IMPUESTO A LAS GANANCIAS

CAME rechazó la reforma tributaria sugerida por el FMI y pidió un nuevo Consenso Fiscal

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó las recomendaciones tributarias formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina y advirtió que las propuestas apuntan a aumentar la carga sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y consumidores, sin resolver los problemas estructurales que afectan la competitividad del sector productivo.

El organismo internacional planteó ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia, extender el alcance del IVA sobre bienes y servicios actualmente exentos y reformar el régimen del Monotributo elevando sus categorías.

Para CAME, estas iniciativas tienen un efecto regresivo porque reducen el ingreso disponible de las familias, encarecen la formalidad y afectan el consumo interno, uno de los principales motores de la actividad económica.

“La discusión tributaria está enfocada en el lugar equivocado”, señalaron desde la entidad empresaria, al sostener que el principal problema fiscal para las pymes no se encuentra en los impuestos nacionales sino en la estructura tributaria provincial y municipal.

El foco de la crítica: Ingresos Brutos y las tasas municipales

Según el análisis de CAME, el verdadero obstáculo para la inversión, la producción y la generación de empleo formal es la acumulación de impuestos subnacionales, especialmente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y diversas tasas municipales.

La entidad explicó que estos tributos se aplican sobre la facturación y no sobre la rentabilidad, por lo que impactan incluso sobre empresas que registran márgenes reducidos o pérdidas.

Además, advirtió que el denominado “efecto cascada” de Ingresos Brutos incrementa los costos en cada etapa de la cadena productiva y termina trasladándose a precios, afectando tanto a empresas como a consumidores.

Otro de los puntos cuestionados es el sistema de retenciones y percepciones provinciales, que genera saldos a favor difíciles de recuperar y obliga a las empresas a financiar involuntariamente a los fiscos locales.

Un préstamo forzoso al Estado

CAME sostiene que las retenciones anticipadas aplicadas por las provincias suelen superar el impuesto efectivamente adeudado por los contribuyentes.

Qué propone el FMI para Argentina

  • Ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores.
  • Extender el IVA a bienes y servicios actualmente exentos.
  • Modificar el régimen de Monotributo elevando categorías.
  • Incrementar la recaudación tributaria de manera permanente.

Como consecuencia, miles de empresas acumulan créditos fiscales que pueden tardar años en recuperarse, perdiendo valor por efecto de la inflación.

La entidad remarcó que este mecanismo afecta especialmente al capital de trabajo de las pymes y funciona, en la práctica, como un financiamiento sin costo para los gobiernos provinciales.

La propuesta: un Nuevo Consenso Fiscal

Frente a este escenario, CAME propuso convocar a un Nuevo Consenso Fiscal entre Nación, provincias y municipios para avanzar en una reforma integral del sistema tributario subnacional.

El objetivo sería armonizar criterios, transparentar los regímenes de recaudación y reducir las distorsiones que afectan la competitividad empresarial.

La entidad considera que el acuerdo debería incluir una transformación gradual de Ingresos Brutos para eliminar su aplicación en las etapas intermedias de producción y concentrar la tributación en la venta final al consumidor, siguiendo una lógica similar a la del IVA.

Asimismo, plantea establecer reglas uniformes para las devoluciones de saldos a favor, limitar las retenciones excesivas y fortalecer la coordinación entre jurisdicciones.

Las 6 bases del Nuevo Consenso Fiscal que propone CAME

  1. Armonizar criterios tributarios entre provincias.
  2. Limitar retenciones y percepciones excesivas.
  3. Agilizar la devolución de saldos a favor.
  4. Transparentar tasas municipales.
  5. Reducir el efecto cascada de Ingresos Brutos.
  6. Fortalecer la coordinación fiscal entre jurisdicciones.

Desde CAME sostienen que aumentar la carga sobre salarios y consumo no resolverá los problemas estructurales de la economía argentina.

Por el contrario, afirman que una mayor presión tributaria sobre trabajadores y pequeños contribuyentes podría afectar la demanda interna, desalentar la formalización y reducir la actividad económica.

