MAIZ

Cultivo transgénico en la región: “Es un crimen especular con proyectos que prometen Alimento y Desarrollo”

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La agroindustria desde una visión de negocios para pocos y en detrimento del pueblo Misionero:
Desde el Frente Patria Misiones, Oscar Mathot fundamentó el posicionamiento respecto del tema y se sumó al debate ante lo que llama “el avasallamiento del gobierno nacional de la alianza Pro-Cambiemos”.
Aquí sus fundamentos:
Agroindustria de la Nación y MAIZAR acordaron desarrollar maíz de alta productividad en Misiones y Corrientes
1. Comienza por el ocultamiento: ciudadanos misioneros, funcionarios del Ministerio de Agroindustria de la Nación, se reunieron con empresarios, cooperativistas y funcionarios de Brasil y Paraguay para interesarlos sobre el tema, evitando  a las autoridades Provinciales y a su población. El argumento es que constituyen “amenazas al proyecto” y que sus “autoridades ambientales podrían poner trabas al desarrollo de áreas cultivables si consideran a la capuera como bosque nativo en recuperación” y que “en la Provincia de Misiones hay una corriente política contraria a la utilización de glifosato”…
2. Nos prometen autoabastecimiento de alimentos balanceados en la región y abastecer al sur de Brasil:
Cuestión engañosa, pues solo sería de maíz, la principal fuente de energía utilizada en la alimentación porcina, pero no del balanceado, que se industrializará en Brasil. No es producción de alimento para la gente, es para animales. Una producción que en sus principios estaba destinada a la alimentación humana y animal la llevan a competir con la seguridad alimentaria orientándola sólo como un insumo para el alimento balanceado de porcinos.
3. Para abastecer al Brasil necesitamos poder asegurar maíz a precios competitivos:
cuestión difícil de cumplir pues Brasil protege sus productos,  y además deberíamos producir más barato que Paraguay, lo que todos pueden entender a qué grado de precarización llevan el desafío.
El tipo de maíz que se propone, al ser un organismo genéticamente modificado, “cultivo de precisión”, y necesitar tecnología de ensilado (no cualquier materia prima reúne esos requisitos)  pasa a ser un producto financiero: un “commodity” manejado por los Fondos de Inversión que no distinguen lugar ni calidad de los productos sino el interés financiero por fuera de su tangibilidad y utilidad.
4. Cero autonomía:
Importación de semillas, insumos, financiamiento (principalmente “de Brasil”), tecnología, etc.
La acidez de nuestros suelos se corregirá con calcáreos de las canteras de Brasil porque se acortan un 50% las distancias respecto a Córdoba o Bs As.
5. No impulsaremos modelos productivos que destruyan nuestra biodiversidad:
Coincidimos con todas las posiciones de Movimientos sociales, Personalidades y Funcionarios provinciales en la no conveniencia de impulsar modelos productivos que destruyen nuestra biodiversidad, llevan a la desaparición de las semillas nativas y criollas, contaminan y tienden al monocultivo, despoblando el campo y primarizando la economía.
6. El rumbo a transitar debería ser:
Seguir el camino de la producción Agro-Silvo Pastoril, como define el INTA, y Agroecológico como lo plantean infinidad de organizaciones y las leyes provinciales.
Profundizar las mejores experiencias en recuperación de semillas, tecnologías y sistemas organizativos de agregado de valor y comercialización con apoyo del Estado.
Buscar el autoabastecimiento de alimentos para nuestra población con agricultores y tecnología propia.
Artículo escrito por Oscar Mathot; Exdirector de Fortalecimiento Institucional de Agricultura Familiar; ex Vocal de la Comisión Nacional de Tierras; Referente fundador de Ferias Francas. miembro del FTV-Miles Nacional; integrante de la mesa de conducción del Frente Patria Misiones.

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“Quien defiende a los transgénicos va en contra de los pequeños agricultores”

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Así lo definió Raul Aramendy educador, agroecólogo y fundador de la Tecnicatura Superior de Agroecología de Misiones. Lamentó el proyecto de Agroindustria de sembrar en Misiones 250 mil hectáreas de maíz transgénico en chacras de pequeños productores.
