LEY DE TIERRAS

Passalacqua ratificó su rechazo a la reforma de la Ley de Tierras y defendió el rol del Estado

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La discusión sobre el futuro de la propiedad de la tierra volvió a instalarse en la agenda política nacional y encontró una respuesta contundente desde Misiones. Durante un encuentro con representantes del sector yerbatero, el gobernador Hugo Passalacqua ratificó su rechazo al proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de Tierras, al considerar que una mayor apertura a la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros podría afectar el control de recursos estratégicos y la planificación del desarrollo provincial.

El pronunciamiento se produjo en el marco de una reunión en Casa de Gobierno con asociaciones de productores, cooperativas, sindicatos rurales y representantes del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), convocada para analizar la crisis que atraviesa la cadena yerbatera. Sin embargo, el debate trascendió la coyuntura del sector y derivó en uno de los temas que hoy genera mayor tensión entre las provincias y la Nación: la administración del territorio y la autonomía sobre los recursos naturales.

Según información oficial otro de los temas abordados durante la reunión fue el proyecto nacional que propone modificar la Ley de Tierras y ampliar el porcentaje permitido para la adquisición de propiedades rurales por parte de extranjeros.

En ese marco, el gobernador reiteró su rechazo a la iniciativa y sostuvo que Misiones no acompañará medidas que comprometan el control sobre sus recursos estratégicos y su territorio. Por último, advirtió que “si el Estado no está” se pierde el equilibrio entre las dinámicas del mercado y las necesidades del conjunto de la sociedad.

La posición del mandatario se apoya en una característica estructural de Misiones. La provincia registra una de las mayores participaciones de tierras en manos de capitales extranjeros del país, una realidad que históricamente alimentó el debate sobre los límites a la concentración de la propiedad rural y la preservación del dominio local sobre áreas consideradas estratégicas.

El ministro del Agro y la Producción, Facundo López Sartori, reforzó esa postura al señalar que la provincia mantendrá una posición firme frente al proyecto nacional. “Misiones es una de las provincias que tiene más tierra en manos extranjeras, así que el gobernador fue contundente: no vamos a acompañar la ley de tierras”, afirmó tras el encuentro.

El posicionamiento provincial se inscribe en una discusión de mayor alcance sobre el federalismo y las competencias de las provincias en la administración de sus recursos. Para la gestión misionera, la tierra no constituye únicamente un activo económico, sino también un componente central de la planificación territorial, la producción agropecuaria, la conservación ambiental y el arraigo de las comunidades rurales.

La defensa de la Ley de Tierras se articuló con otro de los ejes centrales de la reunión: la crisis de la actividad yerbatera. Productores presentaron un anteproyecto para establecer un precio mínimo sostén para la hoja verde, en respuesta a la pérdida de las facultades regulatorias del INYM. En ese contexto, Passalacqua reiteró su respaldo a la recuperación de las atribuciones del organismo y aseguró que continuará impulsando herramientas para proteger a quienes sostienen la principal economía regional de Misiones.

“Siempre estoy del lado de aquellos que producen”, expresó el gobernador, al tiempo que insistió en que la provincia continuará trabajando junto con los distintos sectores para construir alternativas mientras persista el vacío regulatorio generado por las modificaciones nacionales sobre el INYM.

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Obispo Martínez advirtió sobre la ley de tierras y pidió a los legisladores votar “desde la conciencia”

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Radio Tupambaé – El obispo de la diócesis de Posadas, monseñor Juan Rubén Martínez, expresó su preocupación por el proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada que volverá a tratarse en el Senado de la Nación. Además, se refirió a la crisis que atraviesa el sector yerbatero, defendió el valor del trabajo como eje de la dignidad humana y sostuvo que la Iglesia tiene el deber de pronunciarse sobre las realidades sociales desde el Evangelio.

“Es un tema de extrema gravedad”

Mons. Martínez dedicó gran parte de su reflexión al proyecto legislativo sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, previsto para ser tratado el próximo 6 de agosto, y reiteró la postura expresada por la Iglesia a través de la Comisión Episcopal de Pastoral Social.

«Nos trae mucha preocupación», afirmó, al recordar que el documento «La tierra no es una mercancía» ya fijó la posición de la Iglesia sobre la iniciativa.

El obispo sostuvo que la discusión trasciende la cuestión jurídica y plantea un debate sobre la soberanía y el destino de los recursos naturales del país.

«Si se absolutiza la propiedad privada de empresas que pueden comprar tierras y recursos estratégicos, es un tema de extrema gravedad», advirtió.

