Informe del Centro de Economía Política Argentina. La empresa, bajo control estatal, mejoró en todos los indicadores que se pueden analizar: aumentó la producción de petróleo y gas, crecieron las reservas hidrocarburíferas por mayor actividad exploratoria, incrementó las inversiones, mejoró la eficiencia operativa en Vaca Muerta a un nivel de clase mundial y se generó más trabajo por la mayor cantidad de equipos operando. En resumen, los indicadores de eficiencia muestran:
El mayor crecimiento de la producción de los últimos años: luego de la irrupción de la pandemia del COVID-19, la producción de hidrocarburos (petróleo, gas y GLP) alcanzó los 503 mil barriles equivalentes diarios. Esto significó un incremento del 7,8% entre 2020 y 2022, lo que representa el mayor crecimiento orgánico de los últimos 25 años. Además, se revirtió la caída de producción en petróleo y gas que se produjo entre 2016 y 2019.
Ganancias récord: el EBITDA ajustado de 2022 (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) superó en 29% al de 2021 y en 37% al de 2019, constituyendo el tercero mejor de la historia de YPF.
Inversión récord: YPF logró alcanzar un nivel histórico que, en 2022, superó en 52% la de 2021 y en 17% a la de 2019, último año del gobierno de Juntos por el Cambio.
Mayores reservas: se incrementaron a la par de la mayor producción. Las reservas comprobadas de hidrocarburos totales aumentaron 114 millones de barriles equivalentes entre 2019 y 2022, pasando de 1.073 a 1.187 (11% de incremento).
Desendeudamiento sustancial: reducción de USD 1.000 millones en préstamos entre 2019 y 2022.
Mayor eficiencia operacional: los costos operativos (lifting cost) y de desarrollo (development cost) en operaciones Shale se redujeron sistemáticamente llegando a 8,2 y 3,6 USD/BOE respectivamente. Esto implica una reducción de 58,6% en el lifting cost y de 49,7% en el development cost entre 2017 y 2022
Durante 2022, YPF mejoró la producción para atender a la demanda creciente y lo hizo con los precios más bajos de la región, evitando, además, el impacto en precios del conflicto bélico (estabilidad de precios para la producción).
La cotización de las acciones de la compañía se incrementó sensiblemente y por encima del resto de las empresas. A modo de ejemplo, si se la compara con otras empresas seleccionadas, mientras que, desde enero de 2021 a marzo de 2023, Aluar mejoró la cotización de su acción en 429,5%, Mirgor en 329,9% y Telecom en 180,7%, YPF lo hizo en 538,6%.
YPF impulsa el gasoducto NK y el acuerdo con Petronas, que permitirá modificar la matriz energética y económica de la Argentina. Asimismo, YPF participa como asociada a la empresa Equinor en la exploración offshore en el Mar Argentino, cuya potencialidad de producción se estima en 200.000 barriles de petróleo diarios.
Inversión récord en nuevas energías y desarrollo de una estrategia de producción e industrialización del Litio a través de YPF Litio. A todo esto, se suma la fuerte apuesta a la tecnología: YTEC tendrá, en 2023, el mayor presupuesto de su historia.
YPF ha demostrado ser productiva y rentable en el marco de administraciones que priorizaron su expansión. Los discursos en torno a la ineficiencia de las empresas públicas no sólo son falsos, sino que se proponen construir una realidad distorsionada para justificar decisiones drásticas de entrega del patrimonio nacional. Se desconoce así el rol central de una empresa como YPF para la soberanía del país, el desarrollo de la producción nacional, la creación de fuentes de trabajo y la generación de divisas.
Pero no sólo se trata de rebatir el discurso interesado sobre la ineficiencia, mostrando datos contundentes, sino fundamentalmente señalar que el verdadero objetivo de estas críticas es propender a una apropiación privada del principal recurso en juego: Vaca Muerta. Las estrategias para ello pueden ser diversas: la Resolución 46 aprobada durante el gobierno de Cambiemos marginó a YPF de la explotación y entregó concesiones al sector privado para hacerla, pero la fase superior de ello podría ser la lisa y llana re-privatización -parcial o total- de la empresa, lo que hará innecesario generar resoluciones como la citada, porque se excluirá directamente al sector público como actor en el mercado hidrocarburífero argentino.
YPF anunció que alcanzó un acuerdo por el caso Maxus en Estados Unidos, lo que permitirá desestimar todas las acciones iniciadas contra la petrolera argentina y contra Repsol y otorgará una liberación y absolución total de los reclamos que presentó en su momento el Fideicomiso de Liquidación de Maxus por hasta US$ 14.000 millones.
En un comunicado, la petrolera argentina recordó que tras la privatización en 1992 de YPF, la compañía desplegó una estrategia de expansión internacional en la adquirió Maxus, una empresa estadounidense de petróleo y gas.
Por entonces esta firma contaba con activos en diversos países del mundo (Estados Unidos, Bolivia, Indonesia, Ecuador y Venezuela), lo que para YPF –controlada por Repsol- significó el puntapié de una estrategia de negocios que a la luz de la época se presentaba como atractiva.