“El maíz que el Gobierno de la Nación quiere sembrar en Misiones llega de la mano de MAIZAR, una organización integrada por grandes corporaciones, y son los mismos que están empujando la modificación a la Ley de Semillas que, de aprobarse, dará luz verde a Monsanto, o sea estamos hablando de las grandes empresas de transgénicos y agrotóxicos, y en qué lugar del mundo alguien vio que estos benefician al pequeño y mediano productor? Al contrario, lo destruyen, los usan, usan su suelo y su agua, lo esclavizan con el verso de sacarlos de la pobreza hasta agotar sus bienes, y luego lo expulsan de sus tierras”, sostuvo Raúl Aramendy, educador, agroecológico y fundador de la Tecnicatura Superior de Agroecología de Misiones.
Enfático, Aramendy llamó a la reflexión sobre la “poca información que se brinda desde Agricultura Familiar de la Nación sobre el proyecto” de plantar aquí 250 mil hectáreas de maíz transgénico, y ratificó que ello no resuelve ni el hambre ni la pobreza. “¿Por qué creen que los funcionarios que defienden este proyecto no hablan de los agrótoxicos que sí o sí hay que usar si se planta ese maíz en Misiones? ¿Por qué no hablan los funcionarios públicos de cómo queda el suelo y el agua cuando se aplica el paquete tecnológico que trae este proyecto? Hablan si de rendimiento, y nosotros le contestamos: la realidad de los cultivos transgénicos, basada en las estadísticas oficiales de Estados Unidos – el mayor productor de estos cultivos a nivel global–muestran que los tansgénicos han tenido menor productividad por hectárea que las semillas que ya estaban en el mercado, y que han significado un aumento exponencial en el uso de agrotóxicos”, reveló.
“Por eso decimos que el que está a favor del maíz transgénico está en contra de los pequeños agricultores y también está en contra de la biodiversidad, de todas las formas de vida, y en este caso es más grave aún porque el que lo promueve es el propio Gobierno nacional. Acá no hay nada que experimentar; en todos los lugares donde se usó este tipo de semillas, el “rendimiento” fue para las corporaciones y las pérdidas para los agricultores”, indicó Aramendy.
Para Aramendy, “el modelo que la provincia de Misiones impulsa a través de la Secretaria de Agricultura Familiar es el que hoy más contiene y cuida al agricultor, y es el que consideramos debe ser profundizado porque es un modelo donde la gente importa, donde todos los seres vivos importan, donde se puede desarrollar la economía social”, y renglón seguido pidió “la urgente aplicación de acciones por parte del Instituto Misionero del Suelo, la Ley provincial de prohibición del glifosato y leyes ambientales, más presupuesto para Agricultura Familiar y reincorporación de trabajadores despedidos del área, expertos en cultura capesina y en agroecología (algunos con 25 años de antigüedad), y medidas que defienden la diversidad de semillas”.
Misiones “tiene una base sólida con normas y experiencias agroecológicas, pero debe fortalecerla, perfeccionar los métodos para producir salud y belleza, como dice Ernst Friedrich Schumacher en su libro Lo Pequeño es Hermoso, o sea ‘economía con rostro humano’”, agregó.
El experto en agroecología y referente en la región del SERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia del Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, hizo referencia a las políticas agrícolas que desde el Gobierno nacional se avala mediante el convenio entre la secretaria de Agricultura Familiar de la Nación y Maizar. “Para saber qué es y quienes integran Maizar alcanza con visitar su página web: están donde todas las empresas del sector de agronegocios y agrotóxicos”, manifestó. “Pero el problema mayor–continuó- no son estas empresas, el problema es un Gobierno que juega a favor de esa empresas. Y la prueba de ello es la siguiente: la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia) que funciona en el ámbito de la secretaría de Agroindustria de la Nación y es el espacio clave en la aprobación de transgénicos en Argentina, está integrada por Bayer, Monsanto, Syngenta, Indear/Bioceres, Pioneer/DuPont y Don Mario, Aapresid, Aacrea, según denunció hace poco tiempo el diario Página 12. O sea: las empresas que producen y venden transgénicos son las mismas que aprueban la presencia de esas semillas y venenos en nuestros suelos, y este Gobierno es un gobierno para estas empresas”.
