Javier Milei

Kicillof en Misiones: “Es tiempo de  construir una alternativa amplia a Milei”

Compartí esta noticia !

La visita de Axel Kicillof a Misiones combinó gestión, producción, educación y política. El gobernador de Buenos Aires llegó a Posadas para desarrollar una agenda institucional junto al Gobierno provincial, recorrer experiencias de innovación misioneras y avanzar en convenios de cooperación, pero también dejó definiciones que empiezan a delinear su posición frente al escenario nacional y la discusión política hacia 2027.

La cuestión yerbatera ocupó un espacio central en su análisis económico. Kicillof trazó un paralelo entre la situación de los productores misioneros y diferentes economías regionales bonaerenses afectadas por la caída del consumo y la desregulación.

Su cuestionamiento apuntó directamente a la política nacional aplicada sobre el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Recordó que durante su gestión como ministro de Economía de la Nación participó del esquema de determinación del precio de la materia prima y sostuvo que, en cadenas productivas con fuertes asimetrías, el Estado debe intervenir para equilibrar el poder entre los distintos actores.

“Si no se determina un precio que permita distribuir al interior de la cadena a quién le va una parte del ingreso, obviamente el que sufre es el que menos poder tiene”, afirmó.

Kicillof sostuvo que la desregulación no elimina las relaciones de poder sino que fortalece al actor con mayor capacidad de negociación. “Cuando uno la ve en concreto, se trata de que el Estado se corra y entonces quede una especie de imperio del más fuerte”, planteó.

También utilizó como referencia la caída del precio de la hoja verde. Según relató después de conversar con el gobernador Hugo Passalacqua, dos años atrás los productores reclamaban alrededor de 505 pesos por kilo y actualmente reciben cerca de 250 pesos, una evolución que calificó como de “desastre” para el sector.

“La macro es la suma de las micros”

La definición económica más fuerte de la conferencia apareció cuando Kicillof cuestionó la idea de que la Argentina pueda exhibir buenos indicadores macroeconómicos mientras empresas, trabajadores y consumidores atraviesan dificultades.

“¿Qué es la macro si no la suma de todas las micro?”, preguntó. Y agregó: “No puede haber una macro bien y una micro toda mal. Y la micro es la vida de la gente”.

Desde esa perspectiva, rechazó la tesis de que el deterioro del consumo y de la producción sea una etapa transitoria necesaria para alcanzar posteriormente una recuperación. Según Kicillof, el esquema económico combina salarios deprimidos, atraso cambiario, tasas de interés elevadas, energía cara y apertura importadora, factores que afectan simultáneamente a las familias y al aparato productivo.

El gobernador mencionó como resultado de ese proceso la pérdida de 411.000 puestos de trabajo y el cierre de 30.000 empresas desde el inicio del actual Gobierno nacional, cifras que utilizó para argumentar que la crisis ya atraviesa al sector privado que la desregulación prometía beneficiar.

Para explicar su cuestionamiento al programa antiinflacionario recurrió a una referencia a John Maynard Keynes. Sostuvo que reducir la inflación mediante la contracción de la actividad, el crédito y el consumo puede generar una aparente estabilidad, pero comparó ese resultado con “la paz de los cementerios”: una economía donde los precios pueden desacelerarse porque la actividad está paralizada.

“Este modelo no le sirve a nadie”

Kicillof extendió el diagnóstico desde Misiones hacia el resto de las provincias. Mencionó problemas en las economías regionales, la industria forestal, la construcción y las exportaciones y puso como ejemplo al té misionero, cuya competitividad atribuyó también a las condiciones cambiarias.

Su argumento fue que los problemas que observa en Misiones se reproducen, con diferentes actividades, en Buenos Aires, Chaco, Corrientes y otras provincias.

“Este modelo no le sirve a nadie”, resumió al referirse al deterioro industrial. La afirmación surgió después de describir cierres fabriles incluso en pequeñas localidades del interior bonaerense y de señalar que Buenos Aires concentra aproximadamente la mitad de la industria argentina.

La relación con Brasil fue otro de los puntos utilizados para diferenciarse de la política exterior del Gobierno nacional.

Kicillof sostuvo que la política internacional debe organizarse alrededor de los intereses económicos y estratégicos argentinos y no de afinidades ideológicas personales entre presidentes.

