MAIZ

Desde el partido Justicialista de Misiones dicen “No al Maíz Transgénico”

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Desde la conducción del Partido Justicialista de la provincia de Misiones emitieron un comunicado en contra del proyecto de sembrar 250 mil hectareas de maíz transgénico en las tierras de los pequeños productores. Advierten que esto atenta contra la “soberanía agroalimentaria” y serían insostenibles los costos para los “minifundistas”.
El comunicado:
El GOBIERNO NACIONAL de Mauricio Macri impulsa para nuestra Provincia desde Secretaria de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación (SAFyDT) y el lobby agroexportador “MAIZAR” la incorporación de 250 mil Has de Maíz Transgénico. Esto atenta directamente contra nuestros colonos ya que profundiza la dependencia a las empresas productoras de semillas y a su paquete de agroquímicos.
La política agraria que CAMBIEMOS quiere imponer en nuestra Provincia amenaza de manera directa la soberanía agroalimentaria, la biodiversidad y el arraigo rural de nuestros colonos ya que el aumento de los costos de producción hacen insostenible una ruralidad minifundista, que es características del sector agrario en Misiones.
Esto vienen en consonancia con el desfinanciamiento y los despidos en los organismos públicos de extensión e investigación que apoyaban la producción minifundista y diversificada de alimentos, como el INTA, Agricultura Familiar y SENASA que hemos denunciado desde el Partido Justicialista.
Los lobby’s de empresas extranjeras propinadas por CAMBIEMOS, han tenido consecuencias nefastas en nuestro aparato productivo nacional, llevando el precio de los alimentos a niveles nunca vistos en nuestra historia.
Es por eso que adherimos al plan de lucha del Frente Productivo Misiones, porque defendemos la soberanía alimentaria de nuestra provincia como eje rector de Justicia Social, sostenemos una política de arraigo para el colono en la chacra y la preservación de la Biodiversidad como garantía de custodia de nuestros recursos naturales.

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Maíz, transgénicos y sus riesgos

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En estos últimos días nos enteramos que el Gobierno Nacional pacto con Maizar, la Asociación  de Maíz y Sorgo Argentina, para desarrollar sembradíos de alta productividad en Misiones y en el Norte de Corrientes. La increíble extensión de 250 mil hectáreas. El plan es convertir a Misiones en una cuenca granera para abastecer el déficit que tiene nuestro vecino brasileño en Santa Catarina, el estado más rico de Brasil, donde se produce cerdo y pollo de exportación a escala global. El negocio está a la vista: demanda creciente, costos logísticos bajos y dólares al alcance de la mano por la exportación.  Para las autoridades nacionales y la empresa no hacen falta estudios de impacto ambiental ni demasiados permisos. Es un “negocio directo con los productores”, argumentan los defensores de la idea.
Me asombra que se den estas respuestas, y me entristece también, porque en mi opinión es venir a seducirnos a los misioneros, con espejitos de colores, desconociendo totalmente la realidad de nuestras familias, que son en su mayoría son pequeños agricultores familiares, donde el agricultor promedio tiene 20 hectáreas, que nuestra cultura e idiosincrasia es totalmente diferente a la que existe en provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, etc. donde se llevan a cabo estos cultivos extensivos e intensivos.
No informan que es un Paquete Tecnológico el que se aplica, que las semillas transgénicas vienen con agroquímicos, que involucran la manipulación de genes con efectos en la salud, deforestación, y otros efectos en las poblaciones y animales a veces mortales.
Como ciudadana primero y profesional después, es que escribo para pedir que se cumplan con todas las normas que están vigentes para protegernos. Es que la  empresa y el Gobierno nacional, deben cumplir con la ya existente Ley General del Ambiente de Presupuestos Mínimos 25.675, para lograr una gestión sustentable y Adecuada del Ambiente, la preservación y la protección de la diversidad biológica y del desarrollo sustentable. Es corta y los invito a todos a que la lean, fue sancionada en el 2002.