Otro dato, expresó, es que “en diciembre del año pasado conocíamos que el Gobierno aprobó la papa y el trigo transgénico para consumo masivo, con todo lo que esto implica; son nuestras materias primas, nuestros alimentos emblemas con sello de transgénico. Ya en el 2006 el Parlamento Andino (órgano deliberativo que integran Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica, resaltando la inestabilidad del cultivo y alertando que una vez que se libera una variedad transgénica es imposible frenar la contaminación genética”.
Finalmente, Aramendy recordó que “los agricultores de Misiones tienen experiencias exitosas con el cultivo de variedad de semillas de maíz tradicional”, y en ese marco preguntó: “ ¿por qué cambiarían por un programa que no les asegura sustentabilidad? ¿Por qué los funcionarios del Gobierno de la Nación no informan públicamente, primero, detalles del programa y luego qué riesgos sociales y ambientales abarca ese programa? ¿Saben nuestros productores por ejemplo que esas semillas transgénicas son patentadas y no las pueden guardar para una próxima cosecha, lo que los obliga a volver a comprarlas para sembrar? Y saben que los mismos que tienen esas semillas también son los dueños de los venenos que sí o sí deberán usar para que la planta crezca bien y tenga ese rendimiento prometido?”.

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Desde el partido Justicialista de Misiones dicen “No al Maíz Transgénico”

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Desde la conducción del Partido Justicialista de la provincia de Misiones emitieron un comunicado en contra del proyecto de sembrar 250 mil hectareas de maíz transgénico en las tierras de los pequeños productores. Advierten que esto atenta contra la “soberanía agroalimentaria” y serían insostenibles los costos para los “minifundistas”.
El comunicado:
El GOBIERNO NACIONAL de Mauricio Macri impulsa para nuestra Provincia desde Secretaria de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación (SAFyDT) y el lobby agroexportador “MAIZAR” la incorporación de 250 mil Has de Maíz Transgénico. Esto atenta directamente contra nuestros colonos ya que profundiza la dependencia a las empresas productoras de semillas y a su paquete de agroquímicos.
La política agraria que CAMBIEMOS quiere imponer en nuestra Provincia amenaza de manera directa la soberanía agroalimentaria, la biodiversidad y el arraigo rural de nuestros colonos ya que el aumento de los costos de producción hacen insostenible una ruralidad minifundista, que es características del sector agrario en Misiones.
Esto vienen en consonancia con el desfinanciamiento y los despidos en los organismos públicos de extensión e investigación que apoyaban la producción minifundista y diversificada de alimentos, como el INTA, Agricultura Familiar y SENASA que hemos denunciado desde el Partido Justicialista.
Los lobby’s de empresas extranjeras propinadas por CAMBIEMOS, han tenido consecuencias nefastas en nuestro aparato productivo nacional, llevando el precio de los alimentos a niveles nunca vistos en nuestra historia.
Es por eso que adherimos al plan de lucha del Frente Productivo Misiones, porque defendemos la soberanía alimentaria de nuestra provincia como eje rector de Justicia Social, sostenemos una política de arraigo para el colono en la chacra y la preservación de la Biodiversidad como garantía de custodia de nuestros recursos naturales.

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Maíz, transgénicos y sus riesgos

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En estos últimos días nos enteramos que el Gobierno Nacional pacto con Maizar, la Asociación  de Maíz y Sorgo Argentina, para desarrollar sembradíos de alta productividad en Misiones y en el Norte de Corrientes. La increíble extensión de 250 mil hectáreas. El plan es convertir a Misiones en una cuenca granera para abastecer el déficit que tiene nuestro vecino brasileño en Santa Catarina, el estado más rico de Brasil, donde se produce cerdo y pollo de exportación a escala global. El negocio está a la vista: demanda creciente, costos logísticos bajos y dólares al alcance de la mano por la exportación.  Para las autoridades nacionales y la empresa no hacen falta estudios de impacto ambiental ni demasiados permisos. Es un “negocio directo con los productores”, argumentan los defensores de la idea.
