Javier Milei

Energía extiende subsidios y busca amortiguar el impacto tarifario del invierno

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El Gobierno nacional resolvió sostener y ampliar parcialmente las bonificaciones extraordinarias sobre tarifas de electricidad y gas para los usuarios alcanzados por el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), en un contexto de mayor demanda por las bajas temperaturas y creciente sensibilidad social frente al costo de los servicios públicos.

La medida quedó formalizada este miércoles mediante la Resolución 121/2026 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial. La norma prorroga durante junio la bonificación adicional del 25% para usuarios de gas natural y gas propano por redes, mientras que para la electricidad fija un nuevo esquema extraordinario del 11,97% sobre el consumo base subsidiado.

La decisión aparece en un momento delicado para la política tarifaria del Gobierno de Javier Milei. Aunque la administración nacional mantiene su estrategia de reducción de subsidios y recomposición de precios relativos, el incremento del consumo energético en invierno obliga a introducir mecanismos de contención para evitar un deterioro más acelerado del ingreso disponible de los hogares.

Un esquema de subsidios que busca sostener la gradualidad

El SEF fue creado por el Decreto 943/2025 como parte de la reorganización integral de los subsidios energéticos nacionales. El sistema unificó beneficios sobre electricidad, gas natural y gas propano bajo un esquema focalizado, con bonificaciones segmentadas según nivel de ingresos y consumos base.

Ahora, la Secretaría de Energía decidió mantener para junio el refuerzo extraordinario del 25% aplicado sobre las tarifas de gas. Según los fundamentos oficiales, el aumento del consumo estacional y los mayores costos de abastecimiento —incluidas importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) y combustibles sustitutos expuestos a precios internacionales— justifican la continuidad del alivio tarifario.

En el caso de la electricidad, la cartera energética modificó el porcentaje extraordinario que había sido fijado previamente para mayo, junio y julio. Para junio, la bonificación adicional pasará a ser de 11,97% sobre un consumo base de hasta 300 kWh mensuales para usuarios residenciales beneficiarios del SEF.

La resolución sostiene que el objetivo es “morigerar el impacto tarifario” y preservar criterios de “gradualidad, razonabilidad y previsibilidad” en el proceso de reestructuración de subsidios.

La medida alcanza a usuarios residenciales incluidos dentro del régimen SEF y también a entidades sin fines de lucro contempladas por las leyes de Clubes de Barrio y Entidades de Bien Público.

En términos prácticos, el Gobierno evita por ahora un traslado pleno del costo energético durante el pico de demanda invernal. El alivio será especialmente relevante en gas natural, donde el consumo residencial suele dispararse durante junio y julio.

La resolución también instruye al nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad —creado tras la unificación del ENRE y ENARGAS— a reflejar los cambios en los cuadros tarifarios y mecanismos de facturación.

La consolidación del nuevo ente regulador marca además un movimiento institucional relevante dentro de la reforma energética impulsada por Economía. Con la integración de las funciones regulatorias, el Ejecutivo busca centralizar decisiones y acelerar la implementación de la nueva política tarifaria.

La tensión entre ajuste fiscal y contención social

La resolución expone una de las tensiones centrales de la política económica actual: cómo avanzar en la reducción de subsidios sin provocar un deterioro abrupto del consumo y del poder adquisitivo.

El Gobierno sostiene públicamente la necesidad de sincerar tarifas para reducir el peso del gasto público energético. Sin embargo, el incremento estacional del consumo obliga a moderar parcialmente el ritmo del ajuste para evitar un impacto más severo en hogares de menores ingresos.

La decisión también muestra que el proceso de segmentación aún requiere mecanismos compensatorios extraordinarios, incluso en un escenario de fuerte disciplina fiscal.

En paralelo, la resolución reconoce indirectamente otra variable sensible: la volatilidad internacional del mercado energético. El costo del GNL importado y de combustibles sustitutos continúa condicionando la estructura tarifaria argentina y limita el margen de maniobra fiscal.

En Misiones, donde el consumo eléctrico residencial suele incrementarse tanto en invierno como en verano por cuestiones climáticas, las bonificaciones adicionales pueden contribuir a amortiguar subas en las facturas durante junio.

El caso del gas presenta una particularidad regional: gran parte del NEA aún no cuenta con cobertura masiva de gas natural por redes, por lo que el alcance efectivo del beneficio dependerá del tipo de abastecimiento disponible en cada localidad.

