MILEI

Las lecciones de Misiones ante el paradigma Milei

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“El superávit fiscal no se negocia”. Esta frase se sigue escuchando hasta el hartazgo por parte del presidente Javier Milei y el gabinete nacional, en orden de argumentar el fuerte recorte del gasto público aplicado que llevó a una considerable caída de la actividad económica, licuación de haberes y paralización de la obra pública, entre otras tantas cosas. A priori, se trata de una decisión que en materia estrictamente económica es saludable: había que terminar con un Estado que históricamente gastó más de lo que ingresó, generando dependencia de deuda o de emisión, que produjo a su vez inflación y limitantes producto del peso del endeudamiento. 

Sin embargo, y como fue resaltado en numerosas ocasiones por especialistas de todos los espectros ideológicos, tener como norte el superávit fiscal sin medir consecuencias sociales trae problemas que pueden ser mucho más graves. Muchos de ellos ya se están observando: cierre de pymes, aumento de desempleo, disparada de pobreza, entre los más catastróficos. Se requiere, entonces, un equilibrio entre la política fiscal y la política económica: vincular las acciones macro con los impactos micro. Sostener un superávit pero no como un objetivo en sí mismo, sino como el determinante de política macroeconomía que permita impulsar la economía real para que puedan existir desarrollo y mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos. 

En medio de estas discusiones sobre la importancia fundamental de los equilibrios fiscales, el presidente Milei repitió una y otra vez que las provincias deben “disciplinarse” fiscalmente. Para ello, acudió a dos herramientas: la discursiva, que se basó en instalar en la agenda pública que las provincias gastan mucho y mal; y la económica/política, que se basó en recortarles fondos. Su objetivo era que las provincias reduzcan el gasto y alcancen también superávits. En el fondo, Milei buscaba ganar la batalla cultural en este aspecto y, en términos generales, lo logró.

El ministerio de Economía de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), difundió estos días los datos de ejecución presupuestaria de la Administración Pública no financiera para las 24 jurisdicciones subnacionales que corresponden al primer trimestre del año. Estas planillas permiten deducir que, en general, las provincias fueron “buenas alumnas” de Milei. La enorme mayoría de los distritos sufrió una fuerte caída de sus ingresos producto de la recesión (que impactó en la recaudación) y de los recortes de envíos nacionales (por decisión política del presidente) pero a su vez, también la gran mayoría decidió ajustar el gasto público en altísima magnitud con el fin último de sostener el superávit fiscal. 

Incluso, en provincias gobernadas por los opositores acérrimos del Presidente, se aplicó la receta libertaria casi a la perfección: por caso, en Formosa la caída de los ingresos fue del 27% pero el gasto se redujo en 42%; en La Rioja cayeron los ingresos 27% pero el gasto lo hizo en 38%. En Santiago del Estero se vio quizás un hito histórico: el gasto se redujo en un 59% mientras los ingresos cayeron “solo” 26%. 

Esto les permitió a esos distritos finalizar el primer trimestre del año con superávits muy abultados: en Formosa fue equivalente al 20% de los ingresos totales del 7% y en Santiago del Estero del 43%. Para entender con mayor precisión, sobre todo en el caso santiagueño: la provincia se ahorró casi la mitad de los ingresos que tuvo en el período, a costa de reducir salarios públicos, brindar menos apoyo al sector privado, otorgar menos aportes a municipios y reduciendo de manera muy fuerte la inversión pública. 

Insfrán, Quintela y Zamora se convirtieron así en la réplica de Milei, en términos de administración presupuestaria, en sus distritos. No fueron los únicos, pero fueron los más resonantes. Rara la política argentina. 

En este contexto, Misiones dio la nota al ser una de las únicas dos provincias del país que finalizó el primer trimestre con déficit fiscal. La otra fue Entre Ríos. Naturalmente, la difusión del resultado fiscal le dio pie a dirigentes políticos opositores de la provincia para criticar ese dato, como deficiencia de la administración, entre otros adjetivos usados. Pero aquí surge un problema: calificar una gestión presupuestaria sólo en base al resultado fiscal es, como mínimo, incorrecto en términos técnicos, e incluso deshonesto si viene de alguien que entiende de política económica

¿Qué fue lo que pasó en Misiones y por qué cerró con déficit? Esta es la pregunta clave y según las conclusiones a las que se lleguen, se puede calificar de positivo o negativo. Vamos a los datos, de lo global a lo específico. 