En ese contexto, pidió a los tres senadores nacionales por Misiones y a los diputados nacionales que analicen cuidadosamente el proyecto.

«Les decimos que piensen mucho, porque se ponen en juego muchas cosas. Que voten desde su conciencia y no desde estrategias políticas», expresó.

Mons. Martínez consideró que una eventual aprobación de la norma podría generar consecuencias sobre el acceso a la tierra, los recursos naturales y distintas situaciones sociales vinculadas a la vivienda y la producción.

“La tierra, el agua y los recursos naturales fueron dados para toda la humanidad”

Para fundamentar su postura, el obispo citó la reciente encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV, donde se recuerda el principio del destino universal de los bienes.

Según explicó, el documento sostiene que «los bienes de la tierra, el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones«.

Mons. Martínez señaló que esa enseñanza forma parte de la doctrina social de la Iglesia desde sus orígenes y recordó que la propiedad privada tiene un valor reconocido por la Iglesia, aunque no constituye un derecho absoluto.

Reunión con productores yerbateros

Durante la charla también confirmó que recibirá en audiencia a productores, tareferos y representantes de la producción primaria de yerba mate que solicitaron ser escuchados por la situación que atraviesa el sector.

Explicó que el encuentro tendrá como principal objetivo escuchar los planteos de los trabajadores y productores, una problemática que, aseguró, ya viene conociendo durante sus recorridas pastorales por la provincia.

«He escuchado mucho a pequeños productores que plantean que están muy mal«, indicó.

Asimismo, cuestionó los efectos de un mercado sin regulaciones suficientes para proteger a los sectores más vulnerables.

«La liberación del mercado termina favoreciendo a los grandes mientras los pequeños mueren. El mercado es necesario, pero también hace falta una mirada que impida que los más poderosos se devoren a los pequeños«, sostuvo.

El trabajo como eje de la dignidad

Mons. Martínez vinculó esa realidad con la próxima celebración de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, cuya fiesta se celebrará el 7 de agosto.

Recordó que participará de las celebraciones tanto en Apóstoles como en Posadas y afirmó que el trabajo debe ocupar un lugar central en cualquier proyecto económico.

«Si una proyección económica no tiene en cuenta la dignidad de la persona, no nos sirve. Los números solos no sirven«, afirmó.

También valoró la decisión de bendecir motocicletas durante la festividad de San Cayetano, al considerar que para muchas familias constituyen una herramienta de trabajo y movilidad.

“La Iglesia no hace política partidaria”

Consultado sobre la intervención de la Iglesia en debates públicos, Mons. Martínez rechazó que ello implique una posición partidaria.

Explicó que la misión de la Iglesia consiste en iluminar las realidades humanas desde el Evangelio y recordó que Jesucristo vivió entre las personas acompañando especialmente a los más pobres.

«La Iglesia tiene una mirada sobre las realidades sociales desde el Evangelio. No hacemos política partidaria«, afirmó.

En ese sentido, cuestionó las posturas ideológicas extremas, tanto de derecha como de izquierda, cuando se apartan de los principios del Evangelio.

La importancia de escuchar

Finalmente, el obispo destacó el valor de la escucha como una de las necesidades más urgentes de la sociedad actual.

Consideró que muchas crisis familiares, sociales y políticas tienen su origen en la falta de diálogo y sostuvo que la Iglesia debe seguir ofreciendo espacios de escucha para quienes atraviesan situaciones difíciles.

«No hay escucha. Ese es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo«, concluyó.

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Ley de Tierras en el senado: “Si se aprueba, será el fin de la familia agraria en Misiones”

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El dirigente agrario Hugo Sand, presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (Apam), fue contundente al evaluar el impacto del proyecto de ley “De inviolabilidad de la propiedad privada”, cuyo tratamiento en el Senado está previsto para el próximo 6 de agosto. “Si se aprueba, será el fin de la familia agraria en Misiones”, sentenció.

“Es un proyecto tramposo que modificará la Ley de Tierras Rurales 26.737 y abrirá definitivamente las puertas a la extranjerización de nuestra Patria”, advirtió Sand en diálogo con Portal Misiones Radio. “No solo permite que los capitales privados se apropien de nuestros recursos, sino que también habilita a otros Estados a comprar tierras en la Argentina, delegando en las provincias la potestad de decidir a quién vender. Es un verdadero despojo a las poblaciones locales”, denunció.

