Entre el jueves 19 y viernes 20 de marzo, el gobierno nacional abrió el grifo de fondos a provincias y distribuyó $47.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a once provincias, siendo ese el mayor monto repartido por dicho concepto en lo que va del año.
En lo que va de marzo, Corrientes vuelve a posicionarse como la provincia más beneficiada en este reparto: recibió $ 8.000 millones el 19 de marzo. Mendoza le siguió con $ 7.000 millones pagados también el 19 de marzo y Entre Ríos completó el podio con $ 6.000 millones captados en igual fecha.
Más atrás quedaron Misiones con $ 5.500 millones; San Juan y Chaco con $ 4.000 millones cada uno; Salta con $ 3.500 millones; Catamarca y Chubut con $ 2.500 millones en cada caso y cierran Jujuy y Neuquén con $ 2.000 millones cada una.
Estos $ 47.000 millones repartidos en la semana previa ya superan en un 129% en términos reales a los distribuidos en febrero pasado, que totalizaron $ 20.000 millones. Además, en comparación con marzo de 2025, muestran un alza parcial del 98,5% (fueron $ 18.000 millones en aquel momento).
Si se observa el reparto acumulado del año, Corrientes se posiciona como la más beneficiada: ya recibió un total de $ 14.000 millones ($ 3.000 millones en enero, otro monto igual en febrero y los $ 8.000 millones en lo que va de marzo); Misiones se ubica en segundo lugar con $ 9.500 millones ($ 4.000 millones en febrero y $5.500 millones en marzo) y Salta queda tercera con $7.500 millones ($ 4.000 millones en febrero y $ 3.500 millones en marzo).
Luego quedan Mendoza ($ 7.000 millones totales), Chubut ($ 6.500 millones), Entre Ríos $ 6.000 millones), Jujuy ($ 5.000 millones), San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén ($ 4.000 millones en cada caso) y cierra Catamarca con $ 2.500 millones.
Así, el reparto total del parcial del 1° trimestre de 2026 totaliza $ 74.000 millones: hasta la fecha, equivale a una suba real interanual del 29%.
Envejeció muy rápido y muy mal el tuiter de Federico Sturzenegger jactándose de los 400 mil empleos creados durante la presidencia de Javier Milei. En realidad, está sucediendo lo contrario. Hay 156.000 desocupados más que en el último trimestre de 2024 y 271 mil más que en el último periodo del gobierno de Alberto Fernández. La desocupación medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, trepó a 7,5% en el cuarto trimestre del año pasado, la tasa más alta para el último cuarto de un año desde 2020, en plena pandemia, superando en un punto porcentual el registro del cuarto trimestre de 2024 (6,4%) y en casi dos puntos la desocupación del cuarto trimestre de 2023 (5,7%). Son casi 1.700.000 desocupados, 420.000 más que en 2023 y 7.190.000 personas demandantes de empleo, 960.000 más que en 2023.
Sufrirá la misma suerte la justificación del ministro de Economía, Luis Caputo, quien atribuyó el fracaso en la contención de la inflación al “daño psicológico” profundo que la sociedad arrastra desde gestiones anteriores. Según Caputo, la economía se encuentra “tremendamente en orden” y el problema radica en el obstinado escepticismo de la sociedad.
Lo cierto es que la confianza en el rumbo se derrumba al mismo tiempo que crece descontento por la criptoestafa $Libra y los vuelos VIP de Manuel Adorni, el vocero que no puede explicar sus gastos exorbitantes.
La consultora Zuban Córdoba y Asociados había cifrado en su último trabajo la desaprobación de Milei en 58,7% -en alza- contra un aval de 35,4% -en baja-. Tres Punto Cero, dirigida por Shila Vilker señala que “el gobierno tiene 37, 38 puntos de aprobación, contra 59 y 60 de rechazo, después de dos años y medio de ajuste”. El 59 por ciento dice haber llegado al límite de la paciencia ante el deterioro de ingresos y constante aumento de los precios que contrasta con la promocionada economía “tremendamente en orden”.
El modelo únicamente es celebrado por aplaudidores sin anclaje territorial, como el diputado nacional Diego Hartfield. Los libertarios convencidos optan por mirar para otro lado mientras las consecuencias de las políticas económicas se evidencian en las economías regionales y el bolsillo cada vez más agobiado de buena parte de la sociedad.
El deterioro económico se expande a todo el territorio. Así el vino como la yerba mate o el sector forestal que atraviesa una de sus crisis más agudas: un aserradero en Gobernador Virasoro comenzó a pagar sueldos en vales. La situación del aserradero Asecor, que pertenece a Mercedes Omeñuka, presidenta de la Federación Argentina Industria Maderera y Afines, es un síntoma de la economía real. Las pymes padecen por el aumento de los costos, ventas mínimas y nula rentabilidad.
