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Misiones impulsa un Régimen Simplificado de Ingresos Brutos: cuota fija, menos trámites y alivio a pequeños contribuyentes

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La Cámara de Representantes de Misiones comenzará a analizar un proyecto de ley que busca transformar la relación tributaria de miles de pequeños contribuyentes con el fisco provincial. Se trata del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (RS-IIBB), una iniciativa orientada a monotributistas, pequeños comerciantes, profesionales independientes y emprendedores locales, con el objetivo de reducir carga administrativa, dar previsibilidad y facilitar la formalización.

La propuesta legislativa, impulsada por la diputada provincial Paula Franco, con la firma del presidente de la Legislatura, Sebastián Macías y del diputado Carlos Rovira, plantea un esquema de cuota fija mensual por categoría, alineado con el régimen simplificado nacional (Monotributo de ARCA), eliminando la complejidad de declaraciones mensuales variables y reemplazándolas por un sistema más simple, previsible y con menor costo operativo. Misiones se alineará así a regímenes simplificados como tienen otras provincias del país. “Es un tratamiento diferencial que era una deuda pendiente con el monotributista, que le haga ahorrar tiempo y tener menos gastos”, señalaron fuentes oficiales.

El proyecto aparece en un contexto en el que Misiones viene insistiendo en la necesidad de construir herramientas fiscales propias para sostener la competitividad frente a las asimetrías con Brasil y Paraguay, y al mismo tiempo aliviar la presión sobre el pequeño contribuyente local.

El artículo 1 del proyecto crea formalmente el régimen dentro del ámbito provincial, mientras que el artículo 2 establece su finalidad principal: simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto materiales como formales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, mediante el pago de una cuota fija mensual por categoría.

En concreto, quienes adhieran al régimen dejarán de liquidar Ingresos Brutos bajo el esquema tradicional y pasarán a abonar una suma mensual determinada según la categoría en la que se encuentren dentro del Monotributo nacional.

El texto establece además que esa cuota fija tendrá el carácter de anticipo íntegro de la obligación anual, integrada en doce pagos mensuales por ejercicio fiscal.

La autoridad de aplicación también definirá un vencimiento único mensual, lo que elimina superposiciones y reduce la dispersión administrativa que hoy enfrentan pequeños contribuyentes.

Según la presentación del proyecto impulsado por Encuentro Misionero, el valor de referencia parte desde 9.941 pesos para la categoría más baja, con una escala progresiva por categorías.

Podrán adherir al RS-IIBB las personas humanas y demás sujetos que:

  • revistan la condición de pequeños contribuyentes conforme al Monotributo nacional;
  • estén inscriptos como contribuyentes de Ingresos Brutos en Misiones;
  • desarrollen actividad exclusivamente dentro de la provincia.

Quedan excluidos quienes tributen bajo el Convenio Multilateral, es decir, aquellos contribuyentes con actividad en más de una jurisdicción.

También podrán ser excluidos quienes desarrollen actividades consideradas incompatibles por su naturaleza, riesgo fiscal o modalidad de comercialización, así como quienes registren sanciones o inconsistencias que justifiquen su salida del sistema.

En otras palabras, el régimen apunta especialmente a pequeños empresarios, comercios de cercanía; profesionales independientes; prestadores de servicios; emprendedores y monotributistas locales.

Uno de los principales argumentos del proyecto es que la simplificación tributaria no sólo reduce costos administrativos, sino que también mejora los niveles de formalización económica.

Cuanto más simple resulta cumplir, mayor incentivo existe para permanecer dentro del sistema formal.

Por eso, entre los objetivos declarados aparecen:

  • menor carga administrativa;
  • mayor previsibilidad financiera;
  • más formalización;
  • mayor desarrollo local;
  • impulso al empleo misionero;
  • fortalecimiento de la actividad productiva.

La propuesta también prevé mecanismos de control para evitar abusos. La autoridad de aplicación podrá establecer perfiles de riesgo fiscal, recategorizaciones, cruces de información y controles sistémicos para prevenir un uso indebido del régimen.