Me asombra que se den estas respuestas, y me entristece también, porque en mi opinión es venir a seducirnos a los misioneros, con espejitos de colores, desconociendo totalmente la realidad de nuestras familias, que son en su mayoría son pequeños agricultores familiares, donde el agricultor promedio tiene 20 hectáreas, que nuestra cultura e idiosincrasia es totalmente diferente a la que existe en provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, etc. donde se llevan a cabo estos cultivos extensivos e intensivos.
No informan que es un Paquete Tecnológico el que se aplica, que las semillas transgénicas vienen con agroquímicos, que involucran la manipulación de genes con efectos en la salud, deforestación, y otros efectos en las poblaciones y animales a veces mortales.
Como ciudadana primero y profesional después, es que escribo para pedir que se cumplan con todas las normas que están vigentes para protegernos. Es que la  empresa y el Gobierno nacional, deben cumplir con la ya existente Ley General del Ambiente de Presupuestos Mínimos 25.675, para lograr una gestión sustentable y Adecuada del Ambiente, la preservación y la protección de la diversidad biológica y del desarrollo sustentable. Es corta y los invito a todos a que la lean, fue sancionada en el 2002.
Puedo decir, que esta actividad pactada, de plantar 250 mil hectáreas de maíz transgénico de forma extensiva e intensiva, está dentro de los parámetros de esta ley y por lo tanto debe cumplir sus requisitos y debe preservar el Bien jurídicamente protegido que es la gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable (art.1).
A su vez el art. 2 establece los objetivos que La política ambiental nacional ( gobierno Nacional) deberá cumplir: a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas; b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria; c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales;e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica; g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;, etc…..
Esta Ley es de Orden Público y es operativa, lo cual significa que está enteramente vigente y toda norma que se le oponga es derogada ( Art.3).
La Empresa que pactó con el Gobierno Nacional,  debe presentar antes de iniciar sus actividades, una Evaluación de Impacto Ambiental, a las Autoridades Ambientales de la Provincia, Art. 11 de la Ley Nacional y Normas provinciales, este procedimiento previo a la toma de decisiones deberá contener, como mínimo, una descripción detallada del proyecto de actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos.
Se trata de una actividad que es susceptible de degradar el ambiente y afectará la calidad de vida de la población de la provincia de forma significativa. El Ministerio de Ecología y Recursos Renovables de la provincia es quien aprobará o rechazará el Estudio de Impacto Ambiental, que por su importancia, de acuerdo a la ley, debe incluir Audiencias Públicas, a fin de que los ciudadanos puedan informarse y efectuar sus objeciones por medio de la Participación ciudadana (art. 19), sobre todo porque va a tener alcance e incidencia General.
Recordando que la Jurisdicción y competencia Ambiental es de las Provincias, de acuerdo al Art. 41 de la Constitución Nacional “… Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.” Esto significa que cada provincia es autónoma en cuanto a su política ambiental, poder de policía y jurisdicción.
En mi opinión la situación es grave, que conlleva a un avasallamiento de instituciones, de desconocimiento de las normas recientemente sancionadas como la Ley XVI N°124 que prohíbe el uso y la comercialización del glifosato en la provincia (aprobada por la Legislatura el 18 de octubre de 2018) que establece que a partir de abril del 2020 “queda prohibido el uso del glifosato, sus componentes y afines en los en los ejidos urbanos del territorio provincial. Y a nivel nacional Misiones fue declarada capital Nacional de la Biodiversidad.
Existe como recurso también, en manos de los ciudadanos, Asociaciones, etc. el Amparo Ambiental (Garantía Constitucional) contenido en el Art. 43 de la Const. Nac., con una Acción Precautoria o Preventiva, a fin de dar tutela y resguardar nuestros derechos constitucionales ambientales (art. 41 C.N.). Espero que se tome conciencia de la situación y las consecuencias económicas, ambientales, a la salud y a la diversidad  a mediano y largo plazo y evitar Daños ambientales de incidencia colectiva que modifiquen el ambiente, rompan el equilibrio de los ecosistemas y también de nuestros bienes y valores colectivos como misioneros.

