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Presupuesto 2025: El Gobierno define ganadores y perdedores con ajustes y aumentos millonarios

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Ante la falta de un Presupuesto 2025 aprobado por el Congreso, el Gobierno nacional definió la distribución de los recursos para el año mediante la Decisión Administrativa 3/2025, firmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El monto total asignado asciende a $171 billones, lo que representa un incremento del 40,7% en términos reales. Sin embargo, el gasto primario -sin contar los intereses de la deuda- apenas sube un 1,3%.

La medida se publicó en el Boletín Oficial y detalla la distribución de partidas entre los ministerios, los tres poderes del Estado, la Tesorería General y el servicio de la deuda pública. Esta decisión se ampara en el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera, que autoriza al Poder Ejecutivo a ejecutar el presupuesto anterior actualizado cuando no se aprueba uno nuevo.

En el Anexo I del documento, compuesto por 254 páginas, se desglosa la asignación total de $170,78 billones. Este monto implica un aumento nominal del 90,5% y un incremento real del 40,7%, considerando una inflación promedio proyectada del 35,44% para el año. El incremento está fuertemente influido por la concentración de vencimientos de deuda pública heredados de la gestión anterior, estimados en $60,7 billones, lo que equivale a un aumento del 544,5% en valores nominales respecto a 2024.

Ganadores y perdedores en la asignación de recursos

Entre las jurisdicciones que recibirán aumentos reales en sus partidas destacan:

  • Ministerio de Salud: +196,1% (total de $6,16 billones).
  • Ministerio de Justicia: +156,3% ($0,25 billones).
  • Presidencia de la Nación: +65,2% ($0,33 billones).
  • Obligaciones a cargo del Tesoro: +35,1% ($13,13 billones).

Por otro lado, varias áreas clave sufrirán recortes en términos reales, a pesar del ajuste nominal:

  • Jefatura de Gabinete y Ministerio del Interior: -44% (baja de $4,48 a $3,74 billones).
  • Poder Legislativo: -23,4% ($0,55 billones).
  • Ministerio de Economía e Infraestructura: -20,4% ($8,22 billones).
  • Ministerio de Defensa: -17% ($4,3 billones).
  • Cancillería: -15,1% ($0,54 billones).
  • Ministerio de Seguridad: -11,8% ($5,47 billones).

Aspectos destacados de la prórroga presupuestaria

  • Prórroga presupuestaria: Se establecen los recursos y créditos presupuestarios vigentes en base a la Ley 27.701 (Presupuesto 2023), prorrogada para 2025 a través de los decretos 88/23 y 1131/24.
  • Personal y contrataciones: Detalla los cargos y horas de cátedra incluidos en la prórroga presupuestaria. Exige certificar la vacancia y financiamiento para cubrir cargos vacantes.
  • Control de modificaciones: Jurisdicciones y entidades deben notificar a la Secretaría de Hacienda cualquier modificación presupuestaria dentro de 5 días hábiles. La Oficina Nacional de Presupuesto tiene 8 días hábiles para aprobar o rechazar dichas modificaciones.
  • Contribuciones al Tesoro Nacional: Jurisdicciones y entidades deberán ingresar en cuatro cuotas trimestrales, con fechas establecidas, salvo excepciones justificadas.
  • Programación y ejecución: Obligación de presentar programación anual y trimestral de metas físicas y obras de proyectos. Se exige información sobre ejecución mensual para indicadores relevantes.
  • Inversiones públicas: Ninguna obra podrá contratarse sin contar con la calificación de “formulación y evaluación satisfactoria” por parte de la Dirección Nacional de Inversión Pública.
  • Montos indicativos: Los créditos presupuestarios de ciertas partidas y la clasificación geográfica tendrán carácter de referencia.
  • Facultades delegadas: La Dirección y Subdirección de la Oficina Nacional de Presupuesto podrán modificar cuotas de hasta $50 millones por trimestre. La Secretaría de Hacienda puede establecer normas aclaratorias y prorrogar fechas de presentación.
  • Régimen de retribuciones: Algunos funcionarios no están habilitados para el uso del Régimen de Unidades Retributivas establecido en normativas previas.
  • Remanentes de recursos: Todos los remanentes del ejercicio 2024 deberán ingresarse a la Tesorería General antes del 30 de octubre de 2025, salvo excepciones legales

Esta distribución refleja la continuidad del ajuste fiscal impulsado por la administración de Javier Milei, combinando aumentos selectivos con recortes profundos en áreas sensibles del Estado.

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Ejecución presupuestaria nacional en 2024: caída histórica y repercusiones sociales

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La ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) en 2024 registró una caída real del 31% en comparación con 2023, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Este ajuste presupuestario impactó de forma drástica en áreas clave como salud, educación, desarrollo social y obra pública, generando un contexto de desfinanciamiento generalizado.

El gasto en Seguridad Social, que representa el 52% del presupuesto total, se redujo un 20% interanual. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recortó un 17%, mientras que las transferencias al PAMI disminuyeron un 60%. El Programa Potenciar Trabajo experimentó un ajuste del 85%, y el Plan Nacional de Primera Infancia cayó un 81%, dejando a miles de beneficiarios en situación de vulnerabilidad.

En el ámbito sanitario, los recortes fueron significativos. La Superintendencia de Servicios de Salud redujo su ejecución en un 69%, mientras que programas críticos como “Respuesta al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra” sufrieron una caída del 47%. Además, la Atención Sanitaria en el Territorio casi se paralizó, con una disminución del 96%.

El ajuste también alcanzó al sector educativo, con una contracción del 45% en el gasto general. Programas como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-98%) y Conectar Igualdad (-83%) enfrentaron recortes drásticos, comprometiendo el acceso a la educación en sectores vulnerables.