“No estoy de acuerdo con pelearse con Brasil”, afirmó. Aclaró que su planteo excede su relación con Luiz Inácio Lula da Silva: “El problema es qué hace Argentina sin Brasil”. Cuestionó además que las diferencias políticas entre gobiernos puedan deteriorar la relación con el principal socio regional de la Argentina.

La visita tuvo inevitablemente una lectura electoral. Consultado sobre una eventual candidatura presidencial en 2027 y posibles acuerdos políticos con sectores misioneros, Kicillof evitó confirmar cualquier postulación.

“Las dos cosas son prematuras”, respondió. Definió 2026 como “un año para construir” y sostuvo que una candidatura individual no debería anteponerse a la conformación de una alternativa política.

La definición permite observar, sin embargo, el tipo de construcción que propone. Kicillof planteó que el espacio opositor debería trascender las fronteras tradicionales del peronismo e incorporar dirigentes y sectores provenientes de diferentes tradiciones políticas.

“No quiero anteponer ni una candidatura ni una campaña electoral a una construcción que tiene que ser desde abajo y desde las provincias”, sostuvo.

Más adelante profundizó esa idea. Consideró que todavía es temprano para determinar frentes y candidaturas y propuso reemplazar por ahora esa discusión por “una convocatoria más amplia”.

En esa construcción enumeró expresamente a estudiantes, investigadores, jubilados, productores e industriales, además de las distintas expresiones políticas que cuestionan el rumbo económico nacional.

Kicillof también se pronunció contra la eliminación de las PASO nacionales. Interpretó la iniciativa oficial como parte de una estrategia política vinculada con la reelección de Javier Milei y sostuvo que las primarias podrían funcionar como una herramienta para organizar una oposición más amplia.

El gobernador bonaerense afirmó que todavía no está definido si su espacio utilizaría las PASO, pero consideró incorrecto eliminarlas anticipadamente. Según su lectura, las primarias podrían permitir ordenar distintas alternativas dentro del peronismo o incluso de una coalición que lo exceda.

Exportación de biotecnología

Uno de los datos económicos más concretos de la jornada surgió en la Biofábrica de Misiones. La provincia profundizará la transferencia de biotecnología hacia Buenos Aires mediante la instalación de un Phytolab destinado al desarrollo y multiplicación de kiwi en Miramar, una nueva expresión de la capacidad misionera para exportar conocimiento, procesos y tecnología aplicada a la producción.

Kicillof destacó especialmente esa experiencia. Recordó que Buenos Aires ya trabaja con tecnología desarrollada en Misiones y señaló que existen proyectos vinculados con Mercedes y Miramar. La experiencia bonaerense, explicó, utiliza conocimiento y manejo transferidos desde la Biofábrica misionera para trabajar con especies nativas y producciones como alcaucil, batata, bromelias y kiwi.

Para el mandatario bonaerense, además, el modelo constituye una demostración del papel que pueden desempeñar el Estado, las universidades y el sistema científico en el desarrollo productivo. Vinculó expresamente la tecnología que observó en Misiones con investigaciones del CONICET y de universidades públicas y destacó el trabajo de científicos y técnicos argentinos.

La incorporación del Phytolab amplía esa relación. La tecnología desarrollada por Biofábrica permitirá avanzar en Miramar con herramientas de propagación vegetal y mejoramiento de las condiciones productivas del kiwi, trasladando conocimiento generado en Misiones hacia otra economía regional argentina.

La operación tiene además un valor simbólico: muestra a Misiones no solamente como productora de materias primas, sino como exportadora de tecnología y conocimiento aplicado al agro.

Antes de llegar a Biofábrica, Kicillof recorrió la Escuela de Innovación, otra experiencia que despertó elogios del gobernador. Destacó el modelo pedagógico, el protagonismo de los estudiantes y la posibilidad de generar intercambios entre los sistemas educativos de ambas provincias. Según explicó, se llevó ideas para analizar junto con las autoridades educativas bonaerenses y misioneras.

Ese recorrido sirvió además para uno de los argumentos centrales de su visita: la defensa de la capacidad estatal para innovar. Para Kicillof, tanto la Escuela de Innovación como Biofábrica muestran que lo público puede producir conocimiento, experimentar con nuevos modelos y trasladar soluciones concretas hacia la producción.

