KARINA MILEI

Un corte a la insensatez

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Un acto de humillación”. “De vejación”. Cuentan que el Gobernador se enfureció cuando conoció los detalles del maltrato a cientos de misioneros durante las “auditorías” de Nación para determinar la validez de las pensiones por discapacidad. Cientos de personas en largas filas bajo el sol, sin ninguna contención, esperando ser atendidos por un grupo de jóvenes sin identificación, sin médicos y apurados por militantes libertarios enardecidos ante los reclamos. 

Las “auditorías” estuvieron repletas de irregularidades. La falta de profesionales es apenas una. El cardiólogo Leandro Peñaloza, de Pergamino, Buenos Aires, denunció que le falsificaron la firma para las “constancias” entregadas, que no eran otra cosa que un papel sin sello ni membrete de la Agencia Nacional de Discapacidad. 

El médico también negó un vínculo con los libertarios: “Me enteré que en Misiones incluso me quisieron vincular con La Libertad Avanza, pero yo no tengo ninguna relación con esa fuerza política”, relató el profesional al diario Clarín. “En 54 años de ejercicio de la medicina, es la primera vez que me pasa algo así“, afirmó. 

No exagera. Salvo en los años más oscuros de la historia, nunca hubo semejante nivel de atropello a ciudadanos por parte del poder central, acostumbrado a creer que puede mirar con menosprecio a quienes viven más allá de los límites geográficos de la capital.

Por ese cúmulo de vejámenes, Hugo Passalacqua ordenó a la Fiscalía de Estado presentar un amparo ante la Corte Suprema. “Es extremadamente importante. No es una denuncia mediática ni política. Es seria, tuvimos que recabar documentación, testimonios, etc para acreditar en una Corte nada menos. Algo serio, como amerita la barbaridad que hizo la Nación”, detalló Passalacqua. El mandatario misionero, conmovido, puso énfasis en que más allá del rumbo político, la gobernanza debe tener carácter humano. “Si se pierde eso se pierde todo”.

La demanda de Misiones ante la Corte exige el inmediato restablecimiento del pago de las pensiones no contributivas por invalidez, el pago retroactivo a quienes perdieron el beneficio en los últimos meses, la nulidad de las auditorías irregulares realizadas en la provincia, medidas para garantizar la continuidad de las prestaciones, transparencia del proceso y respeto a la dignidad de las personas con discapacidad. 

Aunque parezca el menor de los males, la falta de respeto a la dignidad de las personas con discapacidad es quizás lo más grave de la situación. El desprecio por el otro. El desdén. La falta de empatía. La indolencia. Los operativos en Misiones fueron coordinados por Samantha Stekler. La delegada del PAMI y diputada electa fue la encargada de alquilar los hoteles y elegir los lugares donde se hicieron las “auditorías” que terminaron en escándalo. 

Sea del signo político que sea, el Gobierno debe estar para proteger a sus ciudadanos, no para darles la espalda ni para ahondar su vulnerabilidad. No hay Excel ni motosierra que justifique la degradación. Por eso no sorprendió que incluso los aliados votaran a favor de la ratificación de la ley de Emergencia en Discapacidad, vetada por el Presidente. Milei se quedó en soledad en su negativa. Apenas lo acompañaron seis senadores de la LLA y una del PRO. Los senadores de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut votaron en línea con el posicionamiento de Passalacqua. Martín Goerling Lara, que en la primera votación estuvo ausente, ahora votó a favor en contra del veto. 

No se trata de evadir controles ni auditorías, sino de respetar al otro. Sin embargo, el Gobierno parece disfrutar de llevar al extremo el avasallamiento. La irregularidad de la auditoría en Misiones no es una excepción. En otras provincias ocurrió lo mismo. Salta también reclamó ante la Corte Suprema. 

No son excepciones: el propio Presidente Javier Milei, su ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, sostuvieron durante meses que una auditoría había demostrado que la mitad de los comedores del país no existían. Esa supuesta evidencia sirvió para justificar la suspensión del envío de alimentos, mientras millones de kilos de mercadería se acumulaban en depósitos oficiales.

