Inflación Argentina

Ahora Pan se mantiene sin aumentos: el kilo seguirá a $2.500 hasta el 15 de abril

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El programa Ahora Pan continuará sin modificaciones en su precio de referencia y mantendrá el kilo de pan en hasta $2.500 hasta el próximo 15 de abril, tras un nuevo acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Misiones y las cámaras del sector panadero.

La decisión garantiza la continuidad de una de las herramientas de contención de precios más relevantes de la provincia, con impacto directo en miles de hogares. El esquema es resultado del trabajo articulado con el Centro de Industriales Panaderos, en el marco de una estrategia que busca sostener el acceso a alimentos básicos en un contexto económico adverso.

Desde la Provincia destacaron que el valor del programa se mantiene muy por debajo del promedio nacional, donde el kilo de pan ya supera los $4.000 en la mayoría de las jurisdicciones, lo que refuerza su carácter diferencial dentro del esquema de políticas de consumo.

Otro aspecto relevante es la estabilidad del programa: durante el período 2025/2026, el precio de referencia registró únicamente dos actualizaciones, lo que aporta previsibilidad tanto a consumidores como a comerciantes.

En un escenario de alta inflación y presión sobre los costos, el sostenimiento del Ahora Pan se apoya en el diálogo permanente entre el sector público y privado, con el objetivo de equilibrar la rentabilidad del sector panadero y el poder adquisitivo de las familias.

El listado completo de panaderías adheridas puede consultarse en el sitio oficial: www.ahora.misiones.gob.ar.

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Caputo admite el freno en la desinflación y descarta deuda externa, apuesta a financiamiento alternativo

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El ministro de Economía, Luis Caputo, explicitó este jueves una tensión central del programa económico: el Gobierno no puede forzar la demanda de pesos en un contexto donde la inflación volvió a acelerarse, al tiempo que confirmó que no recurrirá al mercado internacional para refinanciar deuda. La definición, realizada durante el 21° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, combina dos datos políticos clave: una inflación que no termina de ceder —2,9% en febrero por segundo mes consecutivo— y una estrategia financiera que se repliega hacia fuentes alternativas para cubrir vencimientos por unos USD 9.000 millones. La pregunta queda abierta: ¿es un ajuste táctico o el reconocimiento de un límite estructural del esquema económico?

El límite de la demanda de pesos y el rediseño del programa

Caputo puso el foco en un punto sensible del modelo: la demanda de dinero. Mientras el equipo económico controla la emisión, admite que no puede incidir directamente en la decisión de los argentinos de mantener pesos. Esa variable, sostuvo, explica parte de la resistencia inflacionaria reciente.

El diagnóstico oficial vincula la suba de precios a factores puntuales: la recomposición de precios regulados y el impacto de la carne. En esa lectura, se trataría de un desvío transitorio dentro de un sendero de desinflación que debería retomarse “más temprano que tarde”. Sin embargo, el reconocimiento de un “retroceso” en los últimos siete u ocho meses introduce una señal política relevante: el programa ya no se presenta como lineal.

En paralelo, el ministro descartó una herramienta clásica de gestión: la emisión de deuda en los mercados internacionales. La decisión implica un cambio de posicionamiento respecto de evaluaciones previas —mencionó que se analizó hacia fines del año pasado— y refuerza una narrativa oficial centrada en el superávit fiscal y la reducción del endeudamiento.

En su lugar, el Gobierno apuesta a una combinación de financiamiento local, venta de activos y mecanismos alternativos aún no detallados públicamente. Según Caputo, estas opciones permitirían cubrir los próximos tres vencimientos de capital —julio de este año, enero y julio del próximo— por aproximadamente USD 9.000 millones.

Deuda, mercado y FMI: equilibrio sin acceso pleno

La decisión de no acudir al mercado internacional no ocurre en el vacío. El propio ministro reconoció que el nivel de riesgo país resulta “exagerado” en relación con las condiciones técnicas, lo que sugiere una brecha entre la evaluación del Gobierno y la percepción del mercado.

En ese contexto, la estrategia oficial busca sostener el cumplimiento de pagos mientras se espera una mejora en las condiciones de financiamiento. La lógica es clara: evitar endeudarse caro cuando existen alternativas más baratas, aunque esas fuentes no hayan sido aún explicitadas.

