Infraestructura energética

Irán desmintió a Trump y aseguró que no hay negociaciones: “Continuaremos la defensa”

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Irán contestó este lunes a los dichos del presidente Donald Trump que no mantiene contacto con Estados Unidos, ni directo ni por intermediarios, según un medio. Esa información surgió después de que Trump anunciaba que posponía los ataques prometidos en su ultimátum del sábado, cuando instó al desbloqueo del Estrecho de Ormuz.

Fars indicó que Trump retiró su amenaza de atacar centrales eléctricas iraníes tras conocer la represalia de Irán, que consistió en atacar todas las instalaciones de generación de energía en la región de Asia Occidental.

La agencia de noticias semioficial Tasnim, citando a un alto funcionario de seguridad iraní, también informó que Trump desistió de atacar la infraestructura crítica iraní después de que las amenazas militares de Irán se volvieran creíbles.

El funcionario afirmó que no hay negociación entre Irán y Trump, y agregó que otro factor importante para esta retirada fue el aumento de la presión sobre los mercados financieros y las amenazas contra los bonos en Estados Unidos y Occidente.

Desde que comenzó la guerra a finales del mes pasado, algunos mediadores enviaron enviado mensajes a Teherán, apuntó el funcionario, y agregó que la respuesta clara de Teherán fue que “continuaremos la defensa hasta lograr la disuasión necesaria”.

En una publicación del lunes en la plataforma de redes sociales Truth Social, Trump afirmó que Estados Unidos e Irán habían mantenido, durante los dos últimos días, “conversaciones muy buenas y productivas sobre una resolución completa y total de nuestras hostilidades en Oriente Medio”.

“Basándome en el tono de estas conversaciones profundas, detalladas y constructivas, que continuarán durante toda la semana, he ordenado al Departamento de Guerra que posponga todos los ataques militares contra las centrales eléctricas y la infraestructura energética iraníes durante un período de cinco días”, declaró Trump.

El sábado, Trump había amenazado con “atacar y aniquilar” las centrales eléctricas iraníes si el estrecho de Ormuz no se abría en 48 horas.

También este lunes, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, habló por teléfono con su homólogo turco, Hakan Fidan, para discutir los últimos acontecimientos en Oriente Medio.

Araghchi se refirió a los “crímenes perpetrados por los agresores contra el pueblo iraní, especialmente los ataques contra escuelas, hospitales y zonas residenciales”, y expresó la determinación de Irán de defender “decisivamente” su soberanía nacional e integridad territorial.

Por su parte, Fidan destacó las consecuencias de la guerra en curso para la región, subrayando la necesidad de reducir las tensiones y fortalecer las relaciones entre Irán y los países de la región. 

Qué pasa en el Estrecho

Mientras tanto, el representante iraní ante la Organización Marítima Internacional (OMI), Ali Mousavi, afirmó que las embarcaciones, excepto aquellas de los “enemigos”, pueden transitar por el estrecho de Ormuz mediante arreglos coordinados previos de seguridad y prevención con las autoridades iraníes, informó la agencia semioficial de noticias Mehr. También subrayó que los compromisos marítimos internacionales deben estar en consonancia con el respeto a la integridad territorial de Irán y los derechos soberanos.

Irán, apuntó, está dispuesto a cooperar con la OMI y otros países para mejorar la seguridad marítima y proteger a los marineros. “La diplomacia sigue siendo prioridad para Irán. Sin embargo, es más importante que cese por completa la agresión, así como tener confianza y garantías recíprocas”, precisó Mousav.

Añadió que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán están en la “raíz de la situación actual en la región del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz”.

La voz parlamentaria

A su turno, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió que las infraestructuras de energía y petróleo de toda la región serán destruidas “irreversiblemente” si Estados Unidos ataca instalaciones energéticas iraníes. Las declaraciones de Ghalibaf en la red social X se produjeron después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con “atacar y arrasar” las plantas de energía iraníes si el estrecho de Ormuz no era reabierto en las próximas 48 horas.

Ghalibaf escribió que cualquier ataque se convertiría en “objetivos legítimos (…) infraestructura vital e instalaciones energéticas y petroleras de toda la región”, incrementando los precios del petróleo por un período prolongado. Anteriormente, el principal comando militar de Irán, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, emitió una advertencia similar, señalando que ataques contra infraestructuras de combustible y energía iraníes desencadenarían golpes contra instalaciones energéticas, tecnologías de la información y desalinizadoras de agua estadounidenses e israelíes en Asia Occidental.

