En una decisión sin precedentes a nivel nacional y regional, la Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó el primer congelamiento administrativo de activos en la Argentina por presunto financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La medida, dispuesta a partir de información de inteligencia financiera proveniente del exterior y ampliada con una investigación local, marca un punto de inflexión en el sistema de prevención de delitos financieros graves y refuerza el alineamiento del país con los estándares internacionales en materia de seguridad y control financiero.
Una medida inédita basada en inteligencia financiera internacional
La resolución fue firmada por el titular de la UIF, Paul Starc, y alcanza a personas residentes en la Argentina bajo sospecha de estar vinculadas al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Según se informó oficialmente, el organismo actuó tras recibir información de inteligencia financiera de organismos del exterior, la cual fue posteriormente analizada y complementada mediante tareas de investigación propias.
Con esos elementos, la UIF resolvió aplicar de manera preventiva el congelamiento administrativo de activos, mientras continúa la investigación sobre posibles vínculos con organizaciones delictivas internacionales. Se trata de una decisión excepcional dentro del marco normativo argentino y constituye un hecho sin antecedentes en América Latina, de acuerdo con fuentes oficiales.
El respaldo legal: Ley 27.739 y compromisos internacionales
Es la primera vez que la UIF aplica una medida de estas características desde la sanción de la Ley 27.739, aprobada en marzo de 2024, que incorporó al Código Penal argentino el delito de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP). Esta norma amplió de manera sustancial las herramientas del Estado para prevenir y sancionar conductas consideradas una amenaza directa a la seguridad internacional.
La legislación se inscribe en los compromisos asumidos por la Argentina ante las Naciones Unidas, que facultan al Consejo de Seguridad a imponer sanciones obligatorias cuando se identifican amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Entre esas sanciones, se incluyen medidas financieras restrictivas, como el congelamiento de activos y la prohibición de acceso a recursos económicos.
En paralelo, los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establecen que los países deben contar con sanciones financieras específicas, inmediatas y eficaces para impedir que personas o entidades vinculadas al FP utilicen el sistema financiero formal. La medida adoptada por la UIF se ajusta estrictamente a esos lineamientos.
Impacto institucional y señales al sistema financiero
Con esta decisión, la UIF fortaleció el sistema nacional de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ampliándolo a uno de los delitos más sensibles a nivel global. El congelamiento administrativo de activos, aplicado de manera preventiva, envía una señal clara al sistema financiero, a los sujetos obligados y a la comunidad internacional sobre el endurecimiento de los controles y la tolerancia cero frente a delitos transnacionales de alto riesgo.
Desde el plano institucional, la Argentina pasa a integrar el reducido grupo de jurisdicciones que ya aplicaron medidas concretas contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, un fenómeno que el propio GAFI incorporó como prioridad estratégica en los últimos años.
En términos económicos y regulatorios, la decisión también refuerza la credibilidad del sistema financiero argentino, al demostrar capacidad de respuesta frente a amenazas complejas y alineamiento con los estándares internacionales, un aspecto clave en evaluaciones externas y procesos de cooperación financiera global.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un memorándum presidencial que ordena la retirada del país de 66 organizaciones internacionales, entre ellas 31 entidades vinculadas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que “ya no favorecen los intereses estadounidenses”. La decisión, anunciada por la Casa Blanca este miércoles 31, marca un giro significativo en la política exterior y multilateral de Washington, con implicancias políticas, económicas e институcionales a escala global.
Un repliegue del multilateralismo: alcance y fundamentos de la medida
Según informó la Casa Blanca a través de la red social X, el memorándum presidencial dispone el abandono formal de 66 organismos internacionales, de los cuales casi la mitad forman parte del sistema de Naciones Unidas. Entre las organizaciones más relevantes alcanzadas por la decisión se encuentran la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático y la Alianza de Civilizaciones.
En un comunicado oficial, la Casa Blanca sostuvo que estas entidades promueven “causas radicales sobre el cambio climático, gobernanza global y programas ideológicos que chocan con la fortaleza económica y la soberanía de Estados Unidos”. El texto remarca que, desde la perspectiva de la actual administración, la participación en estos foros dejó de alinearse con los intereses estratégicos, económicos y políticos del país.
La mayor parte de los organismos abandonados son comisiones y paneles asesores enfocados en temáticas como cambio climático, migración, derechos laborales y otros asuntos que la Administración Trump considera asociados a agendas de diversidad e igualdad que, según su diagnóstico, se imponen “en perjuicio del mérito”.