El proyecto define que la autoridad de aplicación será la actual Agencia Tributaria Misiones (ATM), que tendrá a su cargo la reglamentación y la implementación operativa del sistema.

Además, se invita a los municipios a celebrar convenios de colaboración e intercambio de información con la Provincia, con el objetivo de facilitar la formalización y mejorar el control sobre pequeños contribuyentes.

Este punto resulta estratégico: la coordinación entre Provincia y municipios puede convertirse en una herramienta clave para evitar superposiciones, reducir informalidad y mejorar la trazabilidad fiscal.

Más allá del aspecto técnico, el proyecto tiene una fuerte lectura política: Misiones vuelve a insistir en la construcción de herramientas tributarias adaptadas a su propia realidad económica.

La Provincia sostiene desde hace tiempo que las asimetrías de frontera, la competencia con Paraguay y Brasil, y la estructura productiva regional requieren respuestas específicas que no siempre encuentran eco en la política fiscal nacional.

En ese marco, el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos aparece como una pieza complementaria dentro de una estrategia más amplia: menos burocracia para el pequeño contribuyente, más previsibilidad para invertir y una señal de respaldo a la economía local.

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Diputados debaten la crisis PyME: “Si no tenemos consumo no podemos transformar nada”, advirtió Gerardo Díaz Beltrán

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En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, representantes de pequeñas y medianas empresas encendieron una señal de alerta sobre el estado real de la economía: caída sostenida del consumo, pérdida de capital de trabajo y presión impositiva creciente, especialmente a nivel provincial y municipal.

El reclamo, canalizado por la CAME, incluyó la exigencia de un “nuevo consenso fiscal” y la posibilidad de declarar la emergencia PyME. La pregunta que atraviesa el debate es política: ¿el Congreso tomará un rol activo frente a la crisis microeconómica o quedará subordinado al enfoque macro del Gobierno?

Consumo en retroceso y presión tributaria: el diagnóstico del sector

Durante la reunión conjunta de las comisiones de Pequeñas y Medianas Empresas y de Comercio, dirigentes empresariales describieron un escenario crítico. La caída del consumo aparece como el principal factor de estrangulamiento.

El 95% de las PyMEs viven del consumo interno. Podemos tener las mejores leyes, pero si no tenemos consumo no podemos transformar nada”, advirtió Gerardo Díaz Beltrán, representante de la Confederación Económica de Misiones. La definición no es menor: desplaza el eje del debate desde la normativa hacia la demanda, en un contexto donde la recuperación macroeconómica no logra traccionar ventas.

Desde la conducción de la CAME, también se puso el foco en el peso del sistema tributario. Vicente Lourenzo, de la comisión de Asuntos Tributarios, planteó la necesidad de una “reforma fiscal, tributaria y previsional” y apuntó directamente contra Ingresos Brutos, al que calificó como “muy regresivo y perjudicial para la actividad económica”.

El problema, según explicaron, no es solo la carga impositiva, sino el mecanismo de recaudación. Las retenciones y percepciones anticipadas —a través de tarjetas o plataformas— impactan directamente sobre el capital de trabajo. “Nos sacan antes de que se devengue el impuesto”, sintetizó Lourenzo.

Gerardo Díaz Beltrán, de la Confederación Económica de Misiones

Tensiones federales: provincias, municipios y “aduanas internas”

El debate dejó expuesta una tensión estructural del esquema fiscal argentino: la relación entre Nación, provincias y municipios.

Desde el sector empresario denunciaron que varias jurisdicciones están profundizando mecanismos que afectan la circulación de mercadería. “Hay provincias que están generando aduanas internas”, señalaron, en referencia a pagos anticipados de Ingresos Brutos para permitir el ingreso de productos.

En paralelo, cuestionaron el crecimiento de tasas municipales que, según indicaron, no guardan relación con servicios prestados. Este punto abre un frente político sensible: la presión fiscal subnacional aparece como un límite para cualquier intento de reactivación desde el consumo.