Años antes, en 1986, Maxus había vendido su negocio de químicos a Occidental Chemical Corporation y aceptado indemnizar a la misma por los pasivos ambientales derivados de sus operaciones.
Posteriormente, en el año 2005 el Estado de Nueva Jersey demandó a Occidental y a Maxus -añadiendo más tarde a YPF y Repsol- por la contaminación del río Passaic -a 10 kilómetros de la ciudad de Nueva York- con residuos químicos.
Occidental hizo valer su indemnidad y Maxus, la empresa que había adquirido YPF en 1995, honró sus obligaciones hasta que el 17 de junio de 2016 tomó la decisión de presentarse en concurso y posteriormente se decretó su quiebra.
En junio de 2018 el Fideicomiso de Liquidación de Maxus demandó a YPF y Repsol y ciertas subsidiarias, por un monto de hasta 14.000 millones de dólares ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware.
El Fideicomiso alegó que Maxus tuvo la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a sus acreedores.
En un comunicado, YPF informó esta noche que tras años de litigio y negociaciones el Fideicomiso de Liquidación de Maxus y luego de obtener de parte de la petrolera argentina, en junio de 2002, una decisión de juicio sumario parcial por parte del Tribunal de Quiebras, YPF y Repsol llegaron a un acuerdo de conciliación.
Ese acuerdo determina que el Fideicomiso de Liquidación de Maxus desistiría de las reclamaciones que ha presentado contra YPF y Repsol en el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, así como a todas las reclamaciones actuales y futuras que puedan tener contra ambas compañías.
A cambio de esto, YPF y Repsol se comprometieron a pagar al Fideicomiso un monto de US$ 287,5 millones cada uno, lo que hace una cifra total de US$ 575 millones.
El monto que deberá abonar YPF equivale sólo al 2% de la cifra original de la demanda.
El acuerdo está sujeto a aprobación judicial y otras condiciones que deberán cumplirse a lo largo de los próximos meses, detalló el comunicado de YPF.
Asimismo, YPF y Repsol firmaron también un acuerdo transaccional con Occidental Chemical Corporation y algunas de sus afiliadas, bajo el que Occidental acordó renunciar a reclamos futuros que pueda tener contra ambas compañías en relación con las entidades Maxus, el río Passaic y otras áreas sujetas a remediación ambiental.
En esta línea, tanto YPF como Repsol también firmaron entendimientos con varias entidades gubernamentales, incluidos el Departamento de Justicia actuando en representación de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU, y los Estados de Ohio y de Wisconsin, bajo el que las entidades gubernamentales se han comprometido a no presentar reclamos contra ambas empresas en cuestiones similares a las registradas con anterioridad en el marco del Fideicomiso de Liquidación de Maxus.
Los acuerdos con Occidental y la Agencia de Protección Ambiental de EEUU se encuentra similarmente sujeto a ciertas condiciones precedentes.
“De cumplirse las condiciones, los acuerdos darán por terminado el litigio que se extendió durante años, llegando a un cierre justo y razonable para todas las partes, y que permitirá a YPF seguir centrando sus esfuerzos en la generación de valor y empleo, profundizar el crecimiento de su producción y enfocar sus esfuerzos en las inversiones necesarias para robustecer y diversificar la matriz energética argentina”, sostuvo la empresa que conduce Pablo González.
Por Santiago Spaltro, El Cronista. La petrolera argentina YPF reiniciará entre mayo y junio las exportaciones de petróleo liviano hacia Chile, gracias a la productividad de Vaca Muerta. Eso no sucede desde 2007, hace 16 años, cuando se cerró el Oleoducto Trasandino (Otasa). Además, como medida para atraer inversiones del exterior, YPF repartirá dividendos en dólares entre sus accionistas por primera vez desde 2019, hace 4 años.
En conversación con periodistas en un salón de la New York Stock Exchange (NYSE), tras la presentación del balance (que arrojó una rentabilidad del negocio -EBITDA- de casi u$s 5000 millones y una ganancia neta de u$s 2200 millones), el plan estratégico a 25 años y responder preguntas de analistas de bancos y fondos de inversión, el presidente y el CEO de YPF, Pablo González y Pablo Iuliano, respectivamente, comentaron que la rehabilitación de Otasa, a la par del autoabastecimiento de crudo de las refinerías de la empresa, volverá a hacer posible la entrada de dólares al país por esta vía.
A mediados de este 2023, el caño quedará listo para enviar entre 30.000 y 40.000 barriles diarios de petróleo crudo de todas las petroleras que operan en la Cuenca Neuquina, donde está la formación Vaca Muerta, que despunta con sus reservas de shale oil y gas.
Exportaciones de petróleo de Vaca Muerta
En septiembre estaría listo el oleoducto Vaca Muerta Norte, que conectará Añelo con Puesto Hernández y permitirá una capacidad de exportación de 110.000 barriles, aunque los envíos a Chile podrían rondar los 70.000 barriles diarios, según la demanda del país trasandino, detalló Iuliano.