La yerba mate atraviesa un escenario similar. Las exportaciones son récord, pero la industria apenas celebra esos datos y cruje por escasos márgenes de ganancia.
Misiones cerró el primer bimestre del año con exportaciones por USD 72,6 millones, siendo así el mejor primer bimestre desde que se mide este indicador mensualmente, en 2002. De ese modo, superó el récord anterior, que correspondía a 2011, con USD 71,2 millones exportados. Además, respecto de 2025, las ventas al exterior misioneras crecieron 4,6%.
La provincia llegó a este resultado tras un muy buen enero, con exportaciones por USD 34,6 millones y un crecimiento interanual de 16,3%; y un febrero que, si bien mostró una caída contra igual mes de 2024 de 4,1%, igualmente registró un buen volumen con USD 38,0 millones.
El 54% de las exportaciones misioneras del primer bimestre del año, medidas en dólares, correspondieron a Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), por un total de USD 38,9 millones, con un retroceso de 1,9% interanual. A su vez, el 37% de las ventas al exterior fueron de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que totalizaron USD 27,1 millones, con un alza de 9,1%. El 9% restante correspondió a Productos Primarios (PP), por USD 6,6 millones, con una suba interanual de 34,1%.
La cosecha gruesa de la yerba mate comenzará con precios más bajos que hace dos años para la materia prima. La Cooperativa Flor de Jardín, de Jardín América, puso sobre la mesa una grilla de precios que refleja la dispersión actual del mercado: ofrece $240 por kilo de hoja verde con pago a 120 días, una alternativa mixta de $230 (con $100 al contado y el saldo diferido a 120 días) y un valor de $210 totalmente al contado. La propuesta, además, contempla descuentos adicionales -como costos de cosecha y eventuales penalizaciones por falta de certificaciones-, lo que en la práctica reduce aún más el ingreso efectivo del productor y profundiza las dificultades para alcanzar un precio de equilibrio en la cadena.
Esos valores no logran conformar a nadie. “Esos 240 pesos nos quedan caros a la industria para pagar y al productor tampoco le sirve. Es malo para toda la cadena”, sintetizó el dueño de una de las principales yerbateras.
El contraste con años recientes evidencia un deterioro progresivo. En abril de 2024, en el primer ciclo sin precio sostén del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), tras la desregulación que impuso Milei, el mercado operó con referencias de entre $290 y $370 por kilo, aunque con fuerte tensión frente a productores que reclamaban cifras mucho más altas. En 2025, los valores se estabilizaron en torno a los $300, muy lejos de las expectativas del sector primario. En comparación con 2024, los valores ofrecidos ahora son 35 por ciento más bajos, mientras que la inflación fue de 270 por ciento desde que asumió Milei.
Ahora, en 2026, no solo hay una baja nominal de precios -que en términos reales es aún más profunda- sino también una novedad más preocupante: parte de la industria directamente decide no comprar. Consecuencia directa de la desregulación del mercado que no encuentra punto de equilibrio y tiene efectos en toda la cadena, con menos dinero circulante y recursos en los pueblos.
Solo el Gobierno provincial y algunas entidades productivas elevan la voz de alarma. En la oposición, los aliados del Gobierno nacional hacen silencio o describen la situación en redes sociales (donde, se sabe, se hallan todas las soluciones), como el radical Ariel Pianesi, quien ayer nomás militaba la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, uno de los que prometía desregulación para el mercado yerbatero.
La pérdida de rentabilidad y la caída de los recursos impactan en la realidad cotidiana de Misiones. La Provincia está obligada a hacer malabares con la falta de recursos e intensifica el plan de ajuste y reordenamiento del Estado.
El gobernador Hugo Passalacqua anunció esta semana un acuerdo con el Banco Macro para refinanciar las deudas de los estatales y jubilados, agobiados por tasas financieras y deudas que consumen buena parte de los ingresos. La refinanciación se hará con un promedio de siete puntos por debajo de la tasa habitual de préstamos. Hoy sería una tasa bonificada al 50 por ciento anual , aunque dependerá del día de la operación. El dato es que el Estado no pone recursos, sino que sumó ingeniería financiera en conjunto con el Banco Macro.
Misiones tiene relativo margen de maniobra por las cuentas en orden y un plan de contención de gastos que se seguirá profundizando. Políticas anticíclicas como el Ahora Pan, lanzado en 2018, están más vigentes que nunca, con precios congelados y planes similares lanzados en otras provincias, como hizo ahora el gobernador vecino, Juan Pablo Valdés, con el programa bautizado “Sostiene Corrientes”. Se trata de una asistencia financiera de hasta $130.000 millones, financiada por el Banco de Corrientes, que busca aliviar las deudas de 89 mil familias y empresas locales ante el complejo contexto económico nacional. La elección del nombre describe el estado de situación. Se sostiene lo que está a punto de caerse.