Organismos alcanzados y redefinición de prioridades estratégicas
Además de estructuras del sistema de la ONU, el retiro estadounidense alcanza a espacios de cooperación y coordinación internacional en materia de seguridad y gobernanza. Entre ellos figuran el Foro Global Central contra el Terrorismo, el Partenariado para la Cooperación Atlántica y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.
Desde la Casa Blanca no se detallaron plazos operativos ni mecanismos específicos de salida, pero el memorándum presidencial establece la directriz política para concretar el retiro de manera progresiva. La medida se inscribe en una visión que prioriza la soberanía nacional y la autonomía de decisión frente a los compromisos multilaterales, un eje que ya había caracterizado la política exterior de Trump en etapas anteriores.
Impacto político e institucional a nivel global
La decisión de abandonar 66 organizaciones internacionales introduce un nuevo factor de tensión en el escenario internacional y plantea interrogantes sobre el rol futuro de Estados Unidos en los ámbitos de coordinación global. En particular, el retiro de organismos vinculados al cambio climático y a la gobernanza internacional puede alterar equilibrios en foros donde Washington históricamente tuvo un peso determinante.
En términos institucionales, la salida de Estados Unidos implica una reducción de aportes financieros, capacidad técnica y liderazgo político en múltiples instancias multilaterales. A la vez, abre espacio para que otros actores internacionales refuercen su influencia en esos organismos.
Desde el plano económico, la redefinición del vínculo con estructuras globales de cooperación podría tener efectos indirectos en áreas como comercio, financiamiento climático y estándares internacionales, en un contexto de reconfiguración de alianzas y prioridades geopolíticas.
EE.UU. sancionó a una jueza peruana de la Corte Penal Internacional y expuso una tensión inédita sobre la independencia judicial global
Las sanciones económicas y migratorias impuestas por Estados Unidos contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI) abrieron un conflicto institucional de alto impacto político y jurídico. Entre los afectados se encuentra la magistrada peruana Luz del Carmen Ibáñez Carranza, jueza de la Cámara de Apelaciones del tribunal con sede en La Haya, quien denunció que las medidas le bloquearon cuentas, tarjetas de crédito y transferencias internacionales. El caso reaviva el debate sobre la independencia judicial, la vigencia del Estatuto de Roma y los límites del poder político frente a la justicia penal internacional.
Las sanciones de EE.UU. y el alcance sobre la Corte Penal Internacional
La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza integra la Corte Penal Internacional desde hace casi ocho años. El tribunal fue creado en 1998 mediante el Estatuto de Roma para juzgar a individuos por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión. En 2025, el gobierno de Estados Unidos sancionó a seis jueces y a tres fiscales de la CPI, incluido el fiscal principal Karim Khan.
Según informó el Departamento de Estado, las sanciones responden a la “oposición a la politización, el abuso de poder, el desprecio por la soberanía nacional y la extralimitación judicial ilegítima de la CPI”. Washington sostuvo que la Corte “constituye una amenaza para la seguridad nacional” y la acusó de actuar como un instrumento de “guerra jurídica” contra Estados Unidos y su aliado Israel. Parte de las medidas se anunciaron luego de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes vinculados a Gaza.
En el caso de Ibáñez Carranza, el Departamento de Estado señaló que fue sancionada por “autorizar la investigación de la CPI contra personal estadounidense en Afganistán”. La magistrada explicó que la decisión cuestionada corresponde a 2019, cuando un panel de cinco jueces de la Cámara de Apelaciones habilitó investigaciones por crímenes cometidos en el territorio afgano, sin distinción de autores: talibanes, fuerzas estatales o fuerzas extranjeras.
Las Naciones Unidas condenaron las sanciones como “un ataque contra el Estado de derecho”. La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió que las medidas buscan influir directamente en el trabajo judicial y equiparan a jueces internacionales con “presuntos terroristas o líderes de cárteles”.
Impacto personal, económico y familiar de las sanciones
Más allá de la dimensión institucional, la jueza peruana describió el impacto concreto de las sanciones en su vida cotidiana. Entre las restricciones figuran la cancelación de visas, el bloqueo de cuentas en dólares en cualquier país, la anulación de tarjetas de crédito y la imposibilidad de utilizar servicios financieros o plataformas vinculadas a empresas con sede en Estados Unidos.