El mapa de la extranjerización actual

La actual Ley de Tierras Rurales pone un tope del 15% al territorio nacional que puede estar en manos extranjeras (unos 40 millones de hectáreas). “Hoy, bajo esa norma, los extranjeros poseen el 5% —cerca de 13 millones de hectáreas—, por lo que aún queda un 10% disponible. Es decir, legalmente la venta podría expandirse a una superficie equivalente a las provincias de Buenos Aires y Corrientes juntas”, detalló el dirigente.

Sand alertó sobre la ubicación estratégica de los capitales extranjeros actuales: zonas de frontera, nodos logísticos clave, regiones mineras, tierras sobre el Acuífero Guaraní y áreas de bosques nativos. Al enumerar a los propietarios, precisó: “Los estadounidenses tienen 2,7 millones de hectáreas, una superficie similar a Misiones; los italianos tienen 2 millones, equivalente a Tucumán; los españoles poseen 1,7 millones, y Gran Bretaña tiene 1,1 millones de hectáreas ilegales porque nos robaron las Malvinas, de las cuales 246 mil hectáreas pertenecen a Joe Lewis en Lago Escondido”. Lo más preocupante, señaló, es que “el presidente Javier Milei quiere dar luz verde para extender, sin límites, esa superficie”.

El titular de Apam advirtió que el interés extranjero se concentra en áreas críticas: “El 90% de los límites de Misiones son fronteras con Paraguay y Brasil a través de los ríos Uruguay y Paraná. Hoy en día, un total de 36 municipios del país ubicados en estas zonas de seguridad ya superan el 15% de extranjerización, y cuatro de ellos exceden el 50%, lo que significa que más de la mitad del municipio corresponde a un dueño extranjero”.

El origen y el engranaje de la entrega

Al rastrear el origen de esta problemática, Sand recordó que el proceso comenzó en 1996, bajo la presidencia de Carlos Menem, cuando se autorizó la venta de 8 millones de hectáreas en zonas de seguridad de frontera. “Fue en ese momento cuando desembarcó en la región la empresa forestal de capitales chilenos”, recordó.

Frente al escenario actual, el dirigente cuestionó los intereses políticos vigentes: “¿Por qué hoy Javier Milei, la UCR, el PRO y algunas bancas provinciales insisten en habilitar más territorio para los extranjeros? ¿Por qué quieren vender la Patria?”. Para Sand, este debate legislativo no es un hecho aislado, sino parte de un engranaje más amplio de desmantelamiento soberano.

En ese sentido, enumeró las recientes medidas del Gobierno nacional:

*La derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160), que frenaba los desalojos.

*La quita de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), desprotegiendo a productores y tareferos.

*El desguace del INTA y el INTI, pilares del desarrollo científico y productivo.

*La modificación de la Ley de Glaciares para habilitar la minería.

*La implementación del RIGI, que otorga beneficios impositivos y aduaneros por 30 años para la explotación de bienes comunes.

*La concesión por 25 años de la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay al consorcio privado belga Jan De Nul, por donde sale el 80% de la producción del país.

Por todo esto, concluyó: “Queda claro que esta reforma busca la extranjerización de la tierra, el agua y los minerales. Solo les falta este paso legal para avanzar con la ocupación del territorio”.

El impacto en la tierra roja

Trasladando la problemática a la realidad misionera, Sand expuso un escenario preocupante: “En Misiones, una sola empresa forestal de capitales chilenos concentra el 27% del territorio, asentada sobre las tierras rojas más profundas y fértiles, ideales para la producción de alimentos. Los misioneros necesitamos producir comida, pero si esta norma prospera, este esquema de concentración no hará más que crecer”.

Asimismo, manifestó su temor por la explotación intensiva y desregulada del patrimonio natural, ejemplificando con el predio del INTA en San Antonio, que alberga valiosos ejemplares semilleros del milenario Pino Paraná: “Bajo este modelo, ese espacio podría privatizarse y reconvertirse al monocultivo de especies exóticas”.

Entre las consecuencias directas, el dirigente anticipó el desplazamiento de pueblos originarios y productores, la reprimarización de la economía y la pérdida total de autonomía alimentaria y ambiental. De aprobarse la norma en el Senado, sentenció: “Estaremos ante la desaparición de las comunidades guaraníes y de la familia agraria misionera”.

El dirigente fue enfático al recordar que los recursos de la provincia tienen un valor que trasciende lo mercantil: “La tierra, el agua, los ecosistemas, las semillas nativas y criollas, y las fuentes de energía tienen una función social, no meramente económica. De ellos depende la subsistencia tanto de las familias urbanas como de las rurales. Todo lo que garantiza el equilibrio ambiental y la producción de alimentos está en juego con este proyecto tramposo”.

