Logística Argentina

Logística: el Gobierno extiende bonificación del peaje para los buques que usan el Canal Martín García

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El Gobierno nacional extendió la bonificación del 16,7% sobre la tarifa de peaje para los buques que utilizan el Canal Martín García, una medida que apunta a reducir temporalmente el costo de navegación y sostener la competitividad de una de las principales rutas de conexión fluvial de la Argentina.

La decisión fue adoptada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) mediante la Resolución 54/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y tendrá aplicación retroactiva desde el 1° de septiembre de 2026. La rebaja permanecerá vigente hasta que la empresa que resulte contratista de la Licitación Pública N° 1/2025 tome posesión de la concesión.

La medida alcanza específicamente al trayecto comprendido entre las secciones 0.0 y 1.2 de la Vía Navegable Troncal, en ambos sentidos, para todos los buques que hagan uso del Canal Martín García. El porcentaje de reducción mantiene el mismo nivel establecido previamente por la Resolución 42/2026.

El objetivo inmediato es evitar que el vencimiento de la bonificación anterior genere un incremento abrupto en los costos de navegación mientras se completa la transición hacia el nuevo esquema de concesión. La ANPyN fundamentó la extensión en los resultados obtenidos con la medida anterior y consideró conveniente prolongarla hasta el momento en que se produzca la toma de posesión del nuevo contratista.

Una rebaja que busca sostener el tráfico fluvial

El costo del peaje constituye uno de los componentes que inciden directamente sobre la estructura económica de las operaciones de transporte por agua. En una actividad donde los márgenes dependen de la eficiencia logística, pequeñas variaciones en los costos de navegación pueden impactar sobre la competitividad de las cargas y sobre la elección de las rutas utilizadas por los operadores.

Por eso, la decisión de extender la bonificación tiene una lectura que excede la cuestión tarifaria. El Gobierno busca evitar una discontinuidad de costos durante una etapa de transición institucional y contractual, preservando las condiciones de navegación existentes hasta que se concrete el traspaso de la concesión.

El Canal Martín García tiene además una importancia estratégica para la conectividad fluvial regional, particularmente por su vinculación con el sistema de navegación del Río de la Plata y las rutas que conectan los principales centros productivos y portuarios de la región.

En este sentido, una política de reducción temporal del peaje puede funcionar como una herramienta para sostener el uso de una alternativa de navegación mientras se reorganiza el esquema de administración de la Vía Navegable Troncal.

El beneficio rige desde el 1° de septiembre

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es su carácter retroactivo. Aunque la norma fue publicada el 9 de septiembre, la bonificación se aplica desde el primer día de este mes.

Esto significa que el beneficio contempla las operaciones alcanzadas desde el 1° de septiembre de 2026, evitando que el período transcurrido entre el vencimiento de la resolución anterior y la aprobación de la nueva medida implique para los usuarios una pérdida del descuento.

La ANPyN decidió mantener el porcentaje de reducción en 16,7%, en lugar de modificar la estructura tarifaria, y estableció como condición de finalización el momento en que el nuevo concesionario tome posesión de la infraestructura y servicios comprendidos en la licitación.

La decisión también refleja el proceso de transformación institucional iniciado con la creación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en enero de 2025. El organismo asumió las funciones que anteriormente correspondían a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y quedó como autoridad de aplicación y control del contrato vinculado con la modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal.

El próximo punto de inflexión será la nueva concesión

La bonificación tiene, por definición, carácter transitorio. Su extensión no modifica el proceso de licitación en marcha, sino que funciona como un mecanismo de transición hasta que el nuevo contratista asuma formalmente la operación.

Ese punto es relevante para entender la decisión económica. Más que una reducción tarifaria permanente, la medida busca administrar el período entre dos modelos de gestión, evitando que el cambio contractual produzca una alteración inmediata en los costos para los operadores.

El desafío para la política portuaria será que esa transición derive en una mejora estructural de la navegación: mayor previsibilidad tarifaria, mejores condiciones de mantenimiento, eficiencia en el dragado y señalización y, fundamentalmente, menores costos logísticos para las cargas que utilizan el sistema fluvial.

