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El pago de todos los impuestos nacionales será bancarizado a partir de 2018

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A partir del año próximo “los pagos de todos los impuestos se deberán hacer de manera electrónica” como parte del proceso de bancarización de la economía y de combate contra la evasión, confirmó el titular de la Afip, Alberto Abad.

 El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, adelantó que a partir del año próximo “los pagos de todos los impuestos se deberán hacer de manera electrónica” como parte del proceso de bancarización de la economía y de combate contra la evasión.

A partir del 2018 “todas las agencias de cobro deberán tener un posnet que permita (al usuario) pagar el impuesto con tarjeta de débito o crédito. No se aceptará más efectivo”, dijo Abad y adelantó que la AFIP espera poner en marcha en dos meses una transacción bancaria inmediata que permita pagar las escrituras de las propiedades, y no depender del efectivo.

Para alentar el uso de esa transacción bancaria, también se reducirá la retención que se percibe a cuenta de Ganancias en las operaciones electrónicas, mientras que la alícuota será mayor para quienes lo hagan en efectivo.

Al referirse al plan de la AFIP destinado a extender el uso del pago electrónico, Abad explicó que hasta marzo pasado, el número de nuevos aparatos creció a un promedio de 10.000 unidades en marzo, cantidad que en mayo trepó a 15.000 y en junio a alrededor de 20.000 posnet.

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Elecciones y después, más federalismo en el horizonte

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Si la economía fuera un tren, no parece haber razones para esperar que descarrile como consecuencia de la campaña electoral que acaba de comenzar, y que habrá de extenderse hasta las legislativas de octubre. Pero si las primarias (PASO) a realizarse el 13 de agosto arrojan demasiada incertidumbre en la provincia de Buenos Aires, será como empezar un tramo de vías en subida, perdiendo velocidad. Sin embargo, la gobernabilidad, en el mediano y largo plazo, no depende de lo que ocurra en una jurisdicción, por más importante que sea, sino de la forma en que se ordenen los intereses comunes existentes entre las provincias ricas y las pobres, que se necesitan y pueden potenciarse mutuamente. Dado el tamaño del déficit fiscal, superior a 7 puntos del PIB consolidando Nación y provincias e incluyendo intereses, no es posible mejorar la calidad de vida de la población en base a viejos instrumentos como el empleo público o los subsidios. Insistir por esa vía es arriesgarse a nuevas venezuelas y, por lo visto desde fin de 2015, no parece haber tantos dirigentes políticos tan miopes como para ignorar esos riesgos.

Aunque es difícil que la cuestión del país federal ocupe suficiente espacio en los debates de cara a las legislativas, este será un tema subyacente de primer orden: de la relación de fuerzas que surja en octubre, y de cómo éstas se ensamblen, dependerá la gestión de los gobernadores y sus chances para 2019.

En la Argentina hay cinco provincias “ricas”, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Ciudad y Provincia de Buenos Aires; cuatro que son fuertemente dependientes de la minería y los hidrocarburos (Neuquén, Chubut, Santa Cruz y San Juan) y, las quince restantes, con muchos matices, están encuadradas como provincias pobres. La divergencia de intereses de corto plazo entre unas y otras está en la base de los problemas nacionales.

La gestión en las cinco provincias ricas sufre el lastre de la elevadísima presión tributaria, del exceso de trabas burocráticas y de las llamadas “industrias del juicio”, porque allí el empleo es predominantemente privado y es dónde más repercuten las dificultades que enfrentan las empresas para invertir y generar puestos de trabajo. Esas jurisdicciones aportan más del 75 % del PIB nacional, pero en el Congreso tienen el 55 % de los diputados y el 21 % de los senadores.

A su vez, las provincias pobres tienen un buen número de diputados y el 62 % de los senadores, siendo que, en el corto plazo, sus incentivos son opuestos a los de sus “primos acomodados”, ya que su gestión depende poco de la suerte del empleo privado y la coparticipación puede llegar a representar hasta el 90 de sus ingresos fiscales. Por ende, la elevadísima presión tributaria es para ellas un beneficio (en lo inmediato), y no una preocupación.

Las provincias mineras, que tienen a las regalías como ingreso clave, dependen de la confianza que tengan los inversores en la permanencia de las reglas de juego del país, y en la existencia de infraestructura adecuada, que requiere inversiones estatales. Por esas razones, esas jurisdicciones y el gobierno nacional pueden encontrar puntos en común, como en el caso de Vaca Muerta. Pero esta experiencia no es extrapolable al resto, porque la intervención estatal consistió en fijar un precio base para el gas, no en bajar impuestos.

