El gobernador Hugo Passalacqua marcó distancias con la Nación en varios pasajes de su discurso en la apertura de las sesiones de la Legislatura. En el capítulo yerbatero, fue mucho más enfático. “Esta desregulación no es libertad, es una asimetría profunda”, remarcó.
El titular del Ejecutivo insistió en un precio para la materia prima en torno a los 50 centavos de dólar -piso marcado hace unos años por Carlos Rovira-.
“Nuestra postura es clara: el productor yerbatero debe recibir un precio justo por su trabajo. Hace exactamente un año pedíamos en este mismo lugar $505 y ese valor hoy sería $700 el kilo de hoja verde”, puntualizó.
También le dio una respuesta tácita al presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el libertario Rodrigo Correa, quien ninguneó la queja de los productores y la existencia de una crisis yerbatera. “La crisis SI EXISTE, pero no la están pagando todos por igual; el ajuste castiga al eslabón más vulnerable, el productor, mientras el sector industrial mantiene sus márgenes. Estamos hablando de 400 mil millones de pesos que dejan de ingresar a nuestra economía. Es dinero que ya no llega a la despensa, a la carnicería del barrio. La plata que siempre da vueltas, ya no gira porque no hay, deja de llegar, el yerbatero la deja de percibir”, enumeró Passalacqua.
El mandatario recordó que la Provincia interpuso un recurso de amparo en contra del DNU con el que Javier Milei desreguló el mercado yerbatero y destacó que sigue acompañando las medidas judiciales de los productores.
“La yerba mate forma parte de nuestra propia historia, cultura y eje central de la economía de cientos de miles de familias. La relevancia productiva del tarefero representa el 85% del volumen destinado a la producción, quienes sólo reciben alrededor del 8% del valor final. Este modelo actual de retiro del Estado Nacional, golpea al corazón productivo de Misiones: nuevamente nos dejan sin un precio consensuado o laudado para la hoja verde al negar las atribuciones históricas al INYM”, detalló.
“Esta desregulación no es libertad, es una asimetría profunda que deja el escenario donde se permite que el pez grande se devore al más chico”, remarcó.
La decisión final quedará en manos de la Justicia Federal, que por lo pronto, no hizo más que dilatar el avance de la causa: ante la demanda de los productores, ordenó dividir la causa por jurisdicción, entre Oberá e Iguazú, donde están los domicilios de los productores firmantes de la demanda. Aunque fue apelada, la decisión le da tiempo a la continuidad del DNU y su impacto en el mercado.
“No sólo acudimos a la justicia por este tema sino que acompañamos al sector primario con soluciones reales, como “descuentos al cheque”: en los casos donde los secaderos les pagaban a 60 o 90 días a los productores, estos llevaban los cheques al banco y la Provincia se los cambiaba, absorbiendo el interés del descuento de 90 días y los productores cobraban casi al contado. Tanto al sector tealero como al yerbatero dimos constante apoyo con créditos a tasa subsidiada que sirvieron especialmente para que las cooperativas pudieran realizar el acopio y secanza de hoja verde. Además, impulsamos el Centro de Transacciones de la Yerba Mate (CETYM) como mecanismo de trazabilidad y mayor transparencia en las operaciones comerciales”, remarcó.
La batalla judicial contra la desregulación del mercado yerbatero entró en una nueva etapa: la del desgaste por el tiempo. Mientras productores, cooperativas y asociaciones reclaman la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 164 al 168 del DNU 70/2023 -norma que eliminó las principales facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)-, la Justicia Federal decidió no avanzar sobre el fondo del planteo y optó por fragmentar las causas según la competencia territorial.
La consecuencia práctica es inmediata: no hay definición sobre la medida cautelar solicitada para suspender los efectos del decreto y el esquema desregulado sigue plenamente vigente.