“La competitividad no se recupera aumentando impuestos sobre quienes producen, trabajan y consumen, sino eliminando los tributos distorsivos que encarecen la inversión y la generación de empleo”, concluyó la entidad.

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ARCA endurece controles sobre Ganancias y pone bajo revisión beneficios de la “inocencia fiscal”

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El organismo detectó inconsistencias en deducciones informadas por trabajadores en relación de dependencia y activó controles electrónicos preventivos. La preocupación crece entre contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado impulsado por el Gobierno, ante el riesgo de perder el “tapón fiscal”.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició una revisión masiva sobre deducciones declaradas en el Impuesto a las Ganancias por trabajadores en relación de dependencia y encendió una señal de alerta en torno al Régimen Simplificado de Ganancias, uno de los instrumentos centrales del esquema de “inocencia fiscal” promovido por el Gobierno nacional.

El organismo comenzó a cruzar información entre las declaraciones realizadas mediante el Siradig y las liquidaciones anuales confeccionadas por empleadores a través del formulario F.1359. El resultado preliminar mostró inconsistencias en distintos conceptos deducidos, especialmente vinculados a gastos de indumentaria, equipamiento profesional, aportes previsionales, vehículos utilizados por corredores y viajantes, aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y cargas de familia.

La situación adquirió mayor sensibilidad porque ARCA advirtió que esas diferencias podrían derivar en “discrepancias significativas”, una categoría que puede afectar directamente el acceso y permanencia dentro del Régimen Simplificado de Ganancias.

El “tapón fiscal” entra en zona de tensión

El régimen impulsado por el Ministerio de Economía fue presentado como una herramienta destinada a facilitar la formalización patrimonial y permitir la exteriorización de ahorros no declarados sin quedar expuestos a revisiones retrospectivas amplias.

La pieza clave del esquema es el denominado “tapón fiscal”: una limitación a futuras investigaciones sobre variaciones patrimoniales de períodos anteriores.

Sin embargo, el beneficio no es automático ni irrestricto. La normativa vigente establece que ARCA puede revisar la situación de los contribuyentes cuando detecte diferencias relevantes entre lo declarado y el impuesto efectivamente determinado por el organismo.

Actualmente, una diferencia igual o superior al 15% podría ser considerada una “discrepancia significativa”, un umbral que comenzó a generar preocupación entre trabajadores adheridos o interesados en ingresar al régimen antes del cierre del plazo de adhesión.

Las comunicaciones oficiales ya comenzaron a llegar a través de los domicilios fiscales electrónicos de cientos de contribuyentes.

Por ahora, especialistas tributarios remarcan que las notificaciones emitidas por ARCA no constituyen intimaciones formales ni determinaciones de deuda.

Se trata de acciones preventivas encuadradas dentro del Sistema de Acciones de Control Electrónico (Siace), una herramienta de fiscalización digital utilizada por el organismo para corregir inconsistencias antes de que las liquidaciones queden firmes.

Sin embargo, detrás del procedimiento técnico también aparece una señal política y fiscal relevante: el Gobierno busca ampliar la base de formalización sin resignar capacidad de control tributario.

El equilibrio es delicado. La administración de Javier Milei intenta consolidar un discurso de menor presión estatal y simplificación impositiva, pero al mismo tiempo necesita preservar herramientas de fiscalización en un contexto de fuerte ajuste fiscal y necesidad de sostener recaudación.

Economía revisa el impacto del régimen

La preocupación generada por las observaciones de ARCA coincidió con la decisión oficial de extender hasta fines de julio el plazo de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias.

En paralelo, el Ministerio de Economía mantuvo reuniones con especialistas tributarios para analizar el alcance de las discrepancias detectadas y evaluar posibles ajustes reglamentarios que eviten desalentar el ingreso de contribuyentes al sistema.

El punto sensible es que el régimen fue diseñado como uno de los mecanismos para incentivar la incorporación de ahorros y activos no formalizados al circuito económico. Cualquier percepción de inseguridad tributaria podría afectar esa estrategia.

Para ARCA, el objetivo es reducir inconsistencias antes de judicializar conflictos fiscales. Para los contribuyentes, en cambio, el desafío pasa por sostener el acceso a beneficios sin quedar expuestos a revisiones posteriores que puedan comprometer la estabilidad tributaria prometida por el régimen.