Un mensaje a los senadores misioneros

Respecto a la postura que adoptarán los senadores nacionales por Misiones, Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Goerling, el próximo 6 de agosto, Sand fue tajante: “Por la forma en que vienen votando, dando luz verde a leyes que destruyen al pueblo, dudo de su patriotismo y de su amor por la tierra roja. Si aprueban este proyecto, la historia los recordará como vendepatrias”.

Para finalizar, rescató la histórica consigna de la Asociación que fundó a principios del año 2000 al calor de los tractorazos agrarios: “La chacra no se vende, la chacra es Patria”.

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Sturzenegger prepara otra revolución desreguladora con un megaproyecto de 350 artículos

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El Gobierno nacional no espera a que se resuelva uno de los debates legislativos más sensibles del año. Mientras el Senado mantiene en suspenso el tratamiento del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” —rechazado por intendentes, legisladores, organizaciones sociales y el Gobierno de Misiones por considerar que debilita los límites a la compra de tierras por extranjeros—, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya prepara una nueva ofensiva legislativa destinada a profundizar el proceso de liberalización económica.

El anteproyecto, al que accedió El Cronista, consta de casi 350 artículos y modifica decenas de leyes nacionales. La iniciativa será enviada al Senado en los próximos días y representa una segunda etapa de la agenda desreguladora iniciada con la Ley Bases y los decretos impulsados desde el comienzo de la gestión de Javier Milei.

La coincidencia política no pasa inadvertida. El mismo Congreso que todavía no logra consensuar la polémica reforma sobre la propiedad de la tierra deberá discutir ahora un paquete mucho más amplio que modifica regulaciones en sectores estratégicos de la economía.

Una nueva ola de desregulación

La lógica del proyecto mantiene el sello de Sturzenegger: eliminar regulaciones, reducir requisitos administrativos, abrir mercados y limitar la intervención estatal en actividades económicas que, según la visión oficial, permanecen excesivamente reguladas.

La propuesta alcanza prácticamente todos los sectores: mercado inmobiliario, farmacias, transporte marítimo y fluvial, mercado de capitales, garantías financieras, fideicomisos, agro, energía, vinos, carne vacuna, comercio electrónico y diversas actividades profesionales.

Uno de los aspectos políticamente más relevantes es que el Ejecutivo solicita al Congreso declarar una emergencia administrativa y de competencia por seis meses, con nuevas facultades delegadas para modificar o eliminar normas que considere obstáculos para la competencia o el desarrollo económico.

Se trata, en los hechos, de un intento por extender el proceso desregulador una vez vencidas las facultades extraordinarias otorgadas durante la aprobación de la Ley Bases.

Cambios en el mercado inmobiliario

Uno de los capítulos más sensibles elimina la exigencia nacional de matrícula profesional para ejercer como corredor inmobiliario.

De aprobarse, bastará con ser mayor de edad y contar con título secundario para desarrollar la actividad. Además, las personas jurídicas podrán actuar como corredoras, se habilita expresamente la intermediación mediante plataformas digitales y se limita la capacidad de provincias y colegios profesionales para imponer aranceles mínimos, restricciones territoriales o incompatibilidades laborales.

La reforma impactaría directamente sobre el esquema actual de regulación profesional y anticipa un fuerte rechazo de los colegios inmobiliarios.

Farmacias y venta online de medicamentos

El proyecto también profundiza la liberalización del mercado farmacéutico. Entre las principales modificaciones figura la autorización para comercializar medicamentos por canales digitales con entrega a domicilio, la participación de plataformas tecnológicas como intermediarias y la ampliación de la venta de medicamentos de venta libre en otros comercios, bajo las condiciones que establezca el Ministerio de Salud.

También se flexibilizan horarios de atención, se digitalizan registros obligatorios y se habilita que las farmacias adopten cualquier tipo de estructura societaria.

Apertura del cabotaje nacional

Otro de los capítulos más extensos apunta al transporte marítimo y fluvial. La iniciativa permite una mayor participación de embarcaciones extranjeras en el cabotaje argentino, flexibiliza las exigencias sobre tripulación nacional, modifica el régimen laboral marítimo, simplifica registros, digitaliza documentación y reduce restricciones para la importación de buques.

Además, elimina parte de las normas históricas de protección de la marina mercante nacional, un punto que ya anticipa resistencia sindical y empresarial.

