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El Gobierno anunció que reducirá el 40% de los Registros del Automotor

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El gobierno nacional lo comunicó de manera oficial un día después de que se venciera la fecha límite que había fijado Javier Milei en el DNU

El gobierno de Javier Milei había prometido la eliminación de los registros automotores y, cuando ya se había cumplido el plazo prometido para avanzar con la medida, sacó un comunicado para anunciar que cumplirá esa promesa.

“De acuerdo al resultado de la primera etapa de la auditoría llevada a cabo en la DIRECCIÓN NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES DE PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS (DNRPA), y con el objetivo de reducir costos y eliminar trámites burocráticos, se ejecutarán las siguientes medidas”, comienza el comunicado que se detalla a continuación:

• Se cerrará el 40% de los Registros Automotores, comenzando por aquellos que llevan intervenidos más de 2 años, y luego se procederá con el cierre de los restantes intervenidos.

• Se reducirá el 30% del personal de la Dirección de Registros Automotor, en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

• Se eliminó el Certificado de Transferencia Automotor (CETA) que obligaba al ciudadano a reportar la venta de su vehículo a la AFIP.

• Se eliminará la “cédula azul”: a partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición -física o digital- de la cédula verde del titular del automóvil.

• Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.

• Los titulares de los registros seccionales se harán cargo del 100% de sus costos operativos, adecuando su ingreso a la tarea efectivamente desempeñada y su productividad. El Ministerio de Justicia podrá controlar, en todo momento, la estructura de costos de los Encargados de Registros.

• Se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos.

• Se propondrá a las Provincias la adhesión al convenio de baja de impuestos de sellos y patentes provinciales, para reducir el costo de las operaciones registrales, que asciende hasta el 70% del costo total de una transferencia.

• Se implementará un Régimen de Concursos transparentes para impedir la contratación de personas que hayan tenido cargos políticos durante los últimos 10 años, sus familiares y aquellas personas que no acrediten los requisitos de idoneidad y experiencia en la actividad privada para cumplir tal función.

• Se auditará el sistema de fiscalización de los registros seccionales por la Subsecretaría de Asuntos Registrales.

• Se deroga el régimen que impone el monopolio de la Casa de la Moneda en la compra de insumos. Ello permitirá la libre competencia de oferentes, lo que se traducirá en una mejora de precios.

• Se digitalizará la verificación policial de vehículos, en una agenda conjunta con las autoridades provinciales y las fuerzas federales.

• Se aumentará significativamente el importe que obliga al ciudadano a informar al Estado el origen de los fondos para adquirir un vehículo.

El 21 de diciembre pasado, apenas 11 días de haber asumido el gobierno de Milei, se había firmado el decreto que en su artículo 364 proponía la transformación del sistema registral de automotores de la República Argentina. Allí se instaba a que “los Registros de la Propiedad Automotor se convirtieran en Registro Automotor digital de alcance nacional, con un plazo máximo de implementación del 2 de mayo de 2024. El servicio de inscripción será remoto, abierto, accesible y estandarizado”.

Para la simplificación de los trámites registrales el 25 de abril pasado se había publicado en el Boletín Oficial la Resolución General 5505/2024, con la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) derogó el trámite que se necesitaba para obtener el Certificado de Transferencia de Automotores (CETA). Era el que había que pedir al momento de realizar la transferencia de titularidad de automotores y motovehículos usados radicados en el país para los vehículos que superaran los $ 4.500.000.

En Argentina existen 1554 registros del automotor, con unas 180.000 transferencias o inscripciones mensualesy alrededor del 40% de los registros están manejados por interventores. Una de las incógnitas que se plantean para el sector es cómo impactará el cierre de los organismos intervenidos.

De acuerdo al comunicado del Ministerio de Justicia que comanda Mariano Cúneo Libarona “a partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos”.

La auditoría se realizó sobre 41 registros que ya estaban intervenidos. Aparecen en esa nómina 42 registros que son de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.

Desde el Gobierno apuntaron con este control a descubrir gastos con sobreprecios, la revisión de las adjudicaciones sin concurso y la escasa rendición de cuentas de los fondos que se recaudan. Sostienen que las designaciones como titulares de muchos Registros recayeron en designaciones por favores políticos, sobre todo en las en las últimas décadas. Y que por eso deben transparentar los procesos.

Se eliminará la cédula azul como requisito para conducir un auto ajeno y la verde no tendrá fecha de vencimiento

El Ministerio de Justicia decidió este viernes que ya no será necesario emitir un documento adicional para autorizar a terceros a conducir un vehículo

La simplificación de requisitos y trámites para la adquisición y registración de un automóvil fue una de las promesas de campaña que se plasmaron en el contenido del DNU del 21 de diciembre.