Puedo decir, que esta actividad pactada, de plantar 250 mil hectáreas de maíz transgénico de forma extensiva e intensiva, está dentro de los parámetros de esta ley y por lo tanto debe cumplir sus requisitos y debe preservar el Bien jurídicamente protegido que es la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable (art.1).
A su vez el art. 2 establece los objetivos que La política ambiental nacional ( gobierno Nacional) deberá cumplir: a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas; b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria; c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica; g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;, etc…..
Esta Ley es de Orden Público y es operativa, lo cual significa que está enteramente vigente y toda norma que se le oponga es derogada ( Art.3).
La Empresa que pactó con el Gobierno Nacional,  debe presentar antes de iniciar sus actividades, una Evaluación de Impacto Ambiental, a las Autoridades Ambientales de la Provincia, Art. 11 de la Ley Nacional y Normas provinciales, este procedimiento previo a la toma de decisiones deberá contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.
Se trata de una actividad que es susceptible de degradar el ambiente y afectará la calidad de vida de la población de la provincia de forma significativa. El Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de la provincia es quien aprobará o rechazará el Estudio de Impacto Ambiental, que por su importancia, de acuerdo a la ley, debe incluir Audiencias Públicas, a fin de que los ciudadanos puedan informarse y efectuar sus objeciones por medio de la Participación ciudadana (art. 19), sobre todo porque va a tener alcance e incidencia General.
Recordando que la Jurisdicción y competencia Ambiental es de las Provincias, de acuerdo al Art. 41 de la Constitución Nacional “… Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.” Esto significa que cada provincia es autónoma en cuanto a su política ambiental, poder de policía y jurisdicción.
En mi opinión la situación es grave, que conlleva a un avasallamiento de instituciones, de desconocimiento de las normas recientemente sancionadas como la Ley XVI N°124 que prohíbe el uso y la comercialización del glifosato en la provincia (aprobada por la Legislatura el 18 de octubre de 2018) que establece que a partir de abril del 2020 “queda prohibido el uso del glifosato, sus componentes y afines en los en los ejidos urbanos del territorio provincial. Y a nivel nacional Misiones fue declarada capital Nacional de la Biodiversidad.
Existe como recurso también, en manos de los ciudadanos, Asociaciones, etc. el Amparo Ambiental (Garantía Constitucional) contenido en el Art. 43 de la Const. Nac., con una Acción Precautoria o Preventiva, a fin de dar tutela y resguardar nuestros derechos constitucionales ambientales (art. 41 C.N.). Espero que se tome conciencia de la situación y las consecuencias económicas, ambientales, a la salud y a la diversidad  a mediano y largo plazo y evitar Daños ambientales de incidencia colectiva que modifiquen el ambiente, rompan el equilibrio de los ecosistemas y también de nuestros bienes y valores colectivos como misioneros.

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Milho quente

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A veces, los debates se disparan del modo menos pensado. Un mensaje con una sugestiva propuesta: decirle no a las semillas transgénicas en la Capital Nacional de la Biodiversidad. ¿Cómo oponerse? Pero acto seguido, el interrogante. ¿Quién quiere plantar semillas transgénicas en Misiones? La respuesta estuvo ahí, pecado periodístico, desde diciembre del año pasado, en un simple comunicado de prensa. La Nación pactó con la corporación Maizar desarrollar sembradíos de maíz de alta productividad en Misiones y el norte de Corrientes, en una extensión, en la tierra colorada, de 250 mil hectáreas. Alta productividad es sinónimo de transgénico. Las 250 mil hectáreas son una enormidad, equivalente a casi el 10 por ciento de la geografía provincial y prácticamente toda la superficie productiva que queda libre.
El plan es convertir a Misiones en una cuenca granera para abastecer el déficit que tiene Santa Catarina, el estado más rico de Brasil, donde se produce cerdo y pollo de exportación a escala global. El negocio está a la vista: demanda creciente, costos logísticos bajos y dólares al alcance de la mano por la exportación.