Misiones sufrió lo mismo que sufrieron todas las provincias del país: una muy importante caída de los ingresos. Los ingresos totales misioneros se contrajeron 23,1% en términos reales. Dentro de estos se destaca que los ingresos por recursos tributarios de origen nacional cayeron 19,4% y los tributarios de origen provincial 14,8%. También cayeron los ingresos por contribuciones a la seguridad social (-39,3%). Todo esto, por el fuerte impacto de la recesión que afectó la recaudación y el empleo. Además, tuvo una caída del 54,8% en transferencias corrientes, resultante del ajuste presupuestario libertario. Más fuerte aún fue la caída de los ingresos de capital, que fue de -84,9%. Si comparamos la situación de los ingresos misioneros contra la región y el país, se observa que la caída del 23,1% de ingresos totales de la provincia fue mayor al consolidado de las 24 jurisdicciones (-16,9%) y algo menor al promedio NEA (-25,7%). En términos globales, la situación es altamente problemática: la provincia y la región perdieron un cuarto de sus recursos

Ahora vayamos al gasto, que es lo que está en discusión con mayor protagonismo. El Gasto total misionero se contrajo en 15,7%, mientras que el consolidado de las provincias lo redujo en 24,3% y el promedio NEA fue más fuerte: -31,0%. Es decir, el ajuste en el gasto misionero fue de la mitad que el promedio regional. Acá es donde salen algunos a clamar, con otras palabras menos decorosas, que la Provincia sigue gastando, que el gasto es político, y que no se ajustó lo suficiente. 

¿Fue así? Un radical y contundente no. Y expliquemos el por qué analizando punto por punto los componentes del gasto. Empecemos con los denominados Gastos Corrientes, que en términos generales corresponden al funcionamiento del Estado y la prestación de sus servicios. El Gasto corriente misionero se contrajo 23,7%, por encima de la media nacional (-20,3%) y levemente por debajo de la media regional (-25,9%). Hacia dentro de estos, se observan heterogeneidades. El gasto en personal cayó 39,1% en Misiones cuando el promedio regional fue de -31,3%. Esta situación tomará un cambio distinto al segundo trimestre, dadas las importantes recomposiciones salariales que realizó la Provincia entre abril y mayo. 

El gasto en intereses de la deuda pública cayó 59,2% en Misiones cuando a nivel regional fue de +0,5% y -3,1% para el consolidado de las provincias. Esto es un dato altamente relevante, porque significa que la deuda pública pesó mucho menos en el gasto misionero. Respecto a las transferencias, las realizadas al sector privado cayeron en Misiones solo un 0,3% cuando fue -27,3% la media nacional y -12,1% la regional. Esto significa que se continuó el apoyo al sector privado en mayor grado

A su vez, las transferencias al sector público cayeron -0,2% en Misiones contra -12,3% la media nacional y -15,1% la media regional. Esto impacta sobre todo en municipios, que vieron en Misiones un menor impacto del ajuste del gasto. 

Hasta acá vemos que la caída del gasto se observa en todos los componentes tanto para Misiones como para la región y el resto de las provincias, con diferentes niveles. Pero el verdadero diferencial que explica la razón de los diferentes resultados fiscales está en el Gasto de Capital, es decir, en aquel que impulsa proyectos de inversión, infraestructura, etc

En Misiones el gasto de capital creció 71,2%, un resultado muy distinto al que se vio para el consolidado de provincias (-55,3%) y para el promedio regional (-55,6%). Dicho en otras palabras, mientras que el resto de las provincias, en promedio, bajó a la mitad su gasto de capital, Misiones lo incrementó casi al doble. Dentro del Gasto de Capital, lo que más movilizó la suba para la provincia fue la Inversión Real Directa que se expandió 116% cuando cayó por encima de 50% en el NEA y en el consolidado de provincias. Justamente, la Inversión Real Directa es el componente central de la inversión pública local que abarca aspectos como construcción, maquinarias y equipos, equipamientos, etc. 

Esto es lo más importante para analizar y para destacar: en un contexto altamente recesivo que incluye freno de obra pública nacional, el gobierno misionero aplicó una verdadera política contracíclica, inyectando fondos para el desarrollo de capital. 

Al comparar este resultado en el escenario nacional, se observa aún más la diferencia respecto a las demás provincias: de las 24 jurisdicciones subnacionales, solamente dos tuvieron subas del gasto de capital. Una fue Misiones, la otra fue Mendoza con +26%, una suba que fue un tercio de lo que fue la suba misionera. En el resto, no solo cayó el gasto de capital, sino que se desplomó: en Chaco cayó 86%, en La Rioja -73%, en Salta -79%, en Santa Cruz -96%, en Tucumán -83%, entre otros. 

Pero todavía más relevante es observar específicamente lo que pasó con la Inversión Real Directa: en este punto, Misiones es la única provincia del país con subas, ya que en el caso de Mendoza (la otra con subas del gasto de capital) el incremento se explica por la inversión financiera, es decir, colocación de plazos fijos, concesión de préstamos, compra de acciones, etc. También la diferencia con otras provincias del país es relevante: mientras la Inversión Real Directa se duplicó en Misiones, en Chaco cayó 91%, en Corrientes -57%, en Formosa -65%, en San Luis -92%, entre otras. 

