MILEI

El modelo que se ve

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“Imagínense alguien que raspando llega a fin de mes y que uno le está contando a la gente que este modelo es mejor que otro: entonces sacamos Precios Justos, ley de abastecimiento y ley de góndolas, y la gente va al supermercado y las cosas salen 50 por ciento más que en Estados Unidos, y dice: “Guau, ¿éste es el modelo?'” No, no, no puede estar bueno”. El textual es del ministro de Economía, Luis Caputo, durante un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. La descripción es el fiel reflejo del momento que atraviesa el país. 

El “modelo” está pasando. 

El último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), mostró que en febrero hubo un descenso interanual del 9,3% en el consumo de carne vacuna. En febrero de 2023 el consumo fue de 49,2 kilos por habitante y el mes pasado cayó a 44,6 kilos por habitante. En tanto, el primer bimestre de 2024 el consumo aparente de carne vacuna habría sido equivalente a 349.100 toneladas res con hueso y con una contracción de 8,2% interanual. En el país de las vaquitas, comer carne se volvió un lujo

Es irónico que en el país de los alimentos, la medida de urgencia sea la apertura indiscriminada a la importación de productos de la canasta básica para intentar calmar la escalada de precios provocada, otra paradoja, por el sagrado “modelo” de desregulación que impuso el propio Gobierno. 

Ese modelo libre de ataduras, funciona sin fisuras en el marco teórico y en la febril imaginación de sus cruzados defensores. El propio Caputo tuvo que intervenir y pedirles, -amablemente, eso sí- a los supermercadistas que aflojaran un poco con la suba de los precios. 

En apenas dos meses de mercados desregulados, la inflación fue del 36,6 por ciento, aunque el Gobierno haya celebrado como un hito que la suba de precios de febrero fue de “solo” 13,2 por ciento. 

Si se extiende la mirada al primer trimestre de Gobierno, Javier Milei tiene el récord de inflación, con 71,3 por ciento. Mauricio Macri le sigue con 10,4, por encima de Alberto Fernández, con 7,8. Cristina Fernández tuvo 7,2 y Néstor Kirchner 0,4 por ciento. 

La inflación de alimentos desde diciembre es del 34,7 por ciento, mientras que el transporte acumula un alza del 53,6 y la de bienes y servicios varios, 68,3 por ciento. 

También en el primer trimestre, según compartió el propio Presidente en sus redes sociales, el salario se desplomó

La caída fue del 20 por ciento según detalló Marcelo Capello, economista de la fundación Mediterránea en un after office realizado el miércoles en el piso 12 de un céntrico hotel posadeño. A los jubilados les fue peor. La caída fue del 29 por ciento. El modelo. 

Los indicadores que exhibió Capello en la reunión con los empresarios misioneros pintaron un preocupante rojo, en la mayoría de los casos, peor que durante 2023. 

Los datos del economista mediterraneo no difieren mucho de los que analizó la Unión Industrial Argentina en su reunión de comisión directiva. Caída de producción, caída de demanda y un horizonte poco auspicioso si se mantiene el plan de ajuste. Quince de 16 sectores relevados por los economistas del Centro de Estudios Económicos mostraron un rojo en sus actividades. 

Sin embargo, la UIA mantiene un indulgente silencio. En la reunión del martes, el único que levantó la voz fue el misionero Román Queiroz. El presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera preguntó si “¿este silencio es estratégico, negligente u obsecuente? “Quiero saber por qué la UIA no me representa, las pymes estamos poniendo en juego nuestro patrimonio”, completó. 

La respuesta fue apagarle el micrófono. 

El problema no es “el cambio”, sino que empeoró los problemas en lugar de corregirlos. La inflación se disparó, los costos de producción y de vida se hicieron impagables y la clase media enojada se dio cuenta que fue empujada a un abismo y hoy ya es, como mínimo, clase media baja. Le hicieron creer que podía pagar una prepaga. Sin los subsidios, las tarifas de luz, el transporte, el combustible, las cuotas de las escuelas privadas, se volvieron elementos suntuosos. Pero como si nada sucediera, Milei planea reimplantar el impuesto a las Ganancias a los trabajadores con una base bajísima: los solteros pagarán desde $ 1,1 millón y los casados desde $ 1,5 millones. Se estima que un millón y medio de trabajadores, hoy exentos, pasarán a pagarlo.  Las alícuotas irán del 5% al 35% por encima del nuevo mínimo no imponible.