“No puedo ordenar una comida, no puedo tomar un taxi Uber, no puedo enviar dinero a mi país”, relató. Ibáñez Carranza explicó que transfería mensualmente fondos a Perú para el mantenimiento de su vivienda y el pago de servicios básicos, pero que una operación vía Western Union quedó retenida sin explicación. Las sanciones, además, se extienden indirectamente a familiares y personas que intentan asistir a los magistrados afectados. En su caso, su hija vio cancelada una visa sin fundamentos explícitos.
El alcance extraterritorial de las medidas generó tensiones incluso en Europa. Bancos con sede en Países Bajos restringieron inicialmente operaciones de los jueces sancionados, lo que derivó en gestiones ante autoridades holandesas para garantizar el funcionamiento básico de cuentas en euros. “La pregunta era si Europa es realmente un espacio seguro o si sus bancos están subordinados a la política estadounidense”, sostuvo la magistrada.
Ibáñez Carranza acumuló más de 35 años de trayectoria como fiscal en Perú antes de llegar a la CPI, incluyendo causas emblemáticas como la investigación contra Abimael Guzmán, exlíder de Sendero Luminoso, condenado a cadena perpetua en 2005. Desde esa experiencia, afirmó que las sanciones buscan intimidar, pero no condicionarán sus decisiones: “Frente a unos hechos y una evidencia, lo único que puedo aplicar es el derecho y mi conciencia”.
Repercusiones políticas y debate sobre el futuro de la CPI
El conflicto se inscribe en un escenario de presión creciente sobre la Corte Penal Internacional. Además de las sanciones estadounidenses, algunos jueces enfrentan órdenes de arresto emitidas por Rusia, en represalia por decisiones judiciales vinculadas al conflicto en Ucrania. En paralelo, varios Estados se negaron a ejecutar órdenes de arresto de la CPI, y parlamentos nacionales, como el de Venezuela, debatieron proyectos para retirarse del Estatuto de Roma.
Para la magistrada peruana, el objetivo de fondo es debilitar el sistema de justicia internacional y desalentar investigaciones sobre crímenes atroces. “El ataque no es solo contra los jueces, es contra las víctimas”, sostuvo. Recordó que el principio de complementariedad del Estatuto de Roma establece que la CPI actúa solo cuando los Estados no investigan o juzgan adecuadamente, y que la Corte no persigue países sino hechos y responsabilidades individuales.
Lejos de paralizar su actividad, Ibáñez Carranza aseguró que la CPI continuó dictando sentencias relevantes y celebrando audiencias, incluso después de las sanciones. Mencionó decisiones en casos de la República Centroafricana, Sudán y Filipinas. Según su evaluación, las presiones externas produjeron un efecto inverso al buscado: mayor cohesión interna entre los jueces y fiscales del tribunal.
En términos políticos, el episodio plantea interrogantes sobre la gobernanza global, el respeto a la independencia judicial y el equilibrio entre soberanía estatal y justicia internacional. La jueza advirtió que la respuesta de la Unión Europea será clave: no solo en declaraciones de respaldo, sino en medidas prácticas que garanticen condiciones operativas mínimas para el funcionamiento de la Corte.
Femicidios en aumento, ONU Mujeres alerta que casi 50.000 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o familias en 2024
Un informe de ONU Mujeres, elaborado junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), reveló que en 2024 casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o algún miembro de su familia. La cifra —que equivale a un promedio de 137 víctimas por día— expone el agravamiento de una problemática estructural que las Naciones Unidas volvieron a colocar en el centro del debate global en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
El organismo advirtió que estos crímenes representan casi el 60% de los 83.000 homicidios de mujeres registrados ese año. Las conclusiones describen un escenario alarmante para los sistemas judiciales, los gobiernos y las organizaciones de derechos humanos que buscan contener un fenómeno que combina desigualdad estructural, violencia doméstica y fallas de protección estatal.
Un mapa global del femicidio: África y Asia concentran la mayoría de los casos
El informe muestra disparidades regionales que permiten dimensionar la magnitud del problema:
África: 22.600 asesinadas por parejas o familiares en 2024. Asia: 17.400 víctimas. Américas: 7.700. Europa: 2.100. Oceanía: 300.
La distribución geográfica confirma que el femicidio íntimo o familiar continúa siendo un fenómeno transversal, aunque con dinámicas específicas según región. En Europa, el 64% de los casos fueron cometidos por parejas de las víctimas, mientras que en las Américas ese porcentaje asciende a 69%.