Debe ser, de los últimos años, el modelo de transformación más intempestivamente planteado sobre la mesa. Para la Nación no hacen falta estudios de impacto ambiental ni demasiados permisos. Es un “negocio directo con los productores”, argumentan los defensores de la idea. En Misiones hace 30 años que se plantan transgénicos, reiteran. La corporación Maizar, que tiene entre sus socios plenos y consejeros a ejecutivos de Monsanto, pone las semillas, “paquete tecnológico” y el asesoramiento. ¿Qué puede estar mal? Es un modelo de negocios a medida.
Sin embargo, se puede hacer un simple ejercicio de preguntas.
Es cierto que en Misiones se planta transgénicos desde hace por lo menos tres décadas. Y que se usa glifosato, en el maíz, en las más de 420 mil hectáreas forestadas y, también en el tabaco, pese a que la industria del cigarrillo descartó el uso de esos pesticidas. Sin embargo, salvo en el caso del grupo chileno Arauco, las cantidades son mínimas, en proporción. Para “proteger”las 250.000 hectáreas de maíz harían falta no menos de 1,5 millones de litros de glifosato -la marca más extendida es Roundup-. ¿La capital nacional de la Biodiversidad soporta semejante cantidad de veneno en el aire, con el consiguiente riesgo para la salud humana, animal, de cursos de agua y degradación del suelo? ¿Está Misiones preparada para cambiar su matriz productiva asociada al verde monte para parecerse a las desoladas praderas del sur brasileño, donde el desierto verde es dominado por la soja y el maíz por cientos de kilómetros? ¿Puede Misiones sacrificar la postal de naturaleza viva a cambio de una lluvia de dólares? ¿Puede Misiones ser mera exportadora de materia prima para que otros engorden ganado? En otros términos, Misiones pondría la tierra y sus proteínas para alimentar las vacas (y la riqueza) del otro lado de la frontera, donde prácticamente ya no quedan tierras productivas.
El modelo de primarización de la economía es el que se está imponiendo en la Argentina, según reconocen los propios thinks thanks liberales, pero al menos debe haber el derecho al pataleo.
¿Que hace falta mejorar la productividad de las chacras para que haya una riqueza mayor? Por supuesto. Pero no son pocos los esfuerzos actuales para recuperar la chacra, que vivió su peor contracción durante los 90, cuando el colono abandonaba la tierra por el escaso valor de sus productos. La inmigración se frenó y en muchos pueblos, se revirtió.
Durante el año pasado, Misiones fue declarada capital nacional de la Biodiversidad y se aprobaron varias leyes vinculadas a la agricultura sustentable y la prohibición del glifosato en espacios urbanos y periurbanos. El plan de la Nación parece saltarse todas las contraindicaciones.
Los especialistas señalan que Misiones con la genética variada que posee, “no necesita trabajar con transgénicos”, aunque es cierto que otras zonas del planeta se han beneficiado con esas variedades, como la lucha contra el hambre en África. En cambio, la tierra colorada goza del privilegio de tener biodiversidad (todavía), y contar con condiciones climáticas beneficiosas.
Para un biólogo consultado para esta columna, la discusión no debe ser transgénicos sí o transgénicos no. “Es una discusión tendenciosa, poco objetiva y que trae como consecuencia la desinformación y distrae de las verdaderas preguntas. Las preguntas deben ser mucho más específicas y atender a las realidades de cada región ¿Es necesario utilizar organismos transgénicos? ¿Bajo qué condiciones se deben utilizar? ¿Qué genes están insertos? ¿Cuál es el objetivo de insertar esos genes? ¿Quiere Misiones responder al modelo agroexportador que plantea la Nación? Misiones posee una rica variabilidad genética que le permite afrontar los desafíos de soberanía alimentaria planteados a futuro, respetando el medio ambiente”, sentenció. Curiosamente, es un punto de coincidencia con Jerónimo Lagier, el diseñador del proyecto maíz: “No es el uso o no uso de los transgénicos, sino cómo lo usás”, dijo en un reportaje con Economis que se puede leer acá.