Sin embargo, tras un largo reclamo de la diputada nacional Natalia Zaracho y un fallo judicial favorable, el ministerio de Capital Humano reconoció oficialmente que esa auditoría nunca existió. En su lugar, sólo se realizaron verificaciones parciales y administrativas, que abarcaron apenas al 6% de los inscriptos en el Registro Nacional de Comedores Comunitarios y sin trabajo de campo real. Es decir, no hubo auditoría en términos legales ni metodológicos.

El episodio revela una estrategia discursiva basada en un relato fabricado y amplificado por parte del aparato mediático: instalar una cifra impactante (“el 50% no existe”) para legitimar un ajuste sobre las políticas alimentarias, aunque careciera de sustento. 

Más allá de la cuestión técnica, el trasfondo es político: Milei buscó instalar un símbolo de “despilfarro y corrupción” en los sectores más vulnerables para justificar el desmantelamiento del sistema de asistencia. La revelación no solo desnuda esa maniobra, sino que también plantea interrogantes sobre los límites de la posverdad en la gestión pública.

En contraste, la realidad se empeña en contradecir el relato oficialista. Para ser un Presidente especialista en generar riqueza con o sin dinero, los resultados son bastante escasos, apenas sostenidos por la contención de la inflación, que no alcanza ante el desmoronamiento del poder adquisitivo de millones de familias. 

En julio, una familia tipo en la Argentina necesitó casi cuatro salarios mínimos para no caer por debajo de la línea de pobreza y cubrir el costo de la canasta básica, según un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina. La comparación entre el salario mínimo y la línea de pobreza muestra una situación incluso peor que la del año 2001, cuando el país estuvo al borde de la disolución tras el fracaso de la alianza y la década menemista. 

El deterioro también se observa en otras variables analizadas, como las jubilaciones mínimas y la desindustrialización. Cifra señala que el retroceso no puede atribuirse únicamente a coyunturas externas adversas, sino que responde también a decisiones de política económica que priorizaron la apertura comercial y la disciplina fiscal sobre el sostenimiento del aparato productivo y del mercado interno. La contracción de la industria y el deterioro de los ingresos previsionales son dos caras de una misma estrategia de ajuste. La política económica está siendo más letal que el Covid: desde noviembre de 2023 cerraron 15.564 empresas. Durante la pandemia, 15.398 bajaron las persianas

En el medio, el Gobierno acaba de romper con su promesa más firme: la libre flotación del dólar. Hace apenas unas semanas, Milei y todo el equipo económico se burlaban en un streaming de las críticas a la política económica. “¿El dólar está intervenido?”, le preguntó un inocente Alejandro Fantino. “¡¡Flotaaaa!!”, le respondieron todos entre risotadas. No flota más. Las medidas de contención indirecta del dólar se fueron desgastando y perdiendo potencia, hasta que el escándalo de las coimas de Karina dinamitó la confianza. El dólar se disparó y el temblor llegó a las acciones. El Tesoro tuvo que usar la bala de plata y no le quedó otra que intervenir en el mercado para calmar la fiebre. Con una aspirina.

En ese escenario, este domingo el gobierno enfrentará una batalla electoral clave. Buenos Aires va a las urnas para renovar su Legislatura y las encuestas anticipan que el peronismo está cinco puntos arriba de la Libertad Avanza, con diferencias más amplias en algunas secciones electorales. El cierre de campaña encabezado por Milei, en medio del escándalo por las presuntas coimas y sobreprecios que protagoniza su hermana Karina, fue una muestra del desencanto: apenas un puñado de militantes en contraste con la euforia exhibida en el escenario. Los sondeos coinciden en que LLA sumará otra derrota en las provincias, aunque los acólitos insisten en matizar que “lo que importa es octubre”. Pero más allá del resultado, la elección es clave porque lo que implica para dos que no son candidatos: el Presidente y Axel Kicillof, quien representa al “kirchnerismo muerto” que se resiste a morir. 

Misiones también piensa en octubre. Pero como nunca antes, el silencio domina la campaña. Los pintados de violeta, hacen mutis por el foro. Diego Hartfield pasó la semana tuiteando sobre el US Open. Ni una sola idea, ni una sola propuesta. Solo retuits. Del resto se sabe nada. 