Sin embargo, el ministro Caputo celebró el viernes que por segundo mes consecutivo, se logró un superávit financiero, que fue de $338.112 millones, producto de un superávit primario de $1.232.525 millones y del pago de intereses de la deuda pública neto de pagos intra-sector público, que alcanzaron los $894.412 millones. De esta forma, se registraron dos meses consecutivos de excedente financiero “por primera vez desde principios de 2011”, acumulando un superávit luego de intereses de casi 0,2% del PIB en el primer bimestre del 2024. El recorte a subsidios económicos de febrero fue mayor al de enero. 

“Una de las cosas más peligrosas que puede hacer un gobierno es presentar una imagen brillante de la economía en un momento en que las familias y las pequeñas empresas están sufriendo. Los gobiernos siempre son optimistas, pero enviar mensajes eufóricos tiende a ser contraproducente, especialmente cuando la situación de la clase media es complicada”, describió el economista  Daniel Lacalle en Mises Institute en un análisis del índice de Misery en Estados Unidos. Aplica para Biden, aplica para Milei. 

La estrepitosa caída del DNU en el Senado es consecuencia directa de ese contraste entre la realidad y el entusiasmo del Gobierno. Los votos en contra no son una mera “resistencia al cambio”, sino el intento de no convertirse en acólitos sumisos de un fanatismo ciego. 

No es que “no la ven”. Es que se está viendo que el ajuste per se no es sustentable en el tiempo. Lo dice el propio FMI. Para el abstracto ciudadano que “llega raspando a fin de mes”, la cuesta se hace imposible. 

Según el Monitor de Opinión Pública Nacional, de Proyección Consultores, el 63,6 por ciento de los argentinos considera que la inflación es el principal problema y el 39,8, los bajos salarios y la caída de los ingresos. El 43,8 admitió achicar gastos para llegar a fin de mes y un 28,6 por ciento, sencillamente no llega. El 55,8 por ciento cree que su economía estará peor en los próximos seis meses. 

Por eso mismo, la imagen del Presidente comienza a ser cuestionada. El 49,4 por ciento de los encuestados por esta consultora, tiene una imagen negativa de Milei, cuya aprobación cayó en 19 de las 24 provincias, según otro reporte de CB Consultora. 

El Gobierno se niega a modificar su rumbo. Pero el DNU así como la ley Ómnibus son instrumentos mal diseñados, que arrasan con todo sin ninguna red de contención. Importa el fondo, pero también las formas.  No hay plan alternativo, pero peor aún, no se vislumbra un plan de desarrollo que encienda el entusiasmo de firmar un Pacto de Mayo. Según la última encuesta de la consultora Zuban&Córdoba, el 56,3 por ciento de sus entrevistados, recomendaba rechazar el DNU.

El mega decreto fue el primer paquete de medidas del Gobierno, dictado el 21 de diciembre pasado, que derogó la Ley de Alquileres, la de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, además de liberar los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos. La Justicia frenó la reforma laboral, la posibilidad de privatizar los clubes y habilitó un amparo para que el Instituto Nacional de la Yerba Mate pueda seguir fijando precios. Pero la industria y la provincia de Corrientes hicieron caso omiso ante ese fallo que no fue ratificado por la Cámara Federal. Para ellos, el INYM no tiene facultades regulatorias y ahora el precio depende exclusivamente de lo que determine el mercado, que podrá, al mismo tiempo, ser inundado de yerba mate brasileña o paraguaya. Mientras, los precios de la materia prima se desploman por devaluación y aumento de costos. El ciclo de los 90 a una velocidad inusitada. 

Siquiera los convencidos pudieron defender con solvencia el DNU durante el debate en el Congreso. El misionero macrista Martín Goerling Lara aseguró que “los empresarios están esperando que le aprueben el DNU a Milei para contratar a miles de personas“. No hay ningún dato cierto que permita sostener esas palabras. Por el contrario, de quedar firme la reforma laboral y con el consumo y las ventas por el suelo, lo más probable es que haya más despidos que contratos. 

Luis Juez admitió las inconsistencias jurídicas del paquete que ahora deberá ser analizado por Diputados para determinar su validez o definitivo archivo -el poroteo marca mayoría en contra y una eventual judicialización de los ajustes aplicados durante su vigencia-. 

El radicalismo quedó al borde de la fractura definitiva, entre los que tomaron distancia del DNU y buena parte de sus dirigentes cómodos en el papel de lacayos del “cambio para el que fuimos votados”, como definió el diputado Martín Arjol al cuestionar la posición del presidente del partido, Martín Lousteau. 

Pero si se trata de votos, poco alarde puede hacer el radicalismo misionero. Apenas cinco por ciento de los afiliados participó en la elección de autoridades del último domingo. Ariel Pianesi celebró ser ungido presidente del comité capital con apenas 479 votos. El radicalismo tiene en Posadas cerca de 11 mil afiliados. Son 50 mil en la provincia. 