Pero en realidad es un debate que también se da en los países “avanzados”. Hace cuatro días la justicia francesa prohibió la venta y el uso en Francia del Roundup Pro 360, herbicida que contiene glifosato del grupo Monsanto/Bayer utilizado en el país galo en vitivinicultura. El fallo se produce en pleno debate en Francia y Europa sobre el potencial peligro del glifosato, principio activo del Roundup.
Se agregan otras preguntas. ¿Quién se quedará con los dólares extra de la exportación? Argentina es el cuarto exportador mundial, pero apenas cinco empresas concentran la mitad del negocio exportador. ¿Maizar hará los papeles de exportación? ¿Tributará en Misiones? ¿Dejará el maíz de ser considerado producción primaria? ¿Habrá aranceles de exportación o serán únicos ganadores? El proyecto plantea la generación de un nuevo ingreso anual en Misiones, sólo por producción, de aproximadamente 72,5 millones de dólares (márgenes brutos de 300 dólares por hectárea para maíz, 250 para soja y 120 para trigo), más la creación de mil puestos de trabajo e ingresos extra en “hotelería y transporte”.
Y la última… no es casualidad que las provincias que más están sufriendo los efectos de las inundaciones, sean las que tienen un modelo agrario basado en la soja, con inabarcables extensiones desmontadas para darle paso al “yuyo”. No es que llueve más. No hay monte que absorba el agua.
No debe tomarse este debate de manera apresurada. Y menos considerarlo un escarceo preelectoral entre los promotores de Cambiemos y el rechazo de la Renovación. De hecho, los primeros en salir a cuestionar el proyecto fueron dirigentes de organizaciones ambientalistas de diversas corrientes políticas, muchas de ellas enfrentadas al Gobierno provincial. Pero aunque no sea electoral -faltan un par de meses para el inicio de la campaña-, es, sin lugar a dudas, un debate político sobre modelos. Y ahí si hay un contraste.
La propuesta de la Nación busca aumentar la productividad y cazar dólares al alcance de la mano. ¿Propuesta equivocada? Misiones tiene un modelo de minifundios donde la productividad va de la mano con el cuidado ambiental. ¿Propuesta equivocada?
Para Cambiemos el glifosato es un mal menor -el ministro de Agricultura de María Eugenia Vidal, en Buenos Aires, Leonardo Sarquís, era CEO de Monsanto-. Y también es un mal menor granjearse la enemistad de unos cuantos “fundamentalistas” del ambiente. Lo mismo sucede en Iguazú, donde el Gobierno nacional insiste con el proyecto de “villas turísticas” en medio de la selva y el corazón de las Cataratas del Iguazú, pese al rechazo suscitado entre los habitantes de esa ciudad que incluso quieren recurrir a la Unesco para frenar el proyecto inmobiliario en la selva.
Para Misiones, la protección de los recursos naturales es una batalla que se da en los hechos y en lo simbólico. Es una de las provincias que tiene una demanda abierta contra la Nación por la potestad de los recursos naturales del Parque Nacional Iguazú, tiene leyes de protección del agua en ríos, vertientes y humedales. Tiene un Instituto de Biodiversidad y otro del Suelo. Tiene una ley del aprovechamiento energético de los recursos hídricos. Es pionera con un ministerio de Ecología, una de las “amenazas” del plan nacional, y creó un ministerio de Agricultura Familiar. Es el modelo que abrazó Misiones y que fue respaldado con los votos en los últimos quince años.