La producción total de la Argentina fue en enero de 626.600 barriles diarios de petróleo crudo y crece a un ritmo de 10% anual, porque convive el declino acelerado de los campos maduros con la productividad del no convencional, con saltos de 30% interanual en la extracción de shale.
Actualmente, las exportaciones de crudo del país salen desde la Cuenca del Golfo San Jorge, con la producción de petróleo pesado -más útil para destilar gasoil- de Pan American Energy (PAE) en Cerro Dragón, y las que se evacúan desde Vaca Muerta van de la mano de Vista, Chevron, Exxon y Shell hacia Puerto Rosales, en Bahía Blanca, para viajar en barcos por el Océano Atlántico hasta Estados Unidos, Países Bajos y Brasil. YPF se sumará a este lote a la brevedad.
La petrolera de gestión estatal argentina es socia en Otasa junto a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Chile y a la estadounidense Chevron. El ducto va desde Puesto Hernández a 700 metros de altura sobre el nivel del mar, sube hasta 2000 metros para cruzar la Cordillera de los Andes y desciende tras 425 kilómetros en la Refinería Bío Bío en la localidad chilena de Talcahuano, donde Enap procesa el crudo.
Las operaciones estuvieron cerradas desde 2007 por la falta de petróleo excedente desde Neuquén, a medida que Argentina demandaba más por su crecimiento económico y la producción se desplomaba con Repsol y otras firmas, sin una política energética convincente para el sector.
Dólares para inversiones en YPF
Según anunció por videoconferencia desde la torre de YPF en Puerto Madero directo a Wall Street el ministro de Economía, Sergio Massa, el Estado (accionista del 51% de YPF, entre Nación y las provincias) llevará a la próxima reunión de Directorio, en abril, la propuesta de repartir dividendos entre sus accionistas por primera vez desde 2019. Para eso, la petrolera constituyó una reserva de unos 100 millones de dólares.
Será una señal para continuar atrayendo a los inversores, que necesitan sacar de la Argentina hacia sus cuentas el fruto de sus apuestas. Entre sus principales preocupaciones, el atraso en los precios de los combustibles es central. En el inicio de 2023, los valores de la nafta y el gasoil que vende YPF en sus estaciones de servicio están entre 15% y 20% abajo de la paridad de importación (import parity).
Precios de los combustibles: cuándo aumentan
La cúpula de la petrolera asegura que espera mantener esos niveles durante el año, por lo que trabajarán con el Gobierno para que les permita a las empresas recuperar mes a mes el atraso respecto a la inflación, la devaluación del peso (tipo de cambio oficial), el precio internacional del petróleo crudo, los biocombustibles y los impuestos, aún en un período donde se acercan las elecciones y es habitual que la política defina un congelamiento de los precios hasta el día posterior a los comicios.
En los próximos días, como capítulo final del acuerdo de Precios Justos por cuatro meses (diciembre-marzo) para las refinerías, YPF y el resto de sus competidoras aumentarán un 3,8% los precios de la nafta y el gasoil. Y en adelante, buscarán actualizar en línea con la devaluación.
La acción de YPF en Wall Street (el edificio de la NYSE tiene como dirección 11 Wall St y entrada por el número 18 de Broad Street, a la vuelta) cerró el viernes en 10,65 dólares, con una capitalización bursátil de casi 8200 millones de dólares.
Las acciones de YPF en dólares
Pese a que se desplomó el viernes como el resto de las empresas que cotizan en Bolsa por los efectos de la caída de Silicon Valley Bank (SVB), que contagió a todos en un verdadero Black Friday (Viernes Negro), el valor de la petrolera creció 137% en moneda dura en los últimos 12 meses y 266% desde julio, cuando el mercado empezó a repuntar con rumores de la llegada de Massa a la gestión económica. “Y vamos a seguir creciendo, con más anuncios y acciones estratégicas”, aseguran los ejecutivos de YPF.
No son pocos los inversores que con esta abrupta subida ganaron miles de dólares, aunque YPF sigue estando por debajo de su verdadero valor de mercado. Antes de la devaluación de 2018 la acción cotizaba a 22 dólares y en 2005, en manos totalmente privadas, llegó a 68 dólares (casi 7 veces más que hoy), cuando todavía Vaca Muerta no era ni siquiera un sueño.
En el YPF Day, la compañía celebró su 30° aniversario de cotización en NYSE, con marcados vaivenes que acompañaron los giros del país, entre la privatización total en la década de los ’90 y la reestatización en 2012 (o “recuperación” y “segunda fundación”, como prefieren decirle sus ejecutivos).
Pablo González, de Santa Cruz a New York
“Nuestro orgullo es que prometemos resultados alcanzables y en tres años cumplimos con eso”, dijo Pablo González, el presidente de la empresa que pudo alinear los objetivos de política energética nacional -como el Plan Gas, con el que la empresa vende su producción de más de 20 millones de m3 diarios a u$s 3,66 por millón de BTU, y el inicio de la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK)– con los intereses de YPF.