El rechazo al DNU en el Senado no hizo más que revelar en toda su magnitud el cisma dentro del Gobierno, con Milei en contra de su vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien cometió el “pecado” de habilitar la sesión para tratar el DNU. Pero lo único que hizo la presidenta del Senado fue cumplir con la normativa. Eso de la republicana división de poderes. Milei, en cambio, avaló un tuit de un seguidor que sugería “colgarla” en la Plaza de Mayo.

Misiones toma distancia de ese escenario belicoso. En una reunión con intendentes, el gobernador Hugo Passalacqua resaltó la necesidad de colaboración que es vital para afrontar las dificultades económicas y sociales, priorizando la salud y la justicia en un escenario de crisis. “No hay cosa peor que el pueblo cuando baja los brazos. Es difícil levantar el ánimo popular y nos quedan cuatro años por delante, a todos los que estamos acá como funcionarios nos quedan cuatro años. Entonces necesitamos un pueblo esperanzado, contento, sabiendo que hay muchas dificultades, que las ha pasado todo mal, pero que nosotros desde la gestión en la medida que podamos, aunque sea como militantes, hay que estar cerca de la gente. Vamos a acercarnos a la gente y arreglaremos las cosas que se vayan descomponiendo”, declaró el mandatario que horas antes reveló el congelamiento de su sueldo.

Entre las cosas que se “fueron descomponiendo”, está el salario docente. Nación confirmó que no pagará más Incentivo Docente y el adicional por conectividad. Son más de 28 mil pesos por cargo. El viernes, Passalacqua anunció que cubrirá con fondos propios el retroceso de la gestión Milei. Son 1.394 millones al mes, más lo que ya había pagado por los últimos meses del año pasado. De todos modos, se mantendrá el reclamo judicial por una deuda acumulada del último semestre de 2023.

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El Gobierno convoca al diálogo a la “oposición dócil” en busca de evitar un nuevo tropiezo en el Congreso

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Después de que el DNU 70/23 mordiera el polvo en el Senado, el oficialismo ejercita su muñeca política y procura tender puentes con los moderados en el Parlamento.

El Gobierno parece haber comprendido finalmente, después de un nuevo tropezón parlamentario, que debe ejercitar sus capacidades de gestión política si pretende que el Congreso respalde sus medidas reformistas, casi 100 días después de que el libertario Javier Milei asuma como jefe de Estado.

Luego de que el mega DNU 70/23 mordiera el polvo en el Senado, comenzaron a desfilar por los pasillos de la Casa Rosada diputados de la oposición (dialoguista), convocados por el ministro del Interior, Guillermo Francos, en vísperas de lo que podría ser el envío al Parlamento de un nuevo proyecto de Ley Ómnibus, junto con el probable tratamiento de aquel decreto.

La primera versión de la llamada Ley de Bases fracasó justamente en el Congreso por impericia del oficialismo, como sucedió en las últimas horas con el DNU, que se discutió en la Cámara alta sin que La Libertad Avanza (LLA) hubiera logrado reunir (léase, seducir) la cantidad de votos necesarios para su aprobación, por lo que terminó siendo rechazado.

Si bien en principio ese decreto se mantiene vigente, en tanto y en cuanto la cámara de Diputados no lo trate y le baje el pulgar eventualmente también, el revés sufrido por LLA en el Senado volvió a poner bajo escrutinio la capacidad del Gobierno para gestionar acuerdos que le permitan, en efecto, impulsar las políticas que Milei considera indispensables para empezar a revertir la crisis de la Argentina.

La diatriba libertaria contra quienes votaron en contra del DNU en la cámara que preside Victoria Villarruel se exacerbó una vez más, en lo que parece ser una estrategia comunicacional bastante definida por parte del oficialismo: intentar dividir al espectro opositor entre patriotas y anti-patrias, entre quienes son “casta”, se oponen al cambio y solo buscan preservar sus propios intereses, y aquellos que están a favor de promover un nuevo modelo de desarrollo para el país, independientemente de los partidos políticos que cada uno de esos dirigentes integre.

De cualquier modo, cuando restan apenas un puñado de jornadas para que Milei cumpla sus primeros 100 días al frente de la Presidencia de la Nación, no parece que al Gobierno le quede ya demasiado hilo en el carretel como para tensar la cuerda con la oposición -incluso con el sector más dialoguista- e insistir de manera casi sistemática con la noción de que simplemente son “traidores a la Patria”, sin medias tintas, quienes optan por darle la espalda a los mamotretos legislativos que viene motorizando el Gobierno.

