El exasesor presidencial Fausto Spotorno volvió a advertir al Gobierno sobre el cepo cambiario y le puso fecha límite. El blanqueo, la gran apuesta.
El Gobierno de Milei se acerca al último trimestre del año y no está consiguiendo dólares para los vencimientos de 2025 ni muestra una salida cercana del cepo cambiario. Fausto Spotorno, exasesor presidencial, afirma que hoy solo podrían entrar divisas por el blanqueo y estima que si en marzo sigue el cepo afectará la credibilidad del Gobierno.
En el marco de un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires, el economista Fausto Spotorno advirtió sobre un contexto internacional adverso para la Argentina: “el mercado trata de evitar el riesgo, y Argentina tiene el cartel de riesgo colgado“.
En esa línea, el especialista apuntó contra el cepo cambiario, una restricción que en cada una de sus intervenciones menciona como un gran obstáculo para la economía nacional: “Meter capital con cepo es como ir solo a meterse en una cárcel, después no sabes cómo salís“, por eso volvió a insistir en que “el principal desafío del Gobierno es salir del cepo” y que por eso los niveles de inversión se mantienen muy bajos contra lo que intenta promocionar la administración libertaria.
“Argentina nunca creció con cepo. A lo sumo tuvo rebotes o recuperaciones, pero no crecimiento”, sentenció Sportono.
Sin embargo, valoró que “el Gobierno quiere salir” pero “que no haya una gran devaluación”: “Para eso, necesita una brecha chica, para que el techo no sea alto, y tener reservas para contener la volatilidad”, completó.Blanqueo y fecha límite
Spotorno puso la salida del cepo como una cuestión principal de la economía de Milei, pero también para su credibilidad: “De acá a fin de año, pongámosle marzo, el desafío es salir del cepo. Si no logra hacerlo o se atrasa mucho, la pérdida de credibilidad va a costar muchísimo”.
“Si sigue sin salir, hay más desafíos, porque más entrás en 2025, ya hay refinanciamiento de deuda, crecimiento económico, y las elecciones”, alertó.
En ese orden, con la acumulación de divisas por parte del Banco Central cada vez más urgente, Spotorno consideró que “el blanqueo es la única fuente de la cual saldrían las reservas hoy“, además de ayudar a reducir la brecha cambiaria.
El problema es si se consigue la cifra que necesita el Gobierno. El oficialismo espera unos US$10.000 millones, según Spotorno, porque “son los famosos 15 mil millones que decía Milei cuando era candidato y hoy está necesitando eso”. Sin embargo, en el 1er mes de vigencia del blanqueo ingresaron US$ 133 millones, según reveló este jueves (5/9) el diario Clarín de fuentes del ministerio de Economía.
El Gobierno argentino vetó ley de movilidad jubilatoria y desata polémica
El presidente Javier Milei vetó una ley recientemente aprobada por el Congreso que buscaba actualizar las jubilaciones y compensar la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación. Esta decisión ha generado un intenso debate sobre la situación de los jubilados.
El aumento estipulado en la ley aprobada días atrás equivalía a un 8,1% desde abril en compensación de la inflación de enero. Ahora, el DNU deberá ser comunicado al Congreso Nacional que, para insistir con esta ley debe reunir los dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado.
El Presidente vetó el aumento a los jubilados sancionado por ley en el Congreso.
El gobierno les está negando un aumento de la mínima equivalente a 3 kilos de carne picada al mes.
O 3 cajas de ibuprofeno al mes. O 4 kilos de yerba al mes.
Recorte real en las jubilaciones: Si bien el Gobierno otorgó un bono de $70.000 y ha aplicado una fórmula de movilidad, diversos análisis económicos indican que, en términos reales, el poder adquisitivo de los jubilados ha disminuido significativamente en los últimos años.
Discrepancias en los datos: El Gobierno sostiene que las jubilaciones recuperaron el poder adquisitivo, mientras que economistas y consultoras privadas aseguran que aún hay una pérdida considerable.
Impacto del bono: El bono de $70.000 es un factor clave en el debate. Si bien ha proporcionado un alivio temporal, su valor se ve erosionado por la inflación, y su impacto a largo plazo es incierto.
