Apenas unas horas después del DNU del presidente Javier Milei, que desreguló el mercado de las obras sociales, las empresas de medicina prepaga comenzaron a informar a sus asociados aumentos del orden del 40% en el valor de sus cuotas a partir de enero próximo, incrementos que, según el vocero presidencial, Manuel Adorni, representan “un acercamiento a un sinceramiento de valores“.
“Atento a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y contenida en el DNU Nro. 70/2023 publicado en el Boletín Oficial el día 20 de diciembre del corriente, corresponde informarle que a través del mismo se posibilita la recomposición de los precios de los planes vigentes a los fines de cubrir los desfasajes de costos producidos fundamentalmente en los últimos meses como consecuencia de diversos factores”, indica una comunicación de Swiss Medical.
Allí, se señala que “se procederá a incrementar el valor de las cuotas del mes de enero del 2024 en un 40 % calculado sobre el valor de la cuota del mes de diciembre de 2023, prorrogando la fecha de vencimiento de la cuota para el día 22 de enero 2024”.
“En tal supuesto, dicho incremento incluirá el que le fuese informado en el mes de noviembre próximo pasado”, agrega.
Del mismo modo, la prepaga Omint comunicó a sus afiliados un aumento de 40,80% que se aplicarán para las cuotas con vencimiento en enero.
En la misma línea que Swiss Medical, la empresa justificó los aumentos por los atrasos en los costos pero, al mismo tiempo, citó en el mensaje al DNU al igual que la derogación del Decreto 743/2022 que establecía un tope de aumento para los afiliados con ingresos menores a seis salarios mínimos.
El incremento -indicaron- se fundamenta en la “importante devaluación del peso respecto al dólar transcurrida durante el último mes que se reflejó en insumos, medicamentos y prótesis, entre otros; el aumento paritario suscripto entre las Cámaras que representan a los efectores y el sindicato que nuclea a los empleados de sanidad”, así como “el gran desfasaje que se ha producido entre los aumentos de cuota autorizados por el Índice de Costos de Salud y la inflación real reflejada entre otros indicadores por el Índice de Precios al Consumidor”.
Omint aclaró que “los valores de los reintegros y copagos” también serán “adecuados en la misma proporción”.
Pese a que las prepagas citaron explicitamente al DNU en sus comunicados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, responsabilizó a la “herencia” del anterior gobierno por los aumentos.
En su habitual conferencia matutina en la Casa Rosada, afirmó que “el sistema de salud en general y las prepagas en particular se encuentran en una situación crítica” en virtud de “esta discrecionalidad en los valores”, derivados de los incrementos administrados en la gestión del expresidente Alberto Fernández.
Los aumentos representan -según el portavoz- “un acercamiento a un sinceramiento de valores”, luego de la “discrecionalidad” en los precios “impuestos por el Gobierno anterior”.
Ayer, tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial -cuyo contenido fue anunciado la noche del miércoles por el presidente Javier Milei por cadena nacional- el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, señaló que el sistema de medicina prepaga, como venía funcionando, “iba a chocar contra una montaña”, y recordó que en enero entrará en vigencia un aumento de entre 40% y 50% para los afiliados de prepagas.
El decreto introduce modificaciones al marco regulatorio de la medicina prepaga, liberalizando los precios de sus cuotas y permitiendo a los afiliados redireccionar de forma directa sus aportes de salud a estas empresas.
Entre los considerandos del decreto se señala que la liberalización de precios permitirá “aumentar la competitividad del sistema”.
La modificación a la Ley 26.682 -aprobada en 2011- le quita la potestad al Estado de “revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones” y elimina la comisión permanente que regulaba las prepagas que contaba con representantes del Ministerio de Salud y de Economía, al igual que el Consejo Permanente de Concertación que contaban con integrantes ad-honorem de Salud, y entidades representativas de los usuarios y las empresas.
También anula la obligación de las empresas de transferir a los afiliados a otra empresa en el caso de quiebra.
Además de no poder regular los precios, la autoridad de aplicación no tendrá capacidad de fijar los aranceles mínimos obligatorios ni regular los modelos de contratos.
El único criterio que quedará vigente para las cuotas de las prepagas es que haya una variación máxima de tres veces entre el precio diferencial para los planes de la primera y la última franja etaria.
Hasta ahora, los aumentos debían ser autorizados por el Estado en función de criterios de razonabilidad y de variaciones de la estructura de costos de la firma: para ello, desde la administración de Alberto Fernández, se utilizaba un Índice de Costos de Salud que era publicado mensualmente por la Superintendencia de Servicios de Salud, el cual sustituyó los aumentos discrecionales que autorizaba el Poder Ejecutivo en los gobiernos anteriores.
Como referencia, ese índice había dado un 6,26% en noviembre último (que se usará para los aumentos autorizados en enero), 11,51% en octubre, 10,98% en septiembre y 6,97% en agosto.
Además, el DNU elimina los topes de aumentos -equivalente al 90% de la variación mensual del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) – que regían desde 2022.
Estos topes regían para los trabajadores que tenían ingresos netos mensuales equivalentes a seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en la actualidad totalizan $ 936.000.
Por tanto, con el decreto, ya no habrá más segmentación de cuotas por ingresos dentro del universo de más de 6 millones de usuarios de la medicina prepaga.