Los efectos de la “licuadora”, por las medidas de desregulación de la economía que promovió Milei y que carcomieron de manera estrepitosa el poder adquisitivo del salario en un abrir y cerrar de ojos, es probable que comiencen a intensificarse en el humor social y a impactar en encuestas sobre imagen y ponderación de gestión si el tan mentado rebote económico que vaticina el jefe de Estado se demora en ocurrir, más allá del plan “motosierra” que procura impulsar en el sector público nacional.

En este contexto, da la sensación de que en la Casa Rosada entendieron efectivamente que ejercitar la gestión política -y convocar a la oposición dialoguista a una mesa de negociación- podría convertirse en el camino más adecuado para transitar en momentos en los que el oficialismo necesita sumar respaldos en el Congreso: primero para que no fracase eventualmente también el DNU 70/23 en la cámara de Diputados y además para motorizar su nueva propuesta de Ley de Bases.

“Se cometieron errores básicos”

Sería saludable para la administración Milei empezar a recorrer esa senda, dado que los tropiezos de LLA en el Congreso no hacen más que corroborar la debilidad de un Gobierno armado a las apuradas después de su ruidosa victoria electoral del año pasado y que, como se comenta en pasillos del Parlamento, aún está intentando (terminar de) construir el barco en el que navega y tratando al mismo tiempo de ganar destreza en el ejercicio del poder.

Esta particularidad quedó en evidencia, una vez más, en las últimas horas, con lo ocurrido en la Cámara alta, donde “una sumatoria de desinteligencias”, según fuentes cercanas al oficialismo, precipitaron el rechazo del mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23. “Se cometieron errores básicos y me parece que existe una incomunicación evidente entre el Senado y el Poder Ejecutivo nacional”, agregó la misma fuente, consultada por Noticias Argentinas.

“La decisión de tratar del DNU en la sesión especial del jueves pasado la tomó Villarruel de manera unilateral, entiendo yo por falta de comunicación”, remarcó. “Es pronto para decir si existe o no una interna con el Presidente; sí creo que es gente nueva en la función pública y no es fácil comprender a veces el ejercicio de la política“, acotó. Lo ocurrido en el Senado, también consideró la fuente en diálogo con esta agencia, pone de manifiesto que más allá de la pirotecnia verbal de Milei y su “contundente estrategia  de comunicación”, “las transformaciones profundas solo se llevan adelante tendiendo puentes y promoviendo leyes“.

La inclusión del decreto 70/23 en el temario del debate parlamentario de la semana pasada en la Cámara alta tomó por sorpresa, incluso, a dirigentes de la oposición: “No había ninguna necesidad de tratar el DNU“, dijo otra fuente, del radicalismo, consultada por NA. “Lo que nosotros vemos es una falta de conducción política en el Gobierno“, añadió. “Si el Gobierno no trabaja en acuerdos, no hace política y se sigue peleando con todos, le va a suceder lo mismo en Diputados”, subrayó.

Yo creo que deben estar recontra preocupados en el Gobierno, van a necesitar mucha política para evitar que les conviertan otro gol en Diputados“, dijo. La misma fuente consignó que “existen tensiones” entre Villarruel y la Casa Rosada: “Ella está como desdibujada, se la ve aislada, sola”, expresó. Y también se refirió a la polvareda que levantó el senador Martín Lousteau, presidente además del partido radical, al votar en contra del decreto que intenta propulsar Milei: “Tomó una decisión sin evaluar el costo político“, manifestó.

“Hacia adentro en el bloque (radical) existía un consenso sobre que el DNU es inconstitucional, como planteó Martín, pero a la hora de votar, muchos votaron en función de lo que pedían los gobernadores“, completó. En este sentido, tras la derrota del oficialismo en el Senado, los mandatarios provinciales del radicalismo salieron de inmediato a diferenciarse de Lousteau y pidieron un partido más “moderno”.

Queremos un cambio en el país y trabajamos para construir un partido moderno que acompañe las reformas estructurales que necesita hoy Argentina“, señalaron mediante un comunicado, al tiempo que expresaron su apoyo al orden de las cuentas públicas y al equilibrio fiscal que pregona el Gobierno. Los jefes de los bloques en el Congreso, el correntino Eduardo Vischi (Senado) y el cordobés Rodrigo De Loredo (Diputados), también firmaron el documento: ¿se fractura el radicalismo?