El presidente Mauricio Macri terminó sus vacaciones y se fue a Brasil, a seducir al todavía interrogante Jair Bolsonaro. La primera cumbre no dejó ningún documento sustancial, pero sí indicios del futuro del Mercosur, debilitado por la decisión de Brasil de buscar mercados en soledad. Macri aceptaría flexibilizar aranceles comunes y que Argentina también salga a negociar mano a mano con el mundo. Lo que a simple vista puede ser un “gran negocio”, tiene implicancias que van más allá de lo político.
El tamaño de la economía de Brasil es un mercado apetecible para cualquiera, para exportar o importar. ¿Podrán las empresas exportadoras competir en igualdad de condiciones con una escala menor, costos logísticos, impositivos y salariales distintos? La competitividad no será la misma. Salvo que se trate de la antesala de mayor flexibilización para bajar costos y que en la Argentina haya una mayor rebaja impositiva. Está por verse, pero sin dudas, se trata de la simiente de una radical transformación en la economía regional.
“Nos han elegido porque querían un cambio de verdad”, festejó Macri después de la foto con Bolsonaro. El Presidente argentino celebró la sociedad plasmada en la “interconexión de nuestras economías, que hace que cuando a uno le va bien lo ayuda al otro y necesitamos que a los dos nos vaya bien”.
En ese plano, la idea de producir maíz transgénico en Misiones para alimentar a los cerdos que exporta Santa Catarina, cobra otra relevancia.
De todos modos, Macri debe primero enfocarse en su reelección. Hoy ninguna encuesta se lo garantiza, aunque conserve su propio piso de votantes, en torno al 30 por ciento.
Los resultados económicos marcan el descontento de la sociedad y el drenaje de votos propios hacia una fuerza todavía no delineada de la oposición.
Los números marcan un retroceso en todas las variables. La meta fiscal es la única que se cumplió en 2018. La inflación fue la más alta en 27 años y en los últimos tres, durante la era Macri, se acumulan 158,4% de inflación, más que en los últimos cuatro años de Cristina. Para encontrar aumentos tan acelerados hay que retroceder a 1991, cuando la hiperinflación era un potro que recién fue domado con el plan de Convertibilidad. Siquiera en 2002, después del estallido de la crisis y la huida de la alianza de ese entonces, los números fueron tan malos: el primer año de Eduardo Duhalde terminó con una inflación del 40 por ciento.
Los fracasos de las metas y del programa económico quedaron evidenciadas en la inflación de 2018, ya que en paralelo, crecieron las tasas que están “matando” a las Pymes, el ajuste, el desempleo y la pobreza.
La paradoja es que las políticas del Gobierno son al mismo tiempo, inflacionarias, con la quita de subsidios y los aumentos de tarifas. No es casual que lo que más haya aumentado durante 2018 haya sido el rubro transporte, regulado por el Estado. El tarifazo por la quita de subsidios dinamitó el bolsillo de los usuarios y agregó más pólvora a la inflación. Lo mismo se repite con la energía eléctrica, el gas o el agua potable.
En el nordeste el transporte también es el rubro que más aumentó, aunque en Misiones se mantengan, con recursos propios, los subsidios para morigerar el impacto de las subas. El enojo de los usuarios tiene justificación.
La política de subsidios “inteligentes” que comenzó a usar Misiones marca un contraste que permite aliviar el bolsillo. En todo el país las panaderías se declararon en emergencia por la caída en las ventas y el aumento desproporcionado de tarifas y materia prima. Misiones, con el Ahora Pan puesto en práctica por el gobernador Hugo Passalacqua, fue una de las excepciones: se mantuvo el consumo y las panaderías tienen una tarifa eléctrica, en algunos casos, a la mitad.

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Tiempos de prudencia: acerca de la polémica por los transgénicos en Misiones

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La crisis ambiental que se vive en el globo resulta lo que denominamos un hecho notorio, y no admite prueba en contrario. Se trata de una verdad irrefutable y las causas responde a un complejo juego de múltiples causas y efectos en una relación circular.