Para la economía argentina, el resultado esperado no se limita al ahorro directo que genera el descuento. Una vía navegable eficiente puede reducir tiempos de tránsito, mejorar la planificación de las operaciones portuarias y fortalecer la competitividad de las exportaciones, especialmente en un país cuya estructura productiva depende fuertemente del transporte de cargas hacia los puertos.

La extensión del beneficio del 16,7% en el Canal Martín García aparece así como una medida puntual dentro de un proceso mucho más amplio: sostener los costos de navegación en el corto plazo mientras el Estado completa la transición hacia el nuevo esquema de concesión de la Vía Navegable Troncal.

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El cabotaje de granos por la Hidrovía alcanzó su mayor volumen en cinco años

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El cabotaje fluvial de granos volvió a ganar volumen en la Hidrovía Paraguay-Paraná y alcanzó en 2025 su mejor registro de los últimos cinco años. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las terminales argentinas asentadas sobre el Paraná despacharon 805.805 toneladas bajo esta modalidad, un 17,8% más que en 2024 y un 27,3% por encima del promedio de los últimos cinco años.

El transporte fluvial de cargas domésticas por la Hidrovía Paraguay-Paraná es relevante para el entramado logístico argentino, particularmente para conectar las economías regionales del litoral con el mercado interno. Los datos de 2025 confirman esa tendencia: el cabotaje de granos registró su mejor desempeño en un lustro, en un contexto donde el conjunto de las cargas domésticas que circulan por la vía, incluyendo combustibles y fertilizantes, también mostró una dinámica positiva. A continuación, un repaso por los principales indicadores del sector durante el año pasado, con el detalle de las terminales y provincias que traccionaron este crecimiento. 

Como punto de partida, geográficamente la red de terminales que operaron cabotaje en los últimos tres años sobre la vía navegable troncal Paraguay-Paraná (es decir, que operan cargas cuyo origen y destino se ubican dentro de las fronteras nacionales), se extiende desde Barranqueras, en Chaco, hasta La Plata, en Buenos Aires, con una fuerte concentración de instalaciones en el corredor del Gran Rosario y en el noreste bonaerense. Se trata de un entramado de terminales graneleras y de fertilizantes, plantas de combustibles, centrales térmicas y muelles públicos que canalizan tanto la salida de mercadería hacia el mercado interno como el ingreso de mercadería a la zona núcleo.

A continuación, un repaso de las principales estadísticas de la red de cabotaje fluvial de la Hidrovía Paraguay-Paraná en 2025.

Total de los productos: el volumen de mercadería cargada para cabotaje en puertos de la hidrovía creció 6% interanual en 2025

Si se considera el conjunto de las mercaderías que salen de los puertos de la hidrovía Paraguay-Paraná con destino al mercado interno, el balance de 2025 arroja 8.494.328 toneladas despachadas, un 5,8% por encima del ejercicio anterior. Detrás de esta mejora se ubican, fundamentalmente, el mayor movimiento de petróleo en la provincia de Buenos Aires y el salto que registraron los embarques de combustibles y granos desde terminales santafesinas.

Buenos Aires volvió a encabezar el ranking provincial con 7.369.019 toneladas embarcadas, equivalentes al 86,4% del total. Detrás de esa magnitud está el enorme caudal de petróleo y combustibles con destino al mercado interno que despachan las terminales del sur del conurbano bonaerense. El segundo escalón lo ocupó Entre Ríos, cuyas cargas correspondieron íntegramente al rubro granos. Le siguió Santa Fe, con el 4,8% de las cargas y un volumen que más que duplicó al de 2024 (407.008 toneladas contra 161.967), traccionado por el crecimiento de los embarques de combustibles. 

Cabotaje de granos: se transportaron 805.805 toneladas en 2025, un 17,8% más que en 2024

A lo largo de 2025, las terminales argentinas asentadas sobre la costa del Paraná despacharon 805.805 toneladas de granos bajo la modalidad de cabotaje, superando en un 17,8% las cargas de 2024. Es el segundo año consecutivo de expansión y el volumen más elevado desde 2020. A diferencia de lo sucedido en 2024, cuando el registro aún se ubicaba por debajo de la media histórica, el resultado del año pasado supera en 27,3% al promedio de los últimos 5 años.