Críticas al veto presidencial: La oposición criticó duramente el veto, argumentando que perjudica a los jubilados y que el Gobierno no está cumpliendo con su promesa de mejorar las condiciones de vida de los argentinos.
Incertidumbre sobre el futuro: La situación genera incertidumbre sobre el futuro del sistema previsional y el poder adquisitivo de los jubilados en los próximos meses.
¿Qué dicen los expertos?
Nadin Argañaraz, economista de renombre aseguró que “un aspecto clave que el Gobierno debe resolver en el corto plazo es qué dinámica le va a dar a los bonos compensatorios”.
“El esquema es simple: lo que implica en plata el crecimiento real del haber es menor que la pérdida de plata generada por la licuación del bono en caso que se mantenga fija en ARS$70.000. Este tema del bono es muy significativo”, sentenció.
“El deterioro es evidente y tiene diez años consecutivos. Los jubilados han perdido poder de compra diez años seguidos”, sostuvo Gabriel Vidal, gerente de RR.II. de Criteria.
“El gráfico muestra el gasto en jubilaciones y pensiones a precios del año 2016. De este modo, podemos separar en períodos la intensidad del gasto en este segmento desde la administración de Cambiemos a la fecha”, explicó Vidal en su análisis.
“El Gobierno de La Libertad Avanza comienza con un fortísimo ajuste y se ve con claridad un rebote/recuperación desde niveles inimaginables para todos los argentinos”, puntualizó.
Desde la consultora Analytica también sostienen que hay una pérdida en el poder adquisitivo de los jubilados. Según sus cálculos, si se compara agosto frente a noviembre, el haber mínimo creció 5,8% en términos reales, pero cayó 2,5% si los bonos son tomados en cuenta.
Argañaraz, agregó que “en el caso de los haberes mínimos, incluido el bono compensatorio, la realidad es que entre 2017 y febrero de 2024 la caída real fue del 43%”.
“La cuestión central de los últimos meses está en la recuperación real del haber y en la caída real del bono, ya que lleva seis meses con igual valor de ARS$70.000″, resaltó. “Esto hizo que en junio se logre un pico y que a partir de ahí ya se haya iniciado una merma real del ingreso total”, destacó en uno de sus últimos informes.
“En efecto, entre junio y agosto el ingreso real ya cayó un 1,2%”, puntualizó y aseguró que “en el caso del resto de los haberes, entre 2017 y febrero de 2024 la caída real fue del 62%”.
Medido en dólares, para el presidente, “el poder adquisitivo de los jubilados voló”. El analista financiero Christian Buteler rechazó esa consideración en redes sociales y argumentó: “El poder adquisitivo es la capacidad de adquirir bienes y servicios con determinada cantidad de dinero. Si bien las jubilaciones subieron valuadas al (dólar) blue, los precios y servicios subieron más a valores del blue”.
Así, afirmó que con la jubilación mínima y bono, el poder de compra actual es menor que el de noviembre, antes de que la inflación escalara a 25,5%.
¿Qué sigue?
La oposición ha anunciado que buscará revertir el veto presidencial. El debate sobre las jubilaciones continuará en el Congreso.
El Poder Ejecutivo publicó hoy el decreto en el Boletín Oficial. El equipo económico apunta a un efecto en el IPC y el mercado alerta por una mayor demanda de divisas. Los valores volvieron a ser los originales con que se creó el impuesto en el gobierno anterior. Además, el impuesto PAIS vence en diciembre y el Gobierno actual sabe que no podrá obtener una extensión de la Ley en el Congreso.
El Gobierno publicó en las primeras horas de este lunes el decreto que oficializa la baja de la alícuota de impuesto PAIS desde 17,5% a 7,5% sobre el uso de dólares para el pago de importaciones y de fletes desde el exterior, por lo que ese tributo retornará al nivel que tenía antes del cambio de mando en diciembre pasado. El equipo económico espera que la medida tenga un impacto en precios y en recaudación. El mercado sopesa, en tanto, las chances de una mayor demanda de divisas para importaciones.
El Poder Ejecutivo publicó esta medianoche en el Boletín Oficial el decreto 777/202 que marca el recorte en la alícuota del impuesto PAIS, con lo cual se cristaliza la promesa que había hecho durante el tratamiento de la Ley de Bases, cuando anticipó que activaría esa rebaja si el Congreso aprobara esa norma. Dos meses después, esa medida se hará efectiva e impactará en variables decisivas para la economía.