En una publicación del 12 de marzo en X, el entonces secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani (quien moriría después en ataques estadounidenses-israelíes), advirtió que destruir la capacidad eléctrica de su país podría sumir a la región “en la oscuridad en media hora”. La campaña estadounidense-israelí, que comenzó el 28 de febrero, mató a figuras iraníes de alto rango, como el fallecido líder supremo Ali Jamenei, comandantes militares y civiles.Irán respondió lanzando múltiples ataques con misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses por todo Medio Oriente.

En una declaración que detalla las posiciones de Irán en medio de los actuales ataques de Estados Unidos e Israel, el ministerio de Relaciones Exteriores señaló que aquel país siempre respetó la libertad de navegación y la seguridad marítima. Agregó que trabajó para defender estos principios en el transcurso de los años.

El ministerio destacó que luego de la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, se impuso una situación peligrosa en el Golfo y el estrecho de Ormuz, lo que ha afectado directamente la seguridad de la navegación regional.Irán reafirma su derecho legítimo a la autodefensa contra los “agresores”, por lo que atacó instalaciones y bases militares estadounidenses en la región, además de adoptar una serie de medidas para garantizar que aquellos y sus partidarios no aprovechen el estrecho para impulsar sus objetivos contra el país, añadió.

Apoyo en Irak

A todo esto, la Resistencia Islámica en Irak, un grupo paraguas de las milicias pro-iraníes de Irak, informó que había llevado a cabo 21 operaciones contra “bases de ocupación” en aquella nación y la región, durante el fin de semana.

En un comunicado, el grupo señaló que las operaciones se hicieron con “decenas de misiles y drones”, sin ofrecer más detalles sobre objetivos específicos ni víctimas.

El grupo reivindicó centenarios de ataques de este tipo durante los últimos días.

Entretanto, una fuente del Ministerio del Interior de Irak declaró bajo anonimato a Xinhua que varios ataques con drones tuvieron como objetivo esta madrugada la Base Victoria del Aeropuerto Internacional de Bagdad, si bien muchos fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea.

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Trump anuncia tregua temporaria con Irán y el petróleo se desploma: el alivio del Brent abre una tregua precaria en la crisis

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El anuncio de Donald Trump de suspender durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes provocó este lunes un movimiento inmediato en el tablero geopolítico y en los mercados: el crudo Brent se hundió un 13%, perforó la barrera de los 100 dólares y llegó a negociarse en torno a 96 dólares por barril poco después de las 12.00, tras conocerse que Estados Unidos e Irán mantuvieron durante los últimos dos días conversaciones que el presidente estadounidense definió como “muy positivas y productivas”. El dato excede la lógica financiera. Después de casi cuatro semanas de ofensiva, amenazas cruzadas y presión militar sobre el estrecho de Ormuz, Washington ensaya una pausa táctica que descomprime el precio de la energía, pero deja abierta una pregunta más política que bursátil: ¿se trata de un primer paso hacia una salida negociada o de una tregua instrumental en medio de una escalada todavía viva?

El impacto del mensaje fue instantáneo porque tocó el corazón del conflicto: la infraestructura energética y la libre navegación en uno de los corredores más sensibles del planeta. Trump informó que ordenó a su Departamento de Guerra posponer los ataques por un período de cinco días, condicionado al resultado de las reuniones en curso. La decisión llegó después de que el propio presidente hubiera dado el sábado un plazo de 48 horas para que Irán abriera “totalmente” el estrecho de Ormuz, bajo amenaza de atacar sus centrales eléctricas. En otras palabras, la Casa Blanca pasó en pocas horas de la coerción directa a una ventana limitada de negociación. No es un cambio menor: cuando el mercado leyó que el riesgo inmediato sobre el suministro podía moderarse, el petróleo reaccionó con una caída abrupta.

De la amenaza sobre Ormuz a una pausa condicionada

La relevancia del anuncio se entiende por el contexto. Desde el 28 de febrero, fecha de inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, la guerra dejó de ser un frente bilateral para convertirse en una crisis con impacto regional, energético y financiero. En ese marco, el estrecho de Ormuz se consolidó como pieza central: por allí transita el 20% de las exportaciones globales de crudo, lo que convierte cualquier amenaza sobre esa vía en una señal directa sobre inflación, abastecimiento y expectativas globales.