Los datos muestran que Misiones, a diferencia de lo que vociferan algunos sectores políticos internos, tiene mayor solidez que los vecinos. La economía misionera se expandió 5,9% entre 2018 y 2024, un crecimiento que fue superior al mostrado por el país en igual período (+0,1%), según los datos del Instituto Provincial de Estadística y Censos, que actualizó el cálculo de Producto Bruto Geográfico (PBG) de Misiones. En 2024, Misiones participó del 2,07% del PIB nacional, un valor por encima del año 2018 cuando representaba el 1,95%, dando cuenta así de su crecimiento en el período. De acuerdo a esos datos, Misiones se posiciona como la octava economía de mayor peso en la Argentina.
La evolución del producto provincial fue dispar, alternando altas y bajas que no siempre fueron en línea con el ciclo económico nacional: en 2019 el PBG Misiones creció 0,8% mientras que el PIB nacional caía 2,0%; en 2020, la economía misionera sufrió los impactos de la pandemia y marcó una caída del 13%, superior a la baja registrada en el país (-9,9%). Sin embargo, la recuperación misionera fue muy contundente en 2021: creció 17% cuando el país lo hizo al 10,4%. Algo similar se observó para 2022: la expansión misionera continuó con un alza del 10% de su producto cuando la Nación creció al 6%. Ya en 2023 y 2024, los efectos de la recesión y de políticas económicas nacionales pegaron más duro: en 2023 Misiones cayó 3,6% cuando el país lo hizo en -1,9% y para 2024, la provincia vio una merma de 2,6% y -1,3% para el caso nacional.
Si se compara 2024 vs. 2018, todos los sectores económicos de la provincia crecieron, aunque a diferente velocidad. El comercio fue el gran protagonista del crecimiento, con una expansión del 14,7% en el período, casi triplicando el alza general provincial.
Los servicios financieros se ubicaron en segundo lugar con un alza del 12,5% y el Suministro de Electricidad le siguió con +9,1%.
Otros sectores que crecieron por encima del resultado general provincial fueron los Servicios de Salud y Sociales (+8,9%), Alojamiento y comidas (8,3%), Actividades Administrativas (7,9%), Construcción (7,8%), Transporte y Almacenamiento (7,0%), Servicios Inmobiliarios (7,0%) y Agricultura y Ganadería (6,0%).
A precios corrientes, el crecimiento del PBG provincial muestra una expansión sostenida, pasando de 287.524 millones en 2018 a más de 12 billones en 2024, acompañando el proceso inflacionario y el incremento nominal de la economía. En este esquema, la participación de Misiones dentro del PIB nacional se mantiene relativamente estable, en torno al 2%, con leves variaciones anuales que oscilan entre el 1,92% y el 2,15%. Este dato refleja que, más allá de las fluctuaciones reales, la provincia conserva su peso relativo dentro del entramado productivo nacional, sin cambios estructurales significativos en su participación.
El desempeño del Producto Bruto Geográfico de Misiones en el período 2018-2024 muestra una clara divergencia respecto a otras economías del NEA, particularmente Chaco y Corrientes. Mientras Misiones logró un crecimiento acumulado de 5,9%, consolidándose como la provincia de mejor desempeño relativo en la región, Chaco registró una contracción significativa del -6,4% y Corrientes apenas logró expandirse un 0,9%. Esta diferencia evidencia no sólo una mayor capacidad de recuperación de la economía misionera tras el shock de 2020, sino también una estructura productiva más dinámica en términos relativos.
Escriben Era Dabla-Norris y Rodrigo Vadés – La política fiscal siempre ha implicado compensaciones. ¿De quién se financiarán las prioridades? ¿De quién se apondrán las cargas? ¿Bajo qué condiciones? Hasta hace poco, los gobiernos podían posponer estas decisiones pidiendo prestado en condiciones convenientes. Pero ahora, niveles de deuda sin precedentes y mayores costes de endeudamiento han elevado la apuesta. Al mismo tiempo, la demanda de fondos públicos sigue creciendo incluso cuando los recursos están muy limitados. Las sociedades solo pueden reconciliar con éxito prioridades en competencia si dependen de algo que a menudo se pasa por alto y actualmente escasea: la confianza pública.