ONU Mujeres identificó factores estructurales que sostienen la violencia letal: estereotipos de género que consideran a las mujeres “subordinadas” a los hombres, discriminación en distintos niveles sociales y económicos, desigualdad persistente en el acceso al empleo, la educación y la justicia.
Además, el informe alerta sobre dos factores de riesgo clave en el feminicidio de pareja: antecedentes de violencia y separación inminente. Sin embargo, en los crímenes cometidos por otros familiares, los patrones son menos claros, lo que exige estrategias más amplias y específicas de prevención
La tecnología como nuevo vector de violencia: del control digital a los deepfakes
Uno de los puntos más novedosos del informe es la referencia al rol de la tecnología de la información y la comunicación (TIC) en la expansión de nuevas modalidades de violencia contra mujeres y niñas.
Según ONU Mujeres, el acceso masivo a herramientas digitales permite: intensificar patrones de violencia doméstica, ejercer control coercitivo, vigilancia y acoso, producir contenidos dañinos como videos deepfake, una práctica en crecimiento.
La organización advierte que la violencia digital impacta especialmente en mujeres con mayor visibilidad pública —periodistas, políticas y activistas—. Una de cada cuatro periodistas afirmó haber recibido amenazas de violencia física o de muerte a través de Internet.
Para ONU Mujeres, esta tendencia no solo profundiza la violencia tradicional, sino que crea nuevos factores de riesgo que pueden actuar como antesala del feminicidio.
Prevención, justicia y datos: las claves que propone ONU Mujeres para frenar los feminicidios
El estudio insiste en que reducir los feminicidios requiere intervenciones integrales y sostenidas, basadas en tres pilares: educación, legislación y fortalecimiento institucional.
Entre las medidas propuestas se destacan:
Educación y habilidades para relaciones sanas
Programas de formación para desmontar estereotipos y prevenir dinámicas abusivas desde edades tempranas.
Reforma legal y penal
Criminalizar el femicidio como figura autónoma.
Incorporar agravantes específicas para homicidios motivados por violencia de género.
Crear unidades especializadas en policías, fiscalías y tribunales.
Campañas públicas
Promoción de campañas como “Ni Una Menos” y “Me Too”, destinadas a sensibilizar y ampliar la visibilidad del problema.
Sistemas de información confiables
Los organismos internacionales subrayan que cualquier política pública requiere datos robustos y comparables. Entre los modelos citados se encuentra VioGén, un sistema del Ministerio del Interior de España creado en 2007, que integra herramientas de evaluación de riesgo, monitoreo y protección de víctimas.
El fortalecimiento de observatorios de feminicidio y agencias estatales aparece como condición central para mejorar la respuesta de justicia y prevención.
Afirmó la embajadora de Israel en Uruguay Michal Hershkovitz al sostener que muchos gobiernos auspician este aumento del antisemitismo. En otro orden aseguró que ningún país puede confiar en acuerdos con grupos terroristas.
La Diplomática recibió a MDZ, Economis y Urbana Radio Eldorado 104.5 en sus oficinas de la ciudad de Montevideo. Por Alejandro Fabián Spivak
-¿Cree que el acuerdo con Hamas está trastabillando?
-Tuvimos un avance muy importante al firmar el acuerdo que es solamente el primer paso; pero este primer paso no terminó porque Hamas no cumplió, ya que no regreso los cueros de todos los rehenes. Hasta este momento hay 6 cuerpos en Gaza. Israel ya hizo su parte, Hamás tiene que cumplir también. Entonces estamos en un tiempo muy delicado, pero tengo la esperanza que podamos avanzar.
-¿Se puede confiar en un acuerdo de paz con un grupo terrorista?
-Con los terroristas no tenemos confianza. Creo que ningún confía en los terroristas. Tenemos confianza con los países involucrados en el acuerdo porque son ellos los que garantizan el acuerdo.
-Entre esos países está Qatar que destina 4.000 millones de dólares anuales a las universidades de Estados Unidos para que apoyen a grupos palestinos Palestina. ¿se puede confiar en Qatar, por ejemplo?
La gente tiene que decidir si está del lado de los terroristas o del lado de Israel.
-Israel tuvo que pagar muy caro el precio del ataque de terroristas del 7 de octubre. Mientras Hamás liberó rehenes, Israel debió liberar terroristas. Casi 2000, ¿cuál es su opinión?