La resolución también incorpora a cooperativas, distribuidoras provinciales y organismos locales dentro del esquema operativo de implementación, un aspecto relevante en provincias donde el sistema energético tiene fuerte participación de prestadores públicos y cooperativos.

Un invierno con presión sobre tarifas y consumo

La continuidad de las bonificaciones extraordinarias deja abierto un interrogante central para los próximos meses: hasta dónde podrá sostener el Gobierno mecanismos de compensación tarifaria mientras mantiene su programa de ajuste fiscal.

La evolución de las temperaturas, el costo internacional de la energía y el comportamiento del consumo residencial serán variables determinantes en el segundo semestre.

Por ahora, Economía optó por una estrategia intermedia: sostener el sendero de reducción de subsidios, pero evitando un shock tarifario pleno en el momento de mayor demanda energética del año.

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Economía absorbe pesos y capta otros US$350 millones para reforzar el pago de deuda

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El Ministerio de Economía cerró la última licitación de mayo con un doble objetivo cumplido: refinanció más deuda de la que vencía y consiguió nuevos dólares para afrontar compromisos financieros de mitad de año. La Secretaría de Finanzas adjudicó instrumentos por $12,57 billones frente a vencimientos estimados en torno a $11 billones, alcanzando un rollover de 114,36%, mientras captó otros US$350 millones mediante bonos soberanos en moneda estadounidense.

La señal política y financiera no pasó inadvertida. El equipo económico volvió a ratificar la estrategia impulsada por el presidente Javier Milei: retirar liquidez del sistema para sostener el proceso de desaceleración inflacionaria y evitar presiones cambiarias en un contexto de fuerte necesidad de financiamiento.

Según informó la Secretaría de Finanzas, se recibieron ofertas totales por $16,14 billones y finalmente se adjudicaron $12,57 billones. El resultado permitió cubrir la totalidad de los vencimientos y absorber excedentes, evitando que nuevos pesos quedaran circulando en la economía.

La operación consolida una lógica que el Gobierno viene sosteniendo desde comienzos de año: priorizar el orden monetario incluso a costa de mantener tasas elevadas y restringir liquidez.

La mayor demanda de inversores se concentró en instrumentos de corto plazo y en bonos a tasa fija o vinculados a la tasa TAMAR. Desde Portfolio Personal Inversiones señalaron que la licitación mostró “una duration algo más moderada que las anteriores y una fuerte concentración en instrumentos a tasa fija y TAMAR”.

La principal colocación en pesos fue una letra capitalizable con vencimiento en septiembre de 2026, por $5,16 billones, con una tasa efectiva mensual de 1,99% y una TIREA de 26,68%.

También hubo fuerte participación en bonos ajustados por CER y en instrumentos dólar linked, una señal de que parte del mercado sigue buscando cobertura ante posibles movimientos inflacionarios o cambiarios.

El Gobierno sumó dólares para enfrentar vencimientos

La otra lectura relevante de la licitación estuvo en el financiamiento en moneda dura. Economía adjudicó US$200 millones del BONAR 2027 (AO27) y otros US$150 millones del BONAR 2028 (AO28), captando en total US$350 millones.

En el caso del AO27, que vence en octubre de 2027, la tasa adjudicada fue de 5,12% TIREA. Para el AO28, con vencimiento en 2028, la tasa escaló a 8,49%.

El objetivo inmediato es fortalecer depósitos y liquidez en dólares antes del próximo gran vencimiento de deuda soberana, estimado en aproximadamente US$4.300 millones para mitad de año.

El dato político es relevante porque el Gobierno continúa recurriendo al mercado para obtener financiamiento sin acudir a emisión monetaria directa ni mecanismos extraordinarios del Banco Central.

La estructura de la licitación mostró un mercado financiero que sigue privilegiando instrumentos de cobertura y horizontes relativamente cortos.

Las letras dólar linked adjudicaron $0,75 billones para vencimiento en julio de 2026 y $1,06 billones para marzo de 2027, ambas con tasas reales positivas.

Mientras tanto, el bono atado a TAMAR con vencimiento en 2028 absorbió $3,76 billones, reflejando que los inversores todavía exigen mecanismos que protejan rendimientos frente a la volatilidad financiera.

La estrategia oficial mantiene una tensión de fondo: absorber pesos ayuda a contener inflación y tipo de cambio, pero también sostiene un esquema de tasas elevadas que encarece el crédito y restringe actividad económica.