Con información de Noticias Argentinas

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Para Javier Milei el rechazo al DNU es un “intento de socavar el Pacto de Mayo”

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El Presidente cuestionó la decisión del Senado y planteó: “Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar”

Luego del rechazo del DNU 70/23 en el Senado, el presidente Javier Milei cuestionó la decisión de los legisladores y apuntó que se trata de “un intento de socavar el Pacto de Mayo, el Gobierno Nacional y el cambio elegido por los argentinos” y advirtió sobre una posible “confrontación”.

En un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, remarcaron que “en su discurso acerca del estado de la Nación, el Presidente planteó dos alternativas: el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar“.

Según consideraron desde el Gobierno en el mismo texto, el Pacto de Mayo logrará “rescatar a Argentina de la senda del fracaso y reinsertándola en el camino necesario para volver a ser una potencia mundial”, aunque señalaron que para lograrlo es necesaria “la buena voluntad de todos los sectores de la vida política nacional“.

En ese sentido, cuestionaron la decisión del Senado y consideraron que el rechazo del DNU en la Cámara alta “atenta contra la convocatoria del Presidente”. A su vez, señalaron que “la misma Cámara ha habilitado casi 500 Decretos de Necesidad y Urgencia del kirchnerismo”.

Revés para el Gobierno: el Senado rechazó el DNU de Javier Milei

Luego de una larga sesión, el Senado rechazó el DNU 70/23 promulgado en diciembre por el presidente Javier Milei. Si bien todavía resta la decisión de Diputados para determinar el futuro de la norma, el revés para el Gobierno fue histórico ya que por primera vez, la Cámara alta no aprueba un Decreto de Necesidad y Urgencia.

Con 42 votos en contra y 25 a favor, el oficialismo obtuvo su segundo gran traspié legislativo, tras la caída de la ley ómnibus, y pone sus fichas en el visto bueno de la Cámara baja.

El escenario en Diputados es mucho más difuso que en el Senado, porque pese a que Unión por la Patria es el bloque mayoritario con 99 diputados su posición no es igual de sólida en la Cámara Baja, donde se precisan 129 votos para la mayoría. Las gestualidades de los legisladores referenciados con sus gobernadores -tucumanos, entrerrianos, cordobeses, misioneros, salteños-, que no dieron quórum en la última sesión a pedido del Gobierno nacional y no difunden posicionamiento orgánico, abonan a la incertidumbre.

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Duro golpe al oficialismo en el Senado por el rechazo al mega DNU de Javier Milei

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Parlamentario – La votación resultó rechazada con 42 votos, solo votaron afirmativo 25 y 4 se abstuvieron. Fue durante la sesión de este jueves que habilitó la vicepresidenta de la Nación en medio de la interna que mantiene con Milei. A pedido del jefe del bloque los libertarios pidieron una moción de orden para postergar el tratamiento, pero también naufragó.

“Rechazado con 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones”, indicó el tablero del recinto de la Cámara alta a las 19.44 en la votación del mega DNU 70/23 de desregulación de la economía en la sesión de este jueves que habilitó la propia titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, en el marco de la interna que mantiene con el presidente Javier Milei, constituyéndose un duro golpe para el oficialismo y una gran victoria para un sector de la oposición. La decisión final se dará en Diputados, por lo que mientras tanto el DNU sigue vigente de acuerdo a lo que la Ley 26.122 establece que ambas cámaras deben rechazarlo para que quede anulado.

A la hora de la votación La Libertad Avanza, que tuvo la baja de Bartolomé Abdala por el fallecimiento de su esposa, contó con el respaldo del Pro y un puñado de radicales.

A los 33 integrantes de Unión por la Patria que, de ante mano rechazaban el texto, se sumaron los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco; 2 de Unidad Federal, Edgardo Kueider y Carlos “Camau” Espínola; 2 de los santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano; el de la neuquina Lucila Crexell; y el de Mónica Silva, de Rio Negro.

Las abstenciones fueron de Maximiliano Abad, los misioneros Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y la cordobesa Alejandra Vigo.

El tratamiento del DNU fue el plato fuerte de la jornada que quedó para tratar en último lugar. En la previa, Villarruel, intentó sin éxito postergar por 15 días el tratamiento del decreto. En reunión de Labor Parlamentaria, la presidenta del Cuerpo no sólo encontró la negativa de Unión por la Patria sino de otros bloques de la oposición. Mismo pedido realizó el jefe del bloque liberal, Ezequiel Atauche, durante la sesión, pero la moción resultó negativa.

Se da por descontado que el rechazo del Senado no caerá nada bien en Casa Rosada y generará malestar dentro del bloque luego de la sesión habilitada por la vicepresidenta, ya que mientras se desarrollaba la reunión de Labor, la Oficina de Prensa del presidente lanzó un duro comunicado contra Villarruel, quien no disimuló su malestar ante los senadores presentes.