Compartí esta noticia !

La incertidumbre económica cayó 22,9% y tocó el nivel más bajo de los últimos dos años

Compartí esta noticia !

La incertidumbre alrededor de la política económica argentina experimentó una fuerte reducción en septiembre. El EPU Argentina, elaborado por la Universidad de San Andrés, cayó 22,9% respecto de agosto y se ubicó en 79,3 puntos, el registro más bajo de los últimos dos años.

El indicador mide la incertidumbre económica a partir de la presencia simultánea de referencias vinculadas con economía, política e incertidumbre en artículos publicados por los principales medios del país.

La lectura de septiembre confirma un cambio de tendencia después de un período prolongado de elevada incertidumbre. Según la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés, el índice se mantuvo en niveles altos durante buena parte de 2025 y comenzó a descomprimirse de manera más clara desde junio de este año.

El contraste resulta especialmente marcado frente a septiembre de 2025, cuando el indicador había alcanzado uno de sus picos. Un año después, el escenario presenta una disminución considerable del volumen de noticias en las que aparecen simultáneamente referencias a economía, política e incertidumbre.

El gráfico histórico presentado por UdeSA permite además observar que la serie no responde exclusivamente a factores domésticos. En distintos momentos, los episodios de tensión comercial y geopolítica internacional generaron saltos significativos en el indicador asociado a esas variables, mientras que la medición general argentina también atravesó varios episodios de elevada volatilidad.

La caída a 79,3 puntos coloca ahora al EPU por debajo de sus niveles habituales recientes. Pero la propia universidad introduce una advertencia: menor incertidumbre no equivale a ausencia de riesgos.

El índice permanece por encima de su piso histórico de aproximadamente 70 puntos. La señal, por lo tanto, es doble. El ruido alrededor de la política económica disminuyó considerablemente respecto de los meses anteriores, pero todavía no regresó a los niveles mínimos registrados por la serie.

La combinación resulta particularmente interesante frente al Nowcast publicado en el mismo informe de UdeSA: mientras disminuye la incertidumbre económica, la estimación de actividad se deteriora. Es decir, una mayor previsibilidad relativa no se está traduciendo, al menos todavía, en una mejora de la dinámica del PBI, cuya contracción para el segundo trimestre fue estimada en 0,89%.

Son dos indicadores que miden fenómenos diferentes, pero que juntos ofrecen una fotografía particular de la coyuntura: menos incertidumbre política y económica convive con señales más débiles provenientes de la economía real y, especialmente, del empleo.

Compartí esta noticia !

Argentina amplió las sanciones por actividades hidrocarburíferas en las islas Malvinas

Compartí esta noticia !

El Gobierno nacional amplió el frente administrativo contra las actividades hidrocarburíferas que considera ilegítimas en la plataforma continental argentina y dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra otros 15 sujetos, entre personas humanas y jurídicas. Con esta nueva tanda, ya son 60 los sujetos alcanzados por expedientes vinculados con la explotación de recursos hidrocarburíferos en áreas cuya jurisdicción Argentina reivindica.

La medida fue comunicada este martes por la Oficina del Presidente y se encuadra en las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659, que regula las condiciones para desarrollar actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. El Gobierno presentó la decisión como parte de una estrategia destinada a identificar, investigar y eventualmente sancionar a quienes intervengan en operaciones sin autorización argentina.

El dato relevante es que el Ejecutivo no anunció todavía sanciones definitivas para estos 15 nuevos casos, sino el inicio de procedimientos sancionatorios. Se trata de una distinción jurídicamente importante: la apertura de los expedientes pone en marcha el proceso administrativo, durante el cual deberán determinarse las responsabilidades y verificarse las eventuales infracciones antes de la aplicación de las sanciones que correspondan.

La ampliación eleva a 60 la cantidad de sujetos alcanzados por los procedimientos iniciados por el Estado argentino. El universo incluye tanto personas físicas como sociedades vinculadas, según el Gobierno, con actividades hidrocarburíferas desarrolladas de manera ilegítima en la plataforma continental.

