Javier Milei

Aprueban un régimen especial de compras para la nueva obra social de las Fuerzas Armadas y busca acelerar la cobertura médica

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la puesta en marcha de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) al aprobar un régimen propio de compras y contrataciones, una herramienta que busca dotar al nuevo organismo de mayor agilidad para adquirir medicamentos, contratar prestadores de salud y garantizar la continuidad de las prestaciones médicas para miles de afiliados.

A través del Decreto 710/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo estableció el marco normativo que regulará todas las adquisiciones y contrataciones de la obra social creada por el Decreto 88/2026. El objetivo oficial es combinar rapidez operativa con mayores estándares de transparencia y control en un sector donde las demoras administrativas suelen traducirse en problemas concretos para los pacientes.

La medida responde a una necesidad estructural. A diferencia de otros organismos públicos, una obra social administra servicios sanitarios que requieren respuestas inmediatas. La compra de medicamentos de alto costo, la contratación de clínicas, laboratorios, profesionales médicos o redes asistenciales no siempre puede ajustarse a los tiempos habituales de una licitación pública tradicional.

En ese contexto, el Gobierno argumenta que la naturaleza autárquica de la OSFA exige un régimen específico que contemple las particularidades de la atención médica, sin abandonar los principios de publicidad, competencia, igualdad de oportunidades y uso eficiente de los recursos públicos.

El decreto establece que todas las contrataciones deberán respetar criterios de razonabilidad, economía, eficiencia, eficacia y transparencia. Sin embargo, incorpora herramientas que permitirán adaptar los procedimientos cuando se trate de prestaciones médico-asistenciales, farmacéuticas o sanitarias, donde la urgencia clínica, la disponibilidad de prestadores o la dispersión geográfica de los afiliados obligan a tomar decisiones con mayor rapidez.

Desde una perspectiva de gestión pública, el cambio busca resolver uno de los principales desafíos que enfrentan las obras sociales estatales: evitar que la burocracia administrativa termine afectando la continuidad de tratamientos o el acceso oportuno a servicios de salud.

El texto oficial sostiene que la nueva normativa permitirá uniformar criterios administrativos, fortalecer la trazabilidad de cada contratación y brindar mayor seguridad jurídica tanto para el organismo como para los proveedores.

Al mismo tiempo, el Gobierno otorgó facultades a la propia OSFA para dictar normas complementarias e instructivos internos que faciliten la aplicación del régimen, aunque fijó límites claros. Las modificaciones que alteren la esencia del sistema, sus principios rectores, la estructura de los procedimientos o las competencias del Directorio seguirán siendo exclusivas del Poder Ejecutivo.

La decisión forma parte del proceso de reorganización institucional iniciado este año con la creación de la OSFA, que reemplaza antiguos esquemas de administración sanitaria de las Fuerzas Armadas bajo un modelo de gestión unificado.

En términos económicos, el nuevo régimen también apunta a mejorar la capacidad de negociación con proveedores y generar procesos de contratación más previsibles, algo especialmente relevante en un contexto donde el gasto sanitario representa uno de los principales componentes del presupuesto de cualquier obra social.

Desde la óptica del periodismo de soluciones, la reglamentación no modifica directamente las prestaciones para los afiliados, pero sí crea las condiciones administrativas para que las compras críticas —como medicamentos, insumos hospitalarios o convenios con prestadores— puedan realizarse con mayor eficiencia, reduciendo riesgos de interrupciones en la cobertura y fortaleciendo la calidad del servicio.

La norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y constituye una de las piezas regulatorias centrales para completar la estructura operativa de la nueva obra social de las Fuerzas Armadas.

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Cerraron 41.000 kioscos desde 2023 y el sector advierte que ya “se parece a 2001”

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La crisis del consumo empieza a mostrar su dimensión más concreta en uno de los negocios que mejor reflejan el movimiento cotidiano de la economía. Desde diciembre de 2023 hasta ahora cerraron 41.000 kioscos en la Argentina, según un informe de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), que calcula que el sector pierde unas 50 bocas de expendio por día.