El Congreso como árbitro: entre la emergencia y la reforma

El plenario no solo funcionó como diagnóstico, sino también como plataforma de presión política. Los empresarios pidieron avanzar en una declaración de emergencia PyME a nivel nacional, en línea con lo que ya ocurre en Santa Cruz, donde se registran ocho meses consecutivos de caída del consumo.

Además, surgieron cuestionamientos al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). Según expusieron, el esquema actual deja afuera a un segmento significativo de empresas. El pedido es concreto: ampliar su alcance y extender la estabilidad de beneficios, actualmente de 2 años, a un plazo mayor.

En el plano legislativo, se evidenció una diferencia de enfoque. Desde sectores de la oposición se planteó la necesidad de avanzar en una ley que atienda la crisis del sector, mientras que desde el oficialismo se defendió la prioridad de estabilizar la macroeconomía y controlar la inflación.

Entre la macro y la economía real

El debate expone una fractura clásica pero vigente: el desfasaje entre indicadores macroeconómicos y la realidad de las empresas. Mientras algunos legisladores destacan señales de estabilización, el entramado PyME advierte sobre cierres, pérdida de rentabilidad y caída de ventas.

El dato aportado en el plenario —24.180 empresas cerradas desde diciembre de 2023— refuerza esa tensión y eleva el costo político de la inacción.

En ese contexto, el Congreso aparece como un espacio de negociación clave. La propuesta de conformar una mesa de trabajo con CAME sugiere un intento de institucionalizar el diálogo, aunque sin garantías de resultados inmediatos.

Pablo Farías, presidente de la Comisión de PyMEs

Consumo, impuestos y gobernabilidad económica

Lo que dejó el plenario es menos una resolución que una advertencia. El reclamo PyME articula variables económicas y políticas: consumo deprimido, presión fiscal y falta de previsibilidad.

En las próximas semanas, el foco estará en dos frentes. Por un lado, si el Congreso logra avanzar en herramientas concretas —emergencia, reforma o alivio fiscal—. Por otro, cómo evoluciona la relación entre Nación y provincias en materia tributaria.

El trasfondo es más amplio: la sostenibilidad del modelo económico en su dimensión micro. Porque, como plantearon los empresarios, sin consumo no hay crecimiento que se sostenga en el tiempo. Y ese punto, más que técnico, empieza a convertirse en un problema político.

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La Corte declaró inconstitucional el cobro de Ingresos Brutos de Corrientes por discriminar el comercio interprovincial

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió hacer lugar a la demanda de Bunge Argentina S.A. contra la provincia de Corrientes y declaró inconstitucional un esquema de alícuotas diferenciales en el impuesto sobre los Ingresos Brutos. La decisión se formalizó en el expediente “Bunge Argentina S.A. c/ Corrientes, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, donde el máximo tribunal consideró que la normativa provincial generaba un trato discriminatorio según la localización de los establecimientos productivos.

El caso se originó a partir del reclamo de la empresa, que cuestionó la aplicación de una alícuota más elevada para actividades desarrolladas fuera del territorio correntino. Según consta en el fallo, esa diferenciación implicaba una carga tributaria más gravosa respecto de contribuyentes con instalaciones radicadas en la provincia.

Límites constitucionales al poder tributario provincial

La Corte analizó el esquema a la luz de la Constitución Nacional y de precedentes propios en materia de comercio interjurisdiccional. En ese sentido, concluyó que la normativa correntina afectaba el principio de igualdad y alteraba el flujo natural del comercio entre provincias.

El tribunal sostuvo que la aplicación de una alícuota del 2,90% a la firma demandante, en contraste con tasas menores para actores locales, configuraba una restricción indirecta al comercio interprovincial. En términos jurídicos, calificó este mecanismo como una “aduana interior”, figura expresamente prohibida por la Constitución.

Además, el fallo remite a antecedentes similares donde se analizaron esquemas tributarios provinciales que diferenciaban cargas en función del origen de la producción, consolidando una línea jurisprudencial en ese sentido.

Fin de las alícuotas diferenciales por radicación

La resolución declara la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 6° de la ley tarifaria 6249 de Corrientes, invalidando el criterio que permitía aplicar tasas más altas a contribuyentes sin establecimientos productivos en la provincia.