Ante esta grave circunstancia el derecho ha desarrollado numerosas herramientas que le permiten regular los procesos productivos a fin de que una visión puramente economicista devenga en un daño ambiental con consecuencias funestas para ésta y las siguientes generaciones.
Dentro de éstos instrumentos legales ha decidido darle una vital relevancia a la prudencia ante la falta de pruebas científicas concluyentes y lo ha denominado principio precautorio.
El principio mencionado (de orden público receptado en el derecho internacional) invierte la carga de la prueba y quien debe demostrar con certeza científica que una actividad o un producto no producen daño es quien lo pretende introducir al mercado. A la sociedad y a las instituciones (incluimos los gobiernos) le bastará con demostrar una duda razonable.
Esto es lo que pasa con los transgénicos. Existen dudas razonables acerca de los efectos nocivos sobre el ambiente, la alimentación y la salud de los pueblos. Es lógico -jurídico y socialmente- recurrir al principio precautorio hasta tanto no surja la convicción y el consenso científico sobre la inocencia de los transgénicos.
No existe certeza científica sobre los efectos de los transgénicos pues se mantienen dudas respectos de la influencia sobre las alergias y las transferencias genéticas a los seres humanos, a animales y hasta a otros alimentos (Outcrossing), todo ello conforme la misma OMS. Creemos que incluso hay más.
La mirada exclusivamente económica que hacen desde la Nación adolece justamente de una perspectiva integral que requieren los problemas vinculados a la sustentabilidad: un análisis ambiental, social y económico. Ésta mirada sesgada no alcanza, los problemas ambientales son complejos, holísticos, a modo de sistema.
Además la Nación debería explicar que no es lo mismo producir en la zona de la Pampa Húmeda que en una tierra donde abundan bosques nativos, cursos de agua y la mayor biodiversidad del país. Un daño ambiental (que por definición es prácticamente irreversible) es claramente mucho más grave en Misiones que en cualquier lugar del país.
En el mundo tienen las mismas dudas: Francia y Alemania tienen prohibido los transgénicos. ¿Lo hacen porque no quieren producir y obtener réditos económicos? No. Lo prohíben porque tienen serias dudas sobre sus bondades.
Omite la Nación efectuar una proyección a futuro de las siembras y las chances de que se multipliquen las tierras con dichos polémicos transgénicos pues seguro se producirán consecuencias en el suelo, acerca de la posibilidad de desmonte para plantar y sobre el aumento de los fertilizantes del tipo glifosato.
Las preguntas siguen: ¿Los laboratorios que producen fertilizantes no están involucrados en la investigación, producción y comercialización de semillas transgénicas? Si la respuesta es positiva pues parece un negocio redondo. Uno de los mayores motivos por los que se recurre a estas mutaciones es para que sean resistentes a los plaguicidas, y los fabricantes de plaguicidas seguro apoyan este uso. Sobre ellos (los agrotóxicos) cada vez hay menos opiniones apoyando su inocuidad.
Es lógico (y es necesario) que autoridades provinciales eleven su voz de alerta y de reclamos pues la intervención de la nación estimulando y promoviendo el uso de productos cuyas consecuencias ambientales no cuentan con certeza científica pues de producirse efectos nocivos será la titular del dominio de los recursos naturales la que deba afrontar la recomposición, además de la obligación de prevenir los mismos.
Los agricultores, aun cuando sean titulares del derecho de dominio sobre sus chacras, no pueden ejercer ese derecho cuando es incompatible con el derecho ambiental y pueda afectar la sustentabilidad (arts. 240 y 241 Código Civil y Comercial de la Nación) por lo que no podrán escudarse en derechos individuales pues prevalece la mirada colectiva. Nadie tiene derecho a afectar a terceros (art. 19 CN)
Me sumo a la necesidad de discutir esta cuestión profundamente, comparto y apoyo la preocupación fundada de la Secretaria de Agricultura Familiar de Misiones y solicito aplicar el principio precautorio, que por imperativo de la CSJN (Fallo “Salas”) constituye una obligación extendida a todos los funcionarios públicos, por cuanto no está comprobado científicamente que los transgénicos no generen daños ambientales, a la salud y a la vida de los ciudadanos.
