impuestos provinciales

AFoAMi respaldó la eliminación del pago anticipado de Ingresos Brutos y pidió avanzar hacia una reforma tributaria integral

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La Asociación Forestal y Ambiental de Misiones (AFoAMi) respaldó la decisión del Gobierno provincial de suspender, desde el 1° de julio, el régimen de pago a cuenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en los puestos de control fiscal sobre rutas, al considerar que la medida representa un avance concreto para mejorar la competitividad de las empresas misioneras y aliviar una de las principales cargas financieras que enfrentaba el sector productivo.

La entidad sostuvo que la eliminación de este mecanismo constituye una señal positiva para la actividad económica, aunque planteó que el desafío de fondo pasa por consolidar una política tributaria más previsible y extender progresivamente este tipo de beneficios a la totalidad de las pequeñas y medianas empresas de la provincia.

Desde AFoAMi remarcaron que la previsibilidad, la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas fiscales son factores determinantes para atraer inversiones y fortalecer el entramado productivo. En ese sentido, advirtieron que las empresas necesitan contar con marcos impositivos estables para planificar proyectos de largo plazo, fortalecer su capital de trabajo, ampliar su capacidad productiva y generar empleo.

La posición de la entidad forestal se inscribe en un debate más amplio sobre la competitividad de Misiones, una provincia que históricamente sostiene que enfrenta desventajas estructurales derivadas del régimen de coparticipación federal y de su condición de provincia fronteriza. Según AFoAMi, estas asimetrías reducen la capacidad competitiva de las empresas locales frente a otras jurisdicciones y justifican la necesidad de avanzar en reformas tanto a nivel provincial como nacional.

Por esa razón, la asociación también reclamó la intervención de los legisladores nacionales por Misiones para impulsar modificaciones que permitan corregir esas diferencias y mejorar las condiciones de desarrollo económico de la provincia.

Al mismo tiempo, la entidad planteó la necesidad de revisar los mecanismos de recaudación tributaria que obligan a las empresas a anticipar impuestos antes de concretar sus operaciones comerciales. Desde su perspectiva, este tipo de esquemas inmoviliza recursos financieros que podrían destinarse a inversión, compra de insumos, ampliación de la producción o generación de nuevos puestos de trabajo.

“La recaudación no debería afectar el capital de trabajo de las empresas”, sintetiza el planteo institucional, que propone evolucionar hacia un sistema tributario orientado a incentivar la actividad privada en lugar de restringir la liquidez empresarial.

El pronunciamiento cobra relevancia en un contexto donde distintas cámaras empresarias vienen planteando la necesidad de reducir el denominado “costo argentino”, una agenda que incluye la revisión de tributos nacionales, provinciales y municipales para recuperar competitividad frente a otros mercados.

Para AFoAMi, la suspensión del pago anticipado de Ingresos Brutos puede convertirse en el punto de partida de una transformación más profunda del esquema tributario provincial. En ese sentido, la entidad manifestó su disposición a acompañar todas las iniciativas que favorezcan una provincia “más competitiva, con mayor producción, más inversiones y más oportunidades para el desarrollo sostenible”

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La UIA reclama un pacto fiscal federal para bajar impuestos y recuperar competitividad

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La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a poner el foco sobre uno de los principales reclamos históricos del sector productivo: la reducción de la carga tributaria. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, propuso avanzar en un “pacto fiscal federal industrial” que involucre a la Nación, las provincias y los municipios con el objetivo de reducir impuestos en los tres niveles del Estado y aliviar el denominado “costo argentino”.

La propuesta llega en un momento en el que el Gobierno nacional impulsa desregulaciones y apertura económica, mientras buena parte de la industria advierte que enfrenta una competencia cada vez más intensa sin una reducción equivalente de los costos internos. Para la UIA, la presión fiscal sigue siendo el principal factor que explica los elevados precios domésticos y la pérdida de competitividad frente a otros países.

“Seguimos liderando la presión fiscal a nivel global, somos los Messi de la presión fiscal”, afirmó Rappallini al exponer un informe de la entidad que compara la carga tributaria argentina con la de las 30 economías más importantes del mundo. Según el dirigente, el problema no se limita a los impuestos nacionales, sino que se agrava por la superposición de tributos provinciales y tasas municipales que terminan impactando sobre toda la estructura de costos.

