Recortaron las metas del programa de devolución de IVA a los jubilados
La devolución de IVA a los jubilados, un plan presentado por el Gobierno como una herramienta clave para favorecer a los sectores más vulnerables, tampoco alcanzará el este año la meta planteada en el momento de la sanción de la ley. El Presupuesto 2018 prevé para ese programa, creado en junio de 2016, un gasto de $4775 millones, un 72% menos de lo presupuestado para 2017 y solo una quinta parte de los $22.000 millones anuales calculados en el lanzamiento del plan.
El objetivo para 2018 está, de todas maneras, lejos de alcanzarse si el programa sigue funcionando como hasta ahora. El año pasado la devolución de IVA no llegó a los $2000 millones, pese a que el Presupuesto 2017 preveía un gasto en ese rubro de $17.138 millones. Los jubilados se perdieron de recuperar $15.000 millones.
Aunque en el último informe de la Jefatura de Gabinete ante el Congreso se aclaró que la cifra proyectada para este año no representa un límite para las devoluciones sino solo una estimación de lo que insumirá el programa, con el cálculo de 2018 el Gobierno no hace más que resignarse a que el plan seguirá sin explotar en el corto plazo. En lugar de redoblar los esfuerzos para que el dinero llegue al bolsillo de los jubilados, se recortaron las expectativas.
Concebido para atenuar el impacto del IVA en la canasta básica de los sectores más desprotegidos, el programa abarca a casi 6.500.000 personas, entre jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La ley indica que a los beneficiarios se les retribuye una porción del IVA por sus compras con tarjeta de débito. Durante el debate legislativo, el oficialismo sostuvo que para los jubilados significaría un “sueldo 14”, que se sumaría al aguinaldo. La cifra surgía de anualizar los $300 que como máximo cada beneficiario podía recuperar por mes, equivalente a 15 puntos porcentuales del IVA que pagaban en sus consumos.
El problema es que las operaciones con tarjeta de débito son muy escasas entre los beneficiarios. Por un lado, la mayoría de los jubilados acostumbra a comprar en efectivo. Por otro, hay una gran cantidad de comercios que no dispone de medios de pago electrónicos, en especial en los barrios más pobres. La pregunta es si se está haciendo el todo esfuerzo necesario para mejorar el funcionamiento del programa o si, como sospecha la oposición, el Gobierno está dejando que se desinfle para cumplir con las metas fiscales. El diario La Nación cuenta que no obtuvo respuesta de parte del Ministerio de Hacienda, el órgano de aplicación de la ley.