Disciplina monetaria y señal al mercado

El resultado de la licitación fortalece la narrativa oficial de disciplina fiscal y monetaria. El Gobierno logra mostrar capacidad de refinanciamiento en moneda local y acceso parcial al financiamiento en dólares sin recurrir a organismos multilaterales ni emisión extraordinaria.

Al mismo tiempo, la elevada demanda por cobertura cambiaria y bonos ajustados expone que el mercado todavía mantiene cautela sobre la estabilidad de mediano plazo.

La segunda vuelta prevista para los BONAR 2027 y 2028 permitirá medir si el apetito financiero se sostiene en las próximas horas y cuánto margen adicional consigue acumular el Tesoro antes de los vencimientos de junio.

La licitación mostró que el Gobierno conserva capacidad de financiamiento en el mercado local y todavía logra captar dólares para sostener sus compromisos externos. Sin embargo, el equilibrio sigue dependiendo de variables delicadas: inflación, demanda de pesos, tasas reales y confianza financiera.

La próxima prueba será verificar si la estrategia de absorción monetaria logra sostener estabilidad sin profundizar la desaceleración económica que ya empieza a reflejarse en varios indicadores de actividad y consumo.

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Iraeta se enojó porque no lo aplaudían en Maizar: “Si no le ponemos flow, volvemos al pantano”

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La relación entre el Gobierno nacional y el campo volvió a exhibir señales de tensión. Esta vez, el protagonista fue Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien durante su exposición en el congreso Maizar dejó una frase que rápidamente se viralizó: “Si no le ponemos un poco de flow a la República Argentina, no vamos a salir nunca del pantano”.

El episodio ocurrió en medio de un clima de frialdad por parte de productores y empresarios agropecuarios frente a los recientes anuncios oficiales sobre baja de retenciones. Desde el escenario, y ante una reacción apagada del auditorio, Iraeta lanzó incluso un pedido explícito de aplausos: “Empezá a aplaudir, así aplaude alguien”, dijo, intentando romper la incomodidad del momento.

El funcionario, hombre de confianza de Javier Milei para el área agropecuaria, dejó en claro su malestar por la escasa reacción positiva del sector luego de las medidas anunciadas por el Gobierno. “Bajaste la retención hace tres días y es como si no hubieras hecho nada”, sostuvo durante su discurso.

La intervención expuso un dato político relevante: pese a que la administración libertaria eliminó restricciones a exportaciones, redujo aranceles y comenzó a delinear un cronograma de baja de retenciones, todavía persiste un nivel importante de desconfianza dentro del agro, uno de los sectores históricamente más enfrentados con los gobiernos kirchneristas y, al mismo tiempo, uno de los principales aliados electorales de Milei.

En ese contexto, Iraeta buscó transmitir un mensaje de respaldo político al rumbo económico del oficialismo. “Cambiemos el ánimo”, reclamó ante productores y empresarios, insistiendo en que el sector debe acompañar el proceso para evitar un eventual regreso de políticas intervencionistas.

El funcionario también apeló a una narrativa histórica sobre el vínculo entre el Estado y el agro. Sostuvo que durante años el campo fue tratado como “el villano de una historia mal contada” y acusó a gobiernos anteriores de utilizar al sector como fuente permanente de recursos fiscales.

Uno de los momentos más comentados llegó cuando reconoció el desgaste que implica ocupar un cargo público en medio de las críticas permanentes. “Leés un tuit de un productor que está del mismo lado y te dan ganas de agarrar el sulky a patadas”, expresó.

La escena reflejó la complejidad del momento político y económico que atraviesa el vínculo entre el Gobierno y el agro. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, avanza con un cronograma de reducción de retenciones y el oficialismo busca consolidar apoyo en sectores productivos, persisten reclamos por competitividad, presión fiscal y falta de rentabilidad en distintas cadenas agroindustriales.

Iraeta reconoció además que existen “limitantes presupuestarias” y admitió que todavía quedan desafíos pendientes para mejorar la situación del sector. Sin embargo, insistió en que el Gobierno está haciendo “lo imposible” para devolverle competitividad al campo.

Más allá de la anécdota de los aplausos, el episodio dejó al descubierto un dato de fondo: el Gobierno necesita que el campo no solo acompañe las medidas económicas, sino también que valide políticamente el rumbo libertario en un contexto donde las tensiones productivas, fiscales y cambiarias siguen atravesando al interior profundo de la Argentina.