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la deuda pública seguía aumentando de forma constante. En muchas democracias, las plataformas políticas favorecían un mayor gasto y déficits, mientras posponían las reformas estructurales (Cao, Dabla-Norris y Di Grigorio 2024). El crecimiento económico modesto, el gasto para atender a una población mayor en crecimiento y la reticencia a subir los impuestos solo empeoraron las cosas. Se pospusieron decisiones difíciles y se acumuló deuda, sostenida por los tipos de interés inusualmente bajos de las dos últimas décadas.
Luego, en 2020, ante el peor colapso económico desde la Gran Depresión, los gobiernos comenzaron a endeudarse extensamente. La deuda de la economía avanzada aumentó decenas de puntos porcentuales del PIB; en algunos países superó el 120 por ciento (véase el Gráfico 1). Los países de mercados emergentes y de bajos ingresos, aunque más limitados, también se endeudaron en exceso. La respuesta evitó una catástrofe más profunda y, aunque los niveles de deuda se han estabilizado en muchos casos, los países ahora se enfrentan a un mundo en el que endeudarse ya no es barato.
Hoy en día, los responsables políticos se enfrentan a la versión fiscal del COVID prolongado: tipos de interés más altos y aumento del coste de la deuda. La deuda pública global subió al 93,9 por ciento del PIB en 2025 y está en camino de superar el 100 por ciento para 2028, niveles nunca vistos en tiempos de paz, marcando un punto de inflexión para la política económica y la política (Gráfico 2). Mientras tanto, las fuerzas estructurales a largo plazo —el envejecimiento de la población, el cambio climático, el aumento de las demandas sociales y, en el caso de los países de bajos ingresos, la disminución de los flujos de ayuda y los persistentes altos costes de endeudamiento— siguen afectando los presupuestos incluso cuando las tensiones geopolíticas emergentes ejercen presión para gastar en política de defensa e industrial.
Carga de la deuda
La era de los tipos de interés ultra bajos ha terminado, pero las tendencias de crecimiento económico no han cambiado de forma apreciable. En poco tiempo, los costes de préstamo se han duplicado o triplicado. Las facturas de intereses ahora afectan más los presupuestos, desplazando otras prioridades. En Estados Unidos, por ejemplo, los pagos netos de intereses subieron de aproximadamente el 2 por ciento del PIB antes de la pandemia al 4,2 por ciento en 2025, superando el gasto en defensa, y se espera que siga aumentando. En los países de bajos ingresos, los pagos de intereses consumen de media el 21 por ciento de los ingresos fiscales.
La deuda alta implica menos margen para responder a los shocks, interfiere en la economía en general al aumentar el coste del capital y complica la elaboración de la política monetaria mientras motiva la represión financiera. También puede amenazar la estabilidad financiera, especialmente en los mercados emergentes, si los rendimientos suben a medida que los inversores empiezan a dudar de la capacidad del gobierno para cumplir con sus obligaciones. A medida que las condiciones de financiación se endurecen, los ajustes pueden volverse más bruscos y repentinos—recordando la idea del economista alemán del siglo XX Rudi Dornbusch, que dice que “las crisis tardan mucho más en ocurrir de lo que crees, y luego ocurren más rápido de lo que pensabas.” Y una deuda elevada traslada la renta nacional hacia los acreedores a costa de otras necesidades.
En un mundo de baja deuda y tipos de interés bajos, los gobiernos podrían eludir decisiones difíciles pidiendo más préstamos y esperando que el crecimiento económico genere suficientes ingresos fiscales adicionales para cubrir y, eventualmente, reembolsar la deuda. Pero hoy, la era de las decisiones fáciles ha terminado. Cada dólar que un gobierno pide prestado sin ingresos equivalentes implica impuestos más altos o un gasto menor en el futuro, al menos para cubrir los intereses adicionales que genera la nueva deuda. A partir de cierto punto, más endeudamiento obliga a tomar decisiones dolorosas—mediante austeridad, inflación, represión financiera o incluso impago. La pregunta se vuelve inevitable: con un espacio fiscal limitado, ¿cuáles serán los sacrificios y quién asumirá el coste?
Situación fiscal
Un compromiso duradero se centra en el tamaño del gobierno. El aumento del nivel de vida ha llevado a los ciudadanos a esperar redes de seguridad social fiables, educación y sanidad asequibles, una inversión pública sólida y protección frente a una gama creciente de riesgos, incluidos fenómenos meteorológicos extremos y pandemias. Las economías avanzadas expandieron considerablemente sus estados de bienestar tras la Segunda Guerra Mundial; muchos lo hicieron de nuevo tras la crisis financiera global de 2008 y en respuesta al COVID-19. Las economías de mercados emergentes enfrentan una fuerte presión para reforzar sus redes de seguridad más modestas, ya que los ciudadanos exigen crecimiento con equidad. El problema es que el apetito por beneficios suele superar la disposición de las sociedades a movilizar ingresos. Y las decisiones para reducir los impuestos no siempre van acompañadas de contención del gasto. Los gobiernos no pueden proporcionar beneficios a nivel nórdico sin una tributación a nivel nórdico, y aun con tales impuestos, el envejecimiento y otras presiones desafían la aritmética.