La industria apunta contra el “costo argentino”

El diagnóstico de la UIA sostiene que durante las últimas tres décadas la política económica se apoyó más en aumentar impuestos que en expandir la economía formal. El resultado, según la entidad, fue un menor crecimiento del Producto Interno Bruto y una expansión de la informalidad, que hoy rondaría el 40% de la actividad.

Rappallini advirtió que la elevada presión tributaria genera un sistema “perverso” en el que cada vez más actores encuentran incentivos para operar fuera del circuito formal. En ese marco, la UIA plantea revisar tributos como el impuesto al cheque, Bienes Personales, Ingresos Brutos, sellos y los derechos de exportación.

La entidad reconoce, sin embargo, que las provincias enfrentan dificultades para resignar recaudación en un contexto de desaceleración del consumo y caída de ingresos fiscales. Por eso propone avanzar gradualmente, comenzando por los sectores con mayor carga impositiva y mayor exposición a la competencia internacional.

RIGI sí, pero también para la industria tradicional

Otro de los ejes del planteo industrial apunta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La UIA comparte la idea de ofrecer condiciones tributarias competitivas para atraer capitales, pero reclama que esos beneficios no se limiten únicamente a nuevos proyectos de gran escala.

“La industria tradicional también necesita reglas similares”, sostuvo Rappallini, al mencionar sectores como acero, automotriz, aluminio, plásticos y manufacturas que compiten directamente con productos importados.

El planteo refleja una preocupación creciente dentro del entramado fabril: mientras algunos sectores vinculados a energía, minería o infraestructura pueden acceder a regímenes especiales, gran parte de la industria manufacturera continúa operando con una estructura tributaria y financiera que considera más pesada que la de sus competidores externos.

Competencia china, plataformas digitales y consumo en baja

La UIA también alertó sobre la competencia desleal proveniente del exterior, particularmente desde China. Según Rappallini, ese país concentra alrededor del 55% del mercado global de acero, aluminio y plásticos y posee una capacidad productiva que podría derivar en posiciones dominantes si no hay respuestas coordinadas.

Además, denunció problemas de contrabando, subfacturación y dumping en rubros como calzado, celulares y cerveza, junto con la expansión de plataformas digitales que venden productos sin afrontar la misma carga impositiva que las empresas radicadas en el país.

En paralelo, el dirigente reconoció que el mercado interno sigue mostrando señales de debilidad, especialmente en construcción, textil y calzado. El objetivo de mínima para la industria, señaló, es recuperar los niveles de actividad de 2022 y evitar que la transición económica derive en cierres de empresas y pérdida de capacidades productivas.

El planteo de la UIA reabre un debate central para la economía argentina: cómo reducir impuestos sin desfinanciar a provincias y municipios que dependen en gran medida de tributos como Ingresos Brutos y tasas locales.

En la práctica, un eventual “pacto fiscal federal” implicaría una negociación política compleja entre la Casa Rosada, los gobernadores y los intendentes, en un contexto donde la prioridad oficial sigue siendo el equilibrio fiscal. La industria, sin embargo, sostiene que sin una reducción significativa del costo tributario será difícil consolidar inversiones, generar empleo y competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo.

“No estamos pidiendo protección, sino igualdad de condiciones”, resumió Rappallini, dejando en claro que el reclamo industrial ya no pasa solo por aranceles o barreras comerciales, sino por una reforma integral del esquema impositivo argentino.

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Misiones ratificó la baja de intereses fiscales y busca acelerar la regularización de deudas tributarias

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Misiones formalizó la ratificación de una de las medidas tributarias más relevantes del año. A través de la Resolución N° 433 del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, firmada por el ministro Adolfo Safrán, se confirmó la vigencia de la Resolución General N° 08/2026 de la entonces Dirección General de Rentas, hoy Agencia Tributaria Misiones (ATM), que redujo las tasas de interés aplicables a las deudas fiscales provinciales.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial, no introduce cambios adicionales sino que otorga respaldo institucional y jurídico a una decisión adoptada previamente por el organismo recaudador en el marco de las facultades delegadas por la Legislatura provincial.