– Tuvimos que liberar muchos terroristas con sangre en sus manos. Varios condenados a cadenas perpetuas porque son responsables del asesinato de muchos israelíes. El precio fue muy alto, pero lo más importante fue recibir a los rehenes israelíes pagamos un precio alto pero el valor de la vida es más importante. Tenemos experiencia de acuerdos anteriores que los terroristas que fueron liberados de las cárceles en Israel volvieron a hacer actos terroristas. El alma de terrorista lo tienen por más que salgan. El que empieza como terrorista, termina como terroristas. Además, están bajo el régimen de pagar para asesinar; porque los terroristas de Hamas reciben un sueldo por sus acciones, si comparamos como vive una persona en Gaza, sin trabajo, con sus hijos en la casa sin algo para darles a comer, sin seguridad económica y tienen la posibilidad de ser asesinos y recibir plata cada mes y sí mueren su familia van a recibir más plata, entonces es una inversión que para los palestinos vale la pena hacer terrorismo
-¿Puede producirse otro 7 de octubre?
-Sí teóricamente sí Hamás se queda con el liderazgo de Gaza. Si Hamás va a rearmarse ¿por qué no?, tuvimos con Hamás anteriormente ciclos de violencia, después se tranquilizaron y luego se re armaron. Con el apoyo de Irán podrían hacer otro 7 de octubre. Israel hará todo lo que necesite para evitarlo.
-¿Cómo analiza la posición de Egipto, Turquía e Indonesia? Este último país cuenta con el mayor número de residentes musulmanes del mundo,
Los tres países tienen diferentes posiciones; diferentes maneras de involucrarse en este proceso. Con Egipto tenemos una paz duradera, continuamos con los vínculos muy cercanos, tenemos vínculos también en economía, turismo, entonces tenemos vínculos muy importantes. Egipto quiere paz y estabilidad en la región exactamente como Israel. La situación con Turquía es diferente, teníamos relaciones muy cercanas, teníamos paz con ellos desde casi el nacimiento de Israel, en los últimos años con el liderazgo que tienen las relaciones se detuvieron; se deterioraron, la posición hoy de Israel para el involucramiento de Turquía es claro y no vamos a ver fuerzas turcas en Gaza. Para poner fuerzas en Gaza los países deben tener un acercamiento equilibrado. Con Indonesia no tenemos relaciones, pero sí tenemos vínculos y mucha esperanza que podamos avanzar. Sí hablamos de lo que pasó en Medio Oriente en los últimos años podemos ver el avance de la paz con los acuerdos de Abraham (Los acuerdos de Abraham son un conjunto de acuerdos de normalización de relaciones diplomáticas y pacíficas entre Israel y varios países árabes, firmados en 2020, con la mediación de Estados Unidos. Estos acuerdos incluyeron la normalización de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Marruecos, con la participación de Sudán. Los acuerdos se basan en el entendimiento mutuo, la coexistencia, la dignidad humana y la libertad religiosa), aunque su implementación ha sido cuestionada en el contexto de conflictos recientes, estábamos a punto de continuar con esta con estos acuerdos y el 7 de octubre del 2023 se paró este camino y ahora con el plan americano tenemos la esperanza que podamos volver al camino de paz e Indonesia es uno de las oportunidades, no la única
-¿Hay alguna opinión respecto a la división entre musulmanes, chiitas y sunitas de parte de la embajadora?
– La división entre sunitas y chiitas es algo muy grande, podemos hablar horas, pero desde el punto de vista israelí es difícil dividir acciones, oportunidades, amenazas por el tema de religión, porque, reitero, sí trato de verlo desde el punto de vista israelí tenemos paz con países como Egipto, Jordania, los Emiratos con los sunitas y por ejemplo Azerbaiyán, un país chiita, uno de los amigos más cercanos que tenemos en Asia, también tenemos en el mundo amenazas de parte sunita y parte chiita, de Hamas, Hezbolá e Isis. Creo que no es un tema de religión sino de liderazgo. Con Irán tuvimos paz hasta hace 40 años. Tuvimos muy buenas relaciones con el pueblo iraní, con el régimen anterior y tenemos hasta este momento mucha influencia de cultura iraní en Israel. Hoy Irán es el enemigo número uno. Entonces no es cuestión de religión de Sunitas o chiitas
-Existe un incremento del antisemitismo en Europa inclusive auspiciado por algunos gobiernos, ¿Coincide?