El objetivo: identificar a toda la cadena involucrada

La estrategia oficial apunta a ampliar la identificación de los actores que participan en actividades hidrocarburíferas que Argentina considera contrarias a su legislación. En el comunicado, la Casa Rosada señaló que continuará con ese trabajo y que abrirá nuevos sumarios contra quienes sean identificados como responsables.

La decisión adquiere una dimensión económica además de diplomática. El eje de la disputa no se limita a la cuestión territorial alrededor de las Islas Malvinas: también involucra recursos naturales estratégicos, entre ellos el potencial hidrocarburífero de los espacios marítimos que Argentina considera bajo su jurisdicción.

En ese sentido, cada procedimiento administrativo funciona como una herramienta para documentar la participación de empresas y personas en actividades que el Estado argentino considera ilegítimas y para establecer eventuales responsabilidades dentro del marco de la legislación nacional.

El Gobierno sostuvo que la identificación de los actores involucrados constituye un trabajo sostenido y que la apertura de expedientes forma parte de una política que busca utilizar todas las herramientas disponibles para defender los recursos naturales y los intereses económicos vinculados con la plataforma continental.

La disputa por los recursos detrás de la cuestión Malvinas

La nueva ofensiva administrativa se inscribe en una controversia de larga duración por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. La particularidad de esta etapa es que el Gobierno pone el foco también en las actividades económicas vinculadas con los recursos naturales.

La Ley 26.659 constituye uno de los instrumentos jurídicos utilizados por el Estado para establecer restricciones a determinadas actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental. Bajo ese marco, la administración nacional busca evitar que empresas o individuos desarrollen operaciones vinculadas con la exploración o explotación de hidrocarburos sin contar con las autorizaciones correspondientes.

Desde una perspectiva de política pública, la apertura de nuevos sumarios permite al Estado transformar una disputa de carácter geopolítico en actuaciones administrativas concretas. El desafío será que cada expediente avance con suficiente sustento documental y jurídico para que las eventuales sanciones puedan sostenerse frente a las instancias de revisión que correspondan.

Ese aspecto resulta central para medir la efectividad de la estrategia. Identificar a los responsables es apenas la primera etapa; probar las infracciones, garantizar el debido proceso y lograr que las sanciones sean efectivas constituye el verdadero resultado institucional.

La Casa Rosada anticipó que continuará ampliando la investigación y que agotará las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas disponibles. De esta manera, la política oficial combina la defensa de la reivindicación soberana con una vía administrativa orientada a preservar el control sobre los recursos naturales.

“El Estado argentino reafirma su compromiso de agotar todas las instancias administrativas, diplomáticas y jurídicas a su alcance”, sostuvo la Oficina del Presidente en el comunicado firmado por Javier Milei.

La nueva tanda de 15 expedientes lleva a 60 los sujetos investigados en el marco de esta ofensiva, pero el número podría seguir creciendo si las tareas de identificación permiten determinar la participación de nuevos actores. El próximo desafío para el Estado será convertir esa identificación en procedimientos sólidos, con capacidad efectiva para establecer responsabilidades y defender jurídicamente sus decisiones.

Compartí esta noticia !

Combustibles: el impuesto crece 240% y las rutas reciben menos recursos

Compartí esta noticia !

El impuesto a los combustibles se convirtió en el tributo que más creció en términos reales durante la gestión de Javier Milei, pero ese incremento no tuvo como correlato una recuperación de la inversión vial. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), la carga impositiva sobre las naftas aumentó 240% real desde noviembre de 2023, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ejecutó apenas el 32,7% de los recursos recaudados por el gravamen con asignación específica para ese destino.

El contraste adquiere mayor dimensión cuando se observa la evolución nominal. Desde el comienzo de la actual gestión, el impuesto a los combustibles líquidos (ICL) aumentó 1.387%, frente a una inflación acumulada de 329%. Descontado el efecto de los precios, la presión tributaria sobre la nafta más que se triplicó.

El resultado también modificó el peso del impuesto dentro del precio final. En noviembre de 2023, los tributos representaban el 8,9% del valor de la nafta. En agosto de 2026 llegaron al 20,1%. Sobre un litro de nafta súper de $2.045 en la Ciudad de Buenos Aires, $411 corresponden a impuestos.