La dinámica abierta por ARCA revela que el Régimen Simplificado de Ganancias aún atraviesa una etapa de ajuste operativo y político.

El Gobierno necesita que el esquema gane volumen y legitimidad para transformarse en una herramienta efectiva de formalización. Pero al mismo tiempo busca evitar que el régimen sea utilizado para consolidar deducciones improcedentes o inconsistencias patrimoniales.

La tensión entre flexibilización y control quedó ahora expuesta en el corazón del nuevo esquema tributario.

Los próximos meses serán decisivos para determinar si el sistema logra consolidarse como incentivo a la formalización o si las dudas regulatorias terminan limitando su alcance.

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Ganancias: el Gobierno achica la lista de “jurisdicciones no cooperantes” y abre una ventana fiscal para exportadores

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El Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 398/2026, mediante el cual modifica la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias para actualizar el listado de “jurisdicciones no cooperantes” a los fines tributarios. Al remover a la República de Filipinas, la República de Madagascar y la República de Trinidad y Tobago de la nómina —tras convalidar su estatus de transparencia ante la OCDE—, la medida reduce el costo impositivo por retenciones a empresas globales. Para los grandes consorcios foresto-industriales y las corporaciones yerbateras de Misiones que triangulan operaciones o importan bienes de capital, la normativa morigera la carga sobre los flujos de divisas, redefiniendo las matrices de planificación fiscal y de precios de transferencia.

La decisión del Gobierno nacional de excluir a Filipinas, Madagascar y Trinidad y Tobago del listado de “jurisdicciones no cooperantes” en materia tributaria modifica el mapa de riesgos fiscales para empresas argentinas con operaciones internacionales y puede tener impacto indirecto sobre sectores exportadores del NEA, especialmente yerba mate, forestoindustria y comercio exterior.

El Decreto 398/2026 actualizó la reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias y redefinió el universo de países considerados de baja cooperación fiscal. La medida responde a cambios en los estándares de intercambio de información promovidos por la OCDE y el Consejo de Europa. Para el sector privado, el dato central es que operar con empresas radicadas en esos países dejará de tener el tratamiento tributario agravado que rige para las jurisdicciones consideradas opacas.

En términos prácticos, esto reduce contingencias fiscales vinculadas a precios de transferencia, deducciones y controles sobre operaciones internacionales. Para economías regionales con creciente búsqueda de mercados alternativos, el movimiento no es menor.

Qué cambia para las empresas exportadoras

Las “jurisdicciones no cooperantes” son países que no intercambian información tributaria con Argentina o no cumplen estándares internacionales de transparencia. Cuando una firma argentina opera con compañías radicadas en esos territorios, ARCA y el sistema tributario aplican controles más estrictos y presunciones fiscales más gravosas.

Con la salida de tres países del listado: Se alivian requisitos de fiscalización sobre determinadas operaciones internacionales. Mejora la previsibilidad tributaria para exportadores y traders. Disminuye el riesgo de ajustes fiscales sobre estructuras comerciales vinculadas a esos mercados. Y se reduce el costo administrativo asociado a reportes y validaciones.

Para Misiones, donde muchas empresas medianas comenzaron a explorar mercados fuera del eje tradicional Mercosur-China-Estados Unidos, la señal tiene lectura estratégica. La provincia necesita diversificar destinos ante la desaceleración del consumo interno y la presión de costos logísticos.

Aunque el decreto no menciona economías regionales, la actualización tributaria tiene implicancias sobre el entramado exportador.

La industria tealera y yerbatera misionera viene buscando nuevos compradores en Asia y mercados emergentes. Filipinas, que deja de ser considerada “no cooperante”, aparece como un mercado potencialmente más accesible desde el punto de vista financiero y documental.

Para la forestoindustria ocurre algo similar. Empresas madereras del NEA operan frecuentemente mediante traders internacionales o estructuras logísticas trianguladas. Cuando esas operaciones involucran jurisdicciones observadas por el fisco, el costo financiero y legal aumenta.