El común denominador entre provincias ricas y pobres está en la expansión del sector privado, que podría generar simultáneamente buenas noticias en materia de empleos y recaudación impositiva. Aunque una fracción de la oposición concentrada en la provincia de Buenos Aires apueste al fracaso de la política económica, para los responsables de administrar provincias y municipios que aspiren a llegar bien parados a 2019 sería muy arriesgado seguir ese llamado. Ya hubo una liga de gobernadores que contribuyó a voltear presidentes, pero las condiciones son bien distintas a 2001/02 como para jugar toda una carrera política a esa ficha.

Las provincias pobres demandan fondos coparticipables abundantes, y tienen legisladores como para hacerse valer. Pero es en las provincias ricas dónde se genera el grueso de esos recursos y sólo un necio podría proponer subir alícuotas para recaudar más: el 21 % del IVA en la Argentina compara con el 13 % promedio de América Latina; y el 35 % de Ganancias con un 28 % en la región, sin hablar del “impuesto al cheque”, especie en extinción que sólo subsiste aquí.

Por ende, sin crecimiento de la economía no habrá mejora de recursos coparticipables, más allá de lo que pueda lograrse por menor evasión. La paradoja está en que, para lograr ambos objetivos, se necesita reducir tributos sobre los empleos formales (contribuciones patronales) y sobre las transacciones (ingresos Brutos), en los que los sacrificios fiscales corresponden a provincias ricas y Nación. Si esas cinco jurisdicciones logran unificar un plan con el gobierno nacional después de octubre, la discusión con el resto de las provincias podría avanzar de un modo inédito.

Fijar un cronograma de recorte gradual de los impuestos más distorsivos requiere un pacto de gobernadores de provincias pobres y ricas, con el respaldo de cada legislatura. ¿Quién tendrá la mayoría en esos recintos? Sería sorprendente que la tengan los que apuestan al fracaso de la política económica, incluso en la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista de gobernadores e intendentes, el foco en 2019 empuja mucho más para el lado de la cooperación que de la anarquía.

 

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Paraguay: El Senado aprobó un impuesto a la soja en medio de un tractorazo de los productores

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La Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de ley que pretende aplicar un gravamen del 15% a la exportación de granos en estado natural. Al momento del estudio en particular (de cada artículos) no llegaron a un acuerdo y queda pendiente su tratamiento.

Los senadores oficialistas, liberales llanistas, luguistas y oviedistas aprobaron en general el proyecto de ley impulsado por el Frente Guasu, que realizó algunas modificaciones a última hora antes de su tratamiento.

En votación nominal se tuvieron 24 votos a favor de la moción planteada,17 legisladores rechazaron la normativa, una abstención y tres ausencias.

Sin embargo, al momento de votar el estadio de cada uno de los artículos no se llegó a un acuerdo, porque los aliados querían utilizar las modificaciones realizadas al reglamento interno en forma irregular.

Los opositores se negaron a esa disposición y, en consecuencia, los oficialistas, luguistas, liberales llanistas y oviedistas abandonaron sus bancas y dejaron sin cuórum la sesión. De esta forma queda vigente la aprobación en general y queda pendiente su estudio en particular.

El análisis se realizó luego de un plenario inmerso en el griterío e insulto entre sus propios miembros. La sesión debió interrumpirse por algunos minutos para calmar los ánimos de los legisladores.

Al reanudarse, fue la senadora Esperanza Martínez quien expuso los cambios introducidos con respecto al proyecto original, que era fuertemente rechazado por los productores agrícolas en varios puntos del país.

Uno de los cambios más importantes es que ahora la normativa solo afectará a los granos de soja en su estado natural y no así a la producción de maíz y al trigo, como estaba en un principio. También se bajó la tasa tributaria del 15% al 10%.

No obstante, varias de las comisiones legislativas recomendaron el rechazo de la iniciativa parlamentaria argumentando que se estaría perjudicando a los pequeños y medianos productores.

El debate se extendió por más de una hora con posiciones a favor y en contra de la legislación, mientras los productores estaban expectantes desde sus lugares de movilización. Los agricultores sacaron sus tractores para realizar una demostración de fuerza y ejercer presión.

Juan Darío Monges, senador colorado oficialista, se mostró a favor del proyecto con los cambios planteados al indicar que la intención es mejorar la recaudación. Sin embargo, dijo que todavía falta realizar ciertos ajustes para lograr una equidad y eficiencia tributaria.

Por esa razón pidió aprobar el documento en general y dejar su estudio en particular para una próxima sesión. El Frente Guasu apoyó el planteamiento del colorado al igual que los demás aliados.