La contracara aparece en el precio real del combustible. A valores constantes de agosto de 2026, el litro de nafta costaba $1.333 en noviembre de 2023 y contenía apenas $120 correspondientes al impuesto. Desde entonces, el precio real del combustible aumentó 53,4%, con una incidencia significativa del incremento del componente tributario.

Más recaudación, menos ejecución vial

El problema central señalado por el IAG no está solamente en cuánto se cobra, sino en qué ocurre posteriormente con esos recursos. Entre enero y agosto de 2026, la recaudación real del impuesto a los combustibles con asignación vial aumentó 91,2% frente al mismo período de 2023.

En ese mismo lapso, el gasto real devengado por la Dirección Nacional de Vialidad cayó 82,3%. El resultado es una brecha significativa entre los recursos generados por el tributo y el nivel de ejecución del organismo responsable de la infraestructura vial.

El informe agrega un dato todavía más relevante para la discusión presupuestaria: desde el cambio de gestión, la DNV gastó por todo concepto menos de lo que le llegó por el impuesto a los combustibles. Es decir, incluso considerando créditos externos y transferencias del Tesoro, el gasto vial quedó por debajo de los recursos que, según la asignación específica, deberían haber tenido ese destino.

La discusión deja así de ser exclusivamente tributaria. Si un impuesto específico aumenta muy por encima de la inflación y el gasto de la estructura que debería recibir esos fondos se reduce en términos reales, aparece una pregunta sobre la correspondencia entre recaudación y prestación pública.

La cuestión tiene además una dimensión de seguridad. Milei había planteado que una ruta en buen estado puede salvar tantas vidas como un automóvil seguro. El propio informe utiliza esa afirmación como punto de contraste con la evolución de la inversión vial.

Misiones, en el centro del impacto fronterizo

El aumento de la carga impositiva sobre los combustibles también tiene un efecto particularmente visible en las provincias de frontera. El consumo de nafta cayó en las 24 jurisdicciones durante los primeros siete meses de 2026 en comparación con el mismo período de 2023, pero la magnitud del retroceso fue muy diferente según el territorio.

A nivel nacional se consumieron 5.667,3 millones de litros entre enero y julio de 2026, contra 5.981,8 millones en igual período de 2023. La diferencia alcanza los 314 millones de litros y representa una caída del 5,26%. Incluso frente a 2025, el consumo retrocedió 1,84%.

Misiones registra el mayor descenso del país, con una caída del 32,48%, seguida por Formosa, con 26,26%. El informe vincula la mayor contracción en las provincias fronterizas con el cambio en la relación de precios respecto de los países vecinos: el aumento del precio de la nafta en Argentina habría eliminado la ventaja que históricamente impulsaba parte de la demanda fronteriza.

Para Misiones, el dato tiene una importancia que excede al mercado de combustibles. En una economía condicionada por la frontera y por el flujo comercial con Paraguay y Brasil, el precio relativo funciona como una variable de competitividad territorial. Cuando cargar combustible deja de resultar conveniente frente a las alternativas del otro lado de la frontera, parte de esa demanda se desplaza y la actividad asociada pierde movimiento.

La caída tampoco se distribuyó de manera uniforme entre los productos. Frente a 2023, el consumo de nafta premium retrocedió 7,3%, mientras que el de nafta súper cayó 4,5%.

El impuesto crece mientras cae el consumo

La combinación de mayor carga tributaria y menor volumen vendido genera otra de las paradojas que atraviesan al mercado. El Estado obtiene una recaudación real significativamente mayor por cada unidad gravada, pero la cantidad de combustible comercializada disminuye.

El impuesto a los combustibles fue, de hecho, el tributo cuya recaudación real más aumentó frente a 2023. Entre enero y agosto acumuló una suba del 91%, mientras que los derechos de exportación crecieron 3,9%. En contraste, otros componentes de la recaudación mostraron retrocesos, en un contexto en el que el sistema de seguridad social también enfrenta la pérdida de puestos de trabajo registrados.

El cuadro configura una fuente de recursos fiscales cada vez más pesada sobre un consumo que, al mismo tiempo, pierde volumen. Para las provincias fronterizas, el problema agrega una segunda dimensión: cuando la diferencia de precios deja de favorecer al mercado argentino, la presión tributaria no necesariamente se traduce en mayor actividad económica.