González, que asumió en la petrolera tras el canje de deuda a comienzos de 2021, fue vicegobernador de Alicia Kirchner en Santa Cruz entre 2015 y 2019 y cimentó su carrera política al ser funcionario de máxima confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado y jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, y el fallecido ex presidente Néstor Kirchner.
Offshore, Gas Natural Licuado (GNL) y políticas de Estado
En el futuro inmediato, YPF se concentra en su proyecto de exploración offshore (costa afuera del Mar Argentino) junto a la noruega Equinor y la angloholandesa Shell, que puede implicar una multiplicación de exportaciones de petróleo (más de u$s 10.000 millones extra, sin necesidad de infraestructura), una vez destrabados los amparos judiciales por cuestiones ambientales en Mar del Plata.
La semana pasada, en el CERA Week en Houston, Estados Unidos (la cumbre mundial del petróleo y el gas en su “meca”), los directivos de YPF mantuvieron una reunión con sus pares de Equinor. González asegura que el offshore es una política de Estado, porque este Gobierno continuó la tarea iniciada por los ex secretarios de Energía de la gestión de Mauricio Macri (las licitaciones las comandaron Juan José Aranguren, Javier Iguacel y Gustavo Lopetegui).
Lo mismo pide el presidente de YPF para el Gas Natural Licuado (GNL), cuya ley para definir un marco regulatorio espera en los despachos oficiales a ser enviada al Congreso en las próximas semanas, como indicó Massa.
“El GNL también tiene que ser una política de Estado. El costo actual del gas natural en Argentina, de entre 3 y 3,50 dólares por millón de BTU es competitivo, pero hacen falta ventajas comparativas y libre disponibilidad de divisas, que va a permitir que se realicen las inversiones”, comentaron Iuliano y González.
El reclamo de flexibilizar a medida el cepo al dólar para el sector (libre disponibilidad de divisas para girar al exterior) es un reclamo común de los empresarios petroleros, desde Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, hasta los ejecutivos de Wintershall Dea (Alemania).
La estabilidad fiscal, de reglas de juego y el acceso a los dólares es una condición imprescindible para destinar una inversión de al menos u$s 5000 millones en la construcción de la planta de licuefacción de gas, que transforma el combustible en su estado natural (a 15°), lo enfría hasta -161° para comprimir su volumen y facilitar su transporte por el mar en buques carriers hasta otras terminales de regasificación, que hacen el proceso inverso.
YPF firmó el año pasado un Memorándum de Entendimiento (MOU) con Petronas, de Malasia, para estudiar la factibilidad de una planta que permitiría procesar el gas y enviar al mundo unos 460 buques, con un valor de unos u$s 20.000 millones anuales. La decisión final de inversión se tomará a mediados de 2024 y, si todo va bien, los primeros cargamentos podrían recién completarse entre 2027 y 2028.
Para llegar hasta ahí, hará falta también la construcción de un gasoducto “dedicado” de unos 600 kilómetros entre Neuquén y Bahía Blanca, similar al Néstor Kirchner (GPNK) que se inauguraría este 20 de junio.
Hidrógeno, litio y ¿otra Vaca Muerta?
A la par del proyecto de Ley de GNL se enviaría al Congreso otro sobre el hidrógeno, energía del futuro. YPF tiene una apuesta en el largo plazo con ese combustible limpio, al igual que sus trabajos en Y-Tec junto al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) para producir baterías y celdas de litio, que sirve para almacenar las energías renovables y solucionar su intermitencia.
Por último, los ejecutivos de YPF anunciaron que a fines de 2023 empezarán a perforar pozos como “pilotos” para testear la productividad no convencional en la formación Palermo Aike de Santa Cruz. La Compañía General de Combustibles (CGC) de la Corporación América -familia Eurnekian- está también interesada en el proyecto, que, a diferencia de Vaca Muerta, ya tiene infraestructura ociosa, como el Gasoducto San Martín, que asciende desde la Patagonia.
La petrolera argentina negocia con ONGC la creación de una empresa de producción de petróleo.
YPF en el marco de la semana de la energía que se llevará a cabo en India, YPF avanzó en negociaciones con la empresa ONGC para producir petróleo y adelantó colocación de deuda para potenciar inversiones en Vaca Muerta.
“La presencia de YPF en la Semana de la Energía permitió avanzar en negociaciones con la empresa de energía de la India, ONGC, para la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) que permitirá la colaboración entre ambas empresas en la producción de petróleo”, comunicó la empresa en un comunicado.
Más financiamiento para explotar petróleo en Neuquén
Con el objetivo de llevar las inversiones a U$S5000 millones este año, de acuerdo a lo publicado por Reuters, Pablo González anticipó en la India que este año YPF buscará financiamiento en los mercados por U$S1000 millones, para inversiones previstas en 2023.