Equilibrar credibilidad y flexibilidad plantea otro dilema. Los gobiernos necesitan espacio para responder a los shocks, pero también deben tranquilizar a los mercados y a los ciudadanos de que la deuda seguirá bajo control. Normas fiscales rígidas —como un techo de deuda excesivamente vinculante— o recortar gastos y subir impuestos demasiado rápido pueden profundizar las recesiones, y ignorar los déficits puede desencadenar una reacción en el mercado, como ocurrió durante la crisis de la deuda de la zona euro. El reto es un compromiso sólido con la sostenibilidad sin una política de camisas de fuerza. Esto requiere anclas fiscales creíbles a medio plazo con cláusulas de escape para sorpresas raras; planes transparentes que prioricen la inversión mientras protegen a los vulnerables; y marcos institucionales que generen confianza sin socavar la capacidad del gobierno para responder a recesiones severas. Conseguir este equilibrio adecuado nunca ha sido tan importante—ni tan difícil.
Un tercer dilema es si invertir ahora o conservar potencia de fuego para más adelante. Las necesidades urgentes —seguridad nacional, resiliencia ante los choques, transición climática, inclusión social y desarrollo— demandan recursos. Pero cada dólar gastado hoy significa un colchón más delgado para la próxima crisis. En un mundo de descargas frecuentes, el equilibrio es duro. Los países que agoten la capacidad de endeudamiento en tiempos favorables se verán peligrosamente expuestos cuando llegue la próxima recesión o desastre. No se trata de planificar en torno a los mejores escenarios, sino de diseñar estrategias fiscales viables cuando surjan sorpresas: conviene guardar algo cuando la próxima crisis puede estar a la vuelta de la esquina.
Cada decisión presupuestaria ahora tiene ganadores, perdedores y momentos explícitos, y la economía política de esas decisiones se ha vuelto más complicada. ¿Quién o qué tiene prioridad? ¿Qué impuestos la financiarán y qué programas deben ceder? Estas preguntas ya no pueden taparse con nuevas deudas. Deben responderse claramente, y eso está resultando ser un desafío formidable.
Desafíos intergeneracionales
Una deuda pública elevada es más que una preocupación macroeconómica; también es una cuestión de equidad entre generaciones. En palabras del estadista del siglo XVIII Edmund Burke, “La sociedad es una sociedad… entre los que están vivos, los que están muertos y los que están por nacer.” La deuda permite financiar proyectos que impulsan el crecimiento, amortiguar un choque o repartir los costes de forma más equitativa a lo largo del tiempo. Pero los déficits persistentes se financian con deuda que los trabajadores y contribuyentes del mañana deben cubrir. Cuando la deuda es grande y los tipos de interés suben, más recursos públicos fluyen hacia los tenedores de bonos que hacia los bienes públicos. Esa transferencia continúa mientras la deuda permanezca—y crece si continúa el endeudecimiento.
La demografía intensifica el desafío de dos maneras. A medida que las sociedades envejecen, el coste de proporcionar pensiones y atención sanitaria comienza a crecer más rápido que los ingresos fiscales. Y donde las tasas de natalidad se desploman, estos costes los asume una plantilla en declive. Las economías avanzadas ahora cuentan con unos tres trabajadores por jubilado, frente a unos cuatro en 2000, y la cifra se acerca a dos trabajadores para 2050 (OCDE 2025). Además, muchas obligaciones de pensiones y sanidad permanecen fuera del balance del gobierno y, a medida que la población envejece, estas obligaciones implícitas aparecen en los presupuestos, a menudo con fuerza desestabilizadora. Eso plantea decisiones difíciles: subir los impuestos, reducir las prestaciones o seguir pidiendo prestado y simplemente retrasar el ajuste de cuentas.
Cuanto más se pospongan las decisiones difíciles, más abrupto y gravoso será el ajuste cuando los acreedores o la realidad fiscal finalmente obliguen a actuar. Y peor aún, la factura recae en menos personas. Mientras tanto, las transferencias y otros gastos y servicios de la deuda actuales pueden desplazar la inversión en educación, tecnología e infraestructuras, erosionando la prosperidad de la próxima generación. La economía política magnifica el desafío. Los votantes actuales se resisten a los recortes a los beneficios ganados o prometidos, y los votantes mayores pueden formar un bloque electoral especialmente poderoso.