La experiencia de Misiones resulta particularmente ilustrativa. El derrumbe de 32,48% en el consumo de nafta no solo expresa una menor demanda interna: también muestra hasta qué punto la estructura de precios puede modificar los flujos económicos en territorios donde la frontera constituye una variable cotidiana de la actividad.

La discusión que queda abierta

El informe del IAG plantea, en definitiva, una tensión entre recaudación, consumo e infraestructura. El impuesto a los combustibles aumentó muy por encima de la inflación y aportó más recursos al Estado, pero la ejecución de Vialidad cayó de manera pronunciada y el consumo de nafta retrocedió.

El desafío de política pública pasa entonces por determinar si una mayor presión sobre el combustible puede sostenerse cuando el consumo pierde volumen y, al mismo tiempo, no se refleja en una recuperación equivalente de la infraestructura a la que el impuesto tiene asignación específica.

En el caso de Misiones, la discusión incorpora una variable adicional: la competitividad fronteriza. El combustible es un bien esencial para la movilidad y para la actividad productiva, pero su precio relativo puede decidir dónde se concreta el consumo.

La ecuación termina siendo especialmente sensible para el Norte argentino. Una ruta deteriorada encarece tiempos y costos logísticos; un combustible más caro reduce movilidad y puede trasladar demanda hacia países vecinos; y una menor ejecución vial limita la capacidad del Estado para corregir parte de esos costos estructurales.

Por eso, detrás de los porcentajes del impuesto aparece una discusión más profunda sobre el uso de los recursos públicos. El dato fiscal muestra que el Estado recauda más por los combustibles. El dato vial muestra que Vialidad gasta menos. Y el dato territorial muestra que Misiones vende mucho menos combustible. La pregunta que conecta los tres números es qué retorno reciben los ciudadanos y las economías regionales por una carga tributaria que creció mucho más rápido que la actividad que pretende financiar.

Compartí esta noticia !

Milei oficializó 63 designaciones en la Justicia y el Ministerio Público

Compartí esta noticia !

El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva tanda de designaciones en el sistema de Justicia y oficializó el nombramiento de 35 jueces y siete vocales, además de 21 fiscales y defensores del Ministerio Público. Los nombramientos fueron formalizados mediante decretos publicados en el Boletín Oficial y llevan la firma del Presidente y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

En total, se trata de 63 designaciones que completan cargos en distintos niveles de la Justicia nacional y federal. La mayor concentración se encuentra en la Capital Federal, aunque el paquete también incorpora tribunales y organismos del Ministerio Público en Catamarca, Chubut, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Salta, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero.

La dimensión del movimiento no está solamente en la cantidad de funcionarios designados. La cobertura de vacantes judiciales tiene impacto directo sobre la capacidad operativa de los tribunales, especialmente en fueros donde la acumulación de expedientes y la demora en las resoluciones condicionan el funcionamiento cotidiano del sistema.

La Justicia nacional concentra la mayor parte de los nombramientos

Entre los 35 jueces designados, la mayoría ocupará cargos en juzgados y tribunales de la Capital Federal. Las designaciones abarcan fueros civiles, comerciales, criminales y correccionales y tribunales orales criminales y federales.

Entre los nuevos magistrados figuran Walter Alfredo Cavassa, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12; Florencia Inés Córdoba, al frente del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°66; Javier Rodrigo Pereyra, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3; y Valeria Alejandra Rico, como jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4.

El listado incluye además designaciones en juzgados civiles, comerciales y criminales y correccionales de la Capital Federal. También alcanza tribunales federales de Catamarca y Chubut, ampliando el alcance territorial del paquete.

Entre los nombramientos fuera de la Ciudad de Buenos Aires aparecen María Virginia Miguel Carmona y Ana María Busleiman, ambas destinadas al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, mientras que Ángela Cecilia Pagano Mata y Sebastián Pedro Ruiz fueron designados en el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

El Gobierno también oficializó siete vocalías en cámaras de apelaciones. Los cargos comprenden la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, la Cámara Federal de la Seguridad Social, las cámaras federales de Córdoba y San Justo y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal.