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Milho quente

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A veces, los debates se disparan del modo menos pensado. Un mensaje con una sugestiva propuesta: decirle no a las semillas transgénicas en la Capital Nacional de la Biodiversidad. ¿Cómo oponerse? Pero acto seguido, el interrogante. ¿Quién quiere plantar semillas transgénicas en Misiones? La respuesta estuvo ahí, pecado periodístico, desde diciembre del año pasado, en un simple comunicado de prensa. La Nación pactó con la corporación Maizar desarrollar sembradíos de maíz de alta productividad en Misiones y el norte de Corrientes, en una extensión, en la tierra colorada, de 250 mil hectáreas. Alta productividad es sinónimo de transgénico. Las 250 mil hectáreas son una enormidad, equivalente a casi el 10 por ciento de la geografía provincial y prácticamente toda la superficie productiva que queda libre.
El plan es convertir a Misiones en una cuenca granera para abastecer el déficit que tiene Santa Catarina, el estado más rico de Brasil, donde se produce cerdo y pollo de exportación a escala global. El negocio está a la vista: demanda creciente, costos logísticos bajos y dólares al alcance de la mano por la exportación.
Debe ser, de los últimos años, el modelo de transformación más intempestivamente planteado sobre la mesa. Para la Nación no hacen falta estudios de impacto ambiental ni demasiados permisos. Es un “negocio directo con los productores”, argumentan los defensores de la idea. En Misiones hace 30 años que se plantan transgénicos, reiteran. La corporación Maizar, que tiene entre sus socios plenos y consejeros a ejecutivos de Monsanto, pone las semillas, “paquete tecnológico” y el asesoramiento. ¿Qué puede estar mal? Es un modelo de negocios a medida.
Sin embargo, se puede hacer un simple ejercicio de preguntas.
Es cierto que en Misiones se planta transgénicos desde hace por lo menos tres décadas. Y que se usa glifosato, en el maíz, en las más de 420 mil hectáreas forestadas y, también en el tabaco, pese a que la industria del cigarrillo descartó el uso de esos pesticidas. Sin embargo, salvo en el caso del grupo chileno Arauco, las cantidades son mínimas, en proporción. Para “proteger”las 250.000 hectáreas de maíz harían falta no menos de 1,5 millones de litros de glifosato -la marca más extendida es Roundup-. ¿La capital nacional de la Biodiversidad soporta semejante cantidad de veneno en el aire, con el consiguiente riesgo para la salud humana, animal, de cursos de agua y degradación del suelo? ¿Está Misiones preparada para cambiar su matriz productiva asociada al verde monte para parecerse a las desoladas praderas del sur brasileño, donde el desierto verde es dominado por la soja y el maíz por cientos de kilómetros? ¿Puede Misiones sacrificar la postal de naturaleza viva a cambio de una lluvia de dólares? ¿Puede Misiones ser mera exportadora de materia prima para que otros engorden ganado? En otros términos, Misiones pondría la tierra y sus proteínas para alimentar las vacas (y la riqueza) del otro lado de la frontera, donde prácticamente ya no quedan tierras productivas.
El modelo de primarización de la economía es el que se está imponiendo en la Argentina, según reconocen los propios thinks thanks liberales, pero al menos debe haber el derecho al pataleo.
¿Que hace falta mejorar la productividad de las chacras para que haya una riqueza mayor? Por supuesto. Pero no son pocos los esfuerzos actuales para recuperar la chacra, que vivió su peor contracción durante los 90, cuando el colono abandonaba la tierra por el escaso valor de sus productos. La inmigración se frenó y en muchos pueblos, se revirtió.
Durante el año pasado, Misiones fue declarada capital nacional de la Biodiversidad y se aprobaron varias leyes vinculadas a la agricultura sustentable y la prohibición del glifosato en espacios urbanos y periurbanos. El plan de la Nación parece saltarse todas las contraindicaciones.
Los especialistas señalan que Misiones con la genética variada que posee, “no necesita trabajar con transgénicos”, aunque es cierto que otras zonas del planeta se han beneficiado con esas variedades, como la lucha contra el hambre en África. En cambio, la tierra colorada goza del privilegio de tener biodiversidad (todavía), y contar con condiciones climáticas beneficiosas.
