“Imagínense alguien que raspando llega a fin de mes y que uno le está contando a la gente que este modelo es mejor que otro: entonces sacamos Precios Justos, ley de abastecimiento y ley de góndolas, y la gente va al supermercado y las cosas salen 50 por ciento más que en Estados Unidos, y dice: “Guau, ¿éste es el modelo?'” No, no, no puede estar bueno”. El textual es del ministro de Economía, Luis Caputo, durante un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina. La descripción es el fiel reflejo del momento que atraviesa el país. 

El “modelo” está pasando. 

El último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), mostró que en febrero hubo un descenso interanual del 9,3% en el consumo de carne vacuna. En febrero de 2023 el consumo fue de 49,2 kilos por habitante y el mes pasado cayó a 44,6 kilos por habitante. En tanto, el primer bimestre de 2024 el consumo aparente de carne vacuna habría sido equivalente a 349.100 toneladas res con hueso y con una contracción de 8,2% interanual. En el país de las vaquitas, comer carne se volvió un lujo. 

Es irónico que en el país de los alimentos, la medida de urgencia sea la apertura indiscriminada a la importación de productos de la canasta básica para intentar calmar la escalada de precios provocada, otra paradoja, por el sagrado “modelo” de desregulación que impuso el propio Gobierno. 

Ese modelo libre de ataduras, funciona sin fisuras en el marco teórico y en la febril imaginación de sus cruzados defensores. El propio Caputo tuvo que intervenir y pedirles, -amablemente, eso sí- a los supermercadistas que aflojaran un poco con la suba de los precios. 

En apenas dos meses de mercados desregulados, la inflación fue del 36,6 por ciento, aunque el Gobierno haya celebrado como un hito que la suba de precios de febrero fue de “solo” 13,2 por ciento. 

Si se extiende la mirada al primer trimestre de Gobierno, Javier Milei tiene el récord de inflación, con 71,3 por ciento. Mauricio Macri le sigue con 10,4, por encima de Alberto Fernández, con 7,8. Cristina Fernández tuvo 7,2 y Néstor Kirchner 0,4 por ciento. 

La inflación de alimentos desde diciembre es del 34,7 por ciento, mientras que el transporte acumula un alza del 53,6 y la de bienes y servicios varios, 68,3 por ciento. 

También en el primer trimestre, según compartió el propio Presidente en sus redes sociales, el salario se desplomó. 

La caída fue del 20 por ciento según detalló Marcelo Capello, economista de la fundación Mediterránea en un after office realizado el miércoles en el piso 12 de un céntrico hotel posadeño. A los jubilados les fue peor. La caída fue del 29 por ciento. El modelo. 

Los indicadores que exhibió Capello en la reunión con los empresarios misioneros pintaron un preocupante rojo, en la mayoría de los casos, peor que durante 2023. 

Los datos del economista mediterraneo no difieren mucho de los que analizó la Unión Industrial Argentina en su reunión de comisión directiva. Caída de producción, caída de demanda y un horizonte poco auspicioso si se mantiene el plan de ajuste. Quince de 16 sectores relevados por los economistas del Centro de Estudios Económicos mostraron un rojo en sus actividades. 

Sin embargo, la UIA mantiene un indulgente silencio. En la reunión del martes, el único que levantó la voz fue el misionero Román Queiroz. El presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera preguntó si “¿este silencio es estratégico, negligente u obsecuente? “Quiero saber por qué la UIA no me representa, las pymes estamos poniendo en juego nuestro patrimonio”, completó. 

La respuesta fue apagarle el micrófono. 

El problema no es “el cambio”, sino que empeoró los problemas en lugar de corregirlos. La inflación se disparó, los costos de producción y de vida se hicieron impagables y la clase media enojada se dio cuenta que fue empujada a un abismo y hoy ya es, como mínimo, clase media baja. Le hicieron creer que podía pagar una prepaga. Sin los subsidios, las tarifas de luz, el transporte, el combustible, las cuotas de las escuelas privadas, se volvieron elementos suntuosos. Pero como si nada sucediera, Milei planea reimplantar el impuesto a las Ganancias a los trabajadores con una base bajísima: los solteros pagarán desde $ 1,1 millón y los casados desde $ 1,5 millones. Se estima que un millón y medio de trabajadores, hoy exentos, pasarán a pagarlo.  Las alícuotas irán del 5% al 35% por encima del nuevo mínimo no imponible.

Sin embargo, el ministro Caputo celebró el viernes que por segundo mes consecutivo, se logró un superávit financiero, que fue de $338.112 millones, producto de un superávit primario de $1.232.525 millones y del pago de intereses de la deuda pública neto de pagos intra-sector público, que alcanzaron los $894.412 millones. De esta forma, se registraron dos meses consecutivos de excedente financiero “por primera vez desde principios de 2011”, acumulando un superávit luego de intereses de casi 0,2% del PIB en el primer bimestre del 2024. El recorte a subsidios económicos de febrero fue mayor al de enero. 

“Una de las cosas más peligrosas que puede hacer un gobierno es presentar una imagen brillante de la economía en un momento en que las familias y las pequeñas empresas están sufriendo. Los gobiernos siempre son optimistas, pero enviar mensajes eufóricos tiende a ser contraproducente, especialmente cuando la situación de la clase media es complicada”, describió el economista  Daniel Lacalle en Mises Institute en un análisis del índice de Misery en Estados Unidos. Aplica para Biden, aplica para Milei. 