En términos operativos, esto implica que la empresa demandante deberá tributar bajo condiciones equivalentes a las de actores locales que desarrollan la misma actividad, independientemente de dónde se encuentren sus plantas industriales.

El planteo de la firma se apoyaba en su condición de contribuyente del Convenio Multilateral, esquema que distribuye la base imponible entre distintas jurisdicciones según actividad e ingresos.

Tensión entre autonomía fiscal y mercado interno

El fallo vuelve a poner en tensión dos dimensiones clave del federalismo argentino: la autonomía tributaria de las provincias y la necesidad de preservar un mercado interno sin distorsiones.

Por un lado, limita la capacidad de los gobiernos provinciales de diseñar políticas fiscales diferenciadas para promover la producción local. Por otro, refuerza el principio de libre circulación de bienes y servicios entre jurisdicciones.

En este escenario, el pronunciamiento fortalece a los actores económicos con operaciones interprovinciales, que encuentran respaldo judicial frente a esquemas que encarecen su actividad según localización.

Señales para empresas y fiscos provinciales

La decisión puede tener implicancias más amplias en la estructura tributaria subnacional. Si bien el fallo se circunscribe a un caso concreto, se inscribe en una doctrina que cuestiona las asimetrías fiscales internas.

Para las empresas, representa una señal de previsibilidad en materia de cargas impositivas, particularmente para aquellas con operaciones distribuidas en múltiples provincias.

Para los fiscos provinciales, en cambio, plantea un límite a estrategias de diferenciación tributaria orientadas a incentivar radicación industrial o proteger economías locales.

FALLO CSJ 1480_2017 by CristianMilciades

Ley 6249 provincia de Corrientes by CristianMilciades

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La Corte declara inconstitucionales alícuotas diferenciales y limita impuestos provinciales por origen productivo

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el 9 de abril de 2026 una serie de fallos en los que declaró la inconstitucionalidad de regímenes provinciales del impuesto sobre los Ingresos Brutos que aplicaban alícuotas más elevadas a empresas sin radicación productiva local. Las decisiones alcanzan a las provincias de Jujuy, Santa Fe y Entre Ríos, y consolidan un criterio: no pueden establecerse diferencias tributarias basadas en el origen geográfico de la producción.

El tribunal hizo lugar a demandas de distintas firmas —entre ellas Sodecar S.A., Rieles y Cosas S.A., Pernod Ricard Argentina S.R.L. y Biofarma S.A.— al considerar que las normas cuestionadas afectaban el principio de igualdad y obstaculizaban el comercio entre provincias, en tensión con la Constitución Nacional.

Límites a la potestad tributaria provincial

Los fallos se inscriben en la competencia originaria del tribunal, al tratarse de litigios entre empresas y Estados provinciales. En todos los casos, la Corte entendió que existía una controversia concreta, derivada de reclamos fiscales efectivos por parte de las administraciones tributarias locales.

El punto central fue la evaluación de leyes y normas que fijaban alícuotas más altas del impuesto sobre los Ingresos Brutos para contribuyentes cuya producción se realizaba fuera del territorio provincial. Según el tribunal, este esquema implicaba una discriminación incompatible con el principio de igualdad ante la ley y con la prohibición de establecer “aduanas interiores”.

En esa línea, los jueces retomaron precedentes previos y señalaron que este tipo de regulaciones altera la “corriente natural del comercio” entre jurisdicciones, afectando el funcionamiento del mercado interno.

Qué cambia: se invalida el criterio de localización productiva

Las sentencias avanzan sobre un punto específico: la imposibilidad de gravar de manera diferencial a empresas en función de dónde producen sus bienes.

En el caso de Jujuy, se cuestionaron leyes que imponían una alícuota más alta a actividades industriales realizadas fuera de la provincia. En Santa Fe, el foco estuvo en normas que aplicaban cargas superiores a firmas sin establecimiento local. En Entre Ríos, el esquema incluía incrementos progresivos de alícuotas para empresas sin radicación en el territorio provincial.

