora al 1,0 % mensual. En forma convergente opera la baja temporal de retenciones agrícolas destinada a acelerar la liquidación de estas exportaciones en el segundo trimestre.

No obstante, la dificultad para refinanciar la deuda externa en cabeza del Tesoro, que en 2025 suma vencimientos por 17,0 mil millones entre capital e intereses, junto con los efectos colaterales del cepo, se expresan en reservas netas del BCRA con signo negativo, en torno a los 6,0 mil millones de dólares desde setiembre pasado. Esto pese a que el Central acumula en el período un saldo positivo de 6,1 mil millones de dólares en sus intervenciones en el mercado oficial de cambios. Una forma de romper esa divergencia entre compras de dólares y evolución de las reservas es conseguir la refinanciación plena de los vencimientos de deuda. Y la otra es salir del cepo, reseteando la política cambiaria y la monetaria. Esta vez, el año electoral no parece condicionar la política fiscal, pero sí puede explicar la preferencia del gobierno por mantener bajo control tipo de cambio y tasas de interés. Lo que se discute es si el FMI estaría dispuesto a bancar una salida secuenciada del cepo, con un “plan gasolero” en 2025 (contribuyendo a financiar parte de los vencimientos), dejando para después de las elecciones el combo de plata fresca, reformas estructurales y eliminación de las restricciones cambiarias.

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Las jubilaciones perdieron contra la inflación en 7 de los últimos 10 años, según la IERAL

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Un informe del Instituto de Investigaciones Económicas para la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) plantea que durante la última década, en siete años las jubilaciones perdieron contra la inflación. Tan sólo en tres, los haberes lograron recuperar capacidad de compra.

“En los diez años que van de 2014 a 2023, en 7 ocasiones la inflación superó a la movilidad, y por ende el haber real cayó. Desde 2014, cada vez que la inflación aceleró y el PBI bajó, el haber jubilatorio cayó, salvo en 2022”, señala el IERAL en su último Informe de Coyuntura.

Durante ese período hubo dos maneras de ajustar los beneficios jubilatorios: uno fue por la combinación de aumentos salariales y recaudación pasados y la otra por combinación de inflación con aumentos salariales.

Expertos coinciden que el primero es procíclico ya que en momentos de crecimiento económico suben los salarios y sube la recaudación y genera supuestamente una mejora en los ingresos, siempre que vaya por encima de los precios. Por el contrario, en momentos de caída de la actividad profundiza las pérdidas de poder adquisitivo. La segunda, al tener en cuenta la inflación, tiende a matizar los picos y valles propios de la actividad económica.

“Se observa que a partir de 2018 los haberes jubilatorios reales tendieron a perder poder adquisitivo con mayor frecuencia, generalmente coincidiendo con caídas del PBI y aceleraciones de la inflación”, señala el estudio del IERAL

El mismo sostiene que “en este contexto recesivo e inflacionario (estanflación), resultó común que los incrementos en los haberes no lograran equiparar el alza de precios, provocando una merma en los ingresos reales de los jubilados”.

Los haberes previsionales sin compensación de bonos bajaron 5% real en 2014; 3%, en 2017; 13% en 2018; 2% en 2019; 1% en 2020; 11% en 2022 y 32% en 2023. En cambio, la ganaron a la inflación en 2015, con el 3% real; 2017, 3% y 2021, 1%.

El IERAL señala que los resultados negativos de la movilidad que se dieron en tales años se explican por dos motivos: en primer lugar, las variables utilizadas en la fórmula de movilidad, como salarios y recaudación, aumentaron menos que la inflación, provocando caídas reales en los haberes, pese a los ajustes.

Luego, los rezagos con que se aplica la movilidad, actualizando los haberes con datos de inflación, salarios o recaudación pasada y menores a los valores actuales, agravaron el deterioro.

Por el contrario, cuando la inflación se desacelera y mejora el PBI, las fórmulas de movilidad usadas en el pasado han tendido a generar mejoras en los haberes reales, porque en estos casos los salarios y la recaudación tienden a ganarle a la inflación.

En los primeros dos meses del año el gobierno licuó drásticamente las jubilaciones en casi un 40%. Con ello el peso del gasto en el PBI se ubicó por debajo del 5%. En la gestión de Alberto Fernandez concluyó en un nivel del 7%. El récord reciente fue en 2017 con un 9% del PBI.

Algunos analistas suponen que el gobierno de Javier Milei presente ubicar al gasto previsional en los niveles que tenía en los años 90’, que era del 5% del PBI. Pero el problema es que ahora hay el doble de personas cobrando.

Sergio Chouza, de Consultora Sarandí, estima que desde los 3,6 millones de jubilados y pensionados (contributivos y no contributivos) entre 2001 y 2005 se sumaron casi 4 millones de prestaciones al año 2014 y casi 5 millones al momento actual, producto de las moratorias.

Chouza tiene una mirada positiva sobre la inclusión de beneficiarios sin aportes al reivindicar “la vocación redistributiva de los sucesivos gobiernos que, con sus más y con sus menos, sostuvieron las políticas de transferencia de ingresos para compensar mínimamente a quienes se caían del sistema”.

“Uno de los primeros mojones fue el fortalecimiento de la política previsional, a través de las sucesivas moratorias que implicaron un significativo salto en la cantidad de beneficiarios de la cobertura de seguridad social”, señala.

Más de un economista ha planteado dudas sobre esta afirmación. Ya que también se puede concluir que ante la evidente licuación de los haberes, las moratorias habrían servido más para extender la pobreza a los 3,6 millones de jubilados con aportes, antes que haber sacado de la misma a los que entraron por mecanismos alternativos.

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