El dato implica que prácticamente uno de cada dos kioscos dejó de funcionar desde el cambio de Gobierno. Sobre una base estimada de 100.000 establecimientos existentes en diciembre de 2023, permanecen abiertos alrededor de 59.000. Para los representantes del sector, el deterioro ya tiene un antecedente concreto: la crisis de 2001.

“Se nota que hay menos plata en el bolsillo. La gente va reacomodando sus gastos y el kiosco pierde. El rubro está castigado”, señaló Ernesto Acuña, vicepresidente de UKRA, al describir el escenario que atraviesan los pequeños comercios.

La caída no se limita al cierre de locales. En barrios de clase media como Villa Urquiza, Caballito y Villa Crespo, las ventas se desplomaron 50% respecto de hace tres años. En el sur de la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y distintas zonas del interior, el retroceso es todavía más profundo: según UKRA, los kioscos venden apenas un tercio de lo que comercializaban dos años y medio atrás.

Incluso en los sectores de mayor poder adquisitivo la retracción se hizo visible. En Puerto Madero, Recoleta y Belgrano, el descenso ronda el 20%. El mapa expone así una contracción generalizada, aunque con distinta intensidad según el poder de compra de cada territorio.

El deterioro también aparece en las categorías tradicionales del negocio. Néstor Adrián Palacios, vicepresidente de UKRA, afirmó que las ventas de golosinas, alfajores, galletitas y otros productos característicos del canal cayeron entre 50% y 65%.

“La realidad que viven los kiosqueros y almaceneros en todo el país está marcada, en primer lugar, por la falta de consumo interno. No hay consumo”, sostuvo Palacios.

La respuesta de los comerciantes fue primero defensiva y después estructural. Kiosqueros que tenían locales sobre avenidas principales comenzaron a mudarse hacia calles secundarias, redujeron superficies o buscaron alquileres más bajos para preservar el negocio. El siguiente escalón, según la advertencia del sector, es transformar el local en un “kiosco ventana”, un garage o directamente trasladar la actividad a la vivienda.

El fenómeno muestra cómo el ajuste del consumo modifica también la estructura comercial de los barrios. Cuando cae el ingreso disponible, los consumidores reducen compras pequeñas y frecuentes, mientras los comercios buscan bajar costos fijos y competir con nuevos canales de venta.

La presión competitiva se amplió además por la aparición de supermercados, cadenas de farmacias y comercios de otros rubros que comenzaron a incorporar productos tradicionalmente asociados a los kioscos. Verdulerías y otros negocios suman golosinas y productos de consumo rápido como una fuente adicional de ingresos, muchas veces con menores márgenes y precios más competitivos.

Ni siquiera el Mundial logró cambiar la tendencia

El comportamiento del consumo medido por Scentia confirma que el deterioro no es solamente una percepción de los comerciantes. La consultora especializada en análisis de grandes volúmenes de datos registró una caída interanual de 4,6% en junio en el segmento de kioscos y comercios tradicionales.

El dato adquiere mayor relevancia porque junio también implicó una caída de 4,4% frente a mayo. En el primer semestre de 2026, el retroceso acumulado llegó al 2,3%, luego de una leve recuperación que se había insinuado durante los primeros meses del año tras el fuerte deterioro registrado en 2024 y 2025.

El Mundial de fútbol, que suele generar un impulso extraordinario en el consumo de productos asociados a estos establecimientos, tampoco logró modificar la tendencia. La comercialización de figuritas de Panini aportó un estímulo temporal, pero no alcanzó para revertir la caída estructural.

La lectura de UKRA es que el problema central está en la capacidad de compra. Cuando los hogares tienen menos dinero disponible, el kiosco queda expuesto porque una parte importante de sus productos no integra el consumo indispensable y puede ser postergada, sustituida o directamente eliminada del presupuesto familiar.

El regreso del fiado como síntoma

El cambio en los hábitos de consumo aparece también en las formas de pago. Acuña trazó un paralelismo con la crisis de 2001 y señaló que los consumidores volvieron a recurrir al crédito informal de cercanía: comprar con tarjeta, pedir fiado y prometer el pago para cuando llegue el próximo ingreso.