El segundo frente: fiscales y defensores

La renovación institucional también alcanzó al Ministerio Público, donde Milei dispuso otras 21 designaciones. En este caso, los cargos corresponden a fiscales y defensores públicos y tienen una distribución territorial más amplia.

Los nombramientos alcanzan a la Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Dolores, Entre Ríos, Salta, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero. Entre ellos aparecen fiscales ante juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional y fiscales generales ante tribunales orales en lo Penal Económico.

También se designaron defensores públicos para distintos tribunales y fueros, incluidos organismos vinculados con la Cámara Federal de Casación Penal, tribunales orales federales y defensorías especializadas.

En el interior, el paquete incorpora, entre otros, a Pedro Mariano Rebollo como fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú; Carlos Nicolás Escandar como defensor público oficial federal del interior con asiento en Salta; María Esther Pinos en Formosa; José Nicolás Celestino Chumbita en La Rioja y Sofía Beatriz del Milagro Martín como defensora pública de víctima con asiento en Santiago del Estero.

La distribución permite observar una diferencia respecto del paquete de jueces: mientras la mayor parte de las magistraturas se concentra en la Capital Federal, los nombramientos del Ministerio Público tienen una presencia territorial más extendida.

Una decisión con impacto sobre el funcionamiento judicial

La cobertura de cargos no es un trámite meramente administrativo. Cada vacante supone una función que no se ejerce plenamente o que debe ser cubierta mediante mecanismos transitorios. En un sistema judicial atravesado por altos volúmenes de expedientes, completar las estructuras puede incidir sobre los tiempos de resolución y la capacidad de los tribunales para procesar causas.

El efecto, sin embargo, no es automático. La incorporación de magistrados y funcionarios mejora la capacidad institucional, pero sus resultados dependerán también de la infraestructura disponible, la cantidad de personal, los recursos presupuestarios y la organización de cada fuero.

En ese sentido, las designaciones forman parte de una discusión más amplia sobre la eficiencia del Estado. Para el Gobierno, la cobertura de vacantes judiciales constituye una herramienta para normalizar el funcionamiento de los tribunales; para el sistema, el desafío posterior será traducir esos nombramientos en menor demora y mayor capacidad de respuesta.

También existe una dimensión federal. Aunque el mayor volumen de designaciones se concentra en la Capital Federal, la incorporación de funcionarios en provincias como Formosa, Entre Ríos, Salta, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Catamarca y Chubut extiende el movimiento hacia distintas estructuras de la Justicia federal y nacional.

El mapa que dejan los nombramientos

El paquete oficializado por Milei consolida, en un mismo movimiento, tres niveles de la estructura judicial: magistrados de primera instancia, integrantes de cámaras y funcionarios del Ministerio Público.

La combinación resulta relevante porque el funcionamiento del sistema no depende únicamente de la existencia de jueces. Fiscales y defensores cumplen funciones centrales en el proceso penal y en la representación de los derechos de quienes intervienen en las causas, mientras que las cámaras tienen la responsabilidad de revisar decisiones de instancias inferiores.

La cobertura simultánea de estos cargos puede contribuir a recomponer capacidades en distintas etapas del proceso judicial. El impacto concreto, no obstante, comenzará a medirse cuando los nuevos funcionarios entren efectivamente en funciones y puedan observarse resultados sobre la tramitación de expedientes.

La decisión llega, además, en un momento en que el Gobierno busca avanzar con distintas reformas institucionales y económicas que requieren interacción con el Congreso y, eventualmente, con el Poder Judicial. La conformación de los tribunales y del Ministerio Público adquiere así una importancia que excede la simple cobertura de vacantes.

Con 35 jueces, siete vocales y 21 fiscales y defensores oficializados, el Ejecutivo completa una de las tandas de designaciones judiciales de mayor volumen de su gestión. El dato político está en la cantidad; el resultado institucional se definirá por la capacidad de esos nuevos funcionarios para transformar cargos vacantes en Justicia efectiva, con menores demoras y mayor capacidad de respuesta para ciudadanos, empresas y organismos del Estado.

La lista de los jueces designados:

Walter Alfredo Cavassa: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12 de la Capital Federal. Decreto 883/2026.

Florencia Inés Córdoba: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°66 de la Capital Federal.

Javier Rodrigo Pereyra: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3 de la Capital Federal.