Si agrupamos todos los componentes de los ingresos y de los gastos para el caso misionero, la conclusión es contundente: el déficit (que no es muy abultado ya que equivale solo al 2,1% de los ingresos totales) se explica central y exclusivamente por el incremento en el gasto de capital, movilizado por la inversión real directa. Esto evidencia que, detrás de esa decisión, existe un fuerte criterio político: la mayoría de los gobiernos provinciales tomaron la decisión de ajustar el desarrollo de inversión pública en pos de sostener superávits, pero en Misiones la decisión fue inversa ya que decidió resignar superávit para movilizar la economía en un contexto de recesión. Aquí está la gran diferencia: el equilibrio fiscal por el equilibrio en sí mismo (que aplicaron la mayoría de las provincias) o la decisión de revertir un ciclo económico recesivo vía inyección de fondos públicos. 

Esta decisión tomada por el gobierno provincial se verifica de manera aún más contundente si hacemos una simulación: si Misiones hubiera decido gastar la mitad de lo que gastó en la inversión real directa, hubiese tenido igualmente una suba del 4,8% en el gasto de capital (resultado mejor que otras 22 provincias) pero hubiera registrado un superávit financiero por casi $ 20 mil millones, equivalente al 5% de sus ingresos. Es decir, el superávit estaba al alcance de la mano, pero el contexto requería otras medidas: ir contra el ciclo recesivo de la mano de un Estado activo. Básicamente lo que se le pide al gobierno nacional, pero que no lo hace.

Decíamos antes que además de Misiones, solamente Entre Ríos había terminado el primer trimestre con déficit. Pese a compartir el resultado, no hay otro punto de similitud entre ambas provincias en términos de ejecución presupuestaria. Si bien ambas provincias mostraron una caída de ingresos parecida (-23,1% Misiones y -23,5% Entre Ríos), el déficit entrerriano se dio aún con una fuerte caída del gasto de capital (-72%). Lo que impulsó mayormente el déficit de esa provincia fue la deuda pública, que explicó el 3,6% de los ingresos entrerrianos contra el 0,3% en Misiones. 

Esto vuelve a confirmar lo que se mencionó antes: el déficit misionero se dio por la decisión política del gobierno provincial de expandir la inversión para contrarrestar los impactos de la recesión. No hubo acá nada de deficiencia, de gasto política ni de “degenerados fiscales”. Hubo la decisión de aplacar efectos de recesión vía inversión pública. 

En esta misma línea se puede destacar otros aspectos. Si se analiza el gasto por finalidad y función, vemos que los Servicios de Seguridad cayeron en Misiones 38%, pero lo hizo en -49% la media regional del NEA. El gasto en Servicios Sociales, por su parte, se contrajo 17% en Misiones pero -31% en la región. Dentro de estos, en Salud fue -9% en Misiones pero -29% en NEA; en Promoción y Asistencia Social -1% en Misiones pero -45% en NEA; en Ciencia y Técnica -7% Misiones y -58% en NEA; en Vivienda y Urbanismo, Misiones incrementó en 92% pero la media del NEA fue de -28%, algo parecido a lo que se ve en Agua Potable y Alcantarillado: +68% la provincia y -31% la región. Por último, en lo referido a los Servicios Económicos, crecieron en Misiones 17% pero cayeron en el NEA 46%. 

Como conclusión, se puede afirmar efectivamente que Misiones se ajustó, pero no tanto como lo exige en paradigma libertario. Misiones no terminó con superávit no por ser ineficiente, sino por priorizar un camino que permita recuperarse de manera más rápida y sostenible. Misiones no le hizo caso a Milei, a diferencia de otras administraciones provinciales que cacarearon mucho pero no dudaron un segundo en aplicar, en sus distritos, un ajuste aún más fuerte que el nacional.  

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Privatizando ganancias fáciles y estatizando el desguace 

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Tal como en un rapto de sincericidio dijo, que desde adentro (como topo infiltrado, según su expresión), el presidente busca destruir al Estado Argentino, exaltadamente y en el marco de la habitual incontinente verborragia cargada de exabruptos y groserías que son frecuentes en sus disertaciones, con mucho apuro y notable falta total del más elemental patriotismo, se está procediendo a implementar el desguace total del Estado Argentino. 

Muchos parecen no haber tomado conciencia de la extrema gravedad de esa decisión, que de no frenarse y revertirse llevará al colapso total de nuestro querido país; lo cual es de elemental razonamiento, pues el Estado es la argamasa sobre la que se asienta y construye la Nación, lo que a su vez es el sustento de La Patria misma. 

Entre las muchas muy negativas decisiones que con toda premura se están tomando, a partir del “vale todo” perpetrado desde las sanciones de normas ad hoc con las que se invistió de atribuciones que se asemejan a la suma del Poder Público, al exacerbado accionar del Poder Ejecutivo, en forma sintética trataremos de poner al descubierto las extremas negatividades que implican algunas de esas decisiones, claramente atentatorias contra los Altos Intereses Estratégicos de Argentina. 