Los expedientes, patrocinados por el abogado José Federico Padolsky, buscaban que se declarara la nulidad e inaplicabilidad de los artículos cuestionados del DNU y también del Decreto 812/2025, que profundizó la reglamentación del nuevo régimen y consolidó la imposibilidad del INYM de fijar precios de referencia para la hoja verde y la yerba canchada.
En el expediente 2764/2026, promovido por Jorge Skripczuk (Impulso Yerbatero), Edgar Hein (Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones), Antonio Rodríguez Franza (Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay) y Hugo Sand (APAM), el Juzgado Federal de Posadas declaró su incompetencia territorial y ordenó remitir la causa al Juzgado Federal de Oberá, argumentando que los domicilios de las entidades actoras se encuentran fuera de su jurisdicción.
En paralelo, en la causa 2765/2026, iniciada por Salvador María Torres (Cooperativa Río Paraná) y Julio Alfredo Petterson (Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte), la Justicia resolvió dividir aún más el expediente: Torres deberá litigar en Oberá y Petterson en Puerto Iguazú.
La Fiscalía Federal acompañó ese criterio y sostuvo que, aunque corresponde la jurisdicción federal, Posadas no sería territorialmente competente conforme a los artículos 4 y 5 del Código Procesal Civil y Comercial.
Pero el principal cuestionamiento no pasa sólo por el cambio de tribunal. Los productores habían solicitado una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de los artículos del DNU 70/23 y del Decreto 812/2025 hasta que exista sentencia definitiva.
Sin embargo, el juzgado evitó pronunciarse sobre esa medida y resolvió primero la incompetencia. Para la parte actora, eso constituye una “verdadera denegación de justicia”.
En la apelación presentada, Padolsky sostiene que “aun en el hipotético caso de admitirse la declinatoria de competencia”, el juzgado debía resolver primero la cautelar, ya que existe una situación de urgencia manifiesta y la omisión deja a los productores sin protección frente a un régimen que ya está generando consecuencias económicas graves y de difícil reparación ulterior.
La presentación agrega que remitir el expediente sin tratar la cautelar implica “una postergación indefinida de la tutela solicitada”, desnaturalizando el instituto preventivo y consolidando de hecho el nuevo régimen impuesto por Nación.
El argumento de fondo: el juez ya había prevenido
La apelación también cuestiona la declaración de incompetencia por considerar que viola los principios de prevención, conexidad procesal y economía judicial.
Según los productores, el mismo Juzgado Federal de Posadas ya había intervenido previamente en la causa Gertel (Expte. 174/2024), vinculada al mismo conflicto yerbatero, donde incluso dictó medidas cautelares y ordenó la reconducción procesal hacia la actual acción declarativa de inconstitucionalidad.
Por eso sostienen que existía una “prevención” consolidada: el tribunal ya conocía el caso, sus antecedentes, su plataforma jurídica y los efectos concretos de la desregulación.
“Fragmentar el conocimiento jurisdiccional genera riesgo cierto de decisiones contradictorias”, advierte la apelación.
En uno de los escritos incorporados al expediente, los actores además presentaron como “hecho nuevo” una entrevista periodística donde un representante de la industria dentro del directorio del INYM reconoció que “el INYM cambió su naturaleza a partir del decreto 70/2023, y después reforzado con el decreto 812”.
Ese reconocimiento fue utilizado como prueba adicional para reforzar la verosimilitud del derecho invocado, ya que confirma que el organismo quedó impedido de cumplir funciones esenciales como la fijación de precios de referencia.
Para los demandantes, esto prueba que el DNU no fue una mera reforma administrativa sino una alteración sustancial del régimen legal previsto por la Ley 25.564.
Mientras la Cámara Federal analiza las apelaciones, el problema central sigue siendo político y económico: cada semana sin cautelar consolida la desregulación.
Sin precio sostén, con un mercado completamente liberado y con la industria pagando valores muy por debajo de los costos de producción denunciados por los productores, el litigio judicial empieza a convertirse también en una carrera contra el reloj.