“Redúcense al SIETE COMA CINCO POR CIENTO (7,5 %) las alícuotas fijadas en los incisos d) y e), ambos del primer párrafo del artículo 13 bis del Título III del Decreto Nº 99 del 27 de diciembre de 2019 y sus modificaciones”, señaló la medida que se hizo oficial este lunes.
Entre las consideraciones, desde el Poder Ejecutivo señalaron que “en el marco de las medidas adoptadas con el objetivo de contribuir a la estabilización de los precios, resulta necesario reducir la alícuota del Impuesto PAÍS para las operaciones de compra de billetes y divisas en moneda extranjera efectuadas por residentes en el país para el pago de obligaciones por la importación de determinados bienes y por la adquisición de servicios de fletes y otros servicios de transporte por operaciones de comercio exterior”.
Por un lado, el equipo económico espera que esta reducción impositiva actúe como ariete para perforar la inercia inflacionaria de los últimos tres meses, en que la suba de precios núcleo se mantuvo estable. La apuesta es a que septiembre exhiba un ritmo de precios más bajo que julio (4%) y que agosto, mes del que el ministro Luis Caputo anticipó que se espera una cifra similar.
El mercado es algo más escéptico sobre un efecto claro en los precios y estima difícil medirlo en esos términos. “El impacto sobre la inflación resulta difícil de estimar: dependerá de la estructura de costos de los distintos bienes y servicios que incorporan bienes importados, del grado de competencia que presente el resto para habilitar o no la recomposición de márgenes de rentabilidad. Entendemos que no será significativo, no esperamos bajas nominales de precios, en todo caso un freno de ajustes programados”, planteó LCG en un informe.
“El impacto más claro debería notarse en los precios mayoristas, no solo de productos importados que tienen una ponderación de 7,3% en el IPIM del Indec y que ya venían subiendo por debajo del ritmo del crawling peg desde marzo sino también de productos manufacturados nacionales que tienen un componente de costo importado”, mencionó 1816, en tanto. Es por eso que estimó que “la magnitud del traslado a precios es inherentemente difícil de estimar por el simple hecho de que en nuestra historia económica no tenemos experiencias de apreciación nominal en un régimen de tipo de cambio administrado”, apuntó.
Un estudio del Banco Provincia midió qué impacto tuvieron en precios, en lo que va del siglo, las apreciaciones cambiarias. Detectó que entre 2002 y 2023, en 18 meses hubo una baja del tipo de cambio nominal mayor al 2%, en todos los casos en contextos de economía sin cepo. Una de las conclusiones fue que solo en abril de 2003 (el IPC cayó 0,4% y el dólar, 4%), en ningún otro de esos meses hubo contracción de precios a nivel general “Tampoco son inocuas: generan ‘colchones’ para los meses siguientes, moderando la dinámica futura, pero sin tener un efecto similar al de las devaluaciones. El pass through de las apreciaciones es mucho menor que el de las devaluaciones”, aseguró el Bapro.
El Grupo IEB también enfatizó esa particularidad: que el impacto en precios podría ser más bien diferido que inmediato. “Da cierto colchón para evitar remarcaciones sin pérdida de márgenes, lo cual podría impulsar los datos de inflación futuros a la baja”, plantearon. “No obstante, esta no es la única forma en que la baja del tributo podría asistir en el control de la inflación. Al abaratarse el costo de importar no sólo los bienes intermedios, sino también los bienes finales, pondrá presiones sobre los productores locales”, expuso. Parte de esa conversación ya tuvo lugar, la semana pasada, entre empresarios supermercadistas y el Gobierno nacional.
Menos recaudación y ¿más importaciones?
Otros dos efectos claros de la baja del impuesto PAIS se identifican en la parte fiscal y la cambiaria. Sobre el primer aspecto, LCG estima que la recaudación que dejará de recibir el fisco por la reducción de alícuotas es de 0,4% del PBI.