En todos los casos, la Corte concluyó que el criterio de localización productiva como base para diferenciar la carga tributaria resulta inconstitucional.

Tensión entre recaudación y reglas federales

Los fallos introducen un límite claro a las estrategias fiscales provinciales orientadas a incentivar la radicación industrial mediante beneficios impositivos o penalizaciones indirectas.

Desde una lectura institucional, la decisión refuerza el principio de mercado interno sin barreras, pero al mismo tiempo condiciona herramientas que las provincias utilizan para atraer inversiones o proteger su base productiva.

El tribunal no cuestiona la potestad tributaria en sí, pero sí su uso cuando deriva en esquemas discriminatorios. Esto reordena el equilibrio entre autonomía fiscal provincial y reglas federales de competencia.

Costos, competitividad y litigios

Aunque los fallos refieren a períodos fiscales específicos, el criterio puede tener efectos más amplios. Para las empresas, implica una reducción de incertidumbre respecto a la carga impositiva en operaciones interjurisdiccionales.

También puede impactar en la estructura de costos, especialmente en sectores industriales con operaciones distribuidas en distintas provincias. Al eliminar diferencias por localización, se tiende a homogeneizar condiciones tributarias.

Para las provincias, el escenario abre interrogantes sobre la sostenibilidad de esquemas de recaudación que dependen de este tipo de segmentaciones, y podría derivar en nuevos reclamos judiciales.

Los fallos

Fallo Csj 28_2017 Biofarma S.A. c/ Entre Ríos by CristianMilciades

FALLO CSJ 2313_2018 Pernod Ricard Argentina S.R.L. c/ Santa Fe by CristianMilciades

FALLO CSJ 1849_2016 Sodecar S.A. c/ Jujuy by CristianMilciades

FALLO CSJ 1876_2017 Rieles y Cosas S.A. c/ Santa Fe by CristianMilciades

Implicancias para el NEA y economías periféricas

Si bien los casos analizados no se originan en Misiones, el criterio fijado por la Corte tiene potencial impacto en toda la región del NEA, donde las políticas fiscales suelen incluir incentivos para atraer inversiones industriales.

De acuerdo con lo establecido en los fallos, cualquier esquema que penalice a empresas por no radicarse localmente podría quedar bajo cuestionamiento. Esto obliga a revisar instrumentos de promoción que utilicen la vía tributaria como mecanismo de diferenciación.

Revisión normativa y nuevas disputas

Las decisiones del máximo tribunal no clausuran el debate. Por el contrario, abren una etapa de revisión de normativas provinciales y de eventuales adecuaciones legislativas.

Entre las variables a observar aparecen posibles cambios en los códigos fiscales, el comportamiento de las administraciones tributarias y la reacción de los sectores productivos ante este nuevo marco.

También queda abierto el impacto fiscal concreto en cada provincia y la eventual proliferación de litigios similares en otras jurisdicciones.

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Misiones Productiva: presión del sector para cambiar reglas y reorientar la matriz económica

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El encuentro bautizado “Misiones Productiva”, realizado este miércoles 25 de marzo a las 17 en el Hotel Julio César de Posadas, reunió a dirigentes de la oposición, identificados con Cambiemos y aliados al Gobierno nacional con empresarios forestales y ganaderos que insisten en cambiar la matriz productiva y pagar menos impuestos.

El evento organizado por los empresarios Alfredo Gruber, Gabriel Montiel y el diputado Miguel Núñez. Entre el público estaban referentes empresarios del sector forestal, yerbatero y ganadero. Productores de diferentes sectores de la provincia y legisladores del sector opositor como Cristian Castro del PAyS, Martín Arjol, del partido Libertario, Santiago Koch de la UCR, Elvani Goring del PAyS, Ramón Amarilla del partido Algo Nuevo por la Dignidad de los Trabajadores, Rosa Kurtz de la UCR. Además, estaban referentes del radicalismo Gustavo González, Ariel Pianesi, Walter Molina y del PRO, Jerónimo Lagier.