“La gente no tiene plata, compra con tarjeta de crédito y volvió el fiado, eso de ‘te lo pago la semana que viene, cuando cobre’”, describió.

Para el dirigente, la diferencia respecto de aquella crisis está en la velocidad del deterioro. Según su comparación, durante la crisis de comienzos de siglo el sector comenzó a complicarse desde 1999 y el proceso se profundizó gradualmente. Ahora, sostiene, el impacto fue mucho más abrupto.

La señal de fondo es que la crisis ya no se mide únicamente por el número de comercios que cierran. También se expresa en la cantidad de productos que dejan de venderse, en la reducción del tamaño de los locales, en la migración hacia zonas con alquileres más bajos y en la necesidad de financiar consumos cotidianos.

El segundo semestre aparece, bajo esta perspectiva, como el principal desafío. Si el consumo interno no consigue recuperar dinamismo, el deterioro de los pequeños comercios puede profundizarse y trasladarse al empleo, a los alquileres comerciales y a la actividad económica de los barrios.

“Va a ser difícil, vamos a tener los mismos niveles de actividad que en 2001”, proyectó Acuña.

La advertencia coloca al kiosco en un lugar que excede al propio sector. Su evolución funciona como un termómetro de la economía de proximidad: cuando el consumidor deja de comprar un alfajor, una golosina o una gaseosa, el impacto no termina en la caja del comercio. Se transforma en menor facturación, menos capacidad para pagar alquileres y proveedores y, finalmente, en una nueva presión sobre el empleo y la actividad local.

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Crisis sin precedentes: Brasil retira a su embajador de la Argentina y rebaja al mínimo su relación diplomática

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La relación entre Argentina y Brasil atraviesa su momento de mayor tensión diplomática en décadas. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva resolvió retirar de Buenos Aires a su embajador, Julio Bitelli, y reducir la representación diplomática brasileña al nivel de encargado de negocios, una decisión de fuerte impacto político que refleja el deterioro del vínculo bilateral.

Según confirmaron altas fuentes del Itamaraty a distintos medios brasileños y argentinos, la medida responde a las “reiteradas agresiones” del presidente Javier Milei contra Lula y otras instituciones brasileñas.

Mientras persista esa situación, Bitelli no regresará a la Argentina y la embajada permanecerá sin un embajador de carrera, una señal diplomática de máxima desaprobación sin llegar a la ruptura de relaciones.

Una crisis sin antecedentes recientes

La decisión constituye uno de los gestos diplomáticos más severos entre ambos países desde el restablecimiento de la democracia y representa un fuerte deterioro en la relación entre los dos principales socios del Mercosur.

En paralelo, el gobierno brasileño convocó al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, para transmitir formalmente su protesta.

El origen del conflicto

La escalada comenzó tras la participación de Milei en un acto político en Brasil, donde respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

Durante esa visita, el mandatario argentino calificó a Lula de “ladrón”, “presidiario” y “basura socialista”. También cuestionó al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien dirigió duras descalificaciones.

En Brasil, esas expresiones fueron interpretadas como una injerencia directa en asuntos internos, agravada por haber sido pronunciadas en territorio brasileño y dirigidas tanto contra el presidente como contra integrantes del Poder Judicial.

Lula respondió y endureció su postura

Días después, Lula respondió públicamente durante un acto político en Brasilia.

Sin mencionar directamente a Milei por su nombre, afirmó que no respondería en los mismos términos porque su relación “es de jefe de Estado a jefe de Estado” y remarcó que no permitirá interferencias externas en el proceso electoral brasileño.

Posteriormente, el canciller Mauro Vieira calificó el episodio como “una provocación sin precedentes” en más de dos siglos de relaciones bilaterales y sostuvo que las declaraciones del mandatario argentino constituyen una ofensa a las instituciones democráticas brasileñas.

Milei mantuvo sus críticas

Lejos de moderar el tono, Milei volvió a cuestionar a Lula en entrevistas posteriores, reiterando acusaciones vinculadas a las causas judiciales que enfrentó el presidente brasileño y defendiendo sus declaraciones bajo el argumento de que actúa “en defensa de las ideas de la libertad”.