“Esta operación se enmarca dentro del plan financiero 2023 donde la compañía estima incrementar sus inversiones por encima del ya ambicioso plan de 2022 que demandó más de U$S4000 millones”, expresó la compañía tras aquel anuncio.
Por Sarah Hurtes y Julie Turkewitz. En el borde de la Amazonía colombiana, en una aldea indígena rodeada de torres de perforación petrolera, el pueblo siona enfrentaba un dilema.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o PNUD, acababa de anunciar un paquete de asistencia regional de 1,9 millones de dólares. En una comunidad sin servicio de agua corriente, con electricidad intermitente y donde la pobreza es un problema que persiste, cualquier suma de dinero significaría alimento y oportunidades.
Pero el programa de asistencia formaba parte de una alianza entre la agencia de Naciones Unidas y GeoPark, una empresa petrolera multinacional. La compañía tiene contratos para perforar cerca de la reserva de los siona, entre ellos uno con el gobierno que extendería las operaciones hasta lo que los siona consideran su tierra ancestral. Para el pueblo siona del resguardo Buenavista (una reserva indígena), la perforación petrolera es una violación, similar a sacar la sangre de la tierra.
Esta colaboración es un ejemplo del modo en que una de las organizaciones para el desarrollo sostenible más grandes del mundo se asocia con agentes contaminantes, incluso con aquellos que en ocasiones trabajan contra los intereses de las comunidades que se supone que la agencia debería ayudar.
De México a Kazajistán, estas alianzas forman parte de una estrategia que no considera a las empresas petroleras como villanos ambientales sino como grandes empleadores que pueden llevar electricidad a las zonas remotas y crecimiento económico a los países pobres y de ingreso medio. La agencia de desarrollo ha usado fondos de la industria petrolera para proveer de agua limpia y capacitación laboral a zonas que de otra manera estarían abandonadas.
Pero documentos internos y decenas de entrevistas con funcionarios y exfuncionarios muestran que cuando Naciones Unidas se ha aliado con las grandes petroleras, la agencia también ha sofocado la oposición local a la perforación, además de realizar análisis de negocios para la industria y trabajar para que sea más fácil que las compañías sigan operando en zonas sensibles.
La oficina de la agencia en Colombia, en particular, es una puerta giratoria de funcionarios que entran y salen de empresas petroleras y oficinas gubernamentales de energía. La agencia de desarrollo de Naciones Unidas también ha trabajado con el gobierno y con la industria petrolera para recopilar expedientes sobre los opositores a la perforación. No hay pruebas de que esos expedientes se hayan usado para atacar a alguna persona, pero en un país donde los activistas ambientales son asesinados a mayor ritmo que en cualquier otro lugar del mundo, activistas e integrantes de la comunidad dijeron que sintieron que sus vidas se habían puesto en riesgo.
Incluso cuando Naciones Unidas advierte con alarma sobre el cambio climático y hace llamados para la reducción dramática del consumo de combustibles fósiles, su agencia de desarrollo en ocasiones funge como un ente que impulsa la industria del gas y del petróleo.
“El sector de petróleo y gas es uno de los sectores industriales a nivel mundial capaz de generar los mayores impactos positivos en las condiciones de desarrollo de las personas”, apuntó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2018.
La agencia de desarrollo dijo que apoya la transición a una energía limpia y no alienta la perforación. Pero Achim Steiner, líder de la agencia, dijo que su misión es sacar a las personas de la pobreza y que, a menudo, eso significa trabajar en países que dependen del carbón, el petróleo y el gas. “Tenemos que empezar donde las economías están hoy”, dijo Steiner en una entrevista. “No veo una contradicción, sin embargo hay una tensión”.
Según funcionarios y exfuncionarios, un factor que incrementa esa tensión es la incesante presión para recaudar fondos. La agencia se queda con una parte —entre 3 y 10 por ciento— de las donaciones. Los funcionarios, respaldados por las propias auditorías de la agencia, dicen que eso presiona a los funcionarios de desarrollo para encontrar aliados en sus países asignados, incluso cuando los donantes trabajan en contra de los propios intereses de su agencia.
Un arroyo contaminado con petróleo en el departamento del Putumayo. Credit…Federico Rios para The New York Times
Correos electrónicos internos muestran que altos funcionarios se han molestado por tener que lavarle la cara a algunas de las empresas más sucias, un proceso que los críticos denominan blue washing (o lavado azul), debido al color emblemático de la organización.
En 2017, por ejemplo, dos años después de que los líderes mundiales adoptaron el acuerdo de París sobre el clima, la agencia publicó un informe sobre el papel positivo que la industria de petróleo y gas podía tener en el mundo. Mencionaba una iniciativa de reciclaje de Exxon Mobil y la promoción de Chevron de la ingeniería en los salones de clase.
“Realmente considero que esta publicación es problemática, pues busca presentar a la industria de hidrocarburos bajo una luz favorable”, escribió un empleado de la agencia en un correo electrónico grupal. El informe “estaba perjudicando nuestro mensaje sobre energía sostenible”, decía otro correo electrónico.