El Gobierno nacional dejó una definición contundente sobre el conflicto yerbatero: no habrá regreso a la regulación de precios, no se prevén medidas extraordinarias para sostener a pequeños y medianos productores y la salida financiera para la industria deberá buscarse en el sistema privado.
La postura fue explicitada en las respuestas oficiales elevadas por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ante la Cámara de Diputados, donde defendió el modelo de desregulación aplicado tras el DNU 70/23 y los decretos reglamentarios que limitaron las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate.
“La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informa que el sector ha ingresado en una fase de sinceramiento y recuperación”, sostiene la respuesta oficial, apoyándose en los datos del propio INYM. Según el Gobierno, la salida de molino con destino al mercado interno en 2025 alcanzó las 266.834 toneladas, un 3,11% más que las 258.790 toneladas de 2024.Sin embargo, ese mismo dato contrasta con la evolución del mercado: entre 2023 y 2025, las ventas en el mercado interno pasaron de 285,3 millones de kilos a 266,8 millones, lo que representa una caída acumulada del 7,1%.
“No intervención” y defensa del libre mercado
La Casa Rosada sostiene que la desregulación permitió corregir distorsiones históricas y liberar a la industria de un sistema que, según su visión, producía para acumular stock y no para vender.
“Esto demuestra que la desregulación permitió a la industria movilizar sus elevados stocks acumulados para satisfacer una demanda creciente, eliminando la ineficiencia de producir solo para stockearse bajo precios artificiales”, respondió Agricultura.
Además, el Gobierno ratificó que el INYM ya no tiene herramientas legales para fijar precios mínimos.
“Bajo este nuevo paradigma de libertad de mercado, el INYM no cuenta con facultades legales para intervenir en la fijación de precios mínimos”, afirmó la respuesta enviada al Congreso.
La conclusión oficial es directa: “No se adoptaron medidas de corrección porque la ‘no intervención’ ha permitido alcanzar indicadores récord que el modelo regulado nunca logró”.
Nación no asistirá a los pequeños productores
Uno de los puntos más sensibles fue la consulta sobre los productores medianos -establecimientos de 30 a 40 hectáreas con contratación de mano de obra y fuerte exposición a los costos- y qué políticas específicas se aplicarán para evitar su desaparición. La respuesta fue que la rentabilidad no vendrá por asistencia estatal sino por competitividad.
“El respaldo se completa con la mejora del 14,9% en el valor de las ventas externas, el acceso a crédito productivo (Línea BNA Agroactiva) y la continuidad del Programa Intercosecha, garantizando rentabilidad basada en la eficiencia y no en el asistencialismo estatal”, señaló Agricultura.
Es decir: el Gobierno no prevé un esquema diferencial para sostener a los productores más chicos ni mecanismos de compensación frente a la caída del precio de la hoja verde. La apuesta oficial es que el crecimiento exportador y la apertura del mercado permitan que los productores se adapten a la nueva lógica competitiva.
La industria deberá financiarse con deuda nueva
Frente a otra consulta sobre las pérdidas estimadas en $276.000 millones por parte de los productores y el crecimiento de 53 por ciento de la deuda de los principales molinos, el Ejecutivo tampoco anunció herramientas específicas de rescate.
La respuesta oficial fue que existen líneas de financiamiento generales, como la Línea BNA Agroactiva 2025, con tasas bonificadas para maquinaria agrícola.
“Financiamiento: para acompañar este proceso, se encuentran vigentes líneas como la Línea BNA Agroactiva 2025, con tasas bonificadas para maquinaria agrícola, fomentando la inversión genuina”, respondió Adorni.
La señal política es clara: no habrá salvataje sectorial. La industria deberá buscar capital de trabajo y refinanciación en el crédito privado, es decir, tomar nueva deuda para sostener la operatoria.
A pesar de que productores denuncian que la hoja verde se paga entre 180 y 240 pesos por kilo -por debajo de los costos de producción estimados-, la respuesta oficial sostiene que el mercado “se autorregula” y que los indicadores demuestran rentabilidad.