Para un biólogo consultado para esta columna, la discusión no debe ser transgénicos sí o transgénicos no. “Es una discusión tendenciosa, poco objetiva y que trae como consecuencia la desinformación y distrae de las verdaderas preguntas. Las preguntas deben ser mucho más específicas y atender a las realidades de cada región ¿Es necesario utilizar organismos transgénicos? ¿Bajo qué condiciones se deben utilizar? ¿Qué genes están insertos? ¿Cuál es el objetivo de insertar esos genes? ¿Quiere Misiones responder al modelo agroexportador que plantea la Nación? Misiones posee una rica variabilidad genética que le permite afrontar los desafíos de soberanía alimentaria planteados a futuro, respetando el medio ambiente”, sentenció. Curiosamente, es un punto de coincidencia con Jerónimo Lagier, el diseñador del proyecto maíz: “No es el uso o no uso de los transgénicos, sino cómo lo usás”, dijo en un reportaje con Economis que se puede leer acá.
Pero en realidad es un debate que también se da en los países “avanzados”. Hace cuatro días la justicia francesa prohibió la venta y el uso en Francia del Roundup Pro 360, herbicida que contiene glifosato del grupo Monsanto/Bayer utilizado en el país galo en vitivinicultura. El fallo se produce en pleno debate en Francia y Europa sobre el potencial peligro del glifosato, principio activo del Roundup.
Se agregan otras preguntas. ¿Quién se quedará con los dólares extra de la exportación? Argentina es el cuarto exportador mundial, pero apenas cinco empresas concentran la mitad del negocio exportador. ¿Maizar hará los papeles de exportación? ¿Tributará en Misiones? ¿Dejará el maíz de ser considerado producción primaria? ¿Habrá aranceles de exportación o serán únicos ganadores? El proyecto plantea la generación de un nuevo ingreso anual en Misiones, sólo por producción, de aproximadamente 72,5 millones de dólares (márgenes brutos de 300 dólares por hectárea para maíz, 250 para soja y 120 para trigo), más la creación de mil puestos de trabajo e ingresos extra en “hotelería y transporte”.
Y la última… no es casualidad que las provincias que más están sufriendo los efectos de las inundaciones, sean las que tienen un modelo agrario basado en la soja, con inabarcables extensiones desmontadas para darle paso al “yuyo”. No es que llueve más. No hay monte que absorba el agua.
No debe tomarse este debate de manera apresurada. Y menos considerarlo un escarceo preelectoral entre los promotores de Cambiemos y el rechazo de la Renovación. De hecho, los primeros en salir a cuestionar el proyecto fueron dirigentes de organizaciones ambientalistas de diversas corrientes políticas, muchas de ellas enfrentadas al Gobierno provincial. Pero aunque no sea electoral -faltan un par de meses para el inicio de la campaña-, es, sin lugar a dudas, un debate político sobre modelos. Y ahí si hay un contraste.
La propuesta de la Nación busca aumentar la productividad y cazar dólares al alcance de la mano. ¿Propuesta equivocada? Misiones tiene un modelo de minifundios donde la productividad va de la mano con el cuidado ambiental. ¿Propuesta equivocada?
Para Cambiemos el glifosato es un mal menor -el ministro de Agricultura de María Eugenia Vidal, en Buenos Aires, Leonardo Sarquís, era CEO de Monsanto-. Y también es un mal menor granjearse la enemistad de unos cuantos “fundamentalistas” del ambiente. Lo mismo sucede en Iguazú, donde el Gobierno nacional insiste con el proyecto de “villas turísticas” en medio de la selva y el corazón de las Cataratas del Iguazú, pese al rechazo suscitado entre los habitantes de esa ciudad que incluso quieren recurrir a la Unesco para frenar el proyecto inmobiliario en la selva.