Oscar Herrera Ahuad, el presidente de la Legislatura, quien fue uno de los primeros en cuestionar el manoseo de las pensiones, ahora marcó la cancha con el precio de la yerba mate y recordó que en 2023, cuando era gobernador se logró alcanzar los 50 centavos de dólar. Ahora vale, en el mejor de los casos, 250 pesos y hasta 180 como paga Las Marías, la yerbatera de Corrientes. Herrera Ahuad anticipó que en el Congreso volverá a pelear por la regulación del mercado yerbatero, al que definió como imperfecto, por el desequilibrio entre muchos productores y pocos compradores que controlan los precios.

Más allá de la crisis del sector primario yerbatero, Misiones exhibe datos económicos que contrastan con el deterioro nacional. Subió el empleo -108.492 puestos de acuerdo a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo- y también aumentó el número empresas empleadoras con una suba mensual de 0,9% (+83), con el agro como protagonista en ambos casos. Misiones tiene uno de cada tres empleos registrados en el NEA.

También como la principal exportadora de la región y se convirtió en la sexta provincia del país con mayor peso de manufacturas en sus exportaciones superando largamente a Corrientes y Chaco. Misiones fue la provincia con el mayor volumen de exportaciones en la región con USD 262 millones, explicando el 40,9% del total regional. Las ventas al exterior crecieron al 11,6% contra el año anterior y también mostraron importantes incrementos contra los primeros semestres de los años previos (+41,6% vs. 2023 y +20,7% contra 2022). En esta línea cabe resaltar que no solo creció contra esos años, sino que Misiones tuvo su mejor primer semestre desde el 2002.

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La Libertad de expresión no es negociable

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El Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones manifiesta su profunda preocupación ante los avances autoritarios del Estado Nacional que atentan contra el libre ejercicio del periodismo en la Argentina.

Desde este espacio académico dedicado a la formación profesional, advertimos sobre la gravedad de las decisiones políticas y jurídicas que pretenden instaurar mecanismos de censura previa, así como prácticas de amedrentamiento dirigidas a trabajadores y trabajadoras de prensa.

Estas acciones no solo afectan de manera directa el ejercicio del periodismo, sino que también vulneran principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales suscritos por nuestro país. La libre circulación de información e ideas constituye un pilar indispensable para el debate público en una sociedad democrática, plural, comprometida con la transparencia en el funcionamiento de sus instituciones y la administración de los bienes del Estado.

En este marco, los hechos recientemente denunciados por los periodistas Mauro Federico e Ivy Cángaro, junto a su equipo de trabajo, y que han tenido un alto impacto por su gravedad material y moral, recibieron como respuesta del Poder Ejecutivo Nacional la solicitud de la emisión de una medida cautelar que hizo lugar un juez Federal en lo Civil y Comercial que enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado, para impedir la difusión de grabaciones con denuncias de hechos de corrupción. A esto se suma el pedido de allanamientos en los domicilios de Federico, Jorge Rial, Pablo Toviggino y otras personas señaladas como responsables de difundir audios de interés público.

Reafirmamos que la difusión de grabaciones con denuncias de supuestos hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos y actores del sector privado no se combaten mediante la censura o la persecución judicial de periodistas, sino a través del fortalecimiento de los mecanismos de control ciudadano y judicial.

LA LIBERTAD EXPRESIÓN, DE PRENSA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN SON UN DERECHO HUMANO QUE NO SON NEGOCIABLES. SUS DEFENSAS SON ESENCIALES PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

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Destrozando utopías

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Dudé mucho en escribir esta nota. Aún pienso que nadie, o muy pocos, la leerán con verdadero interés.
Vivimos tiempos complicados, con un gobierno que el pueblo eligió y que hace del insulto, la descalificación procaz y la crueldad una práctica cotidiana. Pero lo más grave es que nos están destruyendo las utopías, los sueños. Al intentar naturalizar hechos aberrantes, terminan por banalizar las utopías que supimos sostener y que formaban parte ineludible de la política.

No concebíamos un pensamiento político sin utopías, aquellas que estimulaban nuestras ansias de militancia y lucha para construir una sociedad más justa, en la que reinara la solidaridad de verdad, y no el vedetismo berreta que hoy nos tortura en la pantalla chica de un celular.
Con tristeza veo que a muchos les produce más efecto y placer el brillo del consumismo, que reemplaza a las utopías de la justicia social.