“El mercado yerbatero ha demostrado una notable capacidad de autorregulación, lo que invalida los argumentos a favor de la intervención estatal”, respondió el jefe de Gabinete de Javier Milei.
Incluso, el Ejecutivo afirma que “el mercado libre reconoce el valor de la producción y cubre los costos operativos mediante el dinamismo comercial y la reducción de stocks excedentes”.
En esa lógica, la crisis denunciada desde Misiones no sería consecuencia de la desregulación, sino parte de una transición hacia un sistema más eficiente, exportador y menos dependiente del Estado.
La posición nacional choca de frente con el diagnóstico de productores, cooperativas y del propio Gobierno de Misiones, que vienen reclamando un precio de referencia para la hoja verde y una recuperación de herramientas regulatorias para evitar el deterioro del ingreso primario. Para la Nación, la solución pasa por exportar más, tomar crédito y ganar eficiencia. Para los productores, el problema sigue siendo el mismo: vender por debajo del costo.
En medio de la crisis que atraviesa la cadena yerbatera por la desregulación del mercado y la caída del precio de la hoja verde, más de 200 pequeños productores de Misiones nucleados en la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) y comunidades de pueblos originarios lanzaron “La Soberana”, una nueva marca de yerba mate con la que buscan garantizar un precio justo para los colonos, evitar el quebranto productivo y sostener el trabajo rural.
La iniciativa surge como respuesta directa al deterioro del sector primario tras la pérdida de poder regulador del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en un contexto donde los productores denuncian que los valores actuales no alcanzan siquiera para cubrir los costos de producción y donde la cosecha, lejos de generar rentabilidad, implica trabajar a pérdida.
El proyecto fue impulsado por la UTT junto a Productores Independientes de Piray (PIP) y otras organizaciones territoriales, con el objetivo de avanzar hacia una integración más directa en la cadena comercial, reduciendo intermediarios y fortaleciendo el modelo asociativo.
Una de las referentes del proceso es Miriam Pena, productora misionera e integrante de PIP, quien explicó que el principal objetivo es “que haya un precio justo para los productores, los tareferos y todos los servicios que rodean a esta economía”, en referencia a una actividad que moviliza miles de familias en la provincia.
De la protesta a la marca propia
La crisis del sector no solo derivó en tractorazos, protestas y reclamos por mejores precios en distintos puntos de Misiones. También empujó a los productores a buscar alternativas propias para sostener la actividad.
“Se está pagando muy poco la hoja verde y se está esclavizando la mano de obra. Eso es lo que buscamos cambiar con La Soberana”, resumió Pena, al explicar el espíritu del proyecto.
Hace dos años, los socios comenzaron a trabajar en conjunto. En la primera cosecha lograron reunir 17.000 kilos de yerba mate; actualmente ya alcanzan los 23.000 kilos, que fueron industrializados gracias a un acuerdo con el secadero Pérez Hermanos, de San Pedro.
Ese volumen permitió avanzar en el envasado y la distribución inicial de la nueva marca, que ya comenzó a presentarse en distintos espacios de alto valor simbólico y comercial.
Uno de los primeros desembarcos fue en La Plata, durante la inauguración del Centro Cultural Amaranto, donde se distribuyeron los primeros paquetes y se organizó una gran mateada. Luego, la marca llegó a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en el marco de un trabajo conjunto que sostienen desde hace tiempo con esa casa de estudios.
Una respuesta al derrumbe de precios
El trasfondo económico es contundente. Tras casi dos años sin precios de referencia oficiales, los productores denuncian una fuerte pérdida de rentabilidad y una creciente concentración en favor de grandes actores industriales.
Según los testimonios recogidos en el lanzamiento, el precio que hoy ofrece buena parte del sector molinero ronda los 160 pesos por kilo de hoja verde, un valor muy por debajo de los costos reales de producción. Frente a eso, La Soberana busca construir una alternativa comercial que mejore la retribución al productor y fortalezca el arraigo rural.