Como parte del presupuesto total de 8000 millones de dólares de la agencia, el dinero de la industria de la energía es mínimo: unos 6 millones de dólares al año, según los datos proporcionados por el PNUD. Pero, a nivel local, estos fondos pueden tener efectos enormes.
En ningún otro lugar estos efectos se sienten más que en Colombia, donde las empresas petroleras, el gobierno, los grupos armados y los ambientalistas se enfrentan por el futuro de la Amazonía. La deforestación ha alcanzado niveles récord y amenaza a un bosque tropical que sirve como amortiguador clave contra el cambio climático.
Hasta el año pasado, el pueblo siona, que vive en las orillas del terroso río Putumayo en el sur de Colombia, veía a la agencia de desarrollo de Naciones Unidas como una posible aliada en ese enfrentamiento. La comunidad ya se había beneficiado de un fondo previo procedente de la agencia.
Luego sucedió la alianza con GeoPark.
‘El gran negocio del año’
Mario Erazo Yaiguaje, un líder comunitario de voz suave y exgobernador de la reserva Buenavista, sospechaba que el programa de asistencia del PNUD era un intento encubierto de la petrolera para presionar a su pueblo con el fin de que aceptara su presencia en la región.
Los siona de Buenavista viven en casas de madera en un pequeño pueblo de la Amazonía, en la frontera con Ecuador. La vida comunitaria gira en torno a la parcela agrícola familiar, llamada chagra, y al yagé, una sustancia que en el mundo exterior se tipifica como alucinógena pero que los siona consideran como una medicina que, si se toma bajo el acompañamiento de un guía, les permite adquirir sabiduría y orientación.
Durante generaciones esta región ha sido un escenario de conflictos y los siona perciben a las empresas petroleras como la fuente de sus problemas, al atraer tanto a los rebeldes de izquierda que han atacado los oleoductos de la zona como a los soldados gubernamentales que han sido enviados para resguardar la infraestructura de las compañías. La industria petrolera y el negocio de la cocaína han contribuido tanto a la violencia que la Corte Constitucional de Colombia clasificó a los siona como en “riesgo de exterminio”.
Naciones Unidas anunció su alianza con GeoPark en un momento de controversia. La compañía ya estaba defendiéndose en una demanda por un derrame de petróleo en la región. Luego, una organización local de defensa acusó públicamente a GeoPark de contratar a un grupo armado para amenazar a quienes se oponen a la perforación. La empresa negó con vehemencia la denuncia, pero los activistas en la región indicaron que temían por sus vidas.
Para Erazo el acuerdo con GeoPark era una táctica. “Una cosa de limpiar el nombre”, dijo. “Cuando nos damos cuenta de que GeoPark le da recursos al PNUD, lo miramos como que hicieron el gran negocio del año”.
GeoPark dice que no tiene interés en perforar en la reserva siona y que ha tomado medidas para abandonar su concesión en el territorio en disputa. Dijo que su alianza con la agencia de desarrollo estaba enfocada en ayudar a las comunidades afectadas económicamente durante la pandemia de la COVID-19. El dinero nunca estuvo destinado para los siona, dijo la empresa.
“Siempre hemos tenido una relación con nuestros vecinos basada en el diálogo, el respeto y la construcción de confianza”, dijo la empresa en un comunicado.
Los siona de Buenavista vieron las cosas de otra manera y empezaron a prepararse para una decisión difícil. Sentado en la primera fila de una asamblea comunitaria el año pasado, ataviado con la túnica blanca tradicional que se reserva para las ocasiones especiales, Erazo escuchaba mientras abogada de la comunidad, Lina María Espinosa formulaba así su decisión:
“Van a recibir una platica que les va a servir para cualquier necesidad familiar”, dijo. “Pero la platica que viene, o la que va a venir más adelante, es de la petrolera”.
Espinosa preguntó: “¿Van a recibir?”
‘Alimentar a la bestia’
Erazo comprendía por qué GeoPark querría asociarse con Naciones Unidas. Pero ¿por qué querría una agencia de desarrollo sostenible asociarse con una empresa petrolera?
Los orígenes de estos acuerdos son turbios. A diferencia de Naciones Unidas, la agencia no recibe aportaciones de los Estados miembro. Sus donaciones provienen en su mayor parte de gobiernos y grandes fondos internacionales. Los grupos como la Fundación Bill y Melinda Gates y las empresas privadas conforman el resto.
Algunos exfuncionarios dicen que la relación actual con las grandes compañías energéticas puede remontarse a una pelea con uno de los mayores benefactores de la agencia, un fondo sin fines de lucro llamado Global Environmental Facility que reúne dinero de los gobiernos para atender los principales desafíos del planeta.
En 2011, Monique Barbut, la principal ejecutiva del fondo en ese momento, se convenció de que el PNUD estaba demasiado enfocado en recaudar fondos y tenía poco que mostrar como resultados. “Esta gente no era responsable ante nadie”, dijo Barbut en una entrevista. Y empezó a recortar el financiamiento.
