Murió el genocida Etchecolatz, condenado en múltiples causas por crímenes de lesa humanidad
El exdirector de la Policía Bonaerense y mano derecha del general de brigada Ramón Camps, durante la última dictadura cívico militar, Miguel Osvaldo Etchecolatz, falleció hoy a los 93 años. Será recordado en la historia argentina por ser uno de los principales responsables y ejecutores del período más oscuro del país.
Etchecolatz murió a las 5.30 de hoy en la Clínica Sarmiento de la localidad bonaerense de San Miguel, donde se encontraba internado con custodia policial, informaron a Télam fuentes de las querellas en su contra.
Nacido en la ciudad de Azul el 1 de mayo de 1929, Etchecolatz muere con múltiples condenas a prisión perpetua, acusado por diversos crímenes de lesa humanidad, mediante una serie de sentencias dictadas entre los años 1996 y 2022, que fueron unificadas en una pena única de reclusión.
La novena condena a cadena perpetua le llegó en mayo de este año cuando el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata lo condenó por los secuestros y torturas de siete personas en el excentro clandestino de Pozo Arana, entre ellas el albañil Jorge Julio López, y los asesinatos de cuatro de esas víctimas, entre ellas Francisco López Muntaner, uno de los estudiantes secuestrados en La Noche de los Lápices.
Su nombre quedó asociado también con la desaparición de López, en plena democracia, luego que la declaración judicial del albañil en 2006 como testigo fuera determinante en una causa en contra del expolicía, y por la cual fue condenado a reclusión perpetua.
Años después, el 24 de octubre de 2014, el represor y otros 14 exmilitares fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Cacha.
Mientras se leía esa sentencia, Etchecolatz tenía en sus manos un papel donde se leía el nombre de Jorge Julio López, una imagen que resultó escalofriante a más de dos décadas de retornada la democracia y en el marco del avance de los juicios de lesa humanidad.
Además fue condenado por el secuestro y asesinato de los estudiantes que fueron víctimas en la denominada ‘Noche de los Lápices“, y por la apropiación de menores.
En su haber judicial contó además con el beneficio de la Ley de Obediencia Debida pero tras la anulación de las leyes de impunidad, volvió a ser juzgado.
Etchecolatz fue director de Investigaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires entre marzo de 1976 y fines de 1977, cargo desde el cual coordinó los grupos de tareas así como los 21 centros clandestinos de detención que integraban el Circuito Camps, donde luego se comprobó que existió la mayor cantidad de detenidos desaparecidos del país.
Llegó a escribir un libro donde cuestionó el trabajo de la Conadep, bajo el título “La otra campana del Nunca Más”, y siempre que pudo se ufanó de haber participado de la “guerra contra la subversión”.
Hasta el 2006 contó con el beneficio de la prisión domiciliaria lo que en ese año le fue revocado por poseer armas de fuego. No obstante en el 2017 volvió a contar con ese beneficio -que se hizo efectivo solo dos meses- hasta que en el 2018 fue revocado nuevamente.
Ese mismo año sufrió un escrache en su casa del bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, cuando la asociación de vecinos del bosque, se movilizó y se apostó en su casa, en una recordada protesta de la que participó la referente de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Taty Almeida.
Casado, con una esposa que brindó diversas entrevistas en apoyo de su marido, el expolicía tuvo una hija, Mariana D. quién se cambió el apellido y marchó en 2018 junto a 500.000 personas contra el 2×1, pidiendo que su padre cumpla la condena en una cárcel común.
“Es un ser infame, no un loco”, declaró la joven.
“Por mi cargo me tocó matar y lo haría de nuevo”, fue una de sus provocativas declaraciones en el marco de los numerosos juicios que enfrentó.
La muerte lo encontró a los 93 años en una cárcel común pese a que a principios de junio había sido beneficiado nuevamente con la prisión domiciliaria por diversos problemas de salud.
El compromiso de realizar acciones concretas dirigidas a fortalecer el acceso a la justicia;