Analizando por provincia desde donde se carga la mercadería, el dato más relevante es la consolidación de Entre Ríos como origen prácticamente excluyente de los granos que se mueven por cabotaje. Las terminales de esta provincia embarcaron 718.301 toneladas en 2025, un 19,8% más que el año previo, y explicaron el 89% del total nacional. Santa Fe, por su parte, más que duplicó su volumen, pasando de 43.668 a 87.504 toneladas, por lo que alcanzó el 11% restante y registró movimientos de granos por cuarto año consecutivo.

En contraposición, Chaco no registró embarques de granos de cabotaje durante 2025, tras la fuerte contracción ya observada el año anterior. La provincia, que hasta 2020 llegó a explicar más de un tercio de los volúmenes movilizados por esta vía, el año pasado no tuvo ningún tipo de participación en este segmento.

Para contextualizar, el seguimiento del cabotaje fluvial aporta una pieza clave para entender la competitividad del sistema comercial granario argentino: se trata de una modalidad que opera con barcazas y que exhibe costos por tonelada usualmente inferiores a los del camión o el ferrocarril. Las cargas graneleras que utilizan esta vía nacen mayormente en terminales entrerrianas, chaqueñas y santafesinas emplazadas sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná, y tienen como punto de llegada casi excluyente al complejo portuario del Gran Rosario.

A nivel de terminales, Cargill en Diamante se ubicó en el primer puesto en términos de operaciones de este tipo, con 305.790 toneladas embarcadas, un 8,5% más que en 2024. Muy cerca se ubicó la Cooperativa Agrícola de La Paz, que protagonizó el mayor salto del año al pasar de 171.883 a 279.756 toneladas, un incremento del 63% interanual. Completó el podio entrerriano la Cooperativa “La Ganadera” de General Ramírez, con 101.026 toneladas y una suba del 34%. En sentido inverso, la terminal de La Paz – Márquez redujo sus movimientos de cabotaje a 25.604 toneladas, un 62% menos que el año previo.

En Santa Fe, el puerto de la ciudad de Santa Fe concentró casi la totalidad de las cargas provinciales con 85.424 toneladas, prácticamente duplicando el registro de 2024.

En 2025 ingresaron a los puertos argentinos sobre la hidrovía (cabotaje entrado) 501.992 toneladas de fertilizantes y 3,6 millones de toneladas de combustibles

Para completar el panorama de la mercadería que circula por la hidrovía Paraguay-Paraná en viajes internos, queda por revisar el otro sentido del flujo: la llegada de fertilizantes y combustibles a las terminales de la vía.

Fertilizantes

Durante 2025 las terminales emplazadas sobre la hidrovía recibieron (cabotaje entrado) 501.992 toneladas de fertilizantes, repartidas entre instalaciones santafesinas y bonaerenses en una proporción de 59% y 41% respectivamente. La cifra implica un retroceso cercano al -27,8% frente al año anterior, con bajas que alcanzaron a todas las terminales relevadas sin excepción. 

La terminal de Profertil, en Santa Fe, se mantuvo como la principal receptora con 204.039 toneladas, un 21% menos que en 2024. En Buenos Aires, el Muelle Provincial de San Nicolás recibió 181.530 toneladas, con una baja del 34% interanual. Completaron el cuadro la Terminal de Fertilizantes Argentinos (49.195 toneladas), ACA San Lorenzo (44.779 toneladas) y Bunge Ramallo (22.449 toneladas). Estos cargamentos de fertilizantes provienen principalmente de la localidad de Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires.

Combustibles

En materia energética, las terminales de la vía navegable recibieron 3.637.326 toneladas de combustibles, un 5,3% más que en 2024. La provincia de Santa Fe absorbió el 80% de esas descargas, mientras que Buenos Aires captó el 14% y Chaco el 7% restante.