Invecq coincidió con esa cifra -que corresponde a lo que resta del 2024- y detalló que el impuesto PAIS representó el 6,3% de los ingresos totales del Estado entre enero y julio. “La reducción de la tasa implicará una pérdida de aproximadamente USD 2.500 millones (0,4% del PBI) para lo que resta de 2024. De todas formas, el objetivo de equilibrio fiscal no se ve seriamente comprometido”, consideró esa consultora.
Al respecto, el Gobierno cree que la reducción de que operará desde hoy no debería poner en peligro el superávit fiscal por la compensación de ingresos que tendrá el fisco con las medidas del paquete fiscal -principalmente la moratoria impositiva- y el reajuste del impuesto a las Ganancias.
En términos cambiarios, hay un efecto de competitividad que en el mercado, creen, implicaría mayor demanda de divisas para la importación. “El tipo de cambio importador caerá a $1.025, un nivel similar en términos reales al de la previa de las PASO en agosto de 2023″, indicó 1816. “En las próximas semanas sabremos en qué medida la dinámica reciente del spot (mercado de cambios oficial) refleja que los importadores han diferido su acceso al MULC para luego de la baja del impuesto”, planteó. La especulación del mercado fue que el Banco Central consiguió hacerse de divisas a lo largo de agosto por decisiones de importación postergadas hasta septiembre.
“El abaratamiento del ‘dólar importador’ -pasará de $1.120 a $1.024- se traduciría en un incremento de las compras externas, en un momento en el que ya se esperaba un aumento como consecuencia de la incipiente recuperación económica y el nuevo esquema de pagos que rige desde agosto. En relación con lo último, cabe esperar un importante salto en la demanda de divisas durante septiembre-noviembre, cuando aún habrá que pagar un remanente de las cuotas de 25% de mayo-julio, y las nuevas de 50%. El saldo comercial de bienes -base caja- podría ser negativo en más de USD 4.000 M durante esos tres meses”, dijo Invecq.
“La baja del impuesto PAIS -y su posterior eliminación desde el 1° de enero- es sin lugar a duda una medida que va en la dirección correcta, pero que tensiona el plano cambiario en el corto plazo -en un momento en el que ya se esperaba una mayor demanda de divisas-. Además, se traducirá en una importante pérdida de recursos para el Tesoro. ¿Lo positivo? Desde septiembre podrían bajar los precios de algunos bienes, por el menor costo de importar; aunque, en este caso, el impacto final es menos claro”, concluyó esa consultora.
“Es posible que la venta de dólares a los importadores se revierta entonces, ya con un Impuesto PAIS más bajo. Está claro que el timing de esta medida, ya anunciada y prometida desde hace tiempo, intenta colaborar con el objetivo de reducir más la inflación mensual, en tanto que importaciones con menor carga impositiva deberían ofrecerse a un menor precio”, cerró su análisis LCG.
El presidente Javier Milei firmó el pasado viernes la medida que rechaza la modificación de la movilidad jubilatoria luego de una reunión con los legisladores del oficialismo y de los sectores aliados. El Poder Ejecutivo consideró que la iniciativa es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente”.
El mandatario selló con su rúbrica su rechazo a la legislación luego de la reunión que mantuvo con los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) y con los miembros aliados de la Cámara baja.
El decreto 782/2024 alega que la iniciativa aprobada por el Congreso es “manifiestamente violatoria del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”. Este fue el principal argumento que sostiene el Ejecutivo desde la sanción de la ley. También plantearon que el proyecto “padece graves deficiencias técnicas y operativas que ponen de relieve su manifiesta irrazonabilidad y las serias dificultades que presentaría su implementación”.
A su vez, convocaron al Poder Legislativo a “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y desnutrición de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”. “La administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno, procurando alcanzar el bien común que debe guiar toda política de gobierno”, sostienen.
En ese sentido, enfatizaron en que Presupuesto se diseñó con base en un “programa general de gobierno —que no es simplemente el programa del Presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al Presidente— y al plan de inversiones públicas”.
El Gobierno nacional también advierte en el considerando del decreto que la iniciativa complicaría la recuperación del sistema previsional al proyectar que generaría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente del financiamiento.
Para ejemplificar sus argumentos, el Ejecutivo mencionó que el impacto estimado de la medida asciende a 6.160.000.000.000 para el año 2024, es decir seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y unos 15.430.000.000.000 para el año próximo. Estos números “equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquel, estimado para el año entrante”.
