La tasa de pobreza no era muy diferente en Uruguay y en la Argentina treinta años atrás, pero ahora el 30 % de nuestro país compara con menos de un 10 % en el vecino. La divergencia no se explica porque Uruguay haya crecido a un ritmo muy superior, ni por la magnitud de los recursos aplicados a políticas sociales. La principal razón es que en la Argentina las crisis no se previenen, simplemente suceden, mientras que el socio del Mercosur ha logrado “frenar a tiempo” cada vez que un grave desequilibrio estaba a punto de estallar. Uruguay es, en ese sentido, un laboratorio que confirma la importancia de contar con instrumentos anticíclicos y de buscar soluciones antes de que sea tarde. Y el mérito no está en las políticas económicas, sino en la disposición de sus principales dirigentes y partidos de hacer prevalecer el interés general por sobre lo sectorial, cada vez que fue necesario.
En muchos episodios puede rastrearse el origen de las diferencias, pero quizá el momento más nítido fue el de la crisis bancaria de 2001 y 2002, que derivó en la Argentina en la ruptura de todos los contratos, la pesificación asimétrica y el default…siendo que Uruguay logró evitar todos esos extremos. Como ilustra el libro “Al borde del abismo; Uruguay y la gran crisis de 2002” del economista Carlos Steneri, la actitud responsable de la oposición al entonces presidente Jorge Batlle fue crucial para mantener el crédito abierto pese a la indiferencia del FMI. Así, las entidades pudieran reabrir tras un largo feriado bancario, con el Congreso aprobando una serie de leyes clave, al tiempo que aterrizaba en Montevideo un avión cargado de dólares, fruto de un préstamo-puente otorgado por el Tesoro de los EEUU.
A la inversa, cada momento crítico de las últimas décadas de la Argentina ha tenido el patrón común de una oposición (interna o de otros partidos) apostando a “cuanto peor mejor”, más allá de aciertos o desaciertos del gobierno de turno. La historia certifica que nuestra dirigencia tiende a tomar decisiones en función de sus intereses de corto plazo, sin que le importen las consecuencias. Así, en cada situación límite, la única opción es la crisis. Y esto no es neutral en términos sociales.
Obsérvese que la evolución de la tasa de pobreza registra en la Argentina dos picos marcados. El primero coincide con el estallido de la hiperinflación, en 1989, y el segundo con la crisis de 2001/02. El problema está en que, después de esos picos, ya no se vuelve a la situación anterior, con una meseta en torno al 30 % de tasa de pobreza desde 2008/09. Existen múltiples razones por las que ese fenómeno tiene lugar. Los golpes recesivos e inflacionarios afectan mucho más a las familias que viven al día y, además, las habilidades laborales se pierden después de un tiempo fuera del mercado de trabajo, siendo que en el circuito informal los empleadores no invierten, por lo general, en capacitación. Al mismo tiempo, el sistema educativo tiende a reproducir el contexto social en el que actúa, con pocos instrumentos para sacar a los chicos del círculo vicioso. Por el lado de la inversión y de la creación de puestos de trabajo, un país de fluctuaciones tan pronunciadas promueve la cautela a la hora de nuevos proyectos.
Ser incapaces de prevenir las crisis es lo que explica (el grueso de) la diferencia entre la tasa de pobreza de la Argentina y la de Uruguay. Por eso, aquellos dirigentes locales que ignoran la importancia de los equilibrios macroeconómicos vociferando por los derechos sociales, pueden llegar a ser, paradójicamente, el principal obstáculo para solucionar el problema.
Harían bien en reparar en estos datos: Uruguay creció a un ritmo de 2,9 % anual en los últimos 30 años (versus 2,4 % de la Argentina), pero redujo 17,2 puntos porcentuales su tasa de pobreza, hasta el 9,4 %.
Es en este marco que deben valorarse los recientes avances de las reformas en el Congreso. Por encima de los fanáticos del “cuanto peor mejor”, una fracción relevante de la oposición ayudó a evitar la próxima crisis del sistema jubilatorio. Además, está la decisión compartida de aflojar la presión tributaria que recae sobre las actividades productivas, en pos de revitalizar el empleo privado, la verdadera fórmula para superar la pobreza.
Pero hay un caso particular, que es el de las economías regionales más alejadas de Buenos Aires, en dónde el impacto de las reformas es ambivalente. Esos lugares están beneficiados por el Decreto 814 de 2001, que recortó contribuciones patronales en función de la distancia al puerto, pero esta norma habrá de ser derogada. Se establecerá un “mínimo no imponible” y las cargas patronales se pagarán sólo por encima de ese piso, un régimen excelente, pero que habrá de implicar más y no menos impuestos al trabajo en muchos rincones del país.
Una forma de atenuar esta inequidad es adelantar la vigencia de los beneficios del “año 5” para las “economías de frontera”, lo que tiene costo fiscal, pero manejable con medidas de austeridad. Otro paliativo sería contar con convenios de trabajo descentralizados, en lugar del sistema actual, que no repara en diferencias de costo de vida y productividad entre el interior y las grandes ciudades. Adicionalmente, los gobiernos provinciales deberían agruparse por regiones para promover un shock de mejoras de logística e infraestructura, que sólo puede lograrse de modo cooperativo. En la medida en que la lucha contra la pobreza esté verdaderamente en el GPS de nuestros dirigentes, siempre habrá soluciones para estos desarreglos.