Dentro del cordón santafesino, la terminal de Pan American Energy en San Lorenzo encabezó las descargas con 852.782 toneladas, seguida por el Muelle YPF de San Lorenzo – San Martín (631.234 toneladas, +25% interanual), la Planta Fluvial YPF y Shell en Arroyo Seco. El puerto de Santa Fe casi triplicó sus ingresos, alcanzando las 257.898 toneladas.

Merece una mención especial la reactivación del Muelle YPF de Barranqueras, en Chaco, que pasó de 34.710 toneladas en 2024 a 241.092 toneladas en 2025, multiplicando por siete sus descargas. Este movimiento contrasta con la retracción de la provincia en materia de embarques y da cuenta de un rol crecientemente concentrado en el abastecimiento energético del NEA.

En Buenos Aires, en tanto, se destacaron Dock Sud (277.156 toneladas) y Pobater (119.866 toneladas), ambas con subas interanuales.

Es necesario aclarar que, producto de la forma de disposición de las estadísticas públicas sobre la materia, no es posible trazar con precisión la relación de origen-destino de la mercadería transportada, por lo que se recomienda ser cuidadoso a la hora de sumar los totales de “cabotaje entrado” y “cabotaje salido” en la vía, para no incurrir en una doble imputación.

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El Gobierno licita por 50 años los trenes de carga Belgrano, San Martín y Urquiza

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El Gobierno nacional puso en marcha formalmente la licitación para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza, en una de las principales operaciones de transformación del sistema ferroviario impulsadas por la administración de Javier Milei. La iniciativa alcanza 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias y busca atraer capital privado para recuperar infraestructura clave para la producción y las exportaciones a través de los trenes de carga.

La medida fue instrumentada por el Ministerio de Economía a través de la Resolución 1350/2026, que autorizó la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 504/2-0004-LPU26 para concesionar las vías y los inmuebles aledaños de las tres líneas, con opción de compra del material rodante correspondiente a cada corredor.

El esquema elegido no supone la venta de las vías ferroviarias. La infraestructura continuará bajo propiedad del Estado Nacional, mientras que los adjudicatarios asumirán la concesión, las inversiones y la gestión operativa establecidas en los contratos. El Estado conservará las funciones de regulación, fiscalización y control.

Uno de los elementos centrales del nuevo modelo será el acceso abierto a la infraestructura. Esto significa que distintos operadores podrán utilizar las vías bajo condiciones objetivas y no discriminatorias, una modalidad que apunta a ampliar la competencia y evitar que la concesión se convierta en una barrera para nuevos actores del transporte ferroviario de cargas.

La apuesta oficial es que el capital privado asuma el riesgo empresario que durante décadas no logró resolver el sistema estatal. El diagnóstico incluido en la documentación del proceso señala que la infraestructura acumuló deterioro, falta de mantenimiento e inversiones insuficientes, aun cuando el Estado destinó recursos crecientes al sostenimiento del servicio.

El problema adquiere una dimensión particular cuando se observa la evolución de la producción argentina. Desde 1970, la producción agropecuaria se multiplicó por seis, mientras que el Belgrano Cargas transporta actualmente menos carga que en aquel momento. Para el Gobierno, esa brecha muestra que el principal problema no es la ausencia de demanda sino la incapacidad del modelo de gestión para acompañar el crecimiento productivo.

La situación que encontró la actual administración también fue considerada crítica. Los informes técnicos mencionados en el proceso de privatización describieron pérdidas económicas significativas, deterioro de la infraestructura, una elevada cantidad de descarrilamientos y deficiencias en el mantenimiento del parque tractivo. Durante 2023, entre el 20% y el 40% del mantenimiento programado de las locomotoras no se habría cumplido.

El nuevo esquema intenta cambiar esa ecuación trasladando al concesionario la responsabilidad de invertir y mantener la red. La duración de 50 años fue definida con el objetivo de generar un horizonte suficiente para inversiones ferroviarias de gran escala, cuyos períodos de recuperación exceden ampliamente los ciclos de corto plazo.