Trump buscó asociar la pausa militar a un avance diplomático. Según su mensaje en Truth Social, las conversaciones con Irán fueron “profundas, detalladas y constructivas” y continuarán durante la semana. Pero la tregua no implica desmovilización ni cierre de la ofensiva. El propio esquema que comunicó Washington deja claro que la suspensión depende del “éxito” de esas reuniones. Es decir, no se presentó como una desescalada consolidada, sino como una interrupción revocable.

La secuencia previa refuerza esa lectura. Teherán había advertido, según medios iraníes, que atacaría infraestructura energética de Estados Unidos si sus centrales eran bombardeadas. La Guardia Revolucionaria reiteró este lunes que no planea atacar centrales eléctricas de la región, aunque dejó establecido que, si la República Islámica sufre un ataque de ese tipo, “responderá de la misma manera”. Ese intercambio no describe una negociación madura; describe una correlación de amenazas donde ambas partes intentan fijar costos al adversario antes de cualquier eventual entendimiento.

El petróleo corrigió, pero no hubo una señal homogénea en todos los activos

El derrumbe del Brent fue la reacción más visible, aunque no la única. El WTI, referencia en Estados Unidos, se movía en dirección opuesta en la previa de la apertura oficial del mercado estadounidense, con una suba del 0,78%, hasta los 112,81 dólares. La divergencia revela un dato importante: el mercado no leyó la jornada como un cierre limpio del riesgo, sino como una reconfiguración todavía inestable de expectativas, con señales cruzadas entre alivio coyuntural y persistencia del conflicto.

El movimiento se trasladó además a otros activos. El oro caía 5,98%, hasta 4.223,25 dólares por onza, en lo que podía convertirse en su novena baja consecutiva, mientras la plata retrocedía 9,24%, hasta 61,66 dólares por onza, en su quinta jornada en negativo. En paralelo, el dólar volvía a fortalecerse. La combinación es consistente con una reasignación de refugio financiero: si el mercado percibe una reducción parcial del riesgo energético inmediato, la demanda por metales preciosos cede y la moneda estadounidense recupera centralidad. Sin embargo, esa dinámica no equivale a normalización. Más bien refleja un reacomodamiento ante una tregua de alcance todavía incierto.

La infraestructura energética se volvió el centro real de la guerra

El conflicto dejó de girar únicamente sobre capacidades militares o disuasión regional. La infraestructura energética se convirtió en blanco, amenaza y moneda de negociación al mismo tiempo. Por eso el anuncio de Trump tuvo semejante efecto. No habló de pausar ataques generales, sino de congelar por cinco días los golpes sobre centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes. Ese recorte de objetivos no es técnico: busca bajar la tensión justamente en el punto que puede desatar un desorden mayor en los mercados y en la seguridad regional.

La presión sobre Ormuz sigue siendo el otro componente crítico. Según lo informado, Keir Starmer abordó con Trump la necesidad de reabrir el estrecho al transporte marítimo y ambos coincidieron en que esa reapertura resulta esencial para la estabilidad del mercado energético mundial. El alineamiento entre Washington y Londres refuerza la idea de que el problema ya no se limita a la confrontación con Irán, sino a la contención de una crisis que amenaza la cadena global de suministro.

En paralelo, la escalada continuó en otros frentes. El CENTCOM anunció el ataque a una planta iraní de producción de motores utilizados en drones y aeronaves de la Guardia Revolucionaria, ubicada en la provincia de Qom. A la vez, Arabia Saudí, Emiratos, Kuwait y Baréin reportaron nuevos ataques o interceptaciones durante la noche. Es decir, mientras Washington ofrecía una pausa condicionada sobre infraestructura energética, el teatro regional seguía activo. Esa coexistencia de tregua parcial y ofensiva periférica explica por qué el alivio del Brent no puede leerse todavía como una señal de estabilización profunda.

La señal política de Trump: contener el costo energético sin ceder la iniciativa

La decisión del presidente estadounidense también tiene una lectura de poder. Al ordenar una pausa de cinco días tras haber fijado un ultimátum de 48 horas, Trump intenta mostrar que conserva la iniciativa sobre los tiempos del conflicto. Primero elevó la amenaza. Luego abrió una compuerta de negociación. Ese mecanismo le permite ubicarse como actor que puede escalar o desescalar según la respuesta iraní y según el efecto buscado sobre los mercados.