Varios senadores de la oposición y de la disidencia colorada expusieron algunas falencias y las posibles consecuencias que puede tener la aprobación de la normativa. Muchos mencionaron que es un error el querer imponer un impuesto a la exportación de los granos naturales.

PRESIÓN. A esto también se suman las posturas de dos instituciones del Estado, como lo son el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Hacienda. Ambas se pronunciaron en contra del proyecto de ley.

“La posición del BCP es de preocupación con respecto a un impuesto que fracasó en otros países. Entonces, no nos espera más que el fracaso si pretendemos implementar este tipo de impuestos”, afirmó el titular de la banca matriz, Carlos Fernández Valdovinos.

Mientras que la ministra Lea Giménez fue más tajante al manifestar que un impuesto a la exportación de los granos en estado natural tendría un impacto “nocivo y nefasto” para la economía paraguaya.

“Estamos comunicando que la posición del Poder Ejecutivo es que si se llega a aprobar este proyecto, se vetará tal propuesta por ser dañina para la economía en su conjunto y nefasta para pequeños y medianos productores”, afirmó en Giménez en conferencia de prensa posterior a la decisión del Senado.

El Impuesto

El tratamiento del Impuesto a la soja surge en medio de un acuerdo político y la presión de productores que cortan las principales rutas del vecino país. La Cámara de Senadores trato este jueves el proyecto que pretende aplicar un gravamen del 15% a la exportación de granos en estado natural.

El documento fue presentado por los legisladores del Frente Guasu y pretende aplicar un impuesto del 15% a la exportación de granos en estado natural. La iniciativa tiene férrea oposición de los productores en todo el país que desde ayer se manifestaban en las calles amenazando con un tractorazo, que se dio en algunos puntos del país.

La normativa es uno de los principales puntos de la agenda legislativa impulsada por la coalición de izquierda y fue uno de los puntos de negociación con los referentes del oficialismo y los liberales llanistas para la renovación de la mesa directiva.

En la Cámara Alta se eligió la semana pasada a las nuevas autoridades que ocuparán los cargos a partir del 1 de julio. La alianza política designó a Fernando Lugo como presidente y el oficialismo pidió a cambio dar gobernabilidad en el último año de gestión de Horacio Cartes.

Los del Frente Guasu solicitaron a cambio el acompañamiento de sus aliados para aprobar este proyecto de ley. La senadora Esperanza Martínez dijo en la víspera que espera que los cartistas y disidentes liberales cumplan con su palabra.

Sin embargo, el escenario político no se presenta fácil porque los productores están en pie de guerra al considerar que serían muy afectados en caso de aprobarse dicha legislación. Desde el miércoles están movilizados en varios puntos del país y amenazan con un tractorazo.

Señalan que el sector ya está pagando varios impuestos y que uno nuevo estaría “matando” a la producción agrícola. Las medidas de fuerzas se irían recrudeciendo si sus reclamos no son escuchados.

Dante Servián, productor de Hohenau, Departamento de Itapúa, consideró en Monumental AM que la política no debe afectar la economía de un país, porque sería nefasto.

Sostuvo que el proyecto impulsado por el Frente Guasu “debe rechazarse totalmente y verse otras vías para que el Estado pueda recaudar más”. Consideró que Argentina, Brasil y Venezuela son el ejemplo de cuando la política afecta a la economía.

“Hoy están quebrados”, afirmó con relación a los productores de los mencionados países. En ese sentido, aseguró que “la experiencia sería nefasta para todo el país”.

Indicó que todos los productores pagan sus impuestos, pero hubo una “satanización” hacia ellos.

En su caso, él trabaja hace 25 años como productor y sus padres hace 45 años. Indicó que no piensa solo en su familia, sino en toda la gente que depende de la producción, como los fleteros.

MÁS PRESIÓN. A la protesta de los agricultores también se suman las posturas de dos instituciones del Estado como lo son el Banco Central del Paraguay (BCP) y el Ministerio de Hacienda. Ambas se pronunciaron en contra del proyecto de ley.

“La posición del BCP es de preocupación con respecto a un impuesto que fracasó en otros países. Entonces, no nos espera más que el fracaso si pretendemos implementar este tipo de impuestos”, afirmó el titular de la banca matriz, Carlos Fernández Valdovinos.

Mientras que la ministra Lea Giménez fue más tajante al manifestar que un impuesto a la exportación de los granos en estado natural tendría un impacto “nocivo y nefasto” para la economía paraguaya.

El fisco pidió posponer el estudio y propuso elevar el IVA al 10% y cambios al régimen tributario sobre la renta, lo que supondría mayor aporte del sector. La palabra final será de los parlamentarios.