Reforma financiera y activos digitales

En materia financiera, Sturzenegger impulsa una actualización integral del mercado de capitales. El proyecto incorpora activos virtuales como garantías prendarias, crea un sistema federal digital para registrar garantías, moderniza el régimen de warrants y prendas, reconoce jurídicamente títulos digitales y tecnología blockchain, amplía el uso de fideicomisos financieros y adapta la legislación para la tokenización de activos.

El objetivo oficial es facilitar el acceso al financiamiento y reducir costos para empresas e inversores.

Cambios para el agro y la producción

El paquete también alcanza a distintas actividades productivas.

Entre las modificaciones previstas figuran la eliminación gradual de los aportes obligatorios al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA), la derogación del régimen de arrendamientos rurales, cambios en la regulación de alcoholes y vinos, reformas al régimen del gas licuado de petróleo (GLP) y modificaciones en actividades vinculadas a traductores públicos, la industria editorial y el sector cultural.

Según el Ministerio de Desregulación, todas estas reformas buscan reducir costos regulatorios y eliminar normas consideradas obsoletas o innecesarias.

El desafío legislativo aparece en un momento particularmente sensible para el Gobierno. La experiencia reciente con la denominada ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” -que ya acumula más de una decena de versiones y continúa sin consenso- dejó en evidencia las dificultades para avanzar sobre reformas que afectan intereses económicos, productivos y territoriales.

En ese contexto, el megaproyecto de Sturzenegger promete abrir un nuevo escenario de debate con provincias, colegios profesionales, sindicatos, cámaras empresarias y sectores productivos que ya comenzaron a manifestar preocupación por el alcance de las modificaciones.

Para Misiones, donde el debate por la propiedad de la tierra continúa ocupando el centro de la agenda política, la llegada de este nuevo paquete legislativo agrega otro capítulo a la discusión sobre el alcance de la desregulación impulsada por la administración de Javier Milei.

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Goerling defendió el proyecto para eliminar el límite a la compra de tierras por extranjeros y cuestionó a intendentes de Misiones

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El senador nacional, en diálogo con El Show de los Impactos, ratificó que votará a favor de la iniciativa que elimina el tope nacional del 15% de propiedad extranjera sobre tierras rurales. El Gobierno provincial e intendentes misioneros rechazan la reforma por considerar que pone en riesgo la soberanía territorial.

El proyecto de ley que propone eliminar el límite nacional a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros sigue generando un fuerte debate en Misiones. Mientras el Gobierno provincial, intendentes y distintos sectores políticos expresaron su rechazo a la iniciativa, el senador nacional Martín Goerling confirmó que acompañará la reforma cuando sea tratada en el Senado.

La propuesta elimina el tope del 15% de tierras rurales que actualmente pueden estar en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental. Para el oficialismo misionero, la modificación debilita una herramienta creada para resguardar el control sobre el territorio y los recursos estratégicos de las provincias fronterizas.

En ese contexto, Goerling rechazó las críticas y aseguró que la iniciativa no implica una pérdida de soberanía. Según sostuvo, el proyecto transfiere a las provincias la facultad de definir su propia política sobre la venta de tierras y permite que cada jurisdicción establezca las restricciones que considere necesarias.

El senador también cuestionó la postura adoptada por el Gobierno de Misiones y por los intendentes que firmaron una solicitada contra la reforma. Los acusó de “desinformar y mentir a la población” y afirmó que el proyecto fue interpretado de manera incorrecta.

Otro de los argumentos planteados por Goerling fue que la reforma no modifica la Ley de Fronteras, normativa que mantiene restricciones específicas para la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros en zonas limítrofes. En ese sentido, sostuvo que esos controles continuarán vigentes aun cuando se apruebe la modificación del régimen nacional de tierras.

Durante la entrevista, el legislador afirmó además que Misiones ya figura entre las provincias con mayor porcentaje de tierras en manos extranjeras y mencionó al departamento Iguazú como ejemplo para cuestionar la eficacia del sistema actual.

La discusión llega en un momento de fuerte tensión política en la provincia. El gobernador Hugo Passalacqua, intendentes de distintos municipios y organizaciones políticas manifestaron públicamente su rechazo al proyecto y reclamaron mantener el límite nacional vigente, al considerar que constituye una protección para el territorio y la soberanía provincial.

En ese escenario, el voto de Goerling profundiza las diferencias entre el senador y el Gobierno de Hugo Passalacqua sobre una iniciativa que promete convertirse en uno de los debates políticos más relevantes de las próximas semanas en el Senado.

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