El vínculo con el Fondo Monetario Internacional aparece como un respaldo político en ese esquema. Caputo calificó la relación como “espectacular” y destacó un nivel de confianza inédito, en medio de la segunda revisión en curso. Sin embargo, también recordó que en 2027 vencen USD 3.000 millones adicionales con el organismo, lo que proyecta la tensión financiera más allá del corto plazo.

Impacto político: señales mixtas para el mercado y la gobernabilidad

El mensaje del ministro deja una doble lectura. Por un lado, reafirma la disciplina fiscal y la decisión de evitar nueva deuda externa, lo que fortalece la narrativa de sostenibilidad. Por otro, admite límites en la política monetaria y reconoce que la inflación aún no está completamente bajo control.

En términos de correlación de fuerzas, el Gobierno intenta sostener credibilidad ante los mercados y el FMI sin ceder a la presión de financiarse externamente. Esa postura condiciona el margen de maniobra: obliga a consolidar el mercado local, acelerar mecanismos alternativos y mantener el superávit como ancla política.

El dato no menor es que el propio ministro identificó el escepticismo social como un factor relevante. Esa percepción, dijo, pesa tanto como las variables económicas. En clave política, implica que la estabilización no solo depende de indicadores, sino también de expectativas.

Un equilibrio inestable hacia 2027

El programa económico entra en una fase más compleja. La inflación no desciende al ritmo esperado, la demanda de pesos sigue siendo una variable incierta y el acceso al financiamiento externo continúa limitado.

En ese escenario, el Gobierno apuesta a ganar tiempo: cumplir vencimientos con recursos propios o alternativos, sostener el orden fiscal y esperar que la desinflación retome su curso. La incógnita es si esa estrategia alcanzará para consolidar el esquema antes de los compromisos más exigentes, especialmente los de 2027.

Las próximas semanas serán clave para observar dos variables: la evolución de la inflación tras la recomposición de precios y la presentación concreta de las fuentes de financiamiento alternativas. Ahí se juega algo más que una cuestión técnica: la consistencia política de un modelo que busca sostenerse sin recurrir a las herramientas tradicionales del mercado.

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La guerra en Medio Oriente impacta en la economía argentina: energía más cara, presión inflacionaria y un posible impulso exportador

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La escalada militar en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero volvió a sacudir el tablero energético internacional y abrió un nuevo frente de incertidumbre para la economía argentina. El salto del precio del petróleo —que trepó USD 29,58, un aumento del 40,8%, y ya supera los USD 100 por barril— comienza a trasladarse a los combustibles locales y amenaza con alterar variables sensibles como inflación, salarios y actividad económica.

El fenómeno plantea una tensión clásica para economías emergentes como la argentina: el encarecimiento de la energía puede impulsar ingresos por exportaciones de petróleo y otros commodities, pero al mismo tiempo eleva los costos productivos, presiona sobre los precios internos y complica el equilibrio fiscal. La pregunta que empieza a recorrer despachos oficiales y análisis privados es si este shock externo terminará siendo un nuevo obstáculo para la estabilización económica o una oportunidad para sectores exportadores.

El movimiento ocurre además en un momento de fuerte heterogeneidad en la actividad local, con sectores que muestran señales de recuperación y otros que todavía enfrentan debilidad en el consumo y en los salarios reales.

Energía más cara: el impacto inmediato en precios, logística y subsidios

El aumento del petróleo ya empezó a sentirse en el mercado doméstico. Los combustibles registraron incrementos de entre 6% y 7%, con ajustes iniciales cercanos al 4% por parte de la petrolera estatal.

Ese traslado no queda limitado al sector energético. En Argentina, el 90% del transporte de cargas se realiza por camión, lo que convierte al gasoil en una variable clave para el costo logístico de la economía. Cuando sube el combustible, el impacto se expande rápidamente hacia la industria, el comercio y los alimentos.

La presión también se extiende a otros insumos energéticos. El encarecimiento del jet fuel repercute en el transporte aéreo y empuja el precio de los pasajes, mientras que el aumento del gas licuado de petróleo afecta tanto a hogares como a industrias que utilizan ese insumo en sus procesos productivos.

La cadena industrial tampoco queda al margen. El incremento del precio del gas y de los derivados petroquímicos eleva el costo de plásticos, resinas, fertilizantes y fibras sintéticas, productos que atraviesan múltiples sectores manufactureros, desde alimentos hasta textiles o autopartes.