Además, los contratos contemplarán Obras Obligatorias que deberán ejecutarse durante los primeros cinco años de las concesiones. Los oferentes también podrán comprometer obras adicionales de carácter optativo, que serán consideradas en el proceso de evaluación de las propuestas.

Entre las intervenciones previstas se encuentran la eliminación del cuello de botella ferroviario en la ciudad de Santa Fe y la recuperación del ramal azucarero de la Línea Belgrano. En el caso del San Martín, el objetivo es recuperar capacidad, confiabilidad y regularidad del corredor principal, mientras que en el Urquiza se prevé la recuperación de su ramal troncal.

La operación incorpora además un mecanismo para transformar activos ferroviarios existentes en una fuente de financiamiento para la recuperación de la infraestructura. Los concesionarios tendrán la opción de adquirir determinados lotes de material rodante y los recursos obtenidos por la venta y el remate serán destinados a un fideicomiso de administración cuyo objetivo será financiar las obras a cargo de los concesionarios.

El diseño busca, de ese modo, que parte de los activos actualmente vinculados al sistema contribuyan a financiar su propia recuperación. La resolución establece que el fideicomiso será constituido específicamente para administrar los recursos provenientes de esas operaciones, en lugar de utilizar la estructura fiduciaria que había sido prevista anteriormente.

Otro componente relevante es la posibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los futuros concesionarios podrán beneficiarse de los incentivos y mecanismos de estabilidad y protección previstos por ese régimen, siempre que cumplan con los procedimientos y requisitos establecidos por la normativa. Para el Gobierno, incorporar esta alternativa puede ampliar la concurrencia y favorecer ofertas más competitivas.

La escala territorial de la concesión convierte al proceso en una operación con potencial impacto directo sobre la logística argentina. Las tres líneas atraviesan 16 provincias y conectan regiones productivas con los principales puertos y con pasos internacionales hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Una mejora sostenida de la infraestructura ferroviaria podría reducir restricciones logísticas y ampliar las alternativas de transporte para las economías regionales y las cadenas exportadoras.

El cronograma ya quedó definido. Las consultas sobre los pliegos podrán realizarse hasta el 28 de octubre de 2026 a las 10, mientras que las ofertas deberán presentarse hasta el 11 de noviembre a las 9.59. La apertura se realizará ese mismo día a las 10, a través de la plataforma CONTRAT.AR.

La resolución también habilita a la Secretaría de Transporte y a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a requerir asistencia técnica y operativa de Belgrano Cargas y Logística durante el proceso. Una vez adjudicados y perfeccionados los contratos previstos para las distintas unidades de negocio, el esquema definido por el Gobierno contempla la disolución y posterior liquidación de Belgrano Cargas y Logística S.A.

La discusión de fondo, más allá de la privatización, será si el nuevo modelo logra convertir kilómetros de vías deterioradas en una infraestructura capaz de acompañar el crecimiento de la producción argentina. El éxito de la concesión no se medirá solamente por la adjudicación de los contratos, sino por la capacidad de recuperar corredores, reducir tiempos y costos logísticos, aumentar la carga transportada y generar condiciones para que más producción pueda llegar de manera competitiva a los mercados internos y externos.

La licitación marca así el paso de una etapa de administración estatal de Belgrano Cargas hacia un modelo de concesión de largo plazo con inversión privada y acceso abierto. El desafío será transformar ese cambio contractual en resultados concretos sobre la infraestructura, la logística y la competitividad de las economías productivas que dependen de esos corredores ferroviarios.

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Caputo anunció la licitación por 50 años del Belgrano Cargas y abre el sistema ferroviario a operadores privados

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El Gobierno nacional avanzó con uno de los movimientos de mayor alcance dentro de su programa de transformación ferroviaria: el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, anunció la convocatoria a una Licitación Pública Nacional e Internacional para otorgar por 50 años la concesión de las líneas Belgrano cargas, San Martín y Urquiza.

El esquema comprende 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias y conectados con los principales puertos argentinos, además de corredores estratégicos hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. La magnitud de la red convierte a la operación en una pieza relevante para la competitividad logística del país y, particularmente, para las economías regionales que dependen del transporte ferroviario para reducir costos y ampliar mercados.