El texto de la comunicación dice lo siguiente:

  • Se eliminará la “cédula azul”: A partir de mayo, cualquier persona podrá circular dentro del territorio de la República Argentina con la sola exhibición –física o digital– de la cédula verde del titular del automóvil.
  • Se eliminará el vencimiento de todas las “cédulas verdes”.

La cédula verde es el documento que certifica la vinculación entre un vehículo y su propietario. En ella figuran la identidad y domicilio del titular y los datos de completos del automóvil incluyendo dominio (patente), marca, modelo, tipo y dos datos fundamentales como son los números de chasis y motor.

Hasta ahora, las cédulas verdes tenían fecha de vencimiento de un año respecto a la fecha en que se hizo la inscripción del nuevo titular. Sin embargo, esa fecha de vencimiento no impedía el uso por parte del propietario inscripto como tal. En cambio, cualquier otra persona podía conducir el vehículo aún no siendo titular mientras la cédula verde no estuviera vencida. Una vez que había caducado esa vigencia, la única forma legal de permitir que un tercero condujera un vehículo, era a través de otro documento, el cual fue llamado cédula azul. Esto ahora no sucederá más, la cédula verde no vence y sólo deberá ser reemplazada cuando se cambie la titularidad de un automóvil.

Al eliminarse el vencimiento de la cédula verde, automáticamente pierde parte de su valor la cédula azul, ya que cualquier persona podrá conducir un vehículo que no está a su nombre. Sin embargo, y aunque de este mismo modo funciona en otros países desarrollados como Estados Unidos, habrá que esperar para ver cómo se reglamentan estas decisiones, ya que ante un el robo de un automóvil, por ejemplo, si quién sustrae la unidad también tiene en su poder la cédula verde, no habrá motivo para impedir que circule con un vehículo que no es de su propiedad.

Siempre pendiente de las cuentas de la red X (exTwitter), el Presidente de la Nación, Javier Milei, reposteó este mediodía un mensaje de Javiel Lanari, Subsecretario de Prensa de Presidencia de la Nación, en el que el funcionario escribió que “la eliminación del 40% de los registros del automotor reduce costos y elimina trámites. Ataca directamente a una de las grandes cajas de la política. Se facilita la compra-venta de autos con menos burocracia. Un curro menos!”.

Minutos después, el mismo funcionario hizo dos posteos adicionales al respecto en los que mencionó que “nunca nadie se animó a tocar los registros del automotor. De ahora en más comprar o vender un auto será como en el resto del mundo. Fácil, barato y rápido. Sin curros, ni ventanillas, ni negociados…”.

El último mensaje de Lanari expuso que “la vigencia de los Registros del Automotor evidencia el nivel de atraso (y de curros) que tiene la Argentina. Nadie puede defender este sistema nefasto. Solo aquellos que se enriquecen complicándole la vida a la gente…”

Según la comunicación oficial del Ministerio de Justicia, a partir de este momento, se inicia la segunda etapa de la auditoría, que tendrá por objetivo revisar el contrato general de administración de los Registros Automotor, acelerar la digitalización y transformación del proceso, y bajar fuertemente los costos de transferencias y/o patentamientos.

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México y la denuncia a Ecuador ante la CIJ ¿Qué pasa si esta procede?

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“A México se le respeta”: López Obrador reitera denuncia contra Ecuador ante la CIJ

El viernes 5 de abril, México rompió sus relaciones diplomáticas con Ecuador después de que la Policía ecuatoriana irrumpiera en la embajada mexicana en Quito en un intento por capturar al exvicepresidente Jorge Glas. Este último había recibido asilo de México y aguardaba un salvoconducto para abandonar el país.

La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, anunció el lunes que el país tomará tres medidas concretas, entre las cuales se incluye “presentar una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la cual ya está siendo preparada”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró el martes la intención de denunciar a Ecuador ante la CIJ por lo que describió como “el asalto” a la embajada, que calificó como “autoritario y vil”.

Jorge Glas había obtenido libertad condicional en noviembre de 2022, tras cumplir una condena de cuatro años y medio por delitos de asociación ilícita y cohecho agravado relacionados con el escándalo de corrupción de Odebrecht. Ahora enfrenta nuevas acusaciones, incluyendo peculado.

Ecuador argumentó que el asilo diplomático otorgado a Glas por la embajada mexicana era contrario al marco jurídico convencional y que la incursión policial respondió a un “riesgo real de fuga inminente”, aunque no proporcionó detalles sobre esos riesgos.