Durante febrero, Unión por la Patria había solicitado una sesión para tratar el DNU en tres ocasiones. A ninguna de ellas accedió la vice, más allá de lo que establecen los artículos 19 y 20 del reglamento. Más tarde, cerca del 1ro. de marzo, se sumó una solicitud de bloques federales, a los que se acopló un radical.

Desde el entorno de Villarruel consideran que, iniciado el período ordinario, la presidenta del Senado ya no tenía margen para no incluir el debate del decreto dentro del recinto, sobre todo también porque esa situación inconclusa le trabaría el resto de los temas.

Así las cosas, desde el Gobierno se aceleraron conversaciones con gobernadores para intentar evitar que algunos senadores bajen al recinto. En tanto, alarmados, dirigentes del oficialismo salieron a reclamar que el DNU todavía no cuenta con dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y que hay muchos decretos pendientes, como expresó el miércoles por la noche el presidente de Diputados, Martín Menem, en el canal LN+.

Sin embargo, la Ley 26.122 establece que, pasado el plazo de 10 días para que la comisión dictamine, ambas cámaras podrán tratar de oficio el decreto. A esta altura, no sólo desde Unión por la Patria insisten con que todos los tiempos están vencidos, sino otros sectores también.

El mega DNU

El Poder Legislativo tiene como atribución el análisis de los decretos del Poder Ejecutivo y, particularmente sobre los DNU, evaluar si cumple con los requisitos de “necesidad y urgencia”, al tiempo de determinar su validez o invalidez en torno a la constitucionalidad o no del mismo. Es decir, no se aprueba o rechaza por las medidas allí contenidas, sino por las formas. Algo que es lo más cuestionado del 70/23, el cual no tiene antecedentes por su magnitud y a través del cual se derogaron más de 30 leyes y se modificaron unas 300.

El mega de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, dictado el 21 de diciembre, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos.

A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente un juez federal la dejó sin efecto.

Las voces a favor y en contra

En su carácter de titular de la Bicameral de Trámite Legislativo, el oficialista Juan Carlos Pagotto, recordó que la orden del día no tenía dictamen de comisión y planteó: “Este DNU 70 que tanta polvareda ha levantado viene siendo tratado en la comisión”, e hizo un paréntesis para cuestionar que la misma estuvo sin conformarse por más de cinco años”.

El riojano defendió que el decreto es la base para la reconstrucción de la economía argentina y tiene “una gran incidencia en lo que la gente quiere”. En ese sentido, solicitó la aprobación del DNU y volvió a chicanear que “nunca antes se han tratado los DNU, pero como tenemos memoria selectiva…”, y les enrostró a los titulares del bloque UP que “hay ciertos DNU que no se han tratado y también afectaban los derechos de los argentinos, muchos de los cuales tienen vigencia”.

Tal como era sabido, desde el bloque UP anticiparon el rechazo pleno. Fue la vicejefa del espacio, Anabel Fernández Sagasti la encargada de ratificar la posición argumentando que el mega DNU es “inconstitucional, no solo por arrogarse el Ejecutivo facultades del Legislativo propio del artículo 75 de la Constitución Nacional, sino también porque viola y vicia en lo sustancial y formal el artículo 99 inc. 3”.

“No hay ninguna necesidad y urgencia en muchos temas. Este DNU es inconstitucional, el Ejecutivo se está arrogando de facultades, es un tercio de lo que quiere hacer por DNU y si permitimos que esto avance vamos a tener que cerrar el Congreso de la Nación. Estamos dispuestos a discutir cada título y desde las provincias podemos aportar a mejorar lo que quiere impulsar”, remató Fernández Sagasti.

Con radicales divididos, el vicepresidente de la Bicameral de Trámite Legislativo Víctor Zimmerman, calificó el DNU como “atípico” y alertó que “está impactando de forma dispar en la Argentina”. Recordó que presentaron una nota solicitando la presencia de funcionarios para que expliquen el texto porque “se dicta en el marco de un conjunto de medidas económicas y sociales para ver si podemos salir de la difícil situación de la Argentina”. El chaqueño le enrostró al bloque de UP -a modo de defensa de las acusaciones de ese sector opositor de que el oficialismo, la UCR y el Pro querían dilatar el tratamiento- que presentó una nota la semana pasada solicitando que se inviten a constitucionalistas a debatir.