Esos recortes coincidieron con los efectos persistentes de la crisis financiera global y un aumento en la demanda de ayuda para el desarrollo. Así que la agencia reforzó sus labores de recolección de fondos. Entre los objetivos estaban las empresas de energía.
“En un ambiente de ayuda decreciente, los ingresos de los sectores extractivos pueden servir como una fuente adicional de financiamiento”, escribió el PNUD en 2012 como parte de una estrategia dedicada al petróleo, el gas y la minería.
Ese año, la agencia anunció una alianza con Shell Oil que ayudó a capacitar a iraquíes para trabajar en la industria de hidrocarburos. Un proyecto con la empresa estatal Pemex ayudó a ampliar la producción petrolera en México.
Funcionarios de desarrollo, que operan con amplia autoridad en sus países asignados, recuerdan la presión constante para conseguir dinero.
“Es un sistema centrado en alimentar a la bestia”, dijo Benoit Lebot, quien trabajó en proyectos ambientales durante ese periodo. Lebot dijo que estalló con sus supervisores: “¡No soy un número en una hoja de cálculo!”. Y terminó por renunciar.
Incluso hoy, los integrantes del personal dicen —y lo reiteran las formas de evaluación de desempeño— que los supervisores priorizan la recaudación de fondos y el lanzamiento de proyectos. “¿Cuántos proyectos conseguiste? ¿Cuánto dinero trajiste?”, dijo Dominic Rasool, quien renunció a su trabajo de asesor técnico en 2018. Si los proyectos tenían éxito o no, dijo, importa menos.
Steiner, el principal ejecutivo de la agencia, no se disculpa por el enfoque en la recaudación de fondos.
“Para quienes dicen que ahí hay esa presión, solo puedo decirles: ‘Bueno, bienvenidos a la realidad’”, dijo.
Sin embargo, rechazó con firmeza la idea de que prioriza la recaudación de fondos por encima de la operación de programas exitosos. Dijo que cada proyecto es revisado y calificado por evaluadores independientes.
No obstante, evaluadores actuales y anteriores dicen que, cuando sí identifican problemas, Naciones Unidas y funcionarios gubernamentales locales a menudo los presionan para que suavicen sus conclusiones.
“La mayor parte del tiempo se hace de forma elegante”, dijo Roland Wong, quien evaluó proyectos para la agencia durante más de una década. En otras ocasiones los cambios son más indignantes. “Las evaluaciones pueden sufrir un embellecimiento grosero al punto que es casi falso”.
Una técnica común, según dijeron funcionarios y exfuncionarios, es presentar los fracasos como “lecciones aprendidas”.
‘Es un engaño’
Steiner habla de que hay que encontrar a las economías donde están y la economía de Colombia depende mucho del petróleo. Es la exportación más importante del país. Cualquiera que busque recaudar dinero para el desarrollo aquí naturalmente hallaría el camino hacia las empresas de combustibles fósiles.
Si bien Steiner dice que la agencia no apoya la perforación, los registros muestran que sí trabaja para que sea más sencillo perforar. Durante años, las agencias nacionales de hidrocarburos de Colombia y la mayor empresa del país, Ecopetrol, han contratado a PNUD para analizar riesgos y brindar asesoría con el fin de llevar a cabo el negocio con menos contratiempos.
Ese negocio puede significar un ducto con fuga, donde el análisis de la agencia puede ayudar a prevenir o mitigar un problema medioambiental. En otras ocasiones el riesgo de negocio puede ser una comunidad molesta que se opone a la perforación.
En esas situaciones, los registros muestran que los funcionarios de desarrollo intervienen para calmar las cosas, con el objetivo de asegurar que las operaciones procedan según lo planeado. Como parte de varios proyectos del PNUD, la agencia trabajó con Ecopetrol y el ministerio de hidrocarburos de Colombia para recopilar expedientes de personas en zonas de perforación.
Un informe, en el departamento de Meta, en la zona central del país, fue publicado inadvertidamente en un sitio web del gobierno en 2015. El reporte, preparado para el ministerio del Interior, identificaba a concejales locales y agricultores que tenían un “discurso agresivo” contra la industria petrolera. Se identificaba una iglesia donde, al final de la misa, el párroco “toma los últimos minutos para pronunciar discursos contra la industria”.
En Colombia los activistas ambientales son asesinados a un ritmo de más de uno por semana, según Global Witness, una organización de derechos humanos con oficinas en Londres, Washington y Bruselas, lo que convierte al país en el lugar más mortífero para defender al planeta. Cuando los activistas se vieron en el reporte, sintieron que la agencia de desarrollo los había puesto en riesgo. No hay pruebas de que este documento u otros expedientes hayan provocado incidentes violentos.
Ecopetrol indicó en un comunicado que trabaja con la agencia de desarrollo por su reputación de imparcialidad y para asegurarse de que las comunidades desfavorecidas reciban la atención que merecen.