Valeria Alejandra Rico: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Capital Federal.

María Virginia Miguel Carmona: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

Vanesa Silvana Alfaro: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16 de la Capital Federal.

Ramiro Ariel Mariño: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°54 de la Capital Federal.

Julio César Di Giorgio: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal.

Sergio Buitrago: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°26 de la Capital Federal.

Ramiro Velasco: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Capital Federal.

Pablo César Cina: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19 de la Capital Federal.

Miguel Ángel Asturias: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°27 de la Capital Federal.

Karina Gabriela Rapkinas: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°69 de la Capital Federal.

José María Abram Luján: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°110 de la Capital Federal.

Sebastián Rodrigo Ghersi: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45 de la Capital Federal.

Diego Andrés Villanueva: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°42 de la Capital Federal.

Fernando Carlos Damián Pascual: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°41 de la Capital Federal.

Maximiliano Alberto Leandro Callizo: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°58 de la Capital Federal.

Sergio Alejandro Echegaray: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°44 de la Capital Federal.

Mariana Salduna: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°25 de la Capital Federal.

Bárbara Rastellino: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°27 de la Capital Federal.

Gustavo Alejandro Roque Cultraro: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°10 de la Capital Federal.

Lucila Califano: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°9 de la Capital Federal.

Juan Pablo Ángel Sala: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°23 de la Capital Federal.

Ángela Cecilia Pagano Mata: jueza del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Federico Alfredo Battilana: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°30 de la Capital Federal.

Evangelina María Lasala: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°18 de la Capital Federal.

Santiago Juan Schiopetto: juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de la Capital Federal.

Santiago Villagrán: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°19 de la Capital Federal.

Pilar Fernández Escarguel: jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°109 de la Capital Federal.

Sebastián Pedro Ruiz: juez del Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Juan Santiago Ylarri: juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°22 de la Capital Federal.

Adolfo Omar Piendibene: juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°38 de la Capital Federal.

Albertina Anatonia Carón: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°19 de la Capital Federal.

Ana María Busleiman: jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca.

En tanto, los vocales designados son:

Valeria Pérez Casado: vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Sala C. 

Florentino Malaponte: vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, Santa Fe, Sala A. 

Alicia Isabel Braghini: vocal de la Cámara Federal de la Seguridad Social, Sala III.

María Soledad Mancini: vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala A. 

Juan Manuel Cabral: vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala K. 

Facundo Carlos Cortés: vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Sala B. 

Andrés Guillermo Fraga: vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de Buenos Aires.

Los fiscales y defensores son los siguientes:

Ana Clarisa Galán Muñoz: defensora pública oficial ante la Cámara Federal de Casación Penal, Defensoría N°3.

Pedro Mariano Rebollo: fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Maximiliano Eduardo Nicolás: defensor público de Menores e Incapaces ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N°4.

Leandro Gastón: defensor público oficial ante los tribunales orales en lo Criminal Federal de La Plata, Defensoría N°2.

Nuria Saba Sardañons: defensora pública oficial adjunta ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N°15.

Paula Inés Lo Gioia: defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires.

Carlos Nicolás Escandar: defensor público oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Salta.

María Esther Pinos: defensora pública oficial federal del interior del país con asiento en la ciudad de Formosa. 

Matías Ezequiel Eidem: fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°7.

Juan Noel Varela: fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°35.

Esteban José Chervin: defensor público oficial ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N°6.

Patricia Luján Cisnero: fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°43.

Ornella Romina Riggittano: fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°27. 

Santiago Roldán: fiscal general ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N°2. 

Natalia Cecilia Crede: fiscal general ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N°3. 

Germán Luis Artola: defensor público oficial adjunto ante los tribunales orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría N°11. 

Daniel Fernando Cano: fiscal ante los juzgados nacionales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Fiscalía N°3. 

José Nicolás Celestino Chumbita: defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja.

Hernán Enrique Figueroa: defensor público oficial ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Defensoría N°2. 

Sofía Beatriz del Milagro Martín: defensora pública de víctima con asiento en Santiago del Estero. 

María Ángeles Ramos: fiscal general ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal, Fiscalía N°4. 

Compartí esta noticia !

Categorías

Solverwp- WordPress Theme and Plugin