Con respecto al gasto previsional que implicaría para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), calculan que dichos importes representan un incremento del 18,5% para el año 2024 y de 29,2% para el año 2025. Además, indicaron que, si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional, previsto en el presupuesto vigente, la medida “conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales”.
Frente a esto, el Gobierno recordó que “tiene como objetivo primordial la emisión monetaria 0 a efectos de eliminar de raíz la crisis inflacionaria que socava el poder adquisitivo de los argentinos”. En consecuencia, apuntaron nuevamente contra la iniciativa al decir que su aplicación “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República”, algo que obligaría a contraer financiamiento extraordinario: a través de deuda pública o, mediante el aumento de impuestos.
Tras el veto, el Congreso puede insistir con la nueva fórmula, por lo que la oposición deberá someterla nuevamente a votación y contar con el apoyo de los dos tercios de los miembros presentes en ambas Cámaras. Primero será tratado en Diputados, cámara de origen y, luego, en el Senado.
Por esto mismo, desde la aprobación en el Congreso, el Gobierno se focalizó en fortalecer los lazos con los legisladores aliados del oficialismo: el PRO y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). De esta manera, se reunió el viernes con los principales dirigentes para explicar por qué la medida no sería promulgada.
En este contexto, el PRO se comprometió a apoyar la decisión del Ejecutivo, pese a que sus legisladores habían votado a favor de la actualización de las jubilaciones.
La legislación vetada establecía una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo. Además, incorpora una compensación extra —o “empalme”— del 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.
Horas después de la sanción, la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que ratificaba lo que había anunciado Milei anteriormente. “En un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implicaría necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos, o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años”, expresaron en esa oportunidad.
El bono extraordinario para jubilados
Mientras tanto, el Ejecutivo oficializó un nuevo bono extraordinario previsional de 70 mil pesos para los titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la ANSES; aquellos beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más; y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo del organismo de la seguridad social.
Este monto se fijó en el decreto 783/2024, también publicado esta madrugada. La normativa establece además que “para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior al haber mínimo previsional garantizado será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma de dicho haber mínimo más el monto máximo del bono extraordinario”.
“En el caso de beneficios de pensión, cualquiera sea la cantidad de copartícipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los fines del derecho a la percepción del Bono Extraordinario Previsional que se otorga”, dispone el decreto.
Suelto de cuerpo, durante un programa de La Extraordinaria” de Radio Social Club, de su propiedad, Pedro Puerta confiesa: “Traje un estimulante erótico y ese vos le ponés en el mate y vos le convidás a la guaina o tu elección sexual del momento. Entonces si vos querés guaina, guaina, (“querés guaino”, aporta el tercer conductor) si querés un gurí, gurí -dice Puerta mirando directamente a Germán Kiczka, el segundo conductor-, ese no hay problema”. Y continuó el hijo del ex gobernador: “Con eso, al tercer mate, chau”. Con el gesto de “cayó”.
“¿Así conquistás?”, inquiere una voz femenina en off.
A lo que Germán Kiczka, hoy preso por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, le pregunta: “¿Y funcionó?”. Pedro Puerta confiesa entre risas: “Hermano, no sabés lo que es, me quedé sin yerba“.
Las risas, la complicidad y el contexto, echan por tierra el intento desesperado de Puerta por despegarse del escándalo protagonizado por los hermanos Kiczka, prófugos durante una semana, presos e imputados ahora por delitos aberrantes: el abuso sexual infantil, la pedofilia y el compartir material que incluía zoofilia e incesto.
El diputado fue hallado en un camping desolado de Corrientes. Su hermano, unas horas después, desorientado, con signos de deshidratación y comiendo limones, en un camino rural cercano a Apóstoles. Ahora resulta que nadie los conocía. Nadie sabía nada. Nadie sospechaba nada.