En paralelo aparece un desafío para la política económica: el impacto fiscal. Un encarecimiento sostenido de la energía vuelve más delicado el esquema de subsidios. Si el Estado absorbe parte del shock para evitar aumentos tarifarios, el gasto público se incrementa; si lo traslada a tarifas, el costo energético recae directamente sobre hogares y empresas.

Un sistema energético todavía en transición

La estructura energética argentina introduce un matiz adicional. El país logró convertirse en exportador neto de energía a partir de la expansión del gasoducto que conecta la producción de Vaca Muerta con el sistema nacional. Sin embargo, esa mejora no eliminó completamente la dependencia de importaciones.

Durante el invierno, el sistema aún requiere compras de gas natural licuado (GNL) para cubrir picos de demanda. Si los precios internacionales se mantienen elevados, esas adquisiciones pueden encarecer la balanza energética y presionar sobre las cuentas públicas.

En otras palabras, el shock externo llega cuando la matriz energética argentina todavía se encuentra en un proceso de transición entre la dependencia histórica de importaciones y el nuevo rol exportador basado en el desarrollo del gas no convencional.

Exportaciones, tipo de cambio y riesgo financiero

El escenario global no ofrece únicamente riesgos. El encarecimiento de la energía y de otros commodities puede mejorar los ingresos de varios complejos exportadores.

Sectores como energía, minería y agro podrían beneficiarse de precios internacionales más altos, lo que incrementaría el ingreso de dólares por exportaciones. En un contexto donde la disponibilidad de divisas sigue siendo un factor crítico para la estabilidad macroeconómica, ese flujo adicional podría aportar un alivio parcial.

Además, un contexto internacional más volátil podría derivar en presiones cambiarias externas. Si se produjera algún ajuste en el tipo de cambio motivado por factores globales, ciertas ramas industriales orientadas a exportaciones ganarían competitividad.

Sin embargo, el escenario internacional también tiene riesgos financieros. La mayor incertidumbre global puede complicar la reducción del riesgo país y estimular movimientos de capital hacia economías consideradas más seguras, lo que tiende a mantener altas las tasas de interés en mercados emergentes.

Inflación, salarios y el impacto sobre el consumo

La variable que más preocupa en el frente doméstico es el traslado del shock energético a la inflación.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional señaló que un aumento sostenido del 10% en el precio del petróleo puede sumar 0,4 puntos porcentuales a la inflación global y restar entre 0,1 y 0,2 puntos al crecimiento económico mundial. En economías con alta sensibilidad a los costos logísticos y energéticos, ese impacto suele amplificarse.

En Argentina, el encarecimiento de la energía puede modificar los precios relativos dentro de la economía, con efectos directos sobre el poder adquisitivo de los hogares.

El contexto salarial no ofrece demasiado margen de absorción. Según datos oficiales, los salarios registrados cayeron más de 2% en términos reales durante 2025. En diciembre de ese año, los ingresos crecieron 2% nominal, mientras que la inflación fue 2,8%, lo que profundizó la pérdida de poder de compra.

La caída es más marcada si se observa el período desde el cambio de gobierno. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, el salario real de los trabajadores registrados perdió 7,1%. Dentro de ese universo, el sector público acumuló una caída del 17,03%, mientras que el sector privado registró una baja del 1,55%.

Si el shock energético se traduce en mayor inflación, el salario real podría enfrentar una nueva presión en el corto plazo, con efectos directos sobre el consumo interno.

Un nuevo factor externo en una economía todavía frágil

El conflicto en Medio Oriente vuelve a exponer un rasgo estructural de la economía argentina: su vulnerabilidad frente a shocks externos, especialmente cuando provienen del mercado energético.

El desafío para la política económica será administrar una ecuación compleja. Por un lado, aprovechar el impulso que pueden ofrecer los precios internacionales más altos para las exportaciones. Por otro, evitar que el aumento de los costos energéticos termine erosionando la recuperación del consumo y del salario real.

En ese equilibrio se juega una parte importante de la dinámica económica de los próximos meses. El impacto final dependerá de variables que todavía están abiertas: la duración del conflicto internacional, la evolución de los precios de la energía y la capacidad del Gobierno para absorber —o trasladar— ese shock externo dentro de la economía local.