Hay además una dimensión doméstica e internacional difícil de ignorar. En una guerra donde el precio del petróleo se volvió una variable política de primer orden, cualquier salto del crudo por encima de ciertos umbrales impacta sobre inflación, costos logísticos, expectativas de crecimiento y tensión social en múltiples países. La caída del Brent ofrece a Washington una ventaja táctica: al menos por unas horas, reduce la presión sobre el frente energético sin renunciar formalmente a la coerción militar.

Pero esa ventaja es frágil. La Agencia Internacional de la Energía, a través de Fatih Birol, advirtió que la situación es “muy grave” y que supera a las crisis energéticas de la década de 1970, en un escenario atravesado por el bloqueo de Ormuz y los ataques a centrales energéticas en Oriente Medio. La afirmación subraya que, más allá del desplome intradiario del Brent, la estructura de riesgo sigue intacta. Una conversación productiva no borra semanas de guerra ni neutraliza la capacidad de daño de los actores involucrados.

Irán mantiene la presión y busca negociar sin aparecer replegado

Del lado iraní, la estrategia parece orientarse a no quedar atrapado en una capitulación pública. La Guardia Revolucionaria rechazó la idea de que Teherán planee atacar centrales de la región, pero explicitó que responderá “de la misma manera” si Estados Unidos golpea instalaciones iraníes. Al mismo tiempo, se informó que Irán amenazó con minar “todo el golfo Pérsico” si sus islas son atacadas por Washington. La lógica es clara: abrir un margen de negociación sin renunciar a la capacidad de disuasión.

Ese punto importa porque condiciona cualquier escenario de alto el fuego. Una pausa negociada requiere algún tipo de reciprocidad verificable, pero también necesita que las partes no aparezcan debilitadas ante sus propias audiencias y aliados. Por eso el mensaje de Trump evita presentar el proceso como acuerdo cerrado, y por eso Irán mantiene un discurso de respuesta asegurada ante nuevos ataques. Ambos gobiernos están negociando, pero al mismo tiempo están cuidando la imagen de firmeza.

Repercusiones sobre energía, alianzas y gobernabilidad internacional

En términos de correlación de fuerzas, el freno temporal de los ataques fortalece en lo inmediato a los actores que venían reclamando contener el frente energético y asegurar la navegación. También otorga margen a los aliados que dependen del crudo de la región y necesitaban una señal de descompresión. La caída del Brent, por sí sola, ya funciona como un alivio político para esos gobiernos.

Sin embargo, la tregua deja bajo presión a todos los involucrados. Washington queda obligado a mostrar resultados de las conversaciones si quiere sostener el efecto estabilizador del anuncio. Teherán debe administrar la negociación sin que se interprete como retroceso forzado. Y los aliados regionales de ambos bloques seguirán midiendo hasta qué punto la pausa es real o simplemente un compás previo a una ofensiva más focalizada.

También habrá que observar el comportamiento del mercado en las próximas ruedas. Un rebote fuerte del crudo indicaría que el alivio fue leído como meramente táctico. Una consolidación por debajo de los 100 dólares sugeriría que los operadores empiezan a asignar mayor probabilidad a una contención del conflicto sobre la infraestructura energética. En cualquiera de los dos casos, el precio del petróleo seguirá funcionando como indicador político, no solo económico.

Un respiro de mercado, no una paz cerrada

La secuencia de este lunes dejó una imagen potente: una sola decisión presidencial alcanzó para derrumbar el Brent un 13% y alterar el mapa de activos globales. Pero también dejó en claro que la crisis sigue lejos de resolverse. Hubo conversaciones, sí. Hubo una pausa de cinco días, también. Pero el conflicto conserva todos sus puntos de combustión: Ormuz, la infraestructura energética, la capacidad de represalia iraní, la presión de los aliados y la persistencia de operaciones militares en la región.

La próxima semana será decisiva no tanto por lo que ya se dijo, sino por lo que efectivamente ocurra. Si las reuniones avanzan, el mercado podría consolidar la corrección y la diplomacia ganar espacio. Si fracasan, la pausa de cinco días puede quedar como un paréntesis breve antes de una nueva escalada sobre objetivos energéticos, con consecuencias mucho más amplias que las de una simple suba del barril.