La injusticia y el maltrato al que son sometidos nuestros discapacitados y sus familias eran intolerables para los jóvenes de las décadas del 60 y del 70, cuando la militancia, llena de contenidos y de utopía humanizadora, luchaba por una sociedad más justa.
Hoy se está vaciando la política de aquellos ideales que nos interpelaban y nos estimulaban a luchar por un Estado que, como sociedad organizada, fuera capaz de asistir, contener y promover a los más vulnerables. Sentíamos que era posible la escalera de movilidad social ascendente y nos repetíamos que, al subir un peldaño, siempre había que mirar hacia atrás para dar la mano al que venía más abajo.

Lo que hace hoy el gobierno nacional con nuestros discapacitados es inhumano e intolerable desde todo punto de vista. Basta con observar cómo se trata a los niños, a los ancianos y a las personas con discapacidad para saber de qué sociedad se trata.

Debemos movilizarnos todos, sobre todo los jóvenes, que aún tienen la posibilidad de recrear la esperanza y las nuevas utopías. No dejemos que nos roben los sueños.

Para terminar, quiero recurrir a las palabras de Ernesto Sábato en su libro Antes del fin: “Solo quienes sean capaces de sostener la utopía, serán aptos para el combate decisivo: el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido”.

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El nuevo escándalo en el PAMI: sobreprecios, licitaciones y el fantasma de la corrupción

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Una nueva denuncia periodística vuelve a golpear al Gobierno nacional y pone en el centro de la escena al PAMI, la obra social de jubilados y pensionados más grande de América Latina. Según un informe emitido por el programa “¿Y mañana qué?” de Luciana Geuna en TN, el organismo comenzó a pagar hasta diez veces más por los lentes intraoculares que se utilizan en las cirugías de cataratas, una práctica que los oftalmólogos califican como “un negociado evidente”.

El cambio en el sistema de compras, vigente desde julio, es el núcleo de la polémica. Antes, cada especialista adquiría directamente a los laboratorios los insumos y luego rendía la factura a PAMI, con valores de referencia claros y uniformes que rondaban los $35.000. Ahora, con la centralización de las adquisiciones y la posterior licitación pública, los precios treparon hasta cifras insólitas: entre $150.000 y $300.000 por cada lente.

El propio Boletín Oficial, con la Resolución 1560 firmada el 10 de julio por el subdirector ejecutivo Carlos Blas Zamparolo, deja constancia de la adjudicación: cinco laboratorios fueron beneficiados y el monto total estimado alcanza los 80.730 millones de pesos. La paradoja es evidente: en lugar de obtener precios más bajos gracias a la compra concentrada, PAMI terminó pagando hasta diez veces más de lo que abonan los médicos en el mercado.

Los ejemplos son contundentes. Implantec S.A. factura a PAMI un lente Acryfold a $162.166, mientras lo vende a profesionales particulares a $24.800. Visión Médica S.A. ofrece lentes Eyeol a $28.249, pero al PAMI se los cobra $279.704. MSZ S.R.L. vende un modelo Auroflex en el mercado a $38.000, pero lo factura al organismo a $177.939.

Las quejas estallaron en grupos de WhatsApp donde se comunican más de 500 oftalmólogos que trabajan con PAMI. Allí surgió la denuncia que, poco después, explotó en la televisión nacional. A la indignación por los sobreprecios se suma un problema operativo: los insumos tardan mucho más en llegar, lo que obliga a postergar cirugías ya programadas.

La sombra política del caso también es espesa. Dirigentes internos de La Libertad Avanza apuntan a Eduardo “Lule” Menem, socio político de Karina Milei, como el hombre que colocó más funcionarios en la estructura del organismo. Las versiones lo vinculan directamente con el cobro de comisiones ilegales en la Agencia Nacional de Discapacidad. El director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, un médico con carrera interna, aparece como garante de la continuidad del esquema.

No es la primera vez que la obra social queda bajo sospecha. Meses atrás, otra licitación había favorecido a Urbano Express en la distribución de pañales y apósitos, encareciendo los costos en un 20 % y dejando en evidencia la trama de favores entre el Estado y corporaciones.