En caso de que México proceda con la denuncia ante la CIJ, el proceso sería largo y complejo, como explica Myrhge Spross Bárcenas, académica de derecho internacional en la UNAM. Este proceso consta de dos etapas principales:

Fase escrita: Presentación de la denuncia y réplicas.

  • México deberá presentar una “memoria” ante la CIJ, en la que expondrá sus argumentos respaldados por pruebas, basándose en los instrumentos jurídicos internacionales pertinentes.
  • Ecuador tendría la oportunidad de responder con una contramemoria, aunque no está obligado a hacerlo.
  • Se pueden suceder réplicas y contrarréplicas entre ambas partes.

Fase oral: Presentación de alegatos.

  • Se presentarán los argumentos de cada país durante audiencias determinadas por la CIJ.
  • Se podrán presentar pruebas y testigos.
  • Una vez concluidos los alegatos, la CIJ deliberará y emitirá su resolución, la cual es inapelable y vinculante.
  • Los posibles escenarios de la resolución de la CIJ podrían incluir la reparación de los daños causados a la embajada mexicana en Quito, la restitución de las relaciones diplomáticas, una disculpa pública por escrito y sanciones económicas para Ecuador, entre otras posibilidades.

“Eso serían los posibles escenarios. Puede haber algunas otras implicaciones, incluso que se acrediten cuestiones comerciales, un bloqueo económico o cuestiones de otro tipo”, agrega Spross Bárcenas.

Fuente: CNN

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¿Qué es la Ley Penal Juvenil?, la edad de imputabilidad de menores y cuándo el Cúnero la presenta en el Congreso

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El Ministerio de Justicia le está dando las puntadas finales al nuevo Régimen Penal de Minoridad y se trataría en conjunto con un paquete de leyes de seguridad.

El Ministerio de Justicia le está dando las puntadas finales al nuevo Régimen de Minoridad, que tiene como uno de sus pilares centrales la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años para hacerlos penalmente responsables de sus actos.

El salvaje homicidio por parte de un adolescente de 15 años del playero de estación de servicio Bruno Bussanich, que conmocionó a Rosario y a todo el país, volvió a poner en el candelero un debate que divide a la opinión pública desde hace décadas.

Según anunció el viernes pasado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la nueva Ley Penal Juvenil, cuya redacción se nutrió de una treintena de proyectos presentados sobre la materia, está “en el último tramo” y la intención es “meterla” en el Congreso en la semana entrante.

“Ya la hice ver por fiscales, jueces, especialistas y demás, y está consensuada”, aseguró el funcionario, que tiene línea directa con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre este tema.

Ambas carteras vienen generando instancias de coordinación ya que la idea sobre la que avanzaron durante toda la semana pasada es que la reforma del régimen de Minoridad pueda ser trabajada durante el presente mes de abril en las comisiones de la Cámara de Diputados en conjunto con el paquete de seis proyectos que impulsa Seguridad para combatir el crimen y los piquetes.

La maquinaria política para lograr los consensos políticos necesarios en ambas cámaras del Congreso ya está en marcha. Si bien desde el Gobierno dan por descontado que Unión por la Patria y la izquierda se opondrán a todos los proyectos, confían en que el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y los bloques provinciales colaborarán y habrá una mayoría importante para aprobar las normas.

La baja de la edad de imputabilidad

El nuevo Régimen Penal de Minoridad que impulsa Cúneo Libarona apunta a reformar la vigente Ley 22.278, sancionada y promulgada el 25 de agosto de 1980, y modificada en mayo de 1983.

En su artículo primero, esta ley de la dictadura establece que “no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad” ni “tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación”.

“Nuestra ley es de 1980. Los chicos que tenían 14 o 15 años en ese entonces no son los chicos de 14 o 15 años de hoy. La droga, la violencia, han desencadenado un montón de caso de menores que han cometido un montón de delitos gravísimos. Entonces tiene que haber un cambio”, fundamentó el ministro, para quien “el tema minoridad está en crisis desde hace al menos 50 años”.

Un botón de muestra de esta realidad es el caso del playero en Rosario: con el régimen de minoridad que está vigente la Justicia no puede actuar penalmente contra el autor del crimen.

Otro eje del proyecto que está terminando de pulir la cartera que encabeza Cúneo Libarona tiene que la creación de un sistema de tratamientos para la resocialización de los menores que cumplan su condena.

Para ello, se apunta a disponer de instituciones que tengan la misión de “la reeducación, la resocialización, obligación de estudio y trabajo”. 

El funcionario explicó que la apuesta del Gobierno es “adaptar la legislación a los estándares internacionales cuidando a las víctimas” y al mismo tiempo trabajar en la “reinserción social” de los adolescentes que delinquen.