La modificación también puede favorecer: Operaciones de financiamiento internacional. Apertura de cuentas y acuerdos bancarios. Menores alertas de compliance tributario. Mayor competitividad administrativa frente a exportadores brasileños o paraguayos.

La señal política detrás del decreto

El Gobierno sostiene una estrategia de alineamiento con estándares OCDE y de integración financiera internacional. La actualización del listado apunta a mostrar una Argentina más compatible con reglas globales de intercambio fiscal y menos aislada del sistema financiero internacional.

El movimiento también busca reducir fricciones para inversiones y operaciones internacionales privadas, especialmente en un escenario donde el Ejecutivo necesita aumentar generación genuina de divisas.

El dato que sigue de cerca el mercado es otro: la lista todavía mantiene a 72 jurisdicciones bajo observación. Entre ellas aparecen Bolivia, Cuba, Surinam, Irán y varios países africanos y asiáticos. Eso implica que los controles fiscales sobre operaciones internacionales seguirán siendo relevantes para empresas exportadoras.

La actualización del listado no cambia por sí sola la competitividad exportadora del NEA. El problema estructural sigue siendo logístico, cambiario y tributario. Pero sí muestra una tendencia: el Gobierno avanza hacia un esquema de menor intervención y mayor integración financiera internacional.

Para Misiones, donde el crecimiento exportador depende de abrir mercados y bajar costos ocultos, cada flexibilización regulatoria suma. El desafío es si esa apertura fiscal será acompañada por infraestructura, financiamiento y alivio impositivo que permitan transformar ventajas productivas en competitividad real.

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Ganancias a más trabajadores y monotributo más caro, las nuevas recomendaciones del FMI a Milei

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner sobre la mesa una profunda reforma tributaria para la Argentina. En el marco de la revisión del “Artículo IV”, el organismo internacional recomendó avanzar con cambios estructurales sobre impuestos clave como Ganancias, IVA y Monotributo, con el objetivo de ampliar la recaudación, reducir distorsiones y simplificar el sistema impositivo argentino.

El informe, difundido tras la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, sostiene que una reforma fiscal integral podría generar ingresos adicionales equivalentes al 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI), con un impacto directo también sobre las provincias, que captarían aproximadamente la mitad de esos recursos adicionales.

Uno de los puntos más sensibles de la propuesta apunta al Impuesto a las Ganancias. El FMI consideró que la reforma impulsada en 2023 redujo drásticamente la cantidad de trabajadores alcanzados por el tributo y dejó a menos del 1% de los empleados formales pagando el impuesto. Aunque en 2024 se produjo una reversión parcial, el organismo advirtió que el piso de exención continúa elevado respecto de los niveles previos.

Por eso, el FMI recomendó reducir el umbral de ingresos y avanzar hacia un esquema donde al menos el 20% de los trabajadores quede alcanzado por Ganancias. Además, propuso simplificar las escalas y armonizar deducciones entre distintas categorías laborales. Según sus estimaciones, esos cambios permitirían incrementar la recaudación en torno al 0,4% del PBI.

El segundo gran eje de la discusión fiscal gira alrededor del Monotributo. El organismo reconoció que el régimen simplificado permitió ampliar la formalización y el acceso a cobertura previsional y sanitaria para pequeños contribuyentes, pero advirtió que actualmente genera fuertes diferencias respecto del régimen general.

El FMI señaló que las brechas entre categorías y los saltos abruptos de carga tributaria desalientan el crecimiento de pequeñas empresas y fomentan fragmentaciones artificiales. En consecuencia, sugirió “alinear” gradualmente el Monotributo con el sistema general, homogeneizar contribuciones sociales y reducir las distorsiones generadas por los topes de facturación. El organismo incluso planteó utilizar herramientas tecnológicas para simplificar la administración tributaria y mejorar el cumplimiento fiscal.

De acuerdo con las proyecciones del FMI, una reforma sobre el Monotributo podría aportar entre 0,4% y 1% adicional del PBI en recursos fiscales.