Sí y aumenta; en septiembre, por ejemplo, dos judíos fueron asesinados en la sinagoga en Manchester, hay muchos actos de antisemitismo. El nivel de antisemitismo es muy alto. Hay discursos de odio y de demonización contra Israel y esto lleva al antisemitismo.
-Está comprobado que la frontera seca entre Uruguay y Brasil más precisamente en la ciudad de Chuí hay un aumento de la de la población musulmana, que al igual que en la triple frontera, estarían auspiciando a grupos terroristas. ¿Usted tiene información?
– Hay información abierta, hay artículos periodísticos que hablan de la influencia del grupo terrorista como Hezbolá en América Latina con presencia en el Triple frontera (Argentina, Brasil, Paraguay); en (la ciudad uruguaya) de Chuy (frontera ceca con la ciudad brasileña de Chuí). Todos sabemos que el Hezbolá es culpable por los actos terroristas en Argentina, entre otros. Hay mucha información respecto a que recientemente operadores de Hezbolá actuaron en diferentes países de la región.
-Así como en Europa hay un avance antisemita, ¿hay para usted un avance antisemita en América Latina?
Es un hecho también, hay diferentes reportes que muestran el aumento del antisemitismo, especialmente en las redes sociales, hay recientemente un reporte del World Jewish Organization que habla del aumento profundo del antisemitismo en los países de América Latina, es muy lamentable y es un desafío que tenemos que confrontar especialmente los gobiernos de la región. Vuelvo al 7 de octubre. ¿Cómo analiza las actuaciones de la Cruz Roja, la ONU, la UNICEF? que tuvieron mucho silencio.
Sí, tuvieron mucho silencio, y alta voz contra Israel y hablo especialmente de la ONU. Es preocupante ver como una organización que debe ser equilibrada toma declaraciones y acciones no equilibradas. Hay un montón de ejemplos, como cuando vimos las imágenes del rehén David cavando su propia fosa, el jefe de la ONU quedó en silencio. Cuando se muestra a Hamas ejecutando a la gente en sus casas y la ONU se queda silencio es una posición muy preocupante que produce desafortunadamente mucha influencia a diferentes países porque en muchos aspectos la ONU es una organización muy respetuosa, pero con el tema de Israel no es tan así y la influencia es devastadora.
-El presidente de Uruguay Yamandú Orsi plantea: Dos pueblos, dos Estado. ¿Cuál es su opinión?
Esta posición de dos pueblos no es respaldada por el gobierno actual de Israel. Entonces, por ahora no está sobre la mesa.
-¿Cómo ve los próximos meses en Israel? la recuperación de los secuestrados, de las familias de las personas asesinadas…
-Hoy hay en Israel mucha más esperanza que antes. Cuando vimos a los rehenes con vida regresar a Israel fue el momento que no se puede describir. Los rehenes que están en Israel pueden empezar a recuperarse, a respirar y con ellos todo el pueblo. Estamos esperando el regreso de los 6 cuerpos de los rehenes que quedaron en Gaza y cuando ellos regresen podremos empezar a curar las heridas y reconstruir la vida porque el 7 de octubre de 2023 perdimos la sensación de seguridad en Israel y tuvimos parte de nuestro corazón en Gaza y podemos ver como este corazón regresa poco a poco. La sensación de seguridad también tiene que ser completa. Estará completa cuando veamos a Hamás sin armas y no en el liderazgo de Gaza, pero estamos en camino.
-Sin olvido ni perdón…
Sin olvidar por supuesto que sí, nunca podremos olvidar y no vamos a perdonar a los terroristas, tenemos que tener la posibilidad de esperanza, las ganas de construir un camino nuevo y de hacer acuerdos de paz en la región, tenemos que hacerlo con los palestinos, entonces tenemos que tener la dosis de compasión para que podemos avanzar por un futuro mejor en toda la región
-Un mensaje final …
Yo hablo mucho con los judíos en Uruguay. Personalmente empiezo este año con más esperanza (el pueblo judío inició en septiembre el año 5786). Somos un pueblo fuerte. Tenemos miles de años de continuación. Hemos sufrido tanto durante la historia. Estos dos últimos años fueron horribles para todos nosotros, pero tengo la sensación que ahora podremos ver la luz, el fin del túnel. Tengo la aspiración de un futuro diferente y mejor.