La estrepitosa caída del DNU en el Senado es consecuencia directa de ese contraste entre la realidad y el entusiasmo del Gobierno. Los votos en contra no son una mera “resistencia al cambio”, sino el intento de no convertirse en acólitos sumisos de un fanatismo ciego. 

No es que “no la ven”. Es que se está viendo que el ajuste per se no es sustentable en el tiempo. Lo dice el propio FMI. Para el abstracto ciudadano que “llega raspando a fin de mes”, la cuesta se hace imposible. 

Según el Monitor de Opinión Pública Nacional, de Proyección Consultores, el 63,6 por ciento de los argentinos considera que la inflación es el principal problema y el 39,8, los bajos salarios y la caída de los ingresos. El 43,8 admitió achicar gastos para llegar a fin de mes y un 28,6 por ciento, sencillamente no llega. El 55,8 por ciento cree que su economía estará peor en los próximos seis meses. 

Por eso mismo, la imagen del Presidente comienza a ser cuestionada. El 49,4 por ciento de los encuestados por esta consultora, tiene una imagen negativa de Milei, cuya aprobación cayó en 19 de las 24 provincias, según otro reporte de CB Consultora. 

El Gobierno se niega a modificar su rumbo. Pero el DNU así como la ley Ómnibus son instrumentos mal diseñados, que arrasan con todo sin ninguna red de contención. Importa el fondo, pero también las formas.  No hay plan alternativo, pero peor aún, no se vislumbra un plan de desarrollo que encienda el entusiasmo de firmar un Pacto de Mayo. Según la última encuesta de la consultora Zuban&Córdoba, el 56,3 por ciento de sus entrevistados, recomendaba rechazar el DNU.

El mega decreto fue el primer paquete de medidas del Gobierno, dictado el 21 de diciembre pasado, que derogó la Ley de Alquileres, la de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, además de liberar los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos. La Justicia frenó la reforma laboral, la posibilidad de privatizar los clubes y habilitó un amparo para que el Instituto Nacional de la Yerba Mate pueda seguir fijando precios. Pero la industria y la provincia de Corrientes hicieron caso omiso ante ese fallo que no fue ratificado por la Cámara Federal. Para ellos, el INYM no tiene facultades regulatorias y ahora el precio depende exclusivamente de lo que determine el mercado, que podrá, al mismo tiempo, ser inundado de yerba mate brasileña o paraguaya. Mientras, los precios de la materia prima se desploman por devaluación y aumento de costos. El ciclo de los 90 a una velocidad inusitada. 

Siquiera los convencidos pudieron defender con solvencia el DNU durante el debate en el Congreso. El misionero macrista Martín Goerling Lara aseguró que “los empresarios están esperando que le aprueben el DNU a Milei para contratar a miles de personas“. No hay ningún dato cierto que permita sostener esas palabras. Por el contrario, de quedar firme la reforma laboral y con el consumo y las ventas por el suelo, lo más probable es que haya más despidos que contratos. 

Luis Juez admitió las inconsistencias jurídicas del paquete que ahora deberá ser analizado por Diputados para determinar su validez o definitivo archivo -el poroteo marca mayoría en contra y una eventual judicialización de los ajustes aplicados durante su vigencia-. 

El radicalismo quedó al borde de la fractura definitiva, entre los que tomaron distancia del DNU y buena parte de sus dirigentes cómodos en el papel de lacayos del “cambio para el que fuimos votados”, como definió el diputado Martín Arjol al cuestionar la posición del presidente del partido, Martín Lousteau. 

Pero si se trata de votos, poco alarde puede hacer el radicalismo misionero. Apenas cinco por ciento de los afiliados participó en la elección de autoridades del último domingo. Ariel Pianesi celebró ser ungido presidente del comité capital con apenas 479 votos. El radicalismo tiene en Posadas cerca de 11 mil afiliados. Son 50 mil en la provincia. 

El rechazo al DNU en el Senado no hizo más que revelar en toda su magnitud el cisma dentro del Gobierno, con Milei en contra de su vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien cometió el “pecado” de habilitar la sesión para tratar el DNU. Pero lo único que hizo la presidenta del Senado fue cumplir con la normativa. Eso de la republicana división de poderes. Milei, en cambio, avaló un tuit de un seguidor que sugería “colgarla” en la Plaza de Mayo.

Misiones toma distancia de ese escenario belicoso. En una reunión con intendentes, el gobernador Hugo Passalacqua resaltó la necesidad de colaboración que es vital para afrontar las dificultades económicas y sociales, priorizando la salud y la justicia en un escenario de crisis. “No hay cosa peor que el pueblo cuando baja los brazos. Es difícil levantar el ánimo popular y nos quedan cuatro años por delante, a todos los que estamos acá como funcionarios nos quedan cuatro años. Entonces necesitamos un pueblo esperanzado, contento, sabiendo que hay muchas dificultades, que las ha pasado todo mal, pero que nosotros desde la gestión en la medida que podamos, aunque sea como militantes, hay que estar cerca de la gente. Vamos a acercarnos a la gente y arreglaremos las cosas que se vayan descomponiendo”, declaró el mandatario que horas antes reveló el congelamiento de su sueldo.

Entre las cosas que se “fueron descomponiendo”, está el salario docente. Nación confirmó que no pagará más Incentivo Docente y el adicional por conectividad. Son más de 28 mil pesos por cargo. El viernes, Passalacqua anunció que cubrirá con fondos propios el retroceso de la gestión Milei. Son 1.394 millones al mes, más lo que ya había pagado por los últimos meses del año pasado. De todos modos, se mantendrá el reclamo judicial por una deuda acumulada del último semestre de 2023.

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