Según se desprende de los fundamentos de la norma, la adecuación de las tasas de interés busca “promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales” y, al mismo tiempo, “desalentar conductas dilatorias que impliquen la necesidad de recurrir a la instancia judicial”.

La medida se inscribe en un contexto económico complejo, caracterizado por la caída de la actividad, la reducción del consumo y las dificultades financieras que enfrentan empresas y contribuyentes en todo el país.

Menor costo para regularizar deudas

La modificación impulsada por la ATM estableció una reducción de las tasas de interés aplicadas a las obligaciones tributarias impagas. De acuerdo con la información oficial difundida por el Gobierno provincial cuando se anunció la medida, la tasa quedó fijada en el 2,5% mensual, representando una disminución cercana al 40% respecto de los valores vigentes anteriormente.

El objetivo es generar condiciones más favorables para que contribuyentes particulares, comercios, profesionales y empresas puedan regularizar su situación fiscal sin afrontar costos financieros excesivos.

En términos prácticos, la reducción impacta sobre deudas vinculadas a los principales tributos provinciales administrados por la ATM, entre ellos Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Patente.

Una estrategia para mejorar la cobrabilidad

Desde la óptica fiscal, la decisión responde a una lógica cada vez más utilizada por las administraciones tributarias: reducir el costo de financiamiento de las deudas para incrementar los niveles de cumplimiento y recuperar recursos que, bajo esquemas de intereses más elevados, terminan siendo difíciles de cobrar.

La propia resolución sostiene que la medida se encuentra orientada a favorecer el cumplimiento espontáneo de las obligaciones tributarias y disminuir la litigiosidad.

La ratificación ministerial también deja en claro el esquema institucional bajo el cual opera la Agencia Tributaria Misiones. El texto recuerda que el artículo 10 del Código Fiscal establece que la administración, percepción y fiscalización de los tributos provinciales se desarrolla bajo la superintendencia general del Ministerio de Hacienda.

A su vez, el artículo 16 de la Ley VII N° 107 faculta al Poder Ejecutivo, a través de Hacienda, a modificar alícuotas, tributos y regímenes vinculados a pagos a cuenta, percepciones, retenciones, bonificaciones, exenciones y mecanismos de recaudación.

Señal de alivio fiscal

La decisión se suma a otras medidas adoptadas durante el año por la Provincia para aliviar la carga financiera sobre contribuyentes y sectores productivos.

En un escenario donde las economías regionales enfrentan dificultades derivadas de la caída del mercado interno y el encarecimiento del crédito, la reducción de intereses busca convertirse en una herramienta de incentivo para que empresas y particulares regularicen obligaciones pendientes sin comprometer aún más su flujo de fondos.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la combinación de incentivos fiscales y herramientas de financiamiento resulta clave para sostener la actividad económica y preservar la capacidad de recaudación sin aumentar la presión tributaria.

Con la Resolución 433, la Provincia termina de consolidar ese esquema, ratificando formalmente una medida que apunta a equilibrar dos objetivos: facilitar la regularización de deudas y fortalecer los ingresos fiscales en un contexto económico todavía desafiante.

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CAME rechazó la reforma tributaria sugerida por el FMI y pidió un nuevo Consenso Fiscal

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) rechazó las recomendaciones tributarias formuladas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina y advirtió que las propuestas apuntan a aumentar la carga sobre trabajadores, pequeños contribuyentes y consumidores, sin resolver los problemas estructurales que afectan la competitividad del sector productivo.

El organismo internacional planteó ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores en relación de dependencia, extender el alcance del IVA sobre bienes y servicios actualmente exentos y reformar el régimen del Monotributo elevando sus categorías.

Para CAME, estas iniciativas tienen un efecto regresivo porque reducen el ingreso disponible de las familias, encarecen la formalidad y afectan el consumo interno, uno de los principales motores de la actividad económica.

“La discusión tributaria está enfocada en el lugar equivocado”, señalaron desde la entidad empresaria, al sostener que el principal problema fiscal para las pymes no se encuentra en los impuestos nacionales sino en la estructura tributaria provincial y municipal.

El foco de la crítica: Ingresos Brutos y las tasas municipales

Según el análisis de CAME, el verdadero obstáculo para la inversión, la producción y la generación de empleo formal es la acumulación de impuestos subnacionales, especialmente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) y diversas tasas municipales.