Para Misiones, la protección de los recursos naturales es una batalla que se da en los hechos y en lo simbólico. Es una de las provincias que tiene una demanda abierta contra la Nación por la potestad de los recursos naturales del Parque Nacional Iguazú, tiene leyes de protección del agua en ríos, vertientes y humedales. Tiene un Instituto de Biodiversidad y otro del Suelo. Tiene una ley del aprovechamiento energético de los recursos hídricos. Es pionera con un ministerio de Ecología, una de las “amenazas” del plan nacional, y creó un ministerio de Agricultura Familiar. Es el modelo que abrazó Misiones y que fue respaldado con los votos en los últimos quince años.
El presidente Mauricio Macri terminó sus vacaciones y se fue a Brasil, a seducir al todavía interrogante Jair Bolsonaro. La primera cumbre no dejó ningún documento sustancial, pero sí indicios del futuro del Mercosur, debilitado por la decisión de Brasil de buscar mercados en soledad. Macri aceptaría flexibilizar aranceles comunes y que Argentina también salga a negociar mano a mano con el mundo. Lo que a simple vista puede ser un “gran negocio”, tiene implicancias que van más allá de lo político.
El tamaño de la economía de Brasil es un mercado apetecible para cualquiera, para exportar o importar. ¿Podrán las empresas exportadoras competir en igualdad de condiciones con una escala menor, costos logísticos, impositivos y salariales distintos? La competitividad no será la misma. Salvo que se trate de la antesala de mayor flexibilización para bajar costos y que en la Argentina haya una mayor rebaja impositiva. Está por verse, pero sin dudas, se trata de la simiente de una radical transformación en la economía regional.
“Nos han elegido porque querían un cambio de verdad”, festejó Macri después de la foto con Bolsonaro. El Presidente argentino celebró la sociedad plasmada en la “interconexión de nuestras economías, que hace que cuando a uno le va bien lo ayuda al otro y necesitamos que a los dos nos vaya bien”.
En ese plano, la idea de producir maíz transgénico en Misiones para alimentar a los cerdos que exporta Santa Catarina, cobra otra relevancia.
De todos modos, Macri debe primero enfocarse en su reelección. Hoy ninguna encuesta se lo garantiza, aunque conserve su propio piso de votantes, en torno al 30 por ciento.
Los resultados económicos marcan el descontento de la sociedad y el drenaje de votos propios hacia una fuerza todavía no delineada de la oposición.
Los números marcan un retroceso en todas las variables. La meta fiscal es la única que se cumplió en 2018. La inflación fue la más alta en 27 años y en los últimos tres, durante la era Macri, se acumulan 158,4% de inflación, más que en los últimos cuatro años de Cristina. Para encontrar aumentos tan acelerados hay que retroceder a 1991, cuando la hiperinflación era un potro que recién fue domado con el plan de Convertibilidad. Siquiera en 2002, después del estallido de la crisis y la huida de la alianza de ese entonces, los números fueron tan malos: el primer año de Eduardo Duhalde terminó con una inflación del 40 por ciento.
Los fracasos de las metas y del programa económico quedaron evidenciadas en la inflación de 2018, ya que en paralelo, crecieron las tasas que están “matando” a las Pymes, el ajuste, el desempleo y la pobreza.
La paradoja es que las políticas del Gobierno son al mismo tiempo, inflacionarias, con la quita de subsidios y los aumentos de tarifas. No es casual que lo que más haya aumentado durante 2018 haya sido el rubro transporte, regulado por el Estado. El tarifazo por la quita de subsidios dinamitó el bolsillo de los usuarios y agregó más pólvora a la inflación. Lo mismo se repite con la energía eléctrica, el gas o el agua potable.
En el nordeste el transporte también es el rubro que más aumentó, aunque en Misiones se mantengan, con recursos propios, los subsidios para morigerar el impacto de las subas. El enojo de los usuarios tiene justificación.
La política de subsidios “inteligentes” que comenzó a usar Misiones marca un contraste que permite aliviar el bolsillo. En todo el país las panaderías se declararon en emergencia por la caída en las ventas y el aumento desproporcionado de tarifas y materia prima. Misiones, con el Ahora Pan puesto en práctica por el gobernador Hugo Passalacqua, fue una de las excepciones: se mantuvo el consumo y las panaderías tienen una tarifa eléctrica, en algunos casos, a la mitad.

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