Como ocurre en cada uno de los encuentros realizados a la fecha, la 9º Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande contó con una numerosa agenda de temas a tratar, de los cuales algunos muestran cierto grado de avance, pero otros no logran aún hacer eco en el Gobierno nacional.
Uno de los puntos tratados, aunque más a modo enunciativo que propositivo, fue el actual conflicto, en situación judicial, que nuclea a los gobernadores del país respecto a la distribución de recursos de origen nacional a la CABA, algo puesto en escena por el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich.
Esta situación tiene toda una historia, y lo más reciente fue la carta de los gobernadores (con excepción de los tres radicales) a la Corte Suprema de Justicia, donde afirman que en la suba de recursos al distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta, realizada por Mauricio Macri, “se violaron los principios de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional“, y se presentaron en la causa amicus curiae.
Ante el tema planteado en el Consejo Regional del Norte Grande, ¿la región se animará a debatir las asimetrías que existen hacia dentro de la región? Veamos los datos.
En marzo, las provincias del Norte Grande recibieron, de manera consolidada, unos $128.443 millones por transferencias automáticas de recursos de origen nacional. En valores absolutos, el Chaco se queda con el 13,9% de ese total; Misiones, con solo el 9,4%, menos que Corrientes (10,5%) y Formosa (10%). Sobre un total de diez provincias de la región, Misiones recibe la cuarta asignación más baja. Si ampliamos el universo al total de las 24 jurisdicciones, Misiones está a mitad de tabla.
Lo que a priori es una situación injusta, se agrava al analizar los recursos ajustados por población: en marzo, Misiones recibió un equivalente a unos $9.423,2 por habitante, lo que es el valor más bajo de todo el Norte Grande, siendo la provincia con el tercer mayor volumen de habitantes de la región, y con el tercer PBG más alto de todo el Norte Grande.
En el plano nacional, Misiones tiene el octavo menor ingreso de recursos nacionales per cápita, quedando solo por encima de las provincias más “ricas” como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y de las petroleras, que cuentan con un fuerte ingreso vinculado a regalías.
A Catamarca se le destina 142% más de recursos por habitante que a Misiones; al Chaco, 55% más. Además, junto a Tucumán y Salta (que son, con Misiones, las tres economías más grandes de la región) son las únicas en siquiera lograr superar los $10 mil por habitante en el mes.
Si por catamarqueño se destinan $22.803,1 en un mes como el de marzo, pero por misionero solo $9.423,2, entonces existe un enorme problema de asimetrías hacia dentro de la región, y la discusión hay que darla, necesariamente.
¿Qué hay detrás de esto? En primer lugar, obviamente cuestiones técnicas vinculadas al esquema de reparto. El índice asignado para Misiones en la distribución de la coparticipación es el cuarto más bajo entre las provincias de la región. Pero, en segundo lugar, evidencia un criterio preponderante de una supuesta solidaridad en desmedro de la equidad.
De hecho, la caracterización de un esquema de reparto basado en “principios de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades” hasta parece un oxímoron: si es solidario, no puede ser equitativo.
La equidad, en el caso misionero, sería recibir recursos de acuerdo no solo a sus características geográficas y sociales, sino también a su aporte a la economía nacional: como hablamos semanas atrás en esta columna de Economis, Misiones es la provincia que más aporta de IVA en toda la región y la segunda en el total de impuestos nacionales, que son los que conforman la masa coparticipable.
Además, es la provincia que más recursos propios genera en la región, dando cuenta así de un importante nivel de actividad, pero también de la necesidad de generar ingresos a partir de estructuras tributarias más presentes.
Entonces, la equidad no existe. Sí existe la solidaridad, bajo el supuesto de que provincias como Catamarca y Formosa (que son las que más reciben de manera per cápita) contarían con un menor grado de desarrollo relativo y de potencialidad de generar recursos propios, por lo cual se le asigna un monto superior.
El Norte Grande tiene una virtud más que importante: la unión del bloque, más allá de algunas diferencias puntuales que pueda existir. Pero tiene el riesgo de caer en una fuerte contradicción en esta discusión.
Más allá de que exista un consenso de que el incremento en la participación de CABA en la asignación de recursos realizada por el ex Presidente Macri fue desmedida, son los argumentos los que van a pesar en las posteriores discusiones que puedan abrirse.
Vayamos al año 2019, que fue el último año completo donde rigió, para CABA, el esquema establecido por Macri. A nivel per cápita, fue el segundo distrito que menos recursos recibió, solo por encima de la provincia de Buenos Aires, por lo que, siempre ajustado por población, seguía en el fondo de la tabla. ¿Cuáles son los contraargumentos? Más allá del cálculo efectivo sobre el costo del traspaso de la policía, se argumentaba que se trata del distrito más rico del país.
¿Por qué este argumento le puede jugar una mala pasada a una potencial discusión que abra, o que involucre, a Misiones? Bajo el argumento de ser una de las principales economías de la región, podrían no corregirse las asimetrías que tiene bajo el supuesto de que la provincia tiene los recursos necesarios para hacer frente a su programa de gobierno. Salvando las distancias que existen entre un caso y otro, el argumento de fondo es el mismo.
Este problema que podría enfrentar Misiones (como también podrían sufrirlo, por ejemplo, Salta o Tucumán) no solo se basa en lo argumentativo, sino también en lo normativo: los fondos coparticipables para las provincias salen de la distribución secundaria, por lo cual, incrementar el índice de asignación para una provincia implica, necesariamente, la disminución para otro distrito. Ninguna podría aceptarlo. Los fondos a CABA, por el contrario, salen de la distribución primaria y, por ende, su incremento de 2106 afectó al Tesoro Nacional, no a la distribución a provincias. Lo mismo ocurre hoy: su disminución benefició al Tesoro, no a los índices dados a las provincias.
¿Qué solución podría aplicarse para este caso? Partiendo siempre de que el reclamo contra CABA es justo, las provincias con fuerte desfase en la asignación de recursos, como Misiones, podría pedir compensaciones de recursos que salgan de ese excedente generado por la baja en el índice a CABA.
Para el 2022, se estima que ese excedente es de cerca de $120 mil millones que, en lugar de ir a CABA, quedan en el Tesoro Nacional. Si bien no se puede contar con la totalidad de este (porque una porción va al Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires y otro poco a los servicios de seguridad de CABA), existe un amplio margen de recursos que las provincias pueden pedir en forma de compensación, estableciendo montos fijos anuales, un esquema similar al que actualmente goza la provincia de La Rioja.
Además, Misiones puede pedir compensaciones (de monto fijo, pero también podría ser variable, de acuerdo con el avance en la recaudación) a partir de recursos generados por el impuesto PAIS y del impuesto a la riqueza, dos tributos creados por la actual administración nacional y que no son coparticipables.
De esta forma, no se tocan los índices de coparticipación, no se afecta a provincias que tienen fuerte dependencia de esta, pero se compensa a aquellas que son altamente perjudicadas.
Pero, volviendo al inicio de esta columna, el Norte Grande también debe plantearse esa discusión hacia dentro de la misma, y necesita que el liderazgo de estas banderas esté justamente en las provincias más afectadas; ya que el debate no será puesto sobre la mesa por gobernadores como Capitanich o Zamora, ya que justamente son dos casos donde sus provincias son altamente beneficiadas por el esquema de reparto vigente.