– Disponer de una aerolínea de bandera tiene una muy alta importancia estratégica, mucho más en una nación de dimensiones continentales como Argentina. La conectividad con la que se une a todas las provincias, tiene una enorme relevancia, y ya se pudo constatar que eso no sucede con las aerolíneas privadas, que priorizan su rentabilidad y por supuesto no consideran en absoluto las necesidades estratégicas de nuestro país. Y la importancia de disponer de aviones propios, se pudo constatar en la pandemia, cuando trasladaron las vacunas provistas por Rusia, y luego por otros países. 

Por otra parte, cabe recordar que por el miserable accionar de la empresa extranjera que se había quedado con nuestra línea aérea, no se hacía el mantenimiento debido a las aeronaves, lo que provocó la caída de una de ellas, en el trayecto Posadas – Buenos Aires, con las luctuosas consecuencias, lo cual tuvo escasas repercusiones en los medios concentrados, además de la lentitud y aparentemente laxas penalidades impuestas por “la justicia”, por el accionar claramente culposo, de los “eficientes” privados. 

Ahora, comenzando el nuevo proceso de desguace de Aerolíneas Argentinas, se abandonó la importante conexión con EEUU, lo que favorece a empresas de ese país. Y las estratégicas conexiones internas, así como las existentes con naciones cercanas, están bajo amenazas de anularse. Lamentable. 

– También se difundió -muy escasamente- que cesarían los vuelos de LADE, los que, en la extensa Patagonia, son muy importantes. Dato a confirmar, pero acorde al accionar desguazante libertario. 

– Con nula mentalidad federal, muy típica de neoliberales, libertarios y similares cipayos, las estaciones de Radio Nacional, que en La Patagonia servían de nexos a los pobladores, retransmitiendo localmente mensajes muy útiles en el contexto de esa fría y vasta extensión de nuestro país, pasó a ser manejada desde Buenos Aires, anulando el accionar con enfoques locales, que tan importantes eran. – La decisión de privatizar las importantes grandes hidroeléctricas de la zona del Comahue (ubicadas en Neuquén y Río Negro), solo se puede “justificar” en base al cerrado dogmatismo de la dudosamente fundamentada Escuela Austríaca de la Economía, de la cual Milei es confeso seguidor y odiador visceral de todo lo Estatal. 

Desde la lógica económica elemental, no tiene justificativo alguno que vuelvan a manos privadas (estaban concesionadas, desde el nefasto menemato), pues son las grandes generadoras eléctricas de más bajo costo real -por mucho– por kWh.  

Esas hidroeléctricas se construyeron con fondos del Estado Nacional, son muy eficientes, y al concesionarse sus operaciones, en los años ’90, no se pudo ocultar que estaban en excelentes condiciones de operabilidad, con muy buenos mantenimientos. Eran operadas por la Estatal Hidronor (Hidroeléctrica Nord Patagónica), disuelta como tantas otras con premeditación y alevosía, en aquel período de exacerbación neoliberal que fue el menemato, continuador directo del nefasto “proceso”, o sea uno de los antecesores doctrinarios del actual gobierno. 

Es decir que se volverá a pagar, a entes privados (posiblemente extranjeros), solo por “subir y bajar las palancas de generación”, y -conociendo las operaciones “privatísticas”-, seguramente pagando mucho más caro por la energía que su costo real. 

Esas operaciones tan negativas, de operar para pagar mucho más por la energía que en forma más económica y eficiente puede ser generada por el propio Estado Nacional o los Estados Provinciales involucrados, son poco conocidas por el grueso de nuestra población, por el silencio mediático casi total, de los medios concentrados que operan al servicio del poder establecido, como también en buena parte por el desconocimiento general de los aspectos técnicos acerca del muy estratégico Sector Eléctrico Nacional; el cual a su vez forma parte del mega Sector Energético Nacional. 

En esas estratégicas áreas, el rol del Estado activo y presente, fue sumamente importante, priorizando las Necesidades Nacionales, dentro de las cuales están la cobertura de la creciente demanda del consumo interno, y los desarrollos tecnológicos; mientras que los privados priorizan sus utilidades, las cuales las obtienen de las tarifas, que termina pagando el pueblo argentino, y les importa poco o nada que la calidad del servicio evite cortes masivos y otros problemas operativos, como ya sucedió y como corremos el serio riesgo de repetir cuadros caóticos, ante la inacción total del Estado hoy ausente, en un servicio esencial como lo es el eléctrico. 

Nos llevan a los empujones a un cuadro de caos total, pero en medio del aquelarre generalizado, casi nadie parecería haber tomado conciencia de la gravedad del contexto general, acentuado por la irracional parálisis general de todas las obras de Generación y Transmisión, imprescindibles para atender adecuadamente las necesidades del servicio. 

Dentro de las muchas referencias mundiales respecto al manejo energético, cabe mencionar enfáticamente, que las naciones con vocación de grandeza, como por caso Brasil y Francia (entre muchas otras), tienen el accionar del Estado como base del desarrollo eficiente de sus respectivos Sectores Eléctricos. 