El radical detalló que en “la comisión hay 136 DNU pendientes de tratamiento. Estoy hablando de años, no de unos días. 14 son de la gestión de Macri, 107 de la gestión de Alberto Fernández y 15 de la gestión actual”. “No hay un DNU más importante que otro. Que puede tener mayor impacto e incidencia sí”, planteó y contó que tan solo fueron tratados 99 DNU en el Senado, pero en Diputados ninguno.

A diferencia del chaqueño, el porteño Martín Lousteau arrancó: “Voy a votar en contra del DNU porque es inconstitucional y eso es lo único que tenemos que evaluar. Lo dice todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina”, y agregó: “Es un DNU de más de 300 artículos, que deroga más de 80 leyes y no tendríamos más nada que discutir”.

El radical comparó: “En los países donde rige el imperio de la ley cuando alguien dice ‘eso es ilegal’ se acaba la discusión. En los países donde no rige el imperio de la ley, cuando alguien dice ‘eso es ilegal’ se empieza a decir ‘bueno, pero en realidad lo hice con buenas intenciones, lo hizo otro antes’ es ilegal”.

“Los que se llenan la boca hablando de Estado de derecho y de instituciones y la importancia que las dos cosas tienen para el desarrollo, hoy miran para el costado y defienden algo que es inconstitucional a todas luces. Lo pueden justificar por convicción, por conveniencia, por temor porque este es un presidente de un Gobierno que amedrenta, que atemoriza, que amenaza; o también porque el fin justifica los medios”, disparó y sumó: “La conveniencia no está entre los elementos para decidir qué curso se toma si una ley o un DNU”.

Para Lousteau “los que hoy o antes avalan esta herramienta a cualquier costo están generando un monstruo”. Así, criticó que el propio DNU no dice cuál es la necesidad y urgencia en los considerandos, recordó que desde el bloque le pidieron una ley espejo en el período de extraordinarias y no lo hizo. “Queremos debatir el tema porque sabemos que el país está mal y requiere de reformas”, fundamentó y cerró: “Urgente es lo que pasa en la realidad, hay contenido que es bueno, otro es regular, malo y muy malo, desglósenlo en parte”.

Por el lado oficialista, el formoseño Francisco Paoltroni expresó: “Veo una brecha inconmensurable de los que defienden la máquina de impedir que se ha creado en los últimos 20 años, y los emprendedores, los generadores de trabajo que tienen la enorme responsabilidad de llevar una PyMEs adelante. Es tan grande la brecha que, para muchos acá, es imposible comprender la necesidad y urgencia porque atentan contra la generación de trabajo y de riqueza”, y remató: “Dejemos la hipocresía de lado”.

A diferencia de su compañera de bloque, el entrerriano Edgardo Kueider reiteró su rechazo al DNU, tal como lo había manifestado un día después de que se publicó el mismo, y compartió un posteo en redes.

En el final de las exposiciones, el jefe de bloque radical Eduardo Vischi anunció su voto positivo porque “necesitamos unir a los argentinos y no es el momento de rechazar el DNU”. “Estamos dispuestos al cambio y queremos colaborar con el cambio. Tenemos la predisposición de colaborar”, enfatizó.

Asimismo, celebró que Victoria Villarruel haya convocado a sesionar y agregó: “Quiero resaltar su decisión porque bien podría hacer lo que se hacia siempre y no convocar”: Incluso, valoró la decisión a pesar de lo ocurrido con el presidente provisional Bartolomé Abdala.

Sin embargo, le envio un mensaje al jefe de Estado: “Si el presidente Milei pretende hacer cambios profundos necesariamente debe dialogar, escuchar y ver aportes de distintos sectores”, y amplió que “para que el cambio sea profundo debe ser consensuado”.

Finalmente, remarcó su apoyo al decreto 70/2023, pero advirtió: “Mandar un proyecto y maltratar a los legisladores, es de muy corto plazo y la paciencia también se agota”.

Antes de la votación y con la seguridad de que el resultado sería esquivo para el oficialismo, el jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, cargó contra el kirchnerismo e ironizó que “quiero felicitar a la oposición porque de golpe se han convertido en constitucionalistas”.

“Escuchamos incoherencias que denotan una intencionalidad que no me cierra”, siguió el jujeño y recordó el pedido de prórroga de 15 días para “darle tiempo al Gobierno”. Al profundizar sus críticas contra Unión por la Patria, sostuvo que “cuando no gobiernan, no quieren dejar gobernar”. “Les duele porque estamos haciendo las cosas y desde que está vigente este DNU, detuvimos la hiperinflación y acumulamos 10 mil millones de dólares de reservas. Detuvimos a un tren que se chocaba contra una pared”, enfatizó. Para cerrar, Atauche afirmó que “hoy los argentinos si la ven”, y cerró: “Estamos haciendo las cosas bien a pesar de que a muchos les duela y nosotros no estamos preocupados por cargos y privilegios”.