La concesión se estructurará bajo un régimen de acceso abierto, mediante el cual distintos operadores podrán utilizar la infraestructura ferroviaria. El modelo contempla, además, Planes de Inversiones Obligatorias destinados a garantizar el mantenimiento y la recuperación de la red, con la intención de evitar que la concesión se limite a la explotación de la infraestructura existente.

Uno de los principales incentivos para atraer capital privado será la posibilidad de acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para aquellos proyectos que contemplen inversiones de al menos USD 200 millones destinadas a la renovación de vías.

El Gobierno justificó la decisión a partir del deterioro acumulado del sistema ferroviario bajo administración estatal. Según el argumento presentado por Caputo, durante décadas el Estado sostuvo una estructura que registró un deterioro progresivo pese al crecimiento del gasto público destinado a su funcionamiento.

La paradoja planteada por Economía es particularmente relevante para el transporte de cargas: desde 1970 la producción agropecuaria, identificada como el principal demandante del servicio, se multiplicó por seis, mientras que el Belgrano Cargas actualmente transporta menos carga que en aquel momento.

Para el Gobierno, esa evolución demuestra que el principal problema del sistema no estuvo en la falta de demanda, sino en la estructura de incentivos y en la capacidad de gestión. La privatización busca modificar esa ecuación mediante la incorporación de operadores privados que aporten capital, capacidad de administración y asuman el riesgo asociado a las inversiones.

La discusión tendrá un impacto especial sobre las economías regionales. En un país donde buena parte de la producción primaria se genera lejos de los puertos, la disponibilidad de una red ferroviaria eficiente puede modificar de manera significativa la estructura de costos logísticos. Una mejora sostenida en las vías permitiría ampliar el radio competitivo de las producciones del interior y reducir la dependencia del transporte automotor en los trayectos de larga distancia.

Para las provincias del Norte Grande, el alcance de las líneas Belgrano y Urquiza adquiere además una dimensión estratégica. La conexión con los países limítrofes y con los principales corredores de exportación puede convertir al ferrocarril en una herramienta de integración regional, siempre que las inversiones logren recuperar capacidad operativa y continuidad en los servicios.

El régimen de acceso abierto pretende introducir competencia sobre una infraestructura que, bajo el nuevo esquema, dejaría de depender exclusivamente de un operador estatal. El Estado conservaría funciones de regulación y control, mientras que las empresas concesionarias asumirían las obligaciones de inversión establecidas en los contratos.

El desafío será transformar la licitación en infraestructura efectiva. La recuperación de miles de kilómetros de vías requiere inversiones de largo plazo, mantenimiento permanente y previsibilidad regulatoria. Por eso, la estructura contractual y el cumplimiento de los planes obligatorios serán determinantes para medir si el nuevo modelo consigue revertir décadas de deterioro.

La decisión forma parte de un proceso más amplio de reforma del sistema ferroviario y de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei. En este caso, el Gobierno busca que el capital privado no solamente tome a su cargo la operación, sino que también financie la modernización de una red considerada estratégica para la logística nacional.

El punto de fondo es económico: si la infraestructura ferroviaria logra recuperar volumen, velocidad y confiabilidad, el impacto puede extenderse mucho más allá del sector transporte. Menores costos logísticos pueden mejorar la competitividad de las exportaciones, ampliar mercados para las economías regionales y generar mejores condiciones para atraer inversiones productivas en las provincias.

La licitación del Belgrano, San Martín y Urquiza abre así una etapa de transición en la que el resultado dependerá menos del anuncio de la concesión que de la capacidad de convertir las obligaciones de inversión en kilómetros de vías recuperados, servicios confiables y mayor carga transportada. Ese será, en definitiva, el indicador que permitirá determinar si el cambio de modelo logra convertir una red deteriorada en una plataforma para el desarrollo productivo federal.