El documento también incluyó observaciones sobre el IVA. Allí el organismo recomendó avanzar hacia una unificación de alícuotas, reducir regímenes especiales y limitar exenciones tributarias que no tengan un objetivo social claramente definido. Como contrapartida, sugirió implementar mecanismos compensatorios focalizados para sectores vulnerables.

En paralelo, el FMI cuestionó la estructura actual del impuesto a las sociedades, cuya alícuota máxima del 35% consideró elevada respecto de los estándares internacionales. En ese punto, propuso evaluar una tasa fija del 30% y crear un impuesto mínimo basado en facturación para desalentar maniobras de evasión.

El informe también incluyó sugerencias sobre impuestos internos y especiales, particularmente sobre combustibles, tabaco, alcohol y bebidas azucaradas. El organismo propuso actualizar automáticamente esos tributos por inflación y avanzar hacia un esquema mixto de imposición específica y ad valorem.

En paralelo a la ampliación de la recaudación, el FMI insistió en la necesidad de eliminar progresivamente impuestos considerados “distorsivos”, entre ellos las retenciones a las exportaciones y los gravámenes sobre transacciones financieras. Según el organismo, una reducción gradual de los derechos de exportación podría incrementar la producción agroindustrial, mejorar las exportaciones y aumentar el ingreso de divisas.

El reporte incluso estimó que una eliminación total de las retenciones sobre soja y derivados podría generar unos US$5.000 millones adicionales por año y sumar cerca de 0,4 puntos porcentuales al PBI argentino.

La propuesta del FMI se inscribe dentro de las negociaciones abiertas con el gobierno de Javier Milei y forma parte del compromiso asumido por la administración nacional de presentar antes de fin de año una propuesta de reforma tributaria integral orientada a mejorar la eficiencia, simplificar el sistema y sostener el equilibrio fiscal.

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Contundente respaldo al reclamo a Nación por un régimen diferencial impositivo para Misiones

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La discusión sobre la competitividad de Misiones volvió a instalarse con fuerza tras el reclamo de condiciones diferenciales para sostener la competitividad en la relación con Paraguay y Brasil. El planteo en Encuentro Misionero es claro: si Nación atiende la complejidad territorial de la provincia, Misiones está en condiciones de potenciar la economía local y las exportaciones, lo que redundará en un mayor ingreso de divisas a la Argentina.

El conductor de Encuentro Misionero, Carlos Rovira, lo señaló en la última reunión del espacio. “Podemos eliminar ya Ingresos Brutos si la Nación nos elimina impuestos”. El mensaje caló hondo. Este martes se aprobó el dictamen de reclamo a la Nación con una contundencia inédita: hasta la Libertad Avanza acompañó la iniciativa.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de Comunicación impulsado por Encuentro Misionero que solicita al Poder Ejecutivo Nacional la creación de un régimen diferencial impositivo y aduanero para Misiones, con el objetivo de corregir las asimetrías estructurales que enfrenta por su condición de frontera con Brasil y Paraguay.

No se trata de un planteo menor ni novedoso: es la reedición de un viejo reclamo misionero que reaparece en un nuevo contexto político y económico, marcado por la reforma fiscal que impulsa el presidente Javier Milei y por la necesidad urgente de sostener competitividad en una provincia que compite todos los días contra estructuras tributarias mucho más livianas del otro lado del puente.

Misiones tiene una singularidad económica que ningún otro distrito argentino presenta con la misma intensidad: el 91% de su perímetro limita con Paraguay y Brasil.

Eso significa competencia directa, cotidiana y feroz. Mientras en Encarnación o en Foz de Iguazú los precios encuentran alivio en menores cargas impositivas, menor presión regulatoria y ventajas cambiarias, del lado argentino el comercio, la industria y el consumo conviven con una estructura de costos considerablemente más pesada. El resultado es conocido: fuga de consumo, menor competitividad comercial, presión sobre la rentabilidad empresaria y dificultades para atraer inversiones.

Por eso, el planteo de Encuentro Misionero no apunta simplemente a una baja de impuestos, sino a la construcción de un régimen especial que reconozca esa condición geográfica excepcional. “El objetivo es impulsar un régimen diferencial, impositivo y aduanero para Misiones”, explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Pastori, al defender el proyecto.