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El Gobierno ajusta la privatización de ENARSA y redefine el cronograma para vender Transener

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El Gobierno nacional volvió a intervenir en el proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA) y dio una nueva señal sobre el ritmo y las condiciones de la venta de activos estratégicos del sistema energético. A través de la Resolución 364/2026, firmada el 19 de marzo, el Ministerio de Economía aprobó la incorporación de nuevas modificaciones al pliego del concurso público que busca desprenderse de la participación estatal en CITELEC S.A., controlante de Transener.

La decisión no introduce un cambio de rumbo, pero sí recalibra el procedimiento: suma dos nuevas circulares modificatorias (N° 3 y 4), ajusta el cronograma y retoca condiciones del pliego. En un proceso que ya venía siendo intervenido con correcciones previas, el movimiento abre un interrogante: ¿se trata de una optimización técnica para atraer inversores o de una señal de dificultades en la ejecución del plan original?

Una privatización por etapas con foco en el corazón del sistema eléctrico

La venta de CITELEC es el primer paso concreto dentro de la estrategia de privatización total de ENARSA, definida en la Ley 27.742 y reglamentada por el Decreto 286/2025, que dispuso avanzar por etapas para garantizar la continuidad de los servicios y las obras en curso.

No es un activo menor. CITELEC controla el 52,65% de Transener, la empresa que opera la red de transporte de energía eléctrica en alta tensión en todo el país. A su vez, ese entramado societario incluye participaciones indirectas en Transba S.A., responsable del transporte troncal en la provincia de Buenos Aires, y en Transener Internacional Ltda., con operaciones en Brasil.

En términos de poder real, lo que está en juego no es solo una empresa, sino el control de la infraestructura crítica que sostiene el sistema eléctrico nacional.

El mecanismo elegido es un concurso público con base, de alcance nacional e internacional, sin programas de propiedad participada ni preferencias para sectores específicos, lo que confirma una decisión política: priorizar la competencia abierta por sobre esquemas de distribución accionaria más amplios.

Cambios sobre la marcha: cronograma, pliegos y señales al mercado

La Resolución 364/2026 se inscribe en una secuencia de ajustes. El proceso había sido formalmente lanzado en diciembre de 2025 con la Resolución 2090/2025, que aprobó el pliego, convocó al concurso (N° 504/2-0002-CPU25) y fijó las primeras fechas.

Días antes de esta nueva medida, la Resolución 281/2026 ya había introducido modificaciones a través de una circular previa. Ahora, con las circulares 3 y 4, el Ministerio de Economía vuelve a intervenir sobre dos ejes: Reprogramación del cronograma del proceso. Cambios en artículos del pliego para “mejorar, ampliar y corregir” condiciones

El argumento formal apunta a garantizar los principios de la contratación administrativa y del proceso de privatización, en línea con la Ley 23.696. Pero en clave política, los ajustes sucesivos muestran que el diseño original del proceso sigue en revisión.

La intervención de la Secretaría de Energía y de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” refuerza la idea de que se trata de un proceso central dentro de la agenda económica del Gobierno.

Impacto político y económico: entre la señal pro-mercado y la ejecución real

La privatización de ENARSA —y en particular de su participación en el sistema de transporte eléctrico— tiene una doble lectura.

Por un lado, consolida una señal pro-mercado alineada con el marco legal vigente: avanzar en la desinversión estatal en empresas estratégicas y abrir el juego a capitales privados, incluso internacionales.

Por otro, la necesidad de ajustar pliegos y cronogramas introduce un matiz: la ejecución del proceso no es lineal.

Cada modificación puede leerse como una instancia de adaptación para mejorar condiciones y atraer oferentes, pero también como un indicio de que el proceso requiere calibración constante para sostener su viabilidad.

En ese equilibrio se juega parte de la credibilidad del esquema: no alcanza con la decisión política de privatizar, también importa cómo se implementa.

Además, el hecho de que no se contemplen mecanismos de propiedad participada ni preferencias específicas delimita el tipo de actores que podrán competir, lo que impacta directamente en la configuración futura del sector.

Un proceso abierto, con variables en movimiento

La resolución entra en vigencia de inmediato y ordena la publicación de las nuevas circulares en los canales oficiales, incluyendo plataformas nacionales e internacionales.