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En febrero siguió el ajuste y el Gobierno habría alcanzado otro superávit fiscal

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Sería tanto primario como financiero. La clave pasa por los recortes de subsidios energéticos. En el devengado de la APN se confirma que hubo déficit financiero.

El gobierno analiza por estas horas los últimos datos de las cuentas del sector público nacional de febrero, las cuales tendrían el mismo sesgo positivo que las de enero, cuando se logró un superávit primario y financiero bastante abultado, en un contexto de baja ejecución presupuestaria estacional.

El resultado se obtendría a partir de una continuidad de las políticas de recorte de gasto muy fuerte que encaró el gobierno de Javier Milei en el primer mes del año aunque más atenuada en el segundo por efecto del incremento del gasto previsional por los bonos de $70.000 para los haberes mínimos.

De allí trascendió que el ministro Luis Caputo podría volver a anticipar el anuncio de los datos que en general se hacen entre el día 20 y 21 de cada mes. El mes pasado lo hizo el 16, antes del fin de semana, para mandar señales a los mercados.

Incluso, algunos operadores especulan con el impacto que puede tener sobre el valor de los títulos en pesos y los bonos una confirmación del sesgo fiscalista del gobierno. Tal como repite el primer mandatario “el déficit cero no se negocia”, ya que es el ancla elegida para dar señales a los agentes económicos.

Uno de los elementos que abona la teoría de que el resultado sería menos abultado que el de enero es que en febrero la recaudación fiscal se desplomó 11% en términos reales, como producto de una baja de casi el 40% de Impuesto a las Ganancias, que es uno de los impuestos clave del sistema.

Además, según indicaron economistas consultados, para lograr el resultado positivo en febrero uno de los recortes clave serían los subsidios a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Las quejas de las empresas distribuidoras respecto de incrementos de tarifas que están recibiendo de CAMMESA revelan que el Gobierno mantuvo la misma tónica de enero. Ese mes el recorte real de ayudas del Estado fue del 77% interanual. Se pagaron $108.000 millones. El recorte sería de al menos unos $300.000 millones.

Por otro lado, si se toman los datos devengados de la Administración Pública Nacional (APN) como una aproximación del comportamiento del Poder Ejecutivo en relación a los gastos, el recorte sería del orden del 30%, según destaca la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP). La entidad confirmó que el mes pasado hubo un déficit financiero estimado en $186.635 millones, que resultó 93% más bajo que el del mismo período de 2023. En tanto, hubo un superávit primario devengado de $929.124 millones.

Hay que tener en cuenta que en enero el Gobierno incrementó la deuda flotante en $505.179 millones. De ellos, $288.190 fueron transferencias, la mayoría con provincias, y $132.000 millones en salarios. Al sumar el saldo del 2023, el gobierno arrancó febrero con una deuda flotante de $1,28 billones.

De acuerdo con ASAP, el mes pasado los ingresos totales de la APN ajustados por inflación presentaron un incremento de 4,9% en relación al mismo mes del año anterior.

La evolución de los Gastos Totales devengados de la Administración Nacional presentó una contracción del 31,3% ajustado por inflación respecto a igual mes de 2023”, indica el reporte.

El trabajo indica que “si se excluye el pago de los intereses de la deuda, se verifica que el gasto primario se contrajo en términos interanuales un 35,1%”

El gasto primario muestra disminuciones significativas de las Prestaciones de la Seguridad Social (Jubilaciones y Pensiones), que representan el 43% del gasto primario, del orden del 32,8%, mientras que las Transferencias Corrientes, que representan aproximadamente el 37% del gasto primario, dan cuenta de una caída del 37,2%.

Las erogaciones de capital se redujeron un 84,1% respecto a febrero de 2023, como consecuencia de una fuerte reducción en la Inversión Real Directa (-77%) y en las Transferencias de Capital a Provincias (-94,4%).

En lo que se refiere a los subsidios a la energía, se observa una caída del 60,1%. Los subsidios al transporte, que representaron el 2,9% del gasto primario, sufrieron una caída del 67,9%.

En febrero se registró una nueva caída de las Transferencias Corrientes destinadas a Provincias y Municipios del 46,6%. Una de las principales transferencias a provincias es el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En febrero de 2024, se desafectaron $244 millones que habían sido devengados previamente, lo que provocó una caída de más del 100% en comparación con el mismo período del año anterior.

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