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Caputo justificó el rebote de la inflación y defendió la estrategia económica del Gobierno

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El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el Gobierno esperaba el dato de inflación de 2,9% registrado en febrero, una cifra que interrumpió parcialmente la dinámica descendente que venía mostrando el índice de precios. El funcionario sostuvo que el aumento respondió principalmente a la suba de la carne y los ajustes tarifarios, y buscó transmitir que la estrategia económica oficial no se altera pese al rebote.

“Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa”, afirmó Caputo en declaraciones televisivas, al remarcar que la política monetaria del Banco Central continuará orientada a sostener la desinflación. El dato llega en un momento políticamente sensible: el Gobierno intenta consolidar la narrativa de estabilización macroeconómica que respalda su programa económico, mientras enfrenta señales de tensión social vinculadas al poder adquisitivo y al acceso al crédito.

El reconocimiento de que el número era esperado funciona también como un intento de anticipar el impacto político del dato y evitar que el rebote inflacionario sea leído como un cambio de tendencia en la estrategia oficial.

Inflación, política monetaria y el argumento del equilibrio fiscal

Caputo explicó que el Gobierno atribuye el repunte del índice principalmente a factores puntuales de precios relativos, en especial alimentos y tarifas. Según el ministro, esos movimientos no alteran el objetivo central del programa económico: mantener la inflación en descenso a partir del equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva.

En esa línea, insistió en uno de los pilares discursivos de la administración nacional: la eliminación del déficit.

“No hay déficit fiscal y la inflación más tarde o temprano llegará a niveles internacionales”, sostuvo.

El ministro evitó fijar un plazo exacto, aunque señaló que la inflación podría acercarse a niveles cercanos a cero entre agosto y octubre, una proyección que el Gobierno viene utilizando como referencia para medir el éxito del plan de estabilización.

Al mismo tiempo, reconoció que predecir el comportamiento mensual del índice sigue siendo complejo, una admisión que revela la volatilidad que todavía atraviesa la economía argentina.

El factor político en la dinámica inflacionaria

Caputo también introdujo un elemento político en su explicación del proceso inflacionario reciente. Según su interpretación, el proceso de desinflación se desaceleró luego de un período de volatilidad financiera previo a las elecciones legislativas del año pasado, cuando se generó una fuerte dolarización de portafolios.

Esa dinámica impactó —según el ministro— en tres variables clave: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación, lo que provocó un retroceso en el proceso de desaceleración de precios.

Desde la óptica del Gobierno, la estabilidad política posterior a las elecciones permitió retomar el sendero de normalización macroeconómica. En ese marco, Caputo destacó que el Banco Central mantiene una política monetaria “apretada” y continúa comprando dólares, lo que considera una señal de consistencia del programa económico.

Economía real: reconocimiento de tensiones sociales

Más allá del discurso de estabilización macroeconómica, el ministro admitió que la recuperación no se percibe de manera homogénea en la sociedad.

“La situación está mejor, pero no quiere decir que hay gente que la esté pasando bien”, afirmó.

La frase introduce una dimensión política clave: el Gobierno intenta sostener la narrativa de mejora macroeconómica sin negar las dificultades que atraviesan amplios sectores de la población, especialmente frente a el aumento de la morosidad en tarjetas de crédito y billeteras virtuales.

Ante ese escenario, Caputo planteó que la salida pasa por profundizar la caída de la inflación, reducir las tasas de interés y extender plazos de financiamiento para facilitar la adaptación de los hogares.

La apuesta por las inversiones tras la “Argentina Week”

El ministro habló después de la denominada “Argentina Week”, una serie de presentaciones ante inversores internacionales realizada en Nueva York. Según el balance oficial, la semana dejó anuncios de inversiones por 16.150 millones de dólares.

Entre los proyectos destacados se encuentran:

  • Mercado Libre, con 3.400 millones de dólares para expandir su operación logística y crear 1.900 empleos directos.
  • Transportadora de Gas del Sur, con 3.000 millones de dólares destinados a la industrialización de líquidos de gas natural en Vaca Muerta, proyecto que prevé 4.000 empleos directos y 15.000 indirectos, además de exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales.
  • Pampa Energía, que solicitó adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un desembolso superior a 4.500 millones de dólares para la exploración y producción de petróleo no convencional.
  • First Quantum Minerals, con 5.250 millones de dólares para el proyecto de cobre Taca Taca en Salta, que proyecta 4.000 empleos durante la construcción y 2.000 en la etapa operativa.