El planteo central giró en torno a las condiciones estructurales que enfrenta el sector productivo misionero. Desde la organización, se insistió en que las reglas actuales resultan “inciertas” y sin un direccionamiento claro, lo que desalienta inversiones de largo plazo, como la compra de maquinaria o la ampliación de escala.

En ese marco, se cuestionaron regulaciones específicas —como la quema programada— y se puso en debate la orientación de políticas públicas que, según se expuso, terminan condicionando la capacidad productiva. La crítica no se limitó a una medida puntual: se planteó una revisión integral del esquema normativo de Nación.

El diagnóstico incluyó además una propuesta concreta en el plano institucional: avanzar con un proyecto legislativo para que la provincia adopte como referencia las habilitaciones y prohibiciones del organismo sanitario nacional, en un intento por alinear criterios y reducir superposiciones regulatorias.

A la par, se introdujo un cambio de enfoque en la política productiva. La consigna fue directa: producir lo que se consume. Se mencionaron ejemplos concretos de productos que hoy llegan desde otras provincias —harina, carne, maíz— y que, según se planteó, podrían generarse localmente. La idea de diversificación productiva apareció así como alternativa a la dependencia de actividades tradicionales.

Empresarios en alerta: costos, crédito y mercado en tensión

El sector empresario reforzó el diagnóstico con una mirada operativa. La falta de acceso al crédito, la presión impositiva y la superposición de normativas fueron señaladas como los principales obstáculos para sostener la actividad.

Desde el ámbito forestal, se advirtió que el financiamiento en la provincia resulta más caro tanto para quien toma como para quien otorga crédito, en parte por las alícuotas vigentes. Esa estructura encarece la inversión y limita la expansión productiva. A eso se suma la carga administrativa: registros, controles y trámites que, según se expuso, “no generan beneficios concretos y sí costos operativos”.

En paralelo, se describió un escenario económico complejo. La actividad muestra señales de estancamiento, con caída de la demanda tanto en el mercado interno como en el externo. La falta de obra pública y la inestabilidad global —con impactos en comercio exterior y precios— agravan el cuadro.

A ese contexto se suma un factor emergente: el aumento de los combustibles, vinculado a tensiones internacionales, que ya empieza a ser percibido como un nuevo vector de presión sobre costos e inflación.

Correlación de fuerzas: presión sectorial y desafío político

El tono del encuentro dejó en evidencia un reacomodamiento en la relación entre el sector productivo y la política. Los empresarios no sólo plantearon demandas económicas, sino que también interpelaron directamente a los decisores públicos.

El reclamo por una baja de impuestos —en los tres niveles del Estado— aparece como un punto de coincidencia transversal. Sin embargo, también se reconoció la dificultad fiscal para avanzar en esa dirección, lo que introduce una tensión estructural: la necesidad de aliviar costos sin desfinanciar al Estado.

En ese escenario, el sector productivo busca ganar centralidad en la agenda política. La convocatoria a que los productores “sean protagonistas” del cambio y la referencia al rol de los legisladores como responsables de definir políticas públicas marcan una intención de incidir directamente en el diseño institucional.

Al mismo tiempo, el modelo comparativo con regiones vecinas de Brasil —particularmente en materia de financiamiento y productividad— opera como presión adicional sobre las autoridades locales.

Escenario abierto: entre la expectativa y la incertidumbre

El encuentro dejó planteado un punto de inflexión, aunque sin certezas sobre su traducción concreta en políticas públicas. La iniciativa de llevar propuestas al ámbito legislativo abre un canal institucional, pero el margen de acción dependerá de la capacidad de articular consensos y de las restricciones fiscales.

En paralelo, el contexto macroeconómico y global introduce un factor de incertidumbre que condiciona cualquier estrategia de mediano plazo. La falta de definiciones claras sobre el rumbo económico, sumada a la volatilidad externa, frena decisiones de inversión.

La discusión de fondo —qué producir, cómo y bajo qué reglas— quedó instalada. Lo que resta observar es si ese debate se transforma en reformas concretas o si queda absorbido por la dinámica política y económica que todavía no termina de estabilizarse.

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