La entidad explicó que estos tributos se aplican sobre la facturación y no sobre la rentabilidad, por lo que impactan incluso sobre empresas que registran márgenes reducidos o pérdidas.

Además, advirtió que el denominado “efecto cascada” de Ingresos Brutos incrementa los costos en cada etapa de la cadena productiva y termina trasladándose a precios, afectando tanto a empresas como a consumidores.

Otro de los puntos cuestionados es el sistema de retenciones y percepciones provinciales, que genera saldos a favor difíciles de recuperar y obliga a las empresas a financiar involuntariamente a los fiscos locales.

Un préstamo forzoso al Estado

CAME sostiene que las retenciones anticipadas aplicadas por las provincias suelen superar el impuesto efectivamente adeudado por los contribuyentes.

Qué propone el FMI para Argentina

  • Ampliar la base del Impuesto a las Ganancias para trabajadores.
  • Extender el IVA a bienes y servicios actualmente exentos.
  • Modificar el régimen de Monotributo elevando categorías.
  • Incrementar la recaudación tributaria de manera permanente.

Como consecuencia, miles de empresas acumulan créditos fiscales que pueden tardar años en recuperarse, perdiendo valor por efecto de la inflación.

La entidad remarcó que este mecanismo afecta especialmente al capital de trabajo de las pymes y funciona, en la práctica, como un financiamiento sin costo para los gobiernos provinciales.

La propuesta: un Nuevo Consenso Fiscal

Frente a este escenario, CAME propuso convocar a un Nuevo Consenso Fiscal entre Nación, provincias y municipios para avanzar en una reforma integral del sistema tributario subnacional.

El objetivo sería armonizar criterios, transparentar los regímenes de recaudación y reducir las distorsiones que afectan la competitividad empresarial.

La entidad considera que el acuerdo debería incluir una transformación gradual de Ingresos Brutos para eliminar su aplicación en las etapas intermedias de producción y concentrar la tributación en la venta final al consumidor, siguiendo una lógica similar a la del IVA.

Asimismo, plantea establecer reglas uniformes para las devoluciones de saldos a favor, limitar las retenciones excesivas y fortalecer la coordinación entre jurisdicciones.

Las 6 bases del Nuevo Consenso Fiscal que propone CAME

  1. Armonizar criterios tributarios entre provincias.
  2. Limitar retenciones y percepciones excesivas.
  3. Agilizar la devolución de saldos a favor.
  4. Transparentar tasas municipales.
  5. Reducir el efecto cascada de Ingresos Brutos.
  6. Fortalecer la coordinación fiscal entre jurisdicciones.

Desde CAME sostienen que aumentar la carga sobre salarios y consumo no resolverá los problemas estructurales de la economía argentina.

Por el contrario, afirman que una mayor presión tributaria sobre trabajadores y pequeños contribuyentes podría afectar la demanda interna, desalentar la formalización y reducir la actividad económica.

“La competitividad no se recupera aumentando impuestos sobre quienes producen, trabajan y consumen, sino eliminando los tributos distorsivos que encarecen la inversión y la generación de empleo”, concluyó la entidad.

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Misiones impulsa un Régimen Simplificado de Ingresos Brutos: cuota fija, menos trámites y alivio a pequeños contribuyentes

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La Cámara de Representantes de Misiones comenzará a analizar un proyecto de ley que busca transformar la relación tributaria de miles de pequeños contribuyentes con el fisco provincial. Se trata del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (RS-IIBB), una iniciativa orientada a monotributistas, pequeños comerciantes, profesionales independientes y emprendedores locales, con el objetivo de reducir carga administrativa, dar previsibilidad y facilitar la formalización.

La propuesta legislativa, impulsada por la diputada provincial Paula Franco, con la firma del presidente de la Legislatura, Sebastián Macías y del diputado Carlos Rovira, plantea un esquema de cuota fija mensual por categoría, alineado con el régimen simplificado nacional (Monotributo de ARCA), eliminando la complejidad de declaraciones mensuales variables y reemplazándolas por un sistema más simple, previsible y con menor costo operativo. Misiones se alineará así a regímenes simplificados como tienen otras provincias del país. “Es un tratamiento diferencial que era una deuda pendiente con el monotributista, que le haga ahorrar tiempo y tener menos gastos”, señalaron fuentes oficiales.