Esas nuevas manifestaciones terminaron de precipitar la decisión del gobierno brasileño de retirar a su embajador y rebajar el nivel de la representación diplomática.

Un conflicto con impacto económico

La crisis trasciende el plano político. Brasil continúa siendo el principal socio comercial de Argentina y el mayor destino de numerosas exportaciones industriales, especialmente del sector automotor.

Aunque la reducción del rango diplomático no implica la interrupción del comercio ni de los acuerdos vigentes, sí dificulta el diálogo político de alto nivel y agrega incertidumbre en un momento de fuertes desafíos para la integración regional y el funcionamiento del Mercosur.

Por ahora, no existen señales de una pronta normalización. La continuidad de la representación brasileña mediante un encargado de negocios marca un enfriamiento inédito en la relación bilateral y deja abierto un escenario de creciente tensión entre los dos gobiernos.

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Vialidad Nacional gastó menos de lo que le llegó asignado por el Impuesto a los Combustibles

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La red vial nacional atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. El deterioro de las rutas se profundiza al mismo tiempo que el Estado nacional incrementó significativamente la carga impositiva sobre los combustibles, un tributo que justamente tiene como destino específico el financiamiento de la infraestructura vial.

Los números muestran una contradicción difícil de explicar. Desde el cambio de gestión, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ejecutó menos recursos —considerando todas sus fuentes de financiamiento— de los que ingresaron únicamente por la porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que le corresponde por ley.

De acuerdo con los datos disponibles, la DNV utilizó apenas un tercio de los fondos provenientes del impuesto que tiene asignación específica para infraestructura vial. En términos acumulados, la diferencia entre lo efectivamente recaudado y lo ejecutado asciende a 1,35 billones de pesos.

Ese monto no requería mayores transferencias del Tesoro Nacional ni un aumento adicional del gasto público. Eran recursos generados por un impuesto ya pagado por los consumidores cada vez que cargan combustible.

Más impuestos, menos inversión

El cambio también se observa en el surtidor. En noviembre de 2023, el Impuesto a los Combustibles representaba el 8,9% del precio de la nafta súper. Para julio de 2026, esa participación prácticamente se duplicó hasta alcanzar el 18,6%.

Es decir, los automovilistas, transportistas y productores pagan hoy una carga tributaria considerablemente mayor sobre cada litro de combustible. Sin embargo, esa mayor recaudación no se traduce en una mejora equivalente de la infraestructura vial.

Por el contrario, numerosos corredores nacionales presentan un creciente deterioro, con baches, deformaciones del pavimento y falta de mantenimiento preventivo.

Qué podría haberse hecho

Las estimaciones indican que, si Vialidad Nacional hubiera ejecutado la totalidad de los recursos provenientes del ICL que le corresponden, habría contado con 534.000 millones de pesos adicionales por año.

En términos acumulados, esos 1,35 billones de pesos habrían permitido financiar el mantenimiento anual de aproximadamente 9.148 kilómetros de rutas nacionales, cerca de una cuarta parte de toda la red vial federal.

La dimensión del número también puede medirse de otra manera: representa una distancia superior a dos veces el recorrido entre Ushuaia y La Quiaca, el extremo sur y norte del país.

Mientras disminuye la ejecución de recursos públicos destinados al mantenimiento, el Gobierno nacional avanza con un profundo proceso de reorganización del sistema vial.

En una primera etapa adjudicó aproximadamente 2.500 kilómetros de rutas nacionales, mientras que posteriormente incorporó otros 3.900 kilómetros dentro del esquema de concesiones.

El objetivo oficial es alcanzar cerca de 9.000 kilómetros de corredores administrados por operadores privados, modificando de manera sustancial el modelo de gestión de la red vial federal.

La discusión de fondo

El debate trasciende el nivel de gasto público. El Impuesto a los Combustibles fue concebido como un tributo de afectación específica, es decir, con un destino determinado para financiar infraestructura vial.