La experiencia también pone en discusión el modelo de comercialización tradicional y revaloriza el esquema cooperativo como herramienta de defensa económica.
“Nos costó mucho, pero nos da la certeza de que vamos por el camino correcto y eso nos fortalece mucho. Estamos muy felices”, sostuvo Pena.
Más que yerba: un modelo de soberanía alimentaria
El objetivo no termina en la yerba mate. Los productores ya proyectan extender la marca “La Soberana” a otros alimentos que forman parte de su red productiva, como harinas, panificados y conservas.
Además, el acuerdo con el secadero prevé al menos dos años de producción asegurada, mientras avanzan en la incorporación de nuevos asociados y en la consolidación de una red comercial más estable.
Para los impulsores, la experiencia representa mucho más que una marca: es una estrategia de supervivencia económica y una apuesta política por la soberanía alimentaria.
“Es muy triste lo que está pasando y genera mucha bronca, pero el camino es trabajar en conjunto, de manera organizada y comprometida. Así el sector le va a ir encontrando la vuelta. No todo está perdido”, concluyó la referente.
En un escenario donde la crisis yerbatera sigue profundizando tensiones entre productores, secaderos, molinos y exportadores, La Soberana aparece como una señal de resistencia desde la base productiva: una marca nacida en la chacra para disputar precio, mercado y futuro.
Orlando Stvass, vicepresidente de la cooperativa Agrícola de Colonia Liebig, cuya principal marca comercial es Playadito, sorprendió al avalar que el Instituto Nacional de la Yerba Mate sugiera un precio de referencia, aunque no sea obligatoria, medida que fue rechazada por el resto de la industria y por el presidente del organismo, el libertario Rodrigo Correa. La voz de Stvass tiene peso específico: Playadito es hoy la yerba más vendida dentro de la Argentina. El ejecutivo planteó un diagnóstico crítico sobre la situación del mercado yerbatero: “la sobreoferta de materia prima y la debilidad del consumo están presionando a la baja los precios al productor y no se prevén mejoras en el corto plazo”.
En una entrevista radial en La Red Rural, el referente de la firma que comercializa la marca Playadito describió un escenario de cambio abrupto respecto a años anteriores. “Hoy el mercado está sobreofrecido y eso tira todo para atrás”, explicó, al tiempo que vinculó la situación con el aumento de plantaciones en Misiones y Corrientes y una demanda que no logró expandirse al mismo ritmo.
“Comparto que el productor está en una situación difícil, pero la realidad de todo esto es que hubo una oferta enorme. En su momento, con el pleno auge que tuvo la yerba, con eso del ‘oro verde’, vinieron muchos inversores a la zona y muchas plantaciones nuevas”, señaló.
“Corrientes y Misiones plantaron cincuenta y cinco mil hectáreas nuevas, toda alta densidad, alta producción, y el mercado está sobreofrecido. Cuando el mercado está sobreofrecido genera esta situación“, apuntó.
“La única solución hoy es que haya algún factor climático, que es lo que pasó anteriormente: hubo tres o cuatro años de sequía y eso fue lo que realmente cambió la situación. Ahí el productor tenía todo el poder para defender el precio”, advirtió.
El rol del INYM en un mercado tensionado
Stvass se refirió al funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), en medio de cuestionamientos de productores por la falta de regulación efectiva.
Según su visión, el organismo “es una herramienta fundamental” para ordenar el sector, aunque señaló que no logró cumplir plenamente su función de promoción y desarrollo del mercado. En particular, planteó que el instituto debe fijar precios de referencia y fortalecer la estadística y el control de producción, pero advirtió sobre las limitaciones de imponer valores en un contexto de exceso de oferta.
“No me metería en el tema de regular precio, porque el Instituto lo que tiene que fijar es un precio de referencia. Ahí es donde está la competencia del productor. No es bueno en ningún lado fijar un precio por ley. Porque si te falta materia prima, se paga sobre el precio que fija el Instituto. Y cuando sobra materia prima, hay todo un artilugio para no pagar ese precio. El Instituto tiene que cumplir sus funciones: marcar un precio de referencia, hacer la estadística, la promoción, el desarrollo y el control de producción”, describió.