El presidente Javier Milei, fiel a su estilo (y obsesiones), se burló de Kiczka, al que “desconoce” como diputado libertario, pese a que antes le había dado la bienvenida a las “fuerzas del cielo” a Florencia Klipauka, la diputada de Activar, partido que se sumó a las filas libertarias apenas Patricia Bullrich perdió las elecciones primarias. Con su dudoso gusto y pésimo ejemplo, Milei retuiteó una imagen de Kiczka junto al diputado nacional de la UCR, Martín Tetaz. El texto del polémico post, que hace hincapié en la diferencia de altura entre ambos políticos, dice: “Prueba gráfica del diputado pedófilo de Misiones queriendo abusar de un pibito“. Una risa.
Hasta hace algunas horas, dirigentes del PRO aseguraban que se trataba de una “operación política”. Borraron archivos en dónde aparecían junto a Kiczka. Pero hay un spot rescatado de Cambiemos que tiene una enorme carga de ironía. “Estamos juntos por nuestros niños”, reza el subtítulo, con un fundido al primer plano de un Kiczka sonriente.
Patricia Bullrich también protagoniza otro en el que destaca “los sueños” del entonces candidato apostoleño.
Durante todo el proceso, que se inició en febrero, el radicalismo mantuvo un llamativo silencio. Recién ahora, con las pruebas a la vista y los hermanos detenidos, piden la “inmediata expulsión” de Germán Kiczka de la Cámara de Diputados. Sin investigar demasiado, sin esperar la sentencia. El “detalle” es que quien sigue en la lista si echan de la Legislatura a Kiczka es Javier Mela. Un radical. Una banca más.
“Me molesta la perversidad de algunos periodistas, que hablan más de Puerta que del hecho; y nosotros no tenemos nada que ver, somos las primeras víctimas”, se quejó el padre de Pedro, el ex gobernador durante la década de los 90.
“Yo estaba seguro que German no tenía nada que ver, que era inocente”, insistió Puerta padre.“Pero ahora tengo sospechas porque no se presentó a la justicia”.
Se equivoca al victimizarse el ex embajador de Mauricio Macri. En las entrevistas que dio esta semana aprovechó para recordar que también fue “perseguido” por “trabajo esclavo” en sus chacras, donde en 2014 hallaron tareferos sometidos casi a la esclavitud, una práctica que no desapareció, sino que ahora volvió estimulada por la desregulación yerbatera impuesta por Javier Milei. Esta semana hallaron a doce tareferos sometidos en una chacra de Caraguatay. Son el último eslabón del desplome de la actividad yerbatera, en la que los productores están cobrando hoy un precio mínimo por la hoja verde, tal como sucedió en los 90, la década desregulada, que terminó con miles de productores en la miseria. La causa contra Puerta, tuvo mejor suerte: durmió en algún archivo judicial.
Pedro Puerta no es víctima por heredar el apellido. Las únicas víctimas de este escándalo son los niños abusados. De los que nadie parece acordarse.
El expediente a cargo del juez Miguel Ángel Faría describe en detalle las aberraciones cometidas. Pedofilia, zoofilia, incesto. Y hay diálogos con otros adultos -en teléfonos con característica de Posadas y otros de Apóstoles- en los que se habla livianamente de menores y de una niña de cinco años. ¿Nadie sabía? ¿Pedro ignoraba las preferencias sexuales de su amigo, al que conocía hace 20 años y ungió como autoridad de su propio partido?
En la ciudad yerbatera todo el mundo conocía Estudio 55 Dance & Night Club, el pub inaugurado en 2012 que regenteaba Sebastián Kiczka. En la madrugada del 29 de julio de este año, la Justicia clausuró la casona al constatar la presencia de 24 menores de edad en una fiesta privada con adultos y venta de alcohol. “Estudio 55 fue un lugar innovador para un pueblo como este, que es más bien conservador. Sebastián (Kiczka) era el dueño y el que craneaba las temáticas de las fiestas que se hacían. No se pasaba cumbia, había un baño mixto y la presencia de menores estaba completamente naturalizada”, recuerda un ex habitué de aquellas fiestas entrevistado por la revista Anfibia, uno de los medios que desembarcó en Apóstoles en busca de la noticia.
¿Nadie sabía nada? Las risas cómplices de Pedro y Germán se empeñan en socavar esa pregunta. “Si querés un gurí, gurí…” Gurí, un vocablo de nuestro guaraní regional, significa “niño, muchacho, crío, criatura, chico, nene, pibe, chango, purrete, pebete, guacho”.