Acá, libertarios y neoliberales, nos llevan a la anomia e improvisación que caracteriza a los enclaves coloniales y a meras dependencias productoras primarias manejadas por corporaciones extranjeras, carentes de toda noción de dignidad nacional e independencia efectiva. 

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El Gobierno reglamentó el RIGI

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El Gobierno oficializó hoy la reglamentación del RIGI, el cuestionado proyecto que fue aprobado bajo la ley de Bases. Confirma los sectores beneficiados y las excepciones a la inversión mínima.

El Gobierno publicó este viernes la reglamentación del Régimen de Incentivo de las Grandes Inversiones (RIGI) en el Boletín Oficial. A través del decreto 749/2024, el Poder Ejecutivo le puso letra chica al programa sancionado en agosto pasado con la Ley Bases y el paquete fiscal.

El RIGI busca brindar incentivos, certidumbre, seguridad jurídica y un sistema de protección de derechos adquiridos a los titulares de un único proyecto de inversión, pero que deberá ser superior a los USD 200 millones.

Las empresas que quieran adherir tendrán dos años para hacerlo y el Poder Ejecutivo quedará autorizado a extender ese plazo por hasta un año. El decreto entró en vigencia desde este mismo viernes, con su publicación en el Boletín Oficial.

La reglamentación del RIGI presenta varios aspectos a considerar. En primer lugar, se ha confirmado que ocho sectores podrán beneficiarse del programa, incluyendo forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y el sector de “petróleo y gas”. La mayoría de estos sectores requiere una inversión mínima de US$200 millones, aunque existen excepciones.

Las inversiones en petróleo y gas destinadas a transporte y almacenamiento deben superar los US$300 millones, mientras que aquellas orientadas a la exploración y explotación deberán ser mayores a US$600 millones.

El Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, que busca posicionar a Argentina como un nuevo proveedor de largo plazo en mercados donde aún no tiene participación relevante. “Requiere inversiones mínimas de US$1.000 millones por etapa”, sostiene el texto oficial.

– Sector de Turismo: se incluyen actividades relacionadas con el servicio de hospedaje y alojamiento.

– Sector de Infraestructura: involucra la construcción de estructuras físicas, redes y sistemas públicos o privados para: “Logística y transporte (vial, terrestre, marítimo, fluvial, portuario, ferroviario, aeroportuario) y Proyectos de esparcimiento”.

– Servicios públicos y esenciales (salud, educación, telecomunicaciones, defensa y seguridad).

– Sector de Minería: comprende actividades de prospección, exploración, desarrollo, extracción y explotación de minerales.

– Sector de Tecnología: engloba la producción de bienes y servicios tecnológicos innovadores en áreas como biotecnología, nanotecnología, movilidad, energía, industria aeroespacial, nuclear, software, robótica, inteligencia artificial, armamento y defensa.

– Sector de Siderúrgico: se refiere a la industrialización y procesamiento de hierro, acero y aleaciones para producir productos primarios o elaborados.

– Sector de Energía: incluye la generación, almacenamiento, transporte y distribución de energía eléctrica de fuentes renovables y no renovables, y otras energías bajas en carbono.

– Sector de Petróleo y Gas: abarca actividades como la construcción de plantas, transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petroquímica, licuefacción de gas natural y exploración/explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos.

Los montos mínimos

Hay muchos puntos por analizar en la reglamentación del RIGI. En primer lugar, se puede confirmar que serán ocho los sectores que podrán formar parte del beneficio. Se trata de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía y el rubro de “petróleo y gas”. Para la gran mayoría se exige un mínimo de inversión de USD 200 millones, pero hay algunas excepciones.

Las inversiones de petróleo y gas destinadas a transporte y almacenamiento deberán superar los USD 300 millones, en tanto que las realizadas con fines de exploración y explotación tendrán que ser mayores a USD 600 millones.

La acreditación del cumplimiento del Monto Mínimo de Inversión en activos computables deberá efectuarse en base a los importes efectivamente erogados por el VPU.

Las ventajas del RIGI

Las ventajas que ofrece el RIGI para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU) incluyen mejores condiciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

En cuanto a la parte impositiva, habrá una reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los VPU. Se buscará una amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura. Los quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros cinco años podrán ser transferidos. Habrá una devolución de saldos a favor de IVA en un plazo no mayor a tres meses. Además, se permitirá el cómputo del 100% del impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.

Por otro lado, las empresas tendrán una exención del pago de Derechos de Importación para traer bienes de capital, repuestos, partes e insumos. “Las importaciones de bienes de capital nuevos, repuestos, partes, componentes y mercaderías de consumo, así como las importaciones temporarias efectuadas por los VPU adheridos al RIGI, se encontrarán exentas de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino, y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos nacionales y/o locales”, dicta la normativa.

Durante los primeros tres años del proyecto no habrá tampoco derechos de exportación, o sea retenciones.

Otro retoque importante será en el artículo 196 –incentivos cambiarios–, que limita la obligación de liquidación en el mercado de cambios a las divisas que ingresen por exportaciones de productos que generen los proyectos. Será de un 20% luego de dos años de iniciada la inversión; 40%, después de tres años; y 100%, a partir de los cuatro años.