El planteo introduce una tensión con el resto de la industria y la política económica del presidente Javier Milei, que a través del DNU 70/23 le quitó al INYM todas las facultades de regulación de precios y de producción.
“Decime qué herramienta puede tener el gobierno nacional o provincial para solucionar un tema de sobreoferta. Nos gustaría que la soja valga 600 dólares, que el maíz valga 300 o 400 dólares, pero cuando tenés un commodity, el mercado te marca el piso y el techo. Yo entiendo a todos los productores, yo soy productor también y a mí me gustaría que la yerba valga por lo menos lo que cubra los costos de producción hoy, pero no se está dando por la sobreoferta”.
El eje del problema, de acuerdo al diagnóstico, es el incremento de la producción. Stvass indicó que se incorporaron unas 55.000 hectáreas nuevas en la región, lo que derivó en un excedente de materia prima.
Ese cambio de escenario generó: dificultades para absorber toda la cosecha (parte no se levantó el año pasado y ahora está sucediendo lo mismo en Misiones), presión a la baja sobre el precio pagado al productor y reducción de márgenes en toda la cadena.
En paralelo, la industria ajustó su estrategia. Según lo informado, se aplicaron bajas de entre 20% y 25% en precios de góndola en años recientes y se redujeron márgenes operativos para sostener la comercialización.
El consumo interno, sin embargo, “no bajó”, aunque se registró una absorción de stocks acumulados en mayoristas y supermercados, lo que también impactó en la dinámica del mercado.
Productores presionan, pero el mercado fija límites
El conflicto expone una puja interna dentro de la cadena yerbatera. Por un lado, productores -especialmente los no integrados- reclaman mejores precios. Por otro, las cooperativas y la industria advierten que el margen de maniobra es limitado.
Stvass, en su doble rol de productor e industrial, reconoció la situación social del sector, pero sostuvo que el problema excede la capacidad de intervención directa. “Cuando hay sobreoferta, el mercado marca el piso y el techo”, planteó.
El escenario descrito combina varios factores económicos: caída del precio de la materia prima. Incremento de costos operativos (energía, impuestos). Endeudamiento elevado en la industria.
Según el dirigente, gran parte de las industrias del sector enfrenta niveles altos de deuda, en un contexto donde anteriormente debían pagar precios elevados por la hoja verde para asegurar abastecimiento. “El productor tenía todo el poder y no te entregaba la materia prima si no pagabas de contado. “Después cambió la política nacional, se cortó la expectativa de suba permanente y los mayoristas empezaron a consumir el sobrestock que tenían. Eso generó una contracción de todo el mercado”, precisó.
A esto se suma el impacto impositivo. Entre las medidas sugeridas, mencionó la necesidad de revisar tributos como Ingresos Brutos y el impuesto al cheque, además de avanzar en un fondo anticíclico para amortiguar crisis de sobreproducción.
El núcleo del problema se concentra en Misiones y Corrientes, donde se expandió la superficie cultivada. La sobreoferta impacta de manera directa en las economías regionales, especialmente en pequeños productores que no están integrados a estructuras cooperativas o industriales.
En ese contexto, las cooperativas aparecen como actores con mayor capacidad de amortiguar la crisis, al capturar valor en toda la cadena productiva.
El corto plazo aparece condicionado por factores que no dependen exclusivamente de decisiones internas del sector. Stvass señaló dos posibles vías de ajuste: un evento climático que reduzca la producción, como ocurrió en años de sequía, o la apertura o consolidación de nuevos mercados de exportación.
También dejó abierta la necesidad de intervención estatal, aunque con herramientas indirectas, como alivio fiscal o instrumentos financieros.
Mientras tanto, el sector transita un período de reacomodamiento, con reuniones entre actores para sostener a los productores más afectados y evitar una salida masiva del sistema.