El objetivo es el mismo: lograr la seguridad alimentaria sostenible. Es importante entonces que se tengan presente los intentos locales para lograr medios innovadores que puedan asegurar alimentos sanos y producciones limpias. Cuando ello no está avalado certeramente por la ciencia es necesario y obligatorio recurrir a la cautela y la prudencia pues la potencialidad de un daño ambiental es de gran alcance.


Leonardo Villafañe Doctor en Derecho (UCSF) Profesor de Derecho Ambiental (UCSF – UBA) Miembro del Instituto de Derecho Ambiental de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional.

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El debate por el maíz transgénico: ambientalistas advierten que el proyecto limitará el acceso y manejo de las semillas

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Luego que los representantes de Agricultura Familiar de Nación defendieran el proyecto de producir maíz transgénico en pequeñas chacras misioneras, el Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera planteó su oposición por como sería el manejo de las semillas
Sobre las manifestaciones en defensa del programa de maíz transgénico que realizaron los funcionarios Walter Kunz y Jerónimo Lagier, Director Nacional y coordinador de la Secretaria de Agricultura Familiar del Gobierno de la Nación, el Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera emitió el siguiente comunicado:
Es falso que desde la Nación se propicie la “libertad” de elección a los agricultores, cuando lo que justamente se hace es un programa de estimulo (como ellos mismos) admiten, a la producción de maíz transgénico.
Justamente el uso de semillas homogeneizadas, cercena a los AGRICULTORES la libertad sobre los modos de obtención, producción, investigación, innovación, almacenamiento, conservación, intercambio, comercialización, distribución y consumo de semillas.
Que el Estado promueva el uso de este tipo de semillas transgénicas es un ACTO ilegal, por cuanto el acto jurídico que habilita deviene en inconstitucional, al contradecir los preceptos de la Convención Sobre la Diversidad Biológica, a la que la Argentina adhirió mediante la sanción de la ley 24.375, y que declara “…de interés público y libres de todo derecho de propiedad intelectual las semillas nativas y criollas, las semillas elaboradas, generadas y/o mejoradas con recursos públicos, así como los conocimientos tradicionales asociadas a ellas”.
Es inconstitucional, además, por cuanto siendo la provincia de Misiones un territorio comprendido en los términos del Convenio N° 169, de la OIT, de rango Constitucional en la Argentina desde año 2011, se debió, previo a la implementación y ejecución de este proyecto, someter al consentimiento previo, libre e informado de nuestras comunidades indígenas.
Por lo que sí se debió hacer un estudio de impacto ambiental, a los fines de determinar los efectos de este sobre las comunidades indígenas.
Con esto queda en evidencia, que estos funcionarios no tienen la más mínima formación y preparación técnica para el cargo que ocupan, o bien dolosamente están trasgrediendo nuestras normas constitucionales, y avasallando las libertades de los pequeños productores y de los pueblos indígenas. Las consideraciones de los funcionarios ponen en duda además el daño que éstos cultivos generan en el suelo, agua, monte y salud, daños sobradamente comprobados donde se utilizaron transgénicos, y le restan importancia a las capueras, espacios de regeneración de la Selva, de biodiversidad.
Finalmente, si es cierto que el maíz tendrá como destino ser alimento de los “chanchos” brasileros, gran productor mundial de porcinos (de hecho es el 4to. Productor mundial), eso quiere decir que por medio de este maíz se sacarán las nutrientes de nuestros suelos para alimentar el alimento que le da proteínas a los países industrializados; mientras nos quedamos con un suelo “desnutrido”. Martín Ferroni, abogado, Frente Ciudadano Ambiental Kaapuera

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