Ahora bien, cuando se trate del cobro de exportaciones declaradas como “Exportación Estratégica de Largo Plazo”, a efectos de la excepción de la obligación de ingresar y liquidar en el mercado de cambios, los plazos indicados en los incisos precedentes se computarán de la siguiente manera:

  • Veinte por ciento (20%) luego de transcurrido un (1) año contado desde la fecha puesta en marcha de los Vehículos de Proyecto Único (VPU);
  • Cuarenta por ciento (40%) luego de transcurrido dos (2) años contados desde la fecha puesta en marcha del VPU;
  • Ciento por ciento (100%) luego de transcurrido tres (3) años contados desde la fecha de puesta en marcha del VPU

“La ‘fecha de puesta en marcha’ del VPU será lo primero que ocurra entre la fecha de la primera exportación del producto que constituye el objeto principal del Proyecto Único y la fecha en que se complete el CUARENTA POR CIENTO (40%) del monto mínimo de inversión en activos computables”, dicta la reglamentación.

Fin de los beneficios

Con la publicación de la ley 27.742 se había dado a conocer los incentivos y derechos de un VPU adherido al RIGI cesarán sin efecto retroactivo –dejando de revestir dicho carácter– por las siguientes causas:

  • Finalización del proyecto por fin de su vida útil;
  • Quiebra del VPU;
  • Baja voluntaria solicitada por el VPU, a partir de la fecha de su aprobación por la autoridad de aplicación; o
  • Cese como sanción por infracción al RIGI.

Ahora, se conocieron algunos detalles más vinculados a esa situación. Se reglamentó que las empresas tendrán sólo diez días corridos para informar cualquiera de esas situaciones y se estableció que, en caso de quiebra, para que se produzca el cese de los derechos e incentivos, la sentencia judicial que la declare deberá encontrarse firme. El cese tendrá efectos retroactivos a la fecha de la sentencia original de quiebra.

Por otro lado, la reglamentación indica que el VPU podrá solicitar la baja voluntaria del RIGI en cualquier momento. La baja se concretará una vez aprobada por la Autoridad de Aplicación, la que deberá expedirse dentro del plazo máximo de 45 días hábiles administrativos de presentada la solicitud.

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Blanqueo: autorizan nuevos instrumentos para invertir los fondos que se regularicen

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El Ministerio de Economía habilitó nuevas opciones para invertir los fondos del banqueo. El Ministerio de Economía incorporó nuevos instrumentos como alternativas para invertir los fondos que ingresen al país mediante el blanqueo de capitales, a través de la Resolución 759/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial.

La normativa dispuso agregar entre los instrumentos financieros disponibles para invertir los fondos del actual Régimen de Regularización de Activos, sancionado en el Paquete Fiscal, a las operaciones de adquisición de cuotapartes de fondos comunes de inversión, de acciones colocadas por oferta pública y de obligaciones negociables; a pagarés bursátiles y cheques avalados; y a títulos que sean aportados a fondos de riesgo de sociedades de garantía recíproca.

La medida amplía las opciones y permite que las cuotapartes de fondos comunes de inversión, las acciones colocadas por oferta pública y las obligaciones negociables puedan suscribirse o adquirirse, cuando hasta ahora solo estaba habilitada la posibilidad de destinar los fondos a la suscripción de los mencionados instrumentos.

El texto oficial, aclaró que al igual que estaba estipulado previamente, las operaciones de dichos instrumentos se pueden llevar a cabo siempre que hubiesen sido colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores.

El blanqueo que ya está en marcha permite a los residentes y no residentes regularizar activos sin límite de monto ni costo alguno pero establece que deberán permanecer en el sistema financiero hasta el 31 de diciembre de 2025 o solo habilita invertir en destinos autorizados. Tampoco estarán sujetos al pago de impuestos quienes regularicen cualquier clase de bienes o tenencias por un valor de hasta US$100.000.

Los instrumentos autorizados para invertir

Proyectos inmobiliarios iniciados a partir de la vigencia del blanqueo o aquellos que tengan un grado de avance inferior al cincuenta 50% de la finalización de la obra a ese momento. Comprende construcciones, ampliaciones, instalaciones, entre otros trabajos, en inmuebles propios o de terceros.

Bonos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acciones que coticen en la Bolsa local.

Obligaciones negociables que se puedan conseguir en la Bolsa, es decir, deuda de empresas argentinas.

Fondos comunes de inversión (FCI).

Certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos destinados al financiamiento de las MiPyME, y/o a la inversión y/o financiamiento en proyectos productivos, inmobiliarios y/o de infraestructura, para el fomento de la inversión productiva.

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Cuál es el límite de la estrategia cambiaria oficial

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La consultora Ecolatina hace foco en la estrategia cambiaría del Gobierno de La Libertad Avanza. La decisión del gobierno de priorizar la baja de la inflación al costo que sea necesario paradójicamente revitalizó la discusión sobre el tipo de cambio real. Menos inflación significa una menor apreciación de la moneda, pero los medios para alcanzarla pueden ser perjudiciales en una economía que todavía tiene escasez de dólares.