El proyecto aparece en un contexto en el que Misiones viene insistiendo en la necesidad de construir herramientas fiscales propias para sostener la competitividad frente a las asimetrías con Brasil y Paraguay, y al mismo tiempo aliviar la presión sobre el pequeño contribuyente local.

El artículo 1 del proyecto crea formalmente el régimen dentro del ámbito provincial, mientras que el artículo 2 establece su finalidad principal: simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales tanto materiales como formales del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, mediante el pago de una cuota fija mensual por categoría.

En concreto, quienes adhieran al régimen dejarán de liquidar Ingresos Brutos bajo el esquema tradicional y pasarán a abonar una suma mensual determinada según la categoría en la que se encuentren dentro del Monotributo nacional.

El texto establece además que esa cuota fija tendrá el carácter de anticipo íntegro de la obligación anual, integrada en doce pagos mensuales por ejercicio fiscal.

La autoridad de aplicación también definirá un vencimiento único mensual, lo que elimina superposiciones y reduce la dispersión administrativa que hoy enfrentan pequeños contribuyentes.

Según la presentación del proyecto impulsado por Encuentro Misionero, el valor de referencia parte desde 9.941 pesos para la categoría más baja, con una escala progresiva por categorías.

Podrán adherir al RS-IIBB las personas humanas y demás sujetos que:

  • revistan la condición de pequeños contribuyentes conforme al Monotributo nacional;
  • estén inscriptos como contribuyentes de Ingresos Brutos en Misiones;
  • desarrollen actividad exclusivamente dentro de la provincia.

Quedan excluidos quienes tributen bajo el Convenio Multilateral, es decir, aquellos contribuyentes con actividad en más de una jurisdicción.

También podrán ser excluidos quienes desarrollen actividades consideradas incompatibles por su naturaleza, riesgo fiscal o modalidad de comercialización, así como quienes registren sanciones o inconsistencias que justifiquen su salida del sistema.

En otras palabras, el régimen apunta especialmente a pequeños empresarios, comercios de cercanía; profesionales independientes; prestadores de servicios; emprendedores y monotributistas locales.

Uno de los principales argumentos del proyecto es que la simplificación tributaria no sólo reduce costos administrativos, sino que también mejora los niveles de formalización económica.

Cuanto más simple resulta cumplir, mayor incentivo existe para permanecer dentro del sistema formal.

Por eso, entre los objetivos declarados aparecen:

  • menor carga administrativa;
  • mayor previsibilidad financiera;
  • más formalización;
  • mayor desarrollo local;
  • impulso al empleo misionero;
  • fortalecimiento de la actividad productiva.

La propuesta también prevé mecanismos de control para evitar abusos. La autoridad de aplicación podrá establecer perfiles de riesgo fiscal, recategorizaciones, cruces de información y controles sistémicos para prevenir un uso indebido del régimen.

El proyecto define que la autoridad de aplicación será la actual Agencia Tributaria Misiones (ATM), que tendrá a su cargo la reglamentación y la implementación operativa del sistema.

Además, se invita a los municipios a celebrar convenios de colaboración e intercambio de información con la Provincia, con el objetivo de facilitar la formalización y mejorar el control sobre pequeños contribuyentes.

Este punto resulta estratégico: la coordinación entre Provincia y municipios puede convertirse en una herramienta clave para evitar superposiciones, reducir informalidad y mejorar la trazabilidad fiscal.

Más allá del aspecto técnico, el proyecto tiene una fuerte lectura política: Misiones vuelve a insistir en la construcción de herramientas tributarias adaptadas a su propia realidad económica.

La Provincia sostiene desde hace tiempo que las asimetrías de frontera, la competencia con Paraguay y Brasil, y la estructura productiva regional requieren respuestas específicas que no siempre encuentran eco en la política fiscal nacional.

En ese marco, el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos aparece como una pieza complementaria dentro de una estrategia más amplia: menos burocracia para el pequeño contribuyente, más previsibilidad para invertir y una señal de respaldo a la economía local.

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