Pero más allá del acto administrativo, el proceso sigue abierto. Las próximas semanas estarán marcadas por dos variables clave: la respuesta del mercado a las nuevas condiciones y la capacidad del Gobierno para sostener el cronograma ajustado.

En un contexto donde la infraestructura energética es un activo estratégico, cada modificación del proceso no solo ordena un expediente, sino que también redefine expectativas sobre el futuro del sector eléctrico y el rol del Estado en su gestión.

Por ahora, el Gobierno avanza. Pero lo hace corrigiendo sobre la marcha, en un proceso donde la letra de los pliegos y los tiempos del mercado todavía están buscando un punto de equilibrio.

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Gerardo Grippo: “Todavía no vemos un proyecto integral para aprovechar el gas de Vaca Muerta”

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Mientras Argentina proyecta convertirse en exportador global de energía, la industria misionera advierte que la falta de gas natural y las asimetrías estructurales profundizan la pérdida de competitividad en el norte del país.

En un escenario donde la Argentina busca posicionarse como proveedor global de energía a partir del desarrollo de Vaca Muerta, las economías regionales del norte enfrentan una realidad muy distinta: altos costos energéticos, limitaciones de infraestructura y crecientes dificultades para competir.

El ingeniero Gerardo Grippo, presidente del Movimiento Industrial Misionero, puso el foco en una de las principales brechas estructurales: la ausencia de gas natural por redes en Misiones, un factor que -según advierte- condiciona el desarrollo productivo y desalienta inversiones.

“Contar con Vaca Muerta es un activo estratégico enorme para el país, pero todavía no vemos un proyecto integral de desarrollo nacional que permita aprovechar plenamente ese potencial”, señaló.

Energía: la gran asimetría

Grippo remarcó que la Argentina debería no solo exportar gas, sino también utilizar ese recurso para garantizar energía competitiva en el mercado interno. En ese esquema, la falta de infraestructura aparece como el principal cuello de botella.

“La extensión de los gasoductos es clave. Hoy existe un proyecto que llegaría hasta Paso de los Libres para exportar a Brasil, pero también debería contemplar su llegada a Misiones. De lo contrario, la provincia seguirá en una situación de aislamiento energético”, advirtió.

La consecuencia directa es una pérdida de competitividad. Sin acceso a gas natural, las industrias misioneras enfrentan mayores costos de producción en comparación con otras regiones del país que sí cuentan con ese insumo estratégico.

Yacyretá, energía sin impacto local

La paradoja energética también atraviesa a la región. A pocos kilómetros de Misiones, la represa de Yacyretá aporta entre el 15% y el 20% de la energía eléctrica nacional, pero ese recurso no se traduce en ventajas competitivas para la provincia.

“La disponibilidad de energía genera desarrollo industrial, urbano y social. Pero hoy esa energía no está impulsando el crecimiento local”, planteó Grippo

En el debate sobre reformas laborales, el dirigente industrial fue claro: el problema central no es el costo del trabajo, sino la falta de condiciones estructurales para producir.

“El empleo no se genera porque sea más barato contratar. Se genera cuando hay demanda. Hoy la industria tiene niveles de capacidad instalada cercanos al 50%, con sectores mucho más abajo”, explicó.

En ese contexto, advirtió que las reformas sin consenso social pueden derivar en mayor precarización, sin resolver los problemas de fondo.

Grippo también subrayó el rol del tipo de cambio como herramienta de competitividad, aunque señaló las limitaciones del caso argentino por su estructura bimonetaria.

“A diferencia de otros países, cualquier ajuste cambiario en Argentina impacta rápidamente en los precios internos. A eso se suman otros factores como la carga impositiva, los costos logísticos y el acceso al financiamiento”, detalló.

Mercosur y apertura: oportunidad con condiciones

Sobre el escenario internacional, el presidente del Movimiento Industrial Misionero consideró que el Mercosur sigue siendo una plataforma clave, pero advirtió sobre los riesgos de una apertura sin políticas productivas.

“La integración es necesaria, pero si no resolvemos las asimetrías internas -energía, infraestructura, financiamiento- la apertura puede profundizar las desigualdades y debilitar a las economías regionales”, sostuvo.