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Ganancias a más trabajadores y monotributo más caro, las nuevas recomendaciones del FMI a Milei

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a poner sobre la mesa una profunda reforma tributaria para la Argentina. En el marco de la revisión del “Artículo IV”, el organismo internacional recomendó avanzar con cambios estructurales sobre impuestos clave como Ganancias, IVA y Monotributo, con el objetivo de ampliar la recaudación, reducir distorsiones y simplificar el sistema impositivo argentino.

El informe, difundido tras la segunda revisión del acuerdo con la Argentina, sostiene que una reforma fiscal integral podría generar ingresos adicionales equivalentes al 3,3% del Producto Bruto Interno (PBI), con un impacto directo también sobre las provincias, que captarían aproximadamente la mitad de esos recursos adicionales.

Uno de los puntos más sensibles de la propuesta apunta al Impuesto a las Ganancias. El FMI consideró que la reforma impulsada en 2023 redujo drásticamente la cantidad de trabajadores alcanzados por el tributo y dejó a menos del 1% de los empleados formales pagando el impuesto. Aunque en 2024 se produjo una reversión parcial, el organismo advirtió que el piso de exención continúa elevado respecto de los niveles previos.

Por eso, el FMI recomendó reducir el umbral de ingresos y avanzar hacia un esquema donde al menos el 20% de los trabajadores quede alcanzado por Ganancias. Además, propuso simplificar las escalas y armonizar deducciones entre distintas categorías laborales. Según sus estimaciones, esos cambios permitirían incrementar la recaudación en torno al 0,4% del PBI.

El segundo gran eje de la discusión fiscal gira alrededor del Monotributo. El organismo reconoció que el régimen simplificado permitió ampliar la formalización y el acceso a cobertura previsional y sanitaria para pequeños contribuyentes, pero advirtió que actualmente genera fuertes diferencias respecto del régimen general.

El FMI señaló que las brechas entre categorías y los saltos abruptos de carga tributaria desalientan el crecimiento de pequeñas empresas y fomentan fragmentaciones artificiales. En consecuencia, sugirió “alinear” gradualmente el Monotributo con el sistema general, homogeneizar contribuciones sociales y reducir las distorsiones generadas por los topes de facturación. El organismo incluso planteó utilizar herramientas tecnológicas para simplificar la administración tributaria y mejorar el cumplimiento fiscal.

De acuerdo con las proyecciones del FMI, una reforma sobre el Monotributo podría aportar entre 0,4% y 1% adicional del PBI en recursos fiscales.

El documento también incluyó observaciones sobre el IVA. Allí el organismo recomendó avanzar hacia una unificación de alícuotas, reducir regímenes especiales y limitar exenciones tributarias que no tengan un objetivo social claramente definido. Como contrapartida, sugirió implementar mecanismos compensatorios focalizados para sectores vulnerables.

En paralelo, el FMI cuestionó la estructura actual del impuesto a las sociedades, cuya alícuota máxima del 35% consideró elevada respecto de los estándares internacionales. En ese punto, propuso evaluar una tasa fija del 30% y crear un impuesto mínimo basado en facturación para desalentar maniobras de evasión.

El informe también incluyó sugerencias sobre impuestos internos y especiales, particularmente sobre combustibles, tabaco, alcohol y bebidas azucaradas. El organismo propuso actualizar automáticamente esos tributos por inflación y avanzar hacia un esquema mixto de imposición específica y ad valorem.

En paralelo a la ampliación de la recaudación, el FMI insistió en la necesidad de eliminar progresivamente impuestos considerados “distorsivos”, entre ellos las retenciones a las exportaciones y los gravámenes sobre transacciones financieras. Según el organismo, una reducción gradual de los derechos de exportación podría incrementar la producción agroindustrial, mejorar las exportaciones y aumentar el ingreso de divisas.

El reporte incluso estimó que una eliminación total de las retenciones sobre soja y derivados podría generar unos US$5.000 millones adicionales por año y sumar cerca de 0,4 puntos porcentuales al PBI argentino.

La propuesta del FMI se inscribe dentro de las negociaciones abiertas con el gobierno de Javier Milei y forma parte del compromiso asumido por la administración nacional de presentar antes de fin de año una propuesta de reforma tributaria integral orientada a mejorar la eficiencia, simplificar el sistema y sostener el equilibrio fiscal.