El Gobierno vincula estos anuncios con la ampliación del RIGI mediante el Decreto 168/2026, que incorporó actividades de exploración y producción de hidrocarburos al régimen.

Para la administración nacional, este esquema busca convertir la estabilidad macroeconómica en un ancla de inversiones de largo plazo, particularmente en sectores energéticos y mineros.

Jubilaciones, reforma impositiva y límites fiscales

Caputo también descartó la posibilidad de otorgar aumentos adicionales a las jubilaciones en el corto plazo. Argumentó que el margen fiscal es limitado y que cualquier mejora adicional debería financiarse con mayor crecimiento económico.

“No podemos darnos el lujo de hacer cosas que nos encantaría hacer, como subir jubilaciones o bajar más impuestos, porque de algún lado tiene que entrar esa plata”, explicó.

La misma lógica se aplica a los cambios tributarios que el Gobierno analiza: las eventuales reducciones impositivas o la baja de retenciones dependerán del sostenimiento del superávit fiscal.

La apuesta estructural: ahorro privado y crédito

Otro eje central del discurso del ministro fue la necesidad de movilizar el ahorro privado fuera del sistema financiero. Caputo afirmó que los argentinos tienen 170.000 millones de dólares fuera del circuito bancario, una cifra que triplicaría los depósitos en pesos.

Para el Gobierno, recuperar la confianza suficiente para que esos recursos ingresen al sistema permitiría expandir el crédito y financiar inversión productiva, dos factores que considera clave para sostener el crecimiento.

Un equilibrio político todavía en construcción

El Gobierno busca sostener una narrativa clara: inflación en descenso, equilibrio fiscal y apertura a inversiones internacionales. Sin embargo, el dato de inflación de febrero recuerda que la estabilización económica sigue siendo un proceso frágil, expuesto a factores políticos, movimientos de precios relativos y tensiones sociales.

En ese contexto, el desafío oficial será demostrar en los próximos meses que el rebote inflacionario fue efectivamente transitorio. La evolución del índice de precios, la reacción del consumo y la llegada efectiva de inversiones serán variables centrales para medir si el programa económico logra consolidar el escenario que el Gobierno proyecta.

Por ahora, el mensaje de Caputo busca sostener la confianza. Pero la política económica argentina suele medirse menos por las promesas que por la persistencia de los resultados.

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Caputo defendió el modelo económico y relativizó el “riesgo kuka” en un foro empresarial en Mendoza

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El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió este jueves 5 de marzo el rumbo económico del Gobierno y buscó reforzar la confianza del sector privado durante su exposición en el 7° Foro de Inversiones y Negocios realizado en Mendoza. En ese escenario, el funcionario volvió a mencionar el llamado “riesgo kuka” como uno de los factores que explican la suba del riesgo país, aunque al mismo tiempo relativizó su existencia al sostener que el kirchnerismo “va camino a ser una minoría” y que su regreso al poder es improbable.

La doble afirmación dejó planteada una tensión política y financiera: si el propio ministro considera improbable ese escenario electoral, ¿por qué los mercados lo seguirían tomando como un factor de riesgo? El interrogante atraviesa el diagnóstico oficial sobre la persistente desconfianza que todavía condiciona el financiamiento argentino.

Caputo aprovechó el foro organizado por el gobierno de Mendoza para enviar una señal de continuidad del programa económico del Gobierno nacional. “No hay razón para ser pesimistas”, aseguró ante empresarios e inversores, al tiempo que sostuvo que la actual estabilidad macroeconómica responde a una “decisión política” del presidente Javier Milei y su equipo económico.

Un discurso centrado en la reconstrucción de confianza

El eje del mensaje oficial giró alrededor de la necesidad de reconstruir la confianza, un concepto que el ministro repitió como condición indispensable para acelerar la recuperación económica.

Según su exposición, Argentina arrastra décadas de desconfianza institucional y financiera, lo que limita la velocidad de crecimiento incluso en contextos de estabilidad macroeconómica. En ese sentido, el funcionario sostuvo que el actual programa económico se diferencia de etapas anteriores porque el orden fiscal y monetario no surge de una crisis, sino de una decisión política deliberada.