La pregunta que subyace es inevitable: ¿cuánto de esta sobrefacturación se reparte entre empresarios beneficiados y funcionarios que administran la caja del PAMI? Mientras tanto, millones de jubiladas y jubilados se ven forzados a demostrar ingresos mínimos para no perder sus beneficios y poder acceder a remedios básicos.

El caso expone, una vez más, cómo la bandera de la “anticasta” terminó convertida en negocios turbios que recaen sobre los sectores más vulnerables. La corrupción en el sistema de salud golpea de lleno a los jubilados, mientras el Gobierno insiste en justificar cambios de procedimiento y niega la comparación de precios. En las calles, crecen los reclamos de los adultos mayores frente al Congreso, exigiendo que el PAMI vuelva a ser un organismo pensado para sus afiliados y no un botín de la política.

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El escándalo de las coimas: cautelar a favor de Karina Milei para que no se difundan más audios

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El titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Patricio Maraniello, hizo lugar parcialmente y ordenó el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno atribuidos a Karina Milei y que fueron anunciadados el pasado 29 de agosto. El magistrado aclaró que la restricción es provisoria, excepcional y de alcance limitado, descartando que implique instaurar un “bozal legal”.

La demanda había sido presentada el día viernes por Karina Milei, con el objeto de que se dicte una cautelar que ordene el cese de la difusión de cualquier chat, foto, audio y video anunciados el día 29/08/2025 como correspondientes a su persona, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web.

Luego de analizar el planteo, el magistrado Patricio Maraniello hizo lugar a la cautelar en lo relativo a la difusión de los audios y remarcó que ello no implica una censura previa, en tanto se busca proteger “la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos” que surgiría de los audios anunciados en medios de comunicación y redes sociales.

Así, el magistrado decretó la medida cautelar ordenando “solamente el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29/08/2025- como fueran denunciados- que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei, a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”, expresa el punto I de la decisión.

El juez Maraniello aclaró que la cautelar dispuesta “no tiene por finalidad limitar ni menoscabar el debate público ni el flujo de información que constituye la esencia de un sistema democrático” sino que busca que su alcance pretente acotarse a “un hecho concreto, puntual y excepcional, que exige resguardar bienes jurídicos de igual jerarquía constitucional, tales como la intimidad y el honor de las personas involucradas, así como la seguridad institucional derivada de la eventual divulgación de contenidos sensibles para el funcionamiento del Estado”.

Además, el juez ordenó librar oficio al ENACOM para que comunique la decisión a todos los medios de comunicación masiva (televisivos, radiales, gráficos y redes sociales).

El Grupo Indalo repudia el intento de censura del Gobierno

Indalo Media repudia el intento del Gobierno Nacional de limitar la tarea del periodismo independiente a través de acciones judiciales que buscan censurar la publicación de información.

Las últimas acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo destinadas a censurar la difusión de material audiovisual que podría estar vinculados a un accionar ilícito de funcionarios y ex funcionarios implica una afectación directa al derecho a la información de la ciudadanía.

Asimismo, las denuncias penales destinadas a los periodistas Jorge Rial Mauro Federico, que se desempeñan en nuestros medios de comunicación, C5N y Radio10, significan una acción activa de amedrentamiento, incompatible con el Estado de Derecho.

En este caso, el acogimiento por parte del Poder Judicial del intento del Poder Ejecutivo de ejercer censura previa sobre los contenidos ligados a presuntas maniobras de corrupción oscurece la labor del periodismo y socava los cimientos de la democracia con fines poco claros.

Como siempre lo hemos entendido, los medios de comunicación integrantes del Grupo Indalo continuaremos con nuestra función social de apuntalar los pilares en los que se sustenta la Constitución Nacional mediante el trabajo constante por la búsqueda de la verdad y el ejercicio periodístico de más alta calidad.

Indalo Media ratifica su compromiso con el ejercicio responsable del periodismo y su disposición a colaborar con las autoridades judiciales en el marco del debido proceso, manteniendo el irrenunciable derecho a informar sobre cuestiones de interés público.

La democracia se fortalece con más y mejor periodismo que tiene la función de contrapeso del poder y de informar a la ciudadanía las cuestiones de trascendencia pública.

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