Un reclamo estructural

La conclusión es clara: mientras el país proyecta exportar energía al mundo, una parte de su entramado productivo sigue operando con desventajas estructurales.

Para Misiones, el acceso a energía competitiva no es solo una cuestión técnica, sino una condición indispensable para sostener la industria, generar empleo y consolidar su rol dentro del Mercosur.

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Valdés presentó en New York el gasoducto Chaco–Santa Catalina como carta política y productiva en la agenda internacional

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El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, cerró el jueves (12/03) su participación en la Argentina Week en Nueva York con una apuesta clara: colocar al gasoducto Chaco–Santa Catalina en el centro del mapa de inversiones para el nordeste argentino. Durante un panel de gobernadores realizado en el marco del encuentro, el mandatario provincial presentó la obra energética como una infraestructura capaz de redefinir el perfil productivo de la región y abrir nuevas oportunidades industriales.

La intervención funcionó, además, como el punto final de su gira en Estados Unidos. En un foro orientado a vincular a dirigentes provinciales con inversores y actores del sistema financiero internacional, Valdés eligió subrayar un mensaje político y económico concreto: la disponibilidad de gas natural podría transformar el escenario energético de Corrientes y generar condiciones para atraer capital productivo.

La pregunta que sobrevuela ese planteo es evidente. ¿Se trata simplemente de un proyecto de infraestructura o del intento de posicionar a Corrientes como un nodo energético en el nordeste, capaz de alterar la dinámica productiva regional?

Infraestructura energética y estrategia de desarrollo

En su exposición, Valdés explicó que la construcción del gasoducto Chaco–Santa Catalina tendría efectos directos sobre varios sectores de la economía provincial. Según detalló, la llegada del gas natural permitiría ampliar la capacidad productiva en áreas vinculadas a la logística, la industria química y el sector alimentario.

El planteo apunta a una ecuación clásica en la política económica regional: energía más accesible como motor para atraer inversiones. En ese marco, el gobernador sostuvo que la obra podría facilitar además la exportación de productos agroindustriales deshidratados, un segmento donde el acceso a energía competitiva suele ser un factor decisivo para la industrialización local.

Durante el panel también proyectó un horizonte más amplio. La infraestructura energética —según indicó— abriría la puerta al desarrollo de nuevos modelos de negocios vinculados al gas, como plantas de GNL o GNC.

El argumento se articula con una narrativa de desarrollo basada en infraestructura estratégica. En esa lógica, el gasoducto aparece no solo como una obra energética sino como una plataforma para reconfigurar cadenas productivas.

Energía, inversiones y posicionamiento regional

El mensaje del gobernador estuvo acompañado por una cifra que dimensiona el alcance del proyecto. De acuerdo con su exposición, el gas natural beneficiaría a más de 2,6 millones de personas en Corrientes y Misiones, con energía “más competitiva y limpia”.

En términos económicos, el planteo vincula tres variables: reducción de costos productivos, mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental. Esa combinación suele ser central en los discursos dirigidos a potenciales inversores internacionales.

En ese sentido, Valdés enfatizó la necesidad de consolidar condiciones institucionales que respalden la llegada de capital. “Con reglas claras y un marco legal que promueve inversiones, Corrientes puede consolidarse como un nodo energético del NEA”, afirmó durante su intervención.

La estrategia se inscribe en una dinámica más amplia donde las provincias buscan posicionarse en el escenario internacional para captar proyectos productivos. En ese terreno, las obras de infraestructura energética funcionan como una carta de negociación política y económica.

Un proyecto que abre expectativas y desafíos

El cierre de la participación correntina en la Argentina Week dejó instalado un eje claro: la infraestructura energética como palanca de desarrollo regional.

Si el gasoducto Chaco–Santa Catalina avanza según lo proyectado, el impacto podría extenderse más allá del suministro energético. El acceso al gas natural podría modificar costos industriales, habilitar nuevas actividades productivas y generar un entorno más atractivo para inversiones.

Sin embargo, el escenario todavía depende de múltiples variables: la concreción de la obra, la capacidad de transformar disponibilidad energética en proyectos industriales concretos y la coordinación regional para aprovechar esa infraestructura.

Por ahora, la apuesta política quedó planteada en un escenario internacional. El desafío comenzará cuando ese proyecto de desarrollo tenga que traducirse en inversiones, producción y empleo dentro del territorio.

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