Para ilustrar esa diferencia, Caputo recordó experiencias pasadas como la convertibilidad, que —según su interpretación— nació tras dos hiperinflaciones y el Plan Bonex, episodios que implicaron una fuerte licuación de salarios, jubilaciones y depósitos.

El ministro insistió en que el objetivo del actual Gobierno es romper ese ciclo histórico de estabilidad transitoria seguido de crisis. En esa línea, planteó que el equipo económico llegó con la intención de hacer “lo que Argentina no hizo en 120 años”.

Capitalismo de mercado y tensiones con el sector industrial

El discurso también incluyó una respuesta indirecta a las críticas de la UIA, que días atrás cuestionó el rumbo de la apertura comercial impulsada por el Gobierno.

Caputo rechazó que el modelo económico sea antiempresario y lo definió como “capitalismo de mercado”, aunque aclaró que el esquema favorece a quienes compiten en condiciones abiertas. En esa lógica, defendió la liberalización de importaciones y cuestionó los esquemas de protección industrial que encarecen productos para el consumidor.

El ministro sostuvo que obligar a los argentinos a pagar precios varias veces superiores a los internacionales —como en el caso de neumáticos o prendas de vestir— constituye una distorsión económica y social.

La discusión con la industria revela una de las tensiones estructurales del programa económico: la apertura comercial y la competencia internacional generan resistencia en sectores empresariales que reclaman una política industrial más activa.

Los dólares fuera del sistema y la apuesta a la formalización

Otro de los puntos centrales del discurso fue la necesidad de movilizar el ahorro en dólares que permanece fuera del sistema financiero.

Caputo señaló que el crecimiento económico podría acelerarse si esos recursos ingresaran al circuito formal. Según su planteo, el país dispone de capital suficiente, pero una parte significativa permanece inmovilizada por la desconfianza acumulada.

El ministro defendió en ese marco la Ley de Inocencia Fiscal, que ofrece protección legal a quienes decidan depositar sus ahorros en bancos o sociedades de bolsa mediante la adhesión al Régimen de Ganancias Simplificado.

Desde la perspectiva oficial, el ingreso de esos dólares permitiría expandir la inversión y el empleo sin recurrir a medidas de shock. El enfoque se apoya en dos pilares: superávit fiscal y reducción gradual de impuestos, con el objetivo de fortalecer la competitividad sin recurrir a devaluaciones.

“Devaluar es bajarle el salario a la gente”, sostuvo Caputo, al explicar que la estrategia del Gobierno apunta a mejorar la competitividad a través de la baja de la carga tributaria en los distintos niveles del Estado.

Inflación, crecimiento y el frente político

El ministro también vinculó la recuperación económica con el proceso de desinflación. Según detalló, la inflación anual se redujo de 211% a 32%, un descenso que —según su interpretación— refleja el impacto del superávit fiscal.

Aun así, admitió que el ritmo de mejora económica todavía no alcanza a todos los sectores. “Hay gente que todavía la está pasando mal”, reconoció, al señalar que la velocidad del crecimiento es clave para que la recuperación llegue a los segmentos más rezagados.

En el plano político, Caputo proyectó un cambio de ciclo electoral y minimizó la posibilidad de una recuperación del kirchnerismo. Según su análisis, ese espacio político se encamina a convertirse en “una minoría absoluta” y podría quedar “marginal” hacia 2031.

Esa afirmación convive con la narrativa oficial que vincula el riesgo país con el temor del mercado a un eventual retorno de ese espacio político. La coexistencia de ambos argumentos refleja una tensión discursiva dentro del propio diagnóstico económico.

Entre la narrativa económica y la credibilidad del mercado

La intervención del ministro buscó consolidar un relato de estabilidad macroeconómica y confianza futura ante un auditorio empresarial. Sin embargo, el desafío central sigue siendo el mismo que el propio Caputo describió: reconstruir la credibilidad en un país marcado por ciclos repetidos de crisis y ajustes.

La política económica del Gobierno apuesta a que el orden fiscal y la apertura del mercado generen las condiciones para una expansión sostenida. Pero esa estrategia convive con tensiones internas —como el debate con el sector industrial— y con un mercado financiero que todavía observa con cautela.

En ese equilibrio inestable se mueve hoy la agenda económica: entre la expectativa de consolidar un nuevo ciclo de estabilidad y la pregunta, todavía abierta, sobre cuánto tiempo tardará la confianza en traducirse en inversión y financiamiento.

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