Manifestación en varios puntos del Paraguay contra impuesto a la soja

A media mañana del jueves, la Policía Nacional de Paraguay reporta movilizaciones de camiones en Minga Porá, frente a la Coopasam, en cruce Itakyry y en Santa Fe del Paraná, en la zona norte de Alto Paraná.

En la zona sur del departamento hay movilizaciones de máquinas en Los Cedrales, cruce Raúl Peña, Santa Rita, sobre la ruta 6 Juan León Mallorquín.

Al oeste, en el distrito de Juan Emilio O’Leary, al costado de la ruta 7 Gaspar Rodríguez de Francia, frente al barrio San Isidro, también hay movilización de tractores. Igualmente, se reporta presencia de maquinarias pesadas a la altura del kilómetro 60, frente a la colonia Santo Domingo, del mismo distrito.

En Minga Guazú, productores con un total de 45 maquinarias entre pulverizadores, cosechadoras y camiones se encuentran apostados sobre la ruta Internacional número 7 del kilómetro 30.

También productores de la colonia Cerro Largo se movilizan de manera pacífica con 22 camiones, 25 tractores y 6 pulverizadores. Los mismos se encuentran al costado de la ruta 6, en el kilómetro 214, en el distrito de Santa Rita.

Fuente ABCcolor y UltimaHora

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¿Los impuestos que pagamos son muchos? ¿Es mucho?

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Escriben Guillermo Knass, y Martín Leiva Varela, ECONEA.  El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne constantemente en todos los anuncios que realiza afirma que se viene una reforma tributaria integral en la Argentina. Cuando se plantea una modificación al sistema tributario vigente es porque la cosa anda muy mal, pero ¿qué es lo que anda mal?

Algunas cuestiones que tenemos que entender para saber si los impuestos que pagamos están bien o mal:

  • Suficiencia: Los impuestos que pagamos deben alcanzar a cubrir todas las necesidades públicas, reza una cualidad del buen sistema tributario, según estimaciones el país tiene un déficit de entre 7 y 8 puntos del PBI. El tercero más alto de la historia según Economía&Regiones (consultora fundada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio) aquí hay que analizar el resultado fiscal desde dos puntos de vista:

O se está recaudando muy poco, esto quiere decir que la gente puede pagar más y no lo está haciendo; o se está gastando mucho y por más que suban las alícuotas o se creen nuevos impuestos, el Estado no va a poder recaudar más porque la actividad económica (base de toda recaudación impositiva) no permite recaudar más.

 

 

Como se aprecia, la recaudación no alcanza a cubrir los gastos actuales del Estado. Además como el déficit actual se va financiando con endeudamiento, a futuro se puede ir corrigiendo el déficit primario pero se irá agravando el déficit financiero que es el que resulta de pagar los intereses de la deuda.

  • Progresividad: La progresividad es fácil definirla en teoría, implica que aporten más los que más tienen. En este caso el impuesto a las Ganancias es más progresivo que el IVA. Entonces hagamos un solo impuesto que recaude y reemplace a todos los demás y sea de carácter progresivo. Pero el sueño del impuesto único es imposible porque muchas veces los impuestos más justos son más difíciles de recaudar o más costosos de administrar. Por eso tenemos tantos impuestos.

 

Como se ve, en 2016 los impuestos PROGRESIVOS nacionales (Ganancias, Bienes Personales etc.) recaudaron apenas un 5,79% del PBI, mientras que los impuestos más neutros o regresivos (IVA es el principal) recaudaron el 10,82 % del PBI. Porque son más sencillos de administrar.

Aquí es donde lo ideal toca con lo real, los impuestos progresivos dependen más de las declaraciones personales de los contribuyentes y en países con baja cultura tributaria tienden a pagar lo menos posible.

Aparte, hablar de progresividad solo mirando impuestos es muy limitado. La progresividad es un concepto que hay que analizar globalmente en la acción del Estado; o sea mirar de quien recauda (los recursos) y en quien gasta (gasto público, subsidios, etc.).

En síntesis, un Estado es progresivo si distribuye más entre los que menos tiene combinando los impuestos con los gastos.

Lo que sí es innegable es el incremento de la presión tributaria en los últimos años. Como se aprecia en el cuadro anterior en Argentina en el año 2004 los impuestos se llevaban el 24,65 % del PBI, mientras que el año pasado se llevaron el 32,14 %.

Si a esto se le suma que el déficit fiscal es del 7% del PBI, necesitaríamos que los impuestos recauden el 40% del PBI aproximadamente para cubrir el nivel actual de gastos del Estado. Esto es considerando que la actividad estatal es suficiente o a lo sumo hay margen para cambiar gastos superfluos por otros necesarios.