Los políticos, tentados a evitar medidas impopulares como subir la edad de jubilación, recortar prestaciones o ampliar la base impositiva, dejan que la deuda asuma la presión. Este sesgo hacia el presente plantea importantes cuestiones de equidad. Los jóvenes ven que los gobiernos acumulan deuda y sospechan que recibirán el cheque a través de impuestos más altos y servicios públicos más ajustados cuando se jubilen. La confianza se erosiona y el contrato social entre generaciones se deshilacha. Los mercados financieros también toman nota, exigiendo primas de riesgo más altas o retrocediendo cuando perciben que el ajuste fiscal se está posponiendo indefinidamente.
Pero pedir prestado no es inherentemente malo para los jóvenes. La deuda puede ayudar a construir un futuro mejor si impulsa el crecimiento o evita recesiones profundas. Las inversiones financiadas por deuda en infraestructuras, educación y resiliencia climática pueden aportar beneficios a los futuros ciudadanos. Lo preocupante es que demasiada deuda reciente ha financiado el consumo actual o la evitación de decisiones difíciles, transfiriendo efectivamente más carga a los futuros contribuyentes en lugar de a quienes se benefician hoy. La cuestión clave es si estamos dejando un mundo mejor y más próspero para la próxima generación, o simplemente dejándoles el proyecto de ley.
Si la política fiscal consiste en distribuir los costes a lo largo del tiempo y los grupos sociales, entonces la confianza es la moneda que hace que esta distribución sea políticamente viable. Sin confianza, incluso las reformas más sensatas y bien diseñadas pueden flaquear cuando los ciudadanos dudan de sus motivos y resultados. Con la confianza, las sociedades están más dispuestas a aceptar sacrificios difíciles y mantenerlos a lo largo del tiempo.
Miedos de los ciudadanos
La confianza es la creencia de que algo es seguro y fiable, o que una persona es buena y honesta. Cada uno de estos elementos tiene un equivalente fiscal: los acuerdos deben ser comprendidos, justos, transparentes y competentes; de lo contrario, no se les confiará.
Muchas sociedades sufren un déficit de confianza (Gráfico 3). Investigaciones recientes, basadas en una encuesta realizada a 27.000 personas en 13 países en 2024, arrojan luz sobre las lagunas de percepción que alimentan esta desconfianza (Bianchi, Dabla-Norris y Khalid 2025). Muchas personas —tanto de economías avanzadas como emergentes— no entienden cuestiones fiscales básicas. Por ejemplo, solo alrededor del 42 por ciento de los encuestados entendía que subir impuestos o recortar el gasto reduciría el déficit público. De manera similar, más del 60 por ciento subestimó el nivel deuda-PIB de su país, especialmente en países con alta deuda. Si la gente cree que la deuda no es tan alta o dañina, naturalmente verá las llamadas a la reforma fiscal como exageradas o políticamente motivadas. Estas percepciones erróneas atenuan la sensación de urgencia y dificultan la formación de apoyo para una acción correctiva oportuna.
Sin confianza, el pesimismo sobre las políticas gubernamentales aumenta. Los encuestados que reportan mayor confianza en su gobierno tienen un 20 por ciento más de probabilidades de creer que sus políticas ayudarán a estabilizar o reducir la deuda pública. Aunque los encuestados en general tienden a dudar de que las políticas actuales para reducir la deuda les vayan a beneficiar, quienes confían más en el gobierno tienen un 17 % más de probabilidades de esperar un impacto positivo en su propio bienestar.
La encuesta también reveló preocupaciones que atraviesan líneas de ingresos y demografías. Muchas personas temen perder pensiones o servicios esenciales de los que dependen. Y dudan de que la carga de resolver los problemas fiscales se reparta de forma justa. Estas ansiedades influyen en cómo votan y protestan los ciudadanos. Las personas que esperan verse perjudicadas por las reformas fiscales son mucho menos propensas a apoyarlas, independientemente de la razón económica. Por ejemplo, si los trabajadores de clase media asumen que la reducción del déficit significa una edad de jubilación más alta o una pensión más baja, se opondrán a ello. Si los contribuyentes ricos sospechan que la reforma significa un impuesto sobre la riqueza dirigido a ellos, ellos también se opondrán. Y si el público piensa que los nuevos impuestos se malgastarán por corrupción o mala gestión, verá pocas razones para pagarlos.