“La empresa ha reconocido de forma reiterada la relevancia que tienen los líderes sociales y su aporte a la sociedad”, dijo Ecopetrol, refiriéndose a los líderes medioambientales. La empresa indicó que rechaza cualquier acción o amenaza “que impida el libre, seguro y legítimo ejercicio de su labor.”
Steiner dijo que este es un proceso esencial conocido como “mapeo de actores” o de stakeholders. Si los gobiernos van a consultar a la gente en todos los bandos de un tema, hay que identificar a los participantes clave.
Sin embargo, el reporte publicado se enfocaba en los opositores a la industria petrolera. Entre las actividades a realizar del informe resaltan la organización de un foro con integrantes de la comunidad y ambientalistas y “desestimar su discurso”.
El PNUD dijo que, aunque el reporte fue redactado por un contratista de la agencia y se alojaba en el servidor de la agencia e incluía su logotipo, en realidad había sido redactado por solicitud del gobierno colombiano. Por lo tanto, un portavoz de la agencia no quiso comentar el contenido del informe.
Un activista ambiental, Édgar Humberto Cruz, quien fue mencionado en la categoría de “problemático” en el documento, dijo que el PNUD organizó reuniones para destacar los beneficios que Ecopetrol y otras empresas traían a la región. “Nos dijeron que no era conveniente oponerse a la industria”, dijo Cruz.
Un portavoz de la agencia dijo que esas conversaciones no son parte de la política de la agencia.
Hoy la desconfianza en el Meta es profunda.
“Por lo que solo ha llegado aquí, a nuestra región, es a tratar de suavizar a las comunidades para que Ecopetrol pueda entrar a hacer sus trabajos petroleros”, dijo Gustavo Carrión, un líder en Castilla La Nueva, un poblado al noroeste del Meta.
Los propios empleados de la agencia lo reconocen. Fabián Espejo, quien trabajó durante cinco años para la agencia en Colombia, escribió en su tesis de doctorado de 2020 que la agencia tenía buenas intenciones pero que también le daba pie a los ministerios de petróleo, gas y minería “para mantener la producción sin contratiempos”.
El pueblo siona de Buenavista vive en hogares de madera en un pequeño territorio en la Amazonía, en la frontera con Ecuador. Credit…Federico Rios para The New York Times
Steiner comentó que su agencia trabaja en condiciones difíciles para llevar dinero y oportunidades a la gente que más las necesitan. Él no formula las políticas energéticas de Colombia y no puede ordenarle al gobierno que deje de perforar en ciertas zonas. Lo que puede hacer, dijo, es buscar formas de minimizar el daño a las comunidades y al medioambiente.
“Pero también de maximizar los beneficios de una industria —a gran escala las industrias extractivas– que es muy significativa y una fuente muy significativa de ingresos para muchos países en desarrollo”, dijo.
Una funcionaria de desarrollo formuló un argumento similar durante una tensa llamada con Erazo y otros sobre la alianza con GeoPark. Naciones Unidas no invitaba a las empresas petroleras a la zona, dijo la funcionaria, Jessica Faieta. Pero “ya que están en estos territorios, podemos nosotros, de cierta manera, garantizar su cumplimiento con los derechos humanos”.
Los siona de Buenavista estaban furiosos. Parecía que Naciones Unidas estaba respaldando a una empresa petrolera, dijo Erazo.
La conversación echó por tierra cualquier esperanza de ganárselos. Los siona presentaron una queja formal con la agencia, devolvieron un fondo previo y juraron jamás volver a aceptar ayuda del programa de desarrollo.
“La gente está aplaudiendo cada vez que sale un representante del PNUD, porque nos ha llegado con algo. ¡Bendito sea!”, comentó Erazo. Pero, añadió, “es un engaño”.
La alianza con GeoPark, dijo, fue “la muerte de esa organización para nosotros”.
Hoy, a lo largo de las riberas del Putumayo, Erazo anticipa los problemas que van a presentarse. La inflación ha disparado los costos de alimentos. Los precios de gasolina han hecho que incluso la transportación sencilla se vuelva difícil.
Una relacióncon el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ciertamente tendría beneficios.
Pero no se arrepiente.
La agencia de desarrollo canceló la alianza con GeoPark y ahora está investigando por qué se involucró con la compañía si los agravios de los siona ya eran tan conocidos.
“Creo que esa es una crítica legítima”, dijo Steiner. Y añadió: “Sabe, hemos aprendido lecciones”.
“Es hora de poner al genio otra vez en la botella”, comentó uno de los descendientes de la familia Rockefeller, en su época la mayor fortuna petrolera del mundo. “Siento una obligación moral de hacer lo que me toca. ¿No lo harías tú?”.
Sofía Villamil y Genevieve Glatsky colaboraron con reportería desde Bogotá.
Sarah Hurtes es una periodista con sede en Bruselas. Se unió al equipo de investigaciones internacionales del Times en 2022. @HurtesSarah
Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, que cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur, fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz