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Misiones se mantiene entre las provincias con menor cantidad de empleo público por cada mil habitantes

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La estructura laboral argentina continúa mostrando profundas asimetrías entre provincias, con distritos altamente dependientes del empleo público y otros donde el sector privado formal sostiene gran parte de la actividad económica. Un informe elaborado por la economista Laura Caullo, del Ieral de la Fundación Mediterránea, expone con precisión ese desequilibrio y deja a Misiones en una posición intermedia dentro del mapa nacional.

El estudio revela que el promedio nacional de empleo público provincial alcanza los 50 trabajadores cada 1.000 habitantes, aunque con diferencias extremas entre jurisdicciones. Córdoba aparece como la provincia con menor peso relativo del Estado, con 33 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes, seguida por Buenos Aires (38), Santa Fe (41) y Mendoza (45). En el otro extremo, Tierra del Fuego lidera ampliamente con 141 empleados públicos cada 1.000 habitantes, seguida por La Rioja y Neuquén (111), Santa Cruz (109) y Catamarca (100).

En ese contexto, Misiones se ubica en un segundo pelotón, lejos de las provincias más estatizadas del norte argentino y apenas por encima de los distritos con mayor desarrollo del empleo privado formal, con 51 estatales cada mil habitantes. El informe sostiene que en gran parte del país el empleo estatal continúa siendo un componente central de la estructura ocupacional, especialmente en provincias con menor densidad empresarial y menor capacidad de absorción del mercado privado.

El dato adquiere relevancia en un momento en que el Gobierno nacional avanza con un fuerte ajuste sobre el sector público. Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, más de 66.000 personas dejaron de trabajar en el Estado y empresas públicas, considerando todos los niveles de gobierno.

El trabajo del Ieral remarca que las diferencias provinciales “no son sólo estadísticas”, sino que reflejan distintos niveles de productividad, desarrollo empresarial, inserción exportadora y capacidad de generación de empleo formal. Allí aparece uno de los principales desafíos estructurales de provincias como Misiones: ampliar la densidad del empleo privado registrado en un contexto nacional de baja inversión y recuperación económica desigual.

El contraste se observa con claridad al analizar el empleo asalariado privado formal. El promedio nacional alcanza los 144 trabajadores privados registrados cada 1.000 habitantes, aunque nuevamente aparecen enormes disparidades regionales. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza el ranking con 519 trabajadores privados formales cada 1.000 habitantes, seguida por Neuquén (219) y Tierra del Fuego (198), impulsadas por la energía y los regímenes de promoción industrial.

En el otro extremo aparecen Formosa, con apenas 37 trabajadores privados registrados cada 1.000 habitantes, Santiago del Estero (52) y Chaco (64). El informe marca que las provincias con mayor dependencia del empleo público suelen ser, al mismo tiempo, las que presentan menor densidad de empleo privado formal.

Para Misiones, el escenario muestra una situación más equilibrada respecto de otras provincias del Norte Grande, aunque todavía distante de los polos más dinámicos del país. La provincia logró en los últimos años consolidar sectores exportadores como la forestoindustria, el té, la yerba mate y parte de la economía del conocimiento, pero aún enfrenta limitaciones estructurales vinculadas a escala empresarial, logística, presión tributaria nacional y competitividad fronteriza. Misiones tiene hoy 84 empleos privados cada mil habitantes, aunque logró tener un porcentaje más alto, ya que cerró diciembre de 2023 con el segundo nivel de empleo privado más alto de la historia.

El informe también advierte sobre otra señal de alerta: la recuperación económica de 2026 todavía no logra traducirse en una mejora sostenida del empleo privado formal. Según Caullo, durante el último año cerca de 100.000 trabajadores asalariados privados registrados perdieron su empleo, mientras crecieron modalidades laborales más precarias, como el monotributo y el empleo informal.

La explicación, sostiene la economista, es que los sectores que actualmente impulsan la actividad -energía, minería, agroindustria y exportaciones- representan apenas el 3% del empleo total y sólo el 7% del empleo asalariado privado registrado, por lo que no tienen capacidad suficiente para absorber empleo masivo.

El trabajo concluye que las provincias con estructuras productivas más diversificadas y mayor densidad de empleo privado formal tendrán mejores condiciones para atraer inversiones, sostener salarios y adaptarse a una economía más abierta y competitiva. En ese escenario, Misiones aparece ante el desafío de profundizar su matriz exportadora y fortalecer la generación de empleo privado de calidad para reducir gradualmente la dependencia relativa del sector público.

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