La experiencia también moldea la confianza. En países que han soportado repetidas rondas de austeridad sin mucho resultado, la gente se vuelve cínica respecto a cualquier nuevo plan fiscal. Si los recortes severos no logran reducir la deuda, los ciudadanos se preguntan comprensiblemente: “¿Por qué creer que esta próxima ronda de recortes de gasto o impuestos más altos solucionará algo?” De manera similar, la corrupción o el mal uso de fondos de estímulo socava la confianza pública en la competencia gubernamental. En este entorno, incluso las propuestas de reforma leves pueden provocar indignación, porque la gente asume motivos ocultos o efectos injustos. Si mencionas la reforma de las pensiones, estallan protestas cuando la gente teme que su seguridad ganada con esfuerzo desaparezca. Hablar de reforma fiscal hace que muchos sospechen inmediatamente que sus ingresos ganados con esfuerzo serán mal aprovechados. La experiencia con las reformas de las subvenciones al combustible es reveladora: los costes fiscales, la mala segmentación y las distorsiones económicas están bien comprendidos, pero la implementación ha demostrado repetidamente complejidad política y social.
La desconfianza puede desencadenar un círculo vicioso. Los líderes, temiendo represalias, posponen medidas duras; Los problemas de deuda empeoran, erosionando aún más la confianza. Pero cuando los ciudadanos creen que los sacrificios se comparten de forma justa y conducirán a un futuro mejor, han demostrado estar dispuestos a aceptar incluso reformas dolorosas, como ajustes en los sistemas de pensiones (FMI 2024, 2025). Solo la confianza convencerá a los votantes de aceptar sacrificios a corto plazo por una estabilidad a largo plazo.
Construyendo confianza
La alta deuda pública actual está poniendo a prueba a gobiernos y sociedades de formas sin precedentes, y la urgente necesidad de actuar es evidente. Cada año de deriva deja a los países más expuestos a choques en los tipos de interés y cambios en la confianza del mercado. Pero arreglar las finanzas públicas no se trata de austeridad indiscriminada. Se trata de dar pasos graduales y bien calibrados para poner la deuda en un camino sostenible mientras continúan invirtiendo en el futuro. Esto exige honestidad sobre los sacrificios y disposición a ceder: los responsables políticos deben ser sinceros con la gente sobre las decisiones difíciles, y la gente debe reconocer que algunos programas muy apreciados no pueden continuar sin recursos o reformas adicionales.
La confianza es central en esta ecuación. La gente debe creer que los sacrificios se compartirán con justicia y que las reformas conducirán a beneficios tangibles. La gente es más propensa a apoyar medidas difíciles si percibe la política fiscal como competente, transparente y justa. Pero la confianza no se invoca de la noche a la mañana. Debe ganarse y mantenerse.
No existe un único plan para construir confianza, pero ciertas instituciones y prácticas pueden ayudar. La transparencia presupuestaria y una gestión financiera pública bien estructurada sentan las bases. Los consejos fiscales independientes —con mandatos claros, autonomía real y sólida experiencia técnica, como en los Países Bajos— ofrecen evaluaciones imparciales y exigen responsabilidades a los gobiernos por sus planes fiscales. Las evaluaciones de gastos, los informes de gasto fiscal y las evaluaciones de impacto, elaboradas por gobiernos o organismos independientes, ayudan tanto a los responsables políticos como al público a entender hacia dónde va el dinero y qué aporta. Una gestión prudente de la masa salarial pública y una contratación eficiente pueden reducir la percepción de desperdicio. Reducir regímenes fiscales especiales y privilegios de pensiones mejora la equidad, mientras que una estricta supervisión de las empresas estatales señala responsabilidad y competencia. Estas medidas no son una solución para todo, pero ayudan a cerrar la brecha entre lo técnicamente posible y lo políticamente factible. Crean espacio para la reforma reforzando la credibilidad de la política fiscal y demostrando que los gobiernos se toman en serio ofrecer una relación calidad-precio.
Equilibrar el realismo sobre las limitaciones con las ambiciones de cambio es esencial. Si gestionamos sabiamente el desafío de la deuda, podemos asegurar una base estable para la prosperidad a largo plazo y preservar el contrato social entre generaciones. Si fracasamos o esperamos demasiado, corremos el riesgo de una crisis económica y una mayor erosión de la fe en las instituciones. El camino fiscal que elijamos hoy definirá la prosperidad y la justicia mañana.
ERA DABLA-NORRIS, es subdirector en el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.
RODRIGO VALDES, es el director del Departamento de Asuntos Fiscales del FMI.
El presidente Javier Milei se encuentra en Budapest donde participará en la cumbre de la organización conservadora CPAC. En la antesala del evento, el mandatario mantuvo encuentros con su par húngaro, Tamás Sulyok, y con el primer ministro Viktor Orbán.
Durante la reunión con Orbán, Milei anticipó parte de su exposición en el foro y adelantó que hará referencia a la política migratoria del gobierno húngaro. “En la conferencia hoy que voy a dar en CPAC voy a estar mencionando su correcta visión en los temas migratorios, porque de hecho cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión”, le adelantó el argentino a su par húngaro.