Términos del intercambio deteriorados, y una creciente demanda de servicios del exterior (turismo a la cabeza) son dos factores que pueden fácilmente revertir la Cuenta Corriente. Todo ocurrirá en un contexto en el que el gobierno posee elevados compromisos en dólares. ¿Hay tiempo para que la entrada de dólares sea la necesaria para cubrir estos requerimientos? ¿Cuáles son las condiciones para que el gobierno pueda obtener financiamiento en el exterior?

Más allá del nivel en el tipo de cambio real, lo cierto es que ante la ausencia de reformes significativas en el corto plazo, los riesgos de la apuesta del oficialismo tienden a incrementarse. La pregunta en cuestión es si existen los recursos disponibles para alargar el puente o si la coyuntura impondrá un volantazo en algún momento para incrementar la sostenibilidad de la estrategia.

Buscando la respuesta en la Cuenta Corriente

Transcurridos ya los primeros meses de gobierno, algunos aspectos generales de la estrategia oficial permanecen inalterables. El superávit fiscal se sostiene y “no se negocia”, mientras que el crawling peg del tipo de cambio oficial continúa al 2% mensual, ayudando al principal activo económico que tiene el gobierno: una desinflación sin pausa.

Más por motivos políticos que económicos, este último punto se convirtió en la principal bandera del oficialismo. La importancia de domar la inflación heredada ya puso en un segundo plano la necesaria acumulación de reservas (reconocida por las propias autoridades a lo largo del primer semestre) tras anunciar hace algunas semanas que los dólares comprados en el mercado oficial serán susceptibles de ser utilizados para aspirar los pesos emitidos al realizar las propias compras de divisas.

En la práctica, esto implica intervenir en el mercado paralelo para mantener a raya la brecha, no solamente por su resonancia política y su impacto en las expectativas, sino también por su relevancia en los precios de la economía. Concretamente, el BCRA estima que un tercio de las importaciones se cursan por esta vía, al mismo tiempo que continúa el “dólar blend”, por lo cual el tipo de cambio exportador (el costo de oportunidad de un bien transable producido en el país, en buena parte alimentos) depende en un 20% del valor del CCL. Del mismo modo, estas distorsiones también reflejan que el tipo de cambio con el que funciona la economía es más cercano a $1050 que al $940 del oficial.

Asumiendo (con cauto realismo) que mediante la esterilización de pesos el Gobierno logra bajar la brecha cambiaria y que (con algo más de optimismo) además se obtiene un influjo de dólares importante a través del blanqueo de capitales y la llegada de inversiones; el costo reputacional de no salir del cepo aún estaría presente. Dicha estrategia parte de la denominada “dolarización endógena” que propone el gobierno, la cual supone que una revalorización del peso incentivará al sector privado a vender sus propios USD, permitiendo una convergencia “desde arriba” de los tipos de cambio y dando lugar a una unificación cambiaria en la zona del tipo de cambio oficial.

El recorrido de aquella hoja de ruta revitaliza la discusión sobre tipo de cambio real y la competitividad de la economía. En este sentido, desde la devaluación de diciembre pasado el tipo de cambio real se apreció más de un 45% y ya se ubica casi 9% por debajo del nivel en el que se dio la devaluación post-PASO el año pasado en la búsqueda por destrabar el desembolso del FMI. Consecuentemente, de sostenerse el crawling peg al 2% e incluso con una inflación sigue bajando, la economía llegaría a fin de año con un nivel de competitividad cambiaria apenas 10% superior al de inicios de 2018, en la previa al inicio de la crisis de balanza de pagos que azotó la segunda mitad del gobierno de Cambiemos.

No obstante, desde el Gobierno se desestima la discusión. Uno de los argumentos utilizados es que a esos niveles el tipo de cambio real sería mucho mayor al promedio de los períodos sin cepo, comparación cuanto menos curiosa, dada la vigencia de una considerable cantidad de restricciones cambiarias. Sumado a ello, se insiste en que la competitividad de la economía mejorará producto de una reducción de los impuestos que pagan las empresas locales gracias al sostenimiento del superávit financiero.

Asumiendo que el gobierno puede sostener los ingresos fiscales por encima de los gastos en el tiempo, la pregunta es entonces qué esperan las autoridades para iniciar esta discusión legislativa ¿Mayoría en el Congreso que no obtendrá ni con superlativos resultados en las legislativas el próximo año? ¿Aguanta la economía hasta una reforma fiscal que se reglamentará, en el mejor de los casos, en un año y medio? Claramente, no hay duda de la voluntad política del Gobierno de llevar adelante estas reformas, aunque el tiempo transcurrido es una variable fundamental: los obstáculos en la Cuenta Corriente pueden aparecer antes de que se simplifique la presión tributaria.