Para saber si es mucho o poco comparemos con otros países del mundo:

 

 

Como vemos la presión fiscal analizada por si solo dista de ser concluyente, si miramos a Europa y la calidad de sus servicios públicos diríamos que el modelo es pagar altos impuestos y tener un Estado de bienestar fuerte, como por ejemplo, en Francia y Alemania, pero también en esta franja encontramos a Grecia con una situación fiscal inmanejable que cada tanto lo pone al borde de caerse de la zona del Euro y con cada vez más protestas sociales.

En la franja de presión media tenemos a Argentina, Japón, Brasil con realidades muy distintas entre sí.

Entre los de menor presión, de menor presencia estatal, tenemos por un lado a Paraguay, como así también a Estados Unidos.

Conclusión:

Recaudar más o menos no se correlaciona con el éxito ni con el fracaso del crecimiento y la inclusión social. Debemos incorporar al análisis cuanto debemos gastar de acuerdo a las realidades y las posibilidades de la economía actual.

Al progresismo hay que mirarlo desde la acción integral del Estado, tanto desde lo que recauda como desde lo que gasta.

Existen más de treinta impuestos nacionales, a lo que hay que sumarle otra tanda de provinciales y tributos municipales.  

Esto hace que el cumplimiento de las obligaciones de los ciudadanos sea algo realmente complejo, vendría bien una reforma pero enmarcada en un modelo integral de estado que determine también un modelo de país más justo y solidario con sus ciudadanos y más responsable con sus finanzas.

 

 

 

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Asimetrías: diputados insisten en que Misiones sea un territorio aduanero especial

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La Cámara de Diputados aprobó en la sesión de anoche un nuevo reclamo tendiente a resolver las asimetrías que padece Misiones. Instaron a los legisladores nacionales por Misiones a que impulsen la creación un territorio aduanero especial, para todo el ámbito de la Provincia, que consista en exenciones impositivas y arancelarias, en virtud de la situación geopolítica en el corazón del MERCOSUR.

 

El régimen aduanero diferencial, podría contribuir a tener un mecanismo de fondo que modifique de manera sustancial la ecuación económica (actualmente recesiva) de Misiones funcionando este nuevo sistema como un régimen promocional a la industria y al desarrollo económico regional.

Según la iniciativa impulsada por los diputados Marcelo Rodríguez y Carlos Báez, este régimen ayudaría a revertir el crónico retraso regional y cambiaría drásticamente la estructura sectorial, la cual es tradicionalmente primaria, no sólo de Misiones sino que del país; generando un epicentro de inversiones y productividad.

Los impuestos nacionales que se hallarían exentos en las actividades promovidas, en el esquema actual, serían Impuesto a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta, al Valor Agregado (I.V.A.), transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas e internos.

Se destaca que los principales beneficios para la Nación, otorgada por el área o territorio aduanero especial, alentarían la radicación de nuevas empresas, con el fin de minimizar costos, optimizar el uso de la capacidad instalada y alentar el establecimiento de nuevos  emprendimientos, que permitan una producción eficiente, lo que redundará en definitiva en un beneficio para todo el país.

“Con la economía tradicional, más la actividad de servicios turísticos y el escaso desarrollo tecnológico-industrial actual y que se vislumbra, no habrá trabajo de calidad ni en cantidad suficiente, para las nuevas generaciones actuales y de un futuro cercano, con lo cual desperdiciaremos nuestro formidable capital humano, que sumado al enorme potencial hidroeléctrico casi totalmente desaprovechado, deberían ser las grandes palancas del desarrollo socio económico provincial, que además nos fortalezcan como un poderoso vínculo y factor de inserción regional en el Mercosur y la Unasur”, señalan los legisladores.

Por ello, un régimen aduanero de promoción industrial como lo es un Área Aduanera Especial, “cambiará rotundamente esta realidad”, para transformarla en un crecimiento del comercio local en principio con la radicación de empresas e industrias lo que redundará en un aumento de todo el comercio regional.

El mecanismo de beneficios fiscales para las actividades llevadas a cabo en el ámbito de Misiones, no afectará la recaudación nacional en razón de la baja incidencia de Misiones en el sistema recaudatorio. “Al aumentar la industrias en Misiones, estaríamos generando mejores empleos y agregando valor a los productos, lo que al exportar ayudaría al equilibrio de la balanza de pagos, aumentar el consumo, mejorar la calidad de vida de los habitantes y bajar los costos de producción y logísticos por la posición geopolítica de Misiones”, aseguran los diputados.

 

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