En este sentido, la idea del ministro es construir un sistema procesal específico para los menores de edad, que incluiría la creación de un tribunal especializado con asistencia y defensa al menor, cuidado tutelar al imputado y a la víctima.

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La Justicia revocó la reforma laboral del DNU de Javier Milei

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La a Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó el capitulo laboral de DNU de Javier Milei como respuesta a la denuncia presentada por la CGT. Lo hizo en la sala de feria con una votación dividida. Los jueces, en un fallo dividido, resolvieron dictar una medida cautelar suspendiendo la aplicabilidad de lo dispuesto en el Titulo IV Trabajo del decreto de Necesidad y Urgencia hasta tanto recaiga sentencia
definitiva sobre la cuestión de fondo.

En la víspera, la Justicia del Trabajo aceptó levantar la feria judicial para tratar la denuncia de la Central General de los Trabajadores (CGT) contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que apunta a desregular la economía y cambiar las condiciones laborales en el país.

El fallo sobre el amparo de la CGT se centra en el ámbito laboral. Sin embargo, ya hay más de 10 denuncias y/o pedidos de inconstitucionalidad sobre la totalidad del DNU que se encuentran en manos de la Justicia Federal. Muchas jurisdicciones incluso, habilitaron la apertura de la feria judicial para el tratamiento de los recursos presentados contra el decreto.

Además del recurso de la CGT, la Justicia, en este caso de Lomas de Zamora, también abrió la feria judicial para aceptar un pedido de amparo contra el decreto 70/2023 del Poder Ejecutivo y derivó el expediente al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal del magistrado Esteban Furnari.

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Justicia: que cambios en aspectos organizativos de la Justicia propone Milei

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El Proyecto de Ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” que se dio a conocer el pasado 27 de diciembre de 2023 propone cambios en ciertos aspectos organizativos de la Justicia. A continuación, haremos un breve repaso de estas reformas.

Primero, en lo que constituye la modificación de mayor trascendencia en esta materia, el Proyecto se refiere al traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, se instruye al Poder Ejecutivo Nacional a impulsar todos los actos y suscribir los acuerdos necesarios para que ese traspaso se efectivice en un plazo máximo de tres años. De este modo, se intenta establecer un plazo definitivo para el proceso de traspaso que comenzó hace más de veinte años, y hasta ahora no se ha concretado.

Segundo, el Proyecto propone modificarleyes que regulan los siguientes regímenes relativos a la organización y funcionamiento de la justicia:

  • Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores, y Auxiliares de la Justicia (Ley N° 27.423). El Proyecto propone derogar el art. 5 de esta ley, habilitando así que los profesionales alcanzados por este régimen puedan pactar la renuncia anticipada de sus honorarios profesionales o convenir un monto inferior al legalmente previsto.
  • Extracción de Fondos correspondientes a Depósito Judicial (Ley N° 9667). El Proyecto propone simplificar el sistema de extracción de fondos judiciales a través de varias derogaciones de artículos de índole operativa, incluyendo la eliminación del impuesto sobre el valor del sello aplicable. También se elimina la posibilidad de realizar extracciones de fondos depositados judicialmente, mientras que se mantiene la posibilidad de remover esos fondos mediante embargos y transferencias por orden judicial.
  • Registros Judiciales Universales (Decreto-Ley N° 3003/56). Los cambios introducidos por el Proyecto reflejan una modernización del proceso de registro de Juicios Universales, que comenzaría a estar disponible al público por medios electrónicos. El Proyecto también propone que el juez a cargo de los juicios alcanzados por este registro sea quien tenga el deber de ingresarlo en el Registro, quitándole esa carga al presentante del juicio.
  • Publicación de Edictos (Decreto-Ley 16.005/57). El Proyecto deroga casi por completo este decreto-ley que regulaba la publicación de edictos judiciales en diarios, proponiendo en cambio que los edictos judiciales en la Capital Federal deban publicarse en el Boletín Oficial de la República Argentina.
  • Archivos Judiciales de la Capital Federal (Decreto-Ley N° 6848/63). El Proyecto propone la modernización y simplificación del sistema, el uso del archivo digital, documentos electrónicos y la firma digital.
  • Ley de Depósitos Judiciales en los Tribunales Nacionales y Federales en el Banco de la Nación Argentina (Ley N° 26.764). El Proyecto propone que los depósitos judiciales ya no se efectúen en el Banco de la Nación Argentina, sino en un banco a elección de los tribunales donde el Estado tenga participación accionaria salvo que, por acuerdo e iniciativa de las partes, se opte por realizar el depósito en otra institución financiera. Además, agrega que los depósitos podrán ser denominados en moneda local o extranjera.
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