La premisa es concreta: Misiones aporta mucho más de lo que recibe. La provincia genera el 31% de la recaudación del NEA, pero recibe apenas el 21% por coparticipación, una asimetría que desde hace años alimenta el reclamo político provincial.

El núcleo de la propuesta está en el Impuesto al Valor Agregado, el tributo con mayor incidencia inmediata sobre los precios.

La idea es que las ventas desde el resto del país hacia Misiones sean consideradas una “exportación suspensiva”. Traducido: un proveedor de Buenos Aires podría venderle a un comerciante misionero sin cargar IVA.

Eso implicaría una reducción directa en el costo de reposición y, en teoría, permitiría trasladar ese alivio a precios finales más bajos.

Las estimaciones que acompañan la propuesta proyectan bajas de entre 20% y 25% en determinados bienes de consumo. Un producto de 10.000 pesos podría reducirse a 7.900 pesos bajo ese esquema.

También se plantea alícuota cero o exención para servicios estratégicos como energía eléctrica, conectividad e internet, especialmente sensibles en una provincia sin gas natural y con altos costos logísticos.

No es un detalle técnico: es una discusión sobre competitividad estructural. El segundo eje es el Impuesto a las Ganancias.

La propuesta contempla bajar la alícuota corporativa del 35% al 15%, e incluso establecer períodos de tasa cero para determinados sectores o nuevas inversiones. La lógica es atraer capital.

Menor presión tributaria en la etapa inicial significa mayor posibilidad de reinversión, expansión de capacidad instalada y generación de empleo.

A eso se suma una herramienta clave: la amortización acelerada. Este mecanismo permitiría que industrias radicadas en Misiones puedan deducir inversiones en maquinaria, equipamiento o infraestructura en plazos mucho más cortos que los habituales.

En términos financieros, mejora flujo de caja y acelera procesos de modernización productiva.

La estimación es contundente: una baja de Ganancias podría liberar hasta 530.000 millones de pesos para reinversión productiva.

Otro punto sensible del planteo es la eliminación total del impuesto a los débitos y créditos bancarios para operaciones dentro de Misiones.

En una economía de frontera, donde la circulación de efectivo sigue siendo elevada y la informalidad tiene peso estructural, este tributo funciona como un desincentivo a la bancarización.

Eliminarlo implicaría no solo aliviar costos financieros, sino también incentivar mayor formalización económica.

Para sectores como yerba mate, té y madera, podría representar hasta un 10% de recuperación del margen neto.

El capítulo aduanero retoma directamente el espíritu de la Zona Aduanera Especial que había sido aprobada por el Congreso y luego vetada por el entonces presidente Alberto Fernández en 2022. Pero ahora el planteo es más amplio. Incluye importación sin aranceles de bienes de capital e insumos productivos, facilidades para reexportación y eliminación de retenciones para producciones misioneras como yerba mate, té y madera.

El dato político

Uno de los movimientos más significativos del debate fue el acompañamiento del bloque de La Libertad Avanza.

El espacio encabezado por Adrián Núñez no solo respaldó el proyecto, sino que además reconoció durante el tratamiento parlamentario que la presión fiscal de Misiones “se encuentra dentro de la media nacional”. Misiones está en la mitad de la tabla de la llamada presión fiscal, exactamente en el puesto 13.

La definición desarma uno de los argumentos más repetidos por sectores opositores que suelen responsabilizar exclusivamente a la carga tributaria provincial por la pérdida de competitividad.

El PRO no participó de la votación porque no integra la comisión legislativa, mientras que el diputado nacional Martín Arjol no tuvo intervención en el debate.

No se trata solo de pagar menos impuestos, sino de tener herramientas reales para competir en igualdad de condiciones con Paraguay y Brasil, sostener el mercado interno, atraer inversiones y evitar que la frontera funcione como una sangría permanente de consumo y capital.

El interrogante ahora es político: si el Gobierno nacional, que hizo de la baja de impuestos una bandera de campaña, estará dispuesto a aceptar un esquema diferencial para una provincia que reclama hace décadas ser tratada como lo que efectivamente es: una economía de frontera con necesidades extraordinarias.

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