Por su parte, el primer ministro húngaro valoró la visita del mandatario argentino y subrayó su carácter inédito en términos históricos.
“Es la primera vez en la historia de nuestras naciones de que un presidente americano visita Hungría. Y es que tampoco en Europa ha ocurrido esto. Y durante tanto tiempo no ha habido ningún presidente de Argentina en Hungría. Pero estamos muy felices de que por fin estemos, la verdad. Y su visita es en un tiempo muy importante”, expresó Orbán.
Discurso con foco en la “batalla cultural”
Orbán fue el encargado de abrir la conferencia y centró su intervención en la agenda cultural y política del espacio conservador. Allí planteó que existe una “lucha por el alma del mundo occidental” y sostuvo que “la censura progresista terminó”, atribuyendo ese cambio a la influencia del expresidente estadounidense Donald Trump.
El líder húngaro también cuestionó lo que definió como “propaganda de género” y describió el escenario actual como un proceso de reconfiguración política a nivel global.
En ese contexto, Orbán destacó a Milei como una de las figuras emergentes dentro de la derecha internacional y le dio un lugar central en el evento: “Aquí está, y estará, nuestro amigo Javier Milei. Le damos la bienvenida a Budapest”.
Además, reforzó ese posicionamiento al señalar: “Hoy en día, Argentina es un bastión de las fuerzas de derecha y Javier, como verán, es una estrella mundial de los valores occidentales”.
El acercamiento se dio en el marco de una agenda exprés en el país europeo, concentrada en actividades políticas, académicas y de posicionamiento internacional, en línea con su participación en espacios afines a la derecha global.
El mandatario argentino viene sosteniendo una agitada agenda de viajes, desde la Argentina Week en EEUU, pasando por Chile, para asistir a la asunción de José Antonio Kast y la ciudad de Córdoba, para dar un discurso en la Bolsa de Comercio, entre otros puntos.
Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con el presidente de Hungría
La actividad con Sulyok fue un encuentro bilateral en el Palacio Sándor como previo a reunirse con Orbán en el Monasterio Carmelita de Buda, sede del gobierno. Entre otras de las actividades, Milei dará un discurso en el cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro que reúne a referentes y dirigentes de partidos de derecha a nivel internacional. Su presencia se inscribe en su estrategia de fortalecer vínculos con líderes y espacios ideológicos afines.
Javier Milei en Tucumán: le pegó a la oposición y dijo que “trabaja intensamente” para que no vuelvan al Gobierno
El presidente Javier Milei encabeza este jueves el Foro Económico del NOA (Fenoa) en San Miguel de Tucumán, en la previa de su viaje a Hungría. El mandatario cuestionó a la oposición y aseguró que trabaja “intensamente” para que el gobierno del Frente de Todos (2019-2023) haya sido “el último de la historia”.
Al igual que el miércoles en el Palacio Libertad, el libertario dedicó gran parte de su exposición a hablar sobre Adam Smith, a quien utilizó para hablar de su plan económico y su forma de gestión. En un momento de su discurso, se refirió a la opisición, a quienes definió como “salvajes” y aseguró: “Cuando se fueron nos dejaron 15% de déficit fiscal en términos de PBI, algo que financiaban emitiendo dinero”.
“En el año 2023, las bestias a lo largo del último período, que esperemos haya sido el último y es algo para lo cual trabajamos intensamente, financiaron 28% del PBI con emisión monetaria”, expresó.
El fin de la participación de Argentina en la Organización Mundial de la Salud (OMS) fue anunciada este jueves en el Boletín Oficial (BO) luego de cumplirse un año de haber realizado la notificación formal.
Según una publicación del Boletín Oficial el director de la Dirección de Tratados, Juan Pablo Paniego, dio a conocer los detalles de la renuncia por parte del Gobierno nacional, por lo que registró que la fecha de denuncia fue el 17 de marzo de 2025.
Además, Paniego estableció que la relación con la organización terminó por disolverse l pasado martes, día en el cual el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, confirmó “el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS)” tras cumplirse un año de haber realizado la “notificación formal”.
En tanto, se indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto recordó que la Nación había adherido a la OMS el 22 de julio de 1946 en Nueva York, Estados Unidos, pero este tratado no entró en vigencia para el país hasta el 22 de octubre de 1948, día en que se aprobó la Ley N° 13.211.
El 5 de febrero de 2025 se había anunciado la decisión de Argentina de retirarse de la OMS cuando el presidente Javier Milei instruyó al ex canciller Gerardo Werthein para tramitar la salida debido a las diferencias que el Gobierno tenía en relación a las medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia.