La principal crítica es que los usuarios continúan pagando un impuesto cuya carga sobre el precio final prácticamente se duplicó en menos de tres años, mientras el estado de las rutas nacionales sigue empeorando y la ejecución de los recursos destinados a su mantenimiento permanece muy por debajo de la recaudación disponible.

Para especialistas en infraestructura y finanzas públicas, la brecha entre lo que recauda el Estado por este concepto y lo que efectivamente invierte en conservación vial constituye una de las principales explicaciones del acelerado deterioro que hoy exhibe gran parte de la red nacional.

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Nación profundiza el ajuste a las provincias: las transferencias discrecionales se desplomaron 62,8%

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La política de ajuste fiscal del Gobierno nacional sigue modificando la relación financiera con las provincias. Entre enero y julio de 2026, las transferencias no automáticas enviadas por la Nación a las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzaron los $738.201 millones, lo que representa una caída real interanual del 62,8%, el peor desempeño para ese período desde que existen registros comparables, al menos desde 2005. Incluso frente a 2023, antes del cambio de administración, la contracción supera el 80% en términos reales, consolidando un cambio estructural en el esquema de financiamiento federal.

El dato refleja la consolidación de una estrategia fiscal que redujo al mínimo las partidas de distribución discrecional, privilegiando el equilibrio de las cuentas públicas. A diferencia de la coparticipación federal, las transferencias no automáticas dependen de decisiones del Poder Ejecutivo y suelen financiar obras públicas, programas sociales, infraestructura, educación, salud, asistencia financiera o Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

En ese contexto, julio tampoco mostró un cambio de tendencia. Durante ese mes las provincias recibieron $98.611 millones, cifra que implicó una caída real del 68,6% respecto del mismo mes de 2025, aunque con fuertes diferencias entre jurisdicciones debido al otorgamiento puntual de programas específicos y ATN.

La heterogeneidad entre provincias continúa siendo una característica del esquema vigente. Mientras algunos distritos registraron fuertes incrementos interanuales producto de transferencias extraordinarias, otros prácticamente desaparecieron del mapa de la asistencia nacional. En el acumulado anual, por ejemplo, Misiones recibió $42.789 millones, con un crecimiento real del 305,4%, impulsado principalmente por $20.000 millones en ATN, $12.000 millones correspondientes al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) y $4.167 millones destinados a su caja previsional.

Sin embargo, ese desempeño responde a partidas extraordinarias y no modifica el escenario general de retracción del gasto nacional hacia las provincias. Buenos Aires concentró el mayor volumen absoluto con $148.600 millones, seguida por la Ciudad de Buenos Aires con $93.895 millones, aunque esta última continúa recibiendo recursos derivados del cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Corte Suprema sobre la coparticipación.

El informe elaborado por Politikon Chaco muestra además que las provincias con mayores retrocesos reales fueron CABA (-91,4%), La Rioja (-86,6%), Santa Cruz (-81%), Río Negro (-74,4%) y Santiago del Estero (-69,9%), mientras que otras jurisdicciones exhibieron incrementos asociados a programas específicos o asistencia financiera puntual.

La nueva configuración del federalismo fiscal obliga a los gobiernos provinciales a depender mucho más de la evolución de la recaudación propia y de la coparticipación automática, dejando cada vez menos margen para compensar desequilibrios mediante transferencias discrecionales de la Nación. Para las administraciones locales, especialmente aquellas con menor capacidad tributaria, el desafío pasa por sostener inversiones en infraestructura, educación, salud y programas sociales con un flujo de recursos nacionales significativamente inferior al de años anteriores.

En términos económicos, la decisión también representa un cambio de paradigma. Durante décadas, las transferencias no automáticas funcionaron como una herramienta de negociación política entre la Casa Rosada y los gobernadores. Hoy, bajo la premisa del déficit cero, ese mecanismo perdió protagonismo y fue reemplazado por un esquema donde los envíos excepcionales aparecen cada vez más focalizados y vinculados a situaciones específicas, mientras el volumen total de recursos alcanza mínimos históricos.

Transferencias No Automáticas – Julio 2026 by CristianMilciades

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