Para tranquilidad del radicalismo, Kiczka seguramente será expulsado de la Cámara de Diputados, pero como corolario de un proceso en el que se respetaron todos los derechos de los acusados, evitando, justamente, que se politice una causa tan delicada.
No hubo detención preventiva, como sugirió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque eso sólo puede justificarse en un Estado en el que los derechos no estén garantizados. ¿Se imaginan lo que se diría si la Policía rodeaba “preventivamente” la casa de un diputado opositor? Probablemente quienes hoy le escapan como a un leproso pondrían el grito en el cielo. En cambio, el diputado y su hermano tuvieron todos los derechos garantizados. La fuga, que entorpece la investigación, podría ser un agravante de los delitos de los que se los acusa. Pero es solo un elemento más dentro de un expediente minucioso. Medir su impacto en escala política es minimizar que las únicas víctimas en esta situación son los niños abusados.
Cálculos y especulaciones por una banca, demuestran más las miserias propias que una preocupación real por esas víctimas que no tuvieron cómo defenderse y que tendrán impactos por siempre. Son vidas arruinadas. De las que hay que ocuparse y también prevenir delitos futuros. El jueves, casi a la misma hora que caía uno de los hermanos Kiczka, en Alem fue detenido in fraganti otro pedófilo, compartiendo material sexual de menores de edad. Será clave para atacar estos delitos, fortalecer la dirección de Cibercrimen de la Policía y la creación de un juzgado especializado en ciberdelitos, una iniciativa que está en análisis del Gobierno provincial.
Quienes hacen elucubraciones y agitan la “persecusión política”, deben recordar que la causa que terminó en el escándalo Kiczka se desprende del procedimiento iniciado por la fiscal porteña Daniela Dupuy, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas y se inició en el marco de una investigación internacional llamada “Guardianes Digitales de la Niñez”, sobre la existencia de una red de pedofilia a partir de la denuncia del Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados con sede central en Estados Unidos. Que el IP de la computadora de Kiczka haya sido detectado no tuvo nada que ver con las posiciones políticas del legislador. Que hayan encontrado 603 archivos comprometedores revela sus reprobables gustos, no su posición partidaria ni su adhesión libertaria.
Que quienes hagan especulaciones políticas sobre el caso Kiczka sean al mismo tiempo los que se ofrecen como “custodia moral” del país y de Misiones, es una mera casualidad. Al mismo tiempo que intentan despegarse de Kiczka, omiten criticar al Milei que se burla de la pedofilia, pero le aplauden al Presidente los “resultados económicos” y las medidas en pos de “más libertad”.
Esta semana, por caso, los aliados presidenciales celebraron que el Impuesto País para las importaciones bajará 10 puntos. Pero olvidaron recordar que fue el mismo Gobierno el que subió el impuesto apenas asumir. Diez puntos.
De los resultados económicos poco se puede hablar. La inflación sigue siendo alta, a pesar del enorme costo social del ajuste y las perspectivas económicas para la gran mayoría, son negativas.
En febrero pasado Milei se negó a aumentar el salario mínimo y vaticinó que en tres meses comenzaría la recuperación. Pasaron esos tres meses, más otros tres meses y hoy Argentina se transformó en el país de América con la peor proyección económica. Un estudio de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe-Celac para este año, pronostica que la economía argentina caerá 3,8 por ciento. La otra menos peor será Haití, con una caída del 3 por ciento. El resto de los países latinoamericanos, cerrará el año en crecimiento. La comunista Brasil, en mitad de tabla, tiene una proyección de crecimiento del 2,3 por ciento. República Dominicana lidera con 5,2 por ciento.
No es casualidad que la economía sea la principal preocupación de los argentinos. Según una encuesta de la consultora Synopsis, la evaluación del desempeño del Gobierno es “muy mala” para el 45,7 por ciento de los encuestados. El desempleo es la principal preocupación para el 39,2 por ciento de los consultados, seguido por la corrupción, con 27,1.
El 54,6 por ciento admite que está peor que un año atrás y el 42,7 cree que dentro de un año estará peor. Así, la imagen negativa de Milei escala al 52 por ciento. El 53,3 por ciento ya no tiene más paciencia y el 38,5 por ciento culpa al Gobierno actual de la situación económica.