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Lanzan una licitación por $2.573 millones para crear un mapa digital integral de todos los puertos argentinos

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La competitividad logística de la Argentina no depende únicamente de nuevas inversiones en infraestructura. También requiere conocer con precisión qué activos existen, dónde están ubicados y cuál es su estado real de los puertos argentinos. Con esa premisa, el Gobierno nacional puso en marcha uno de los relevamientos territoriales más ambiciosos de los últimos años para el sistema portuario argentino, una iniciativa que busca transformar información dispersa en una herramienta estratégica para la gestión pública y el desarrollo económico.

A través de la Resolución 45/2026, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) autorizó el llamado a una licitación pública nacional para contratar un Servicio de Relevamiento Integral Multimodal, Sistémico y Georreferenciado de Infraestructuras Portuarias, con un presupuesto oficial de 2.573.550.000 pesos y un plazo de ejecución de doce meses, prorrogable por otro período similar.

El proyecto no consiste únicamente en levantar planos o realizar mediciones. La contratación contempla la generación de imágenes georreferenciadas, modelos tridimensionales basados en nubes de puntos y bases de datos espaciales que integren información sobre áreas terrestres, sectores acuáticos y las zonas de transición entre ambos ambientes en todos los puertos bajo jurisdicción nacional.

La iniciativa forma parte del Programa de Regularización de Muebles e Inmuebles en Jurisdicción Portuaria, impulsado por la Agencia durante 2025, cuyo objetivo es construir una base de información única y confiable sobre el patrimonio portuario del Estado. El diagnóstico oficial sostiene que disponer de datos precisos permitirá completar y actualizar el catastro, delimitar correctamente las jurisdicciones portuarias, avanzar en la regularización dominial de inmuebles y fortalecer los sistemas de información geográfica utilizados para la planificación.

Detrás de esta decisión hay un problema estructural que trasciende la gestión administrativa. Durante décadas, numerosos predios portuarios acumularon superposiciones catastrales, ocupaciones irregulares, documentación incompleta y límites poco definidos entre áreas operativas, fiscales y privadas. Esa incertidumbre jurídica suele traducirse en demoras para concesiones, conflictos sobre la utilización de terrenos estratégicos y mayores costos para proyectos de inversión.

El nuevo relevamiento apunta justamente a reducir esas asimetrías mediante tecnología de alta precisión. La información obtenida servirá como insumo para futuras decisiones sobre planificación portuaria, expansión de terminales, administración de concesiones, obras de infraestructura y preservación del patrimonio estatal.

La licitación se realizará bajo la modalidad de orden de compra abierta, un mecanismo previsto en el régimen nacional de contrataciones que permite ajustar la ejecución del servicio dentro de cantidades máximas establecidas, otorgando mayor flexibilidad operativa durante el desarrollo del contrato.

Desde el punto de vista económico, la inversión representa una apuesta por fortalecer uno de los principales activos logísticos del país. Más del 80% del comercio exterior argentino se moviliza por vía marítima o fluvial, por lo que disponer de información territorial precisa sobre la infraestructura portuaria constituye un insumo clave para mejorar la competitividad, reducir incertidumbres regulatorias y facilitar futuras inversiones públicas y privadas.

La resolución también aprueba el pliego de bases y condiciones técnicas y delega en la Subgerencia de Compras, Contrataciones y Convenios la organización del proceso licitatorio, incluyendo la fijación de fechas para la presentación y apertura de ofertas. Paralelamente, se designó la Comisión Evaluadora que analizará las propuestas de las empresas interesadas.

Si bien el impacto inmediato de la medida será administrativo, sus efectos potenciales exceden el ámbito burocrático. La consolidación de una cartografía digital unificada puede convertirse en una herramienta de largo plazo para transparentar la gestión del patrimonio público, disminuir litigios sobre inmuebles portuarios, acelerar procesos de inversión y brindar mayor previsibilidad a operadores logísticos y gobiernos provinciales.

En un contexto donde la eficiencia del comercio exterior depende tanto de las obras físicas como de la calidad de la información disponible, el relevamiento integral aparece como una inversión silenciosa pero estratégica: antes de construir nuevos puertos o ampliar los existentes, el Estado busca conocer con exactitud qué posee, cómo está distribuido y cuáles son las oportunidades de desarrollo sobre ese patrimonio.

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