El tipo de cambio como ancla ¿esta vez es diferente?

Si bien la inestabilidad global, una desaceleración del crecimiento del mundo o Brasil con un real más depreciado pueden jugar en contra en cuanto a las cantidades, posiblemente el mayor dolor de cabeza venga por el lado de los precios. Ajustados por inflación, los términos del intercambio de Argentina ya se ubican en la zona de 2017-18, donde fueron compatibles con un tipo de cambio real relativamente bajo que logró sostenerse principalmente gracias al acceso al financiamiento externo, hoy ausente.

Justamente, el influjo de dólares también financió la mayor demanda de servicios de los argentinos en el exterior. Si bien la Cuenta Corriente de servicios todavía está lejos de ser tan deficitaria como lo era en aquel momento (ajustando por inflación, el rojo es un 35% de lo que era en 2017), la dinámica puede complicarse debido al recurrente déficit turístico: pese a que aún conviene cancelar los pagos por gastos turísticos con dólares propios obtenidos vía mercados alternativos, el déficit se incrementa paulatinamente dado el mayor nivel en la brecha. En números, las salidas por turismo en el MULC pasaron de USD 480 M mensual en el primer trimestre a cerca de USD 700 M en mayo y junio.

De hecho, dado que a fin de año deja de tener vigencia el Impuesto PAIS, el costo de gastar en el exterior será el menor en casi 6 años incluso si se mantiene la percepción del 30% correspondiente al adelanto de ganancias, lo cual podría dar un impulso adicional a las salidas netas de dólares por turismo.

El ministro Caputo reitera, cuando tiene la oportunidad, de que los agentes económicos deben acostumbrarse a una economía cara en dólares. Si el país termina “igual de caro” en dólares de lo que era entre mediados de 2016 y comienzos de 2018, probablemente el combo venga junto a la materialización de un rojo de cuenta corriente más temprano que tarde.

¿Diferente? No lo sabemos ¿Riesgoso? Seguro

Como ya mencionamos, en déficit externo no es necesariamente un problema en tanto se consiga forma de financiarlo, pero el problema es que no queda del todo claro si una economía con CEPO pueda generar los dólares necesarios. En este sentido, cabe preguntarse si por más que la llegada de inversiones y el blanqueo de capitales funcione bien serán un game changer para la economía en lo inmediato. Aquí es donde el tiempo vuelve a ser crucial ¿El gobierno puede generar la deseada convergencia “desde arriba” (dólares paralelos tendiendo al oficial) en un tiempo menor al que la Cuenta Corriente sea mirada de reojo?  Marchas y contramarchas en este proceso podrían poner en jaque la estrategia oficial constantemente.

Bajo la misma lógica temporal podemos pensar la vuelta a los mercados internacionales para cubrir la necesidad de dólares. Claramente, el gobierno podría conseguir Repos para ganar tiempo frente a los primeros vencimientos de deuda del año entrante. Sin embargo, para evitar una caída en la Reservas Netas en 2025 resultará imprescindible la reapertura de los mercados financieros internacionales o la aparición de fondos frescos (¿FMI?) que permitan no sólo cubrir las salidas por la Cuenta Corriente, sino también por la Cuenta Financiera. En números, los pagos de deuda en USD del Gobierno ascenderían a USD 11.000 M si incluimos al FMI (suponiendo un rollover del resto de los Organismos Internacionales), los BOPREAL y los bonos del Tesoro (considerando únicamente los vencimientos con privados).

Entonces, tan crucial como el tiempo es lo que el Gobierno pueda obtener de un nuevo acuerdo con el FMI. En el caso en que el gobierno se encuentre esperando una victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos para destrabar fondos más cuantiosos, recién estarían disponibles entrados el próximo año. Si bien no pareciera ser mucho tiempo, la estrategia también corre riesgo dado el reciente repunte de la candidata de los demócratas, Kamala Harris, en las encuestas y distintas métricas de seguimiento.

Ahora bien, si el gobierno tiene un as bajo la manga y anuncia un acuerdo con el FMI antes de lo esperado, habrá que ver las condiciones que impone el organismo, quienes ya dejaron entrever preocupaciones por el nivel del tipo de cambio real. A su vez, no sólo importa la cuantía de los desembolsos, sino también la flexibilidad que se negocie en cuanto a su utilización.

En definitiva, más allá del nivel en el tipo de cambio real, lo cierto es que ante la ausencia de reformes significativas en lo inmediato, cuanto más se aprecie la moneda local más rápido se revertirá el saldo positivo de la Cuenta Corriente. Frente ingresos corrientes que se achican y necesidades financieras que se agrandan, está claro que las autoridades deberán salir en búsqueda de dólares para cumplir con sus compromisos si pretenden sostener el rumbo priorizando los incentivos políticos hasta las elecciones legislativas. La pregunta en cuestión es si existen los recursos disponibles para alargar el puente o si la coyuntura impondrá un volantazo en algún momento para incrementar la sostenibilidad de la estrategia.

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