La paralización de la obra pública es una de las consecuencias más alarmantes. Programas como “Infraestructura en Municipios” y “Obras de Seguridad en Rutas Nacionales” reportaron caídas cercanas al 100%. En tanto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca registró un ajuste del 97%, impactando severamente en las economías regionales.

Mientras que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad federales sufrieron recortes generales del 21% al 29%, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas vio un incremento real del 13% en su presupuesto.

El informe destaca que el 11% del gasto total fue destinado al servicio de la deuda pública, una cifra significativa en un contexto de ajuste generalizado. Esto pone en evidencia la priorización de los compromisos financieros por sobre las necesidades sociales.

La drástica reducción en programas sociales y de salud genera serias dudas sobre la capacidad del Estado para atender las necesidades de los sectores más desprotegidos. Además, la caída en la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Inteligencia del Estado plantea interrogantes respecto al manejo de fondos que previamente habían sido declarados como ejecutados.

El 2024 se cierra como un año de ajustes históricos en la Administración Pública Nacional. La contracción en áreas sensibles deja en evidencia un modelo que prioriza el equilibrio fiscal en detrimento de las políticas sociales y de desarrollo, agravando la situación de los sectores más vulnerables.

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Para el Rector de la UNAU “el 2025 presupuestariamente será un año difícil”

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Fernando Semczuk, rector de la UNAU

“El 2025 presupuestariamente será un año difícil pero no tan complejo como el 2024”

Afirmó el rector de la Universidad Nacional del Alto Uruguay de Misiones al asegurar que “el inicio de clases está garantizado”


¿El 2025 como se avecina para el sistema universitario?
– “El 2025, es incertidumbre, creo que va a ser un año, en lo presupuestario difícil pero no tan complejo como el año pasado”.
Ante la situación salarial de los docentes y no docentes que reclaman una recomposición de por los menos el 50 %, ¿se puede garantizar el primer cuatrimestre?
– “Sí, más allá que estaremos en un año muy atípico; ya que hace mucho tiempo no pasa que dos años consecutivos no hay un presupuesto nacional. Las universidades vamos a estar trabajando con una base de un presupuesto 2023 pero entendemos que habrá un acompañamiento del presupuesto 2024 consolidado hacia los primeros meses del 2025 y eso garantiza, por lo menos los primeros meses lo que es la masa salarial y de funcionamiento para las universidades, esperemos que no suceda lo que sucedió el año pasado de tener que llegar a marchar para tener un reconocimiento por parte del Ejecutivo de la necesidad de financiamiento del sistema educativo”.
Insisto, los docentes y no docentes reclaman una supuesta deuda histórica de más del 50% de recomposición…
– “Hay una pérdida salarial de entre un 40 y un 50 %. Aun no hay ningún llamado de atención por parte de los claustros. Creo que en febrero o a más tardar marzo vamos a tener novedades”.
Uno cree que en un año electoral el Ejecutivo Nacional va a querer un acercamiento fundamentalmente con un sector como es el universitario…

– “Yo creo que sí, porque como decía al principio de la nota, creo que va a ser un año difícil pero no tan complejo como el 2024 pero también por un reconocimiento por parte de la Subsecretaría de Política universitaria hacia el sistema universitario y por eso estoy convencido que será mucho mejor en materia presupuestaria
Ante la situación de reclamo salarial ¿hay merma de docentes en su universidad?
– “No tenemos una baja masiva de docentes, es cierto que han mostrado su preocupación por el deterioro de la masa salarial. Nosotros estamos trabajando ahora en todo lo que es el esquema de docente para el año 2025, pero la verdad es que no hemos tenido una baja masiva, reconozco sí que hay un desgaste”.
¿Creció en alumnos inscriptos la universidad con relación al 2024?
– “Seguimos manteniendo el mismo número de alumnos, aproximadamente unos 2.000. Hoy tenemos un número cercano de 900 pre inscriptos para el 2025. Lo importante también es que cada vez tenemos más graduados que van encontrando su lugar de trabajo en todas las provincias, lo cual es una buena publicidad para nosotros”.

Mucho se habló del arancelamiento a los estudiantes extranjeros. ¿Cuál es su opinión?
– “Ese es otro tema que el Gobierno Nacional plantea y después queda en el veremos. El arancelamiento lo tiene que decidir el Consejo Superior de cada universidad, que es el órgano más importante de la Universidad. En el caso nuestra universidad la presencia de estudiantes extranjeros no repercute en el presupuesto. Creo que a nivel nacional estamos hablando de un 4% de estudiantes extranjeros, por lo cual tampoco repercute en el sistema”.
El gobierno nacional plantea una profunda auditoria. ¿La Universidad Nacional del Alto Uruguay está auditada?

– “Auditorias si, siempre. Nosotros tenemos auditorías internas además de la Auditoría General de la Nación”.



¿Qué universidad dejamos en el 2024?
– “En lo particular, la universidad que estamos consolidando en la región del Alto Uruguay misionero es una universidad que si bien ha tenido como todo el sistema universitario un año muy complejo en lo económico presupuestario ha sabido manejar los números. Cada vez nos afianzamos más en la región, hemos cerrado un año 2024 con nuevos egresados con una nueva carrera, licenciatura en Ciencias Ambientales. También firmamos acuerdos con el INTA y otros organismos nacionales y provinciales. Hemos instalado un laboratorio de análisis de suelo y vegetales. Esto fue posible porque manejamos un presupuesto de manera, prolija”.

Si pudiera sentarse frente al presidente Milei ¿qué le diría?

-“Que lo invito a nuestra universidad, a que a que nos conozca, que vean el esfuerzo que hace cada uno de nuestros docentes, estudiantes y no docentes para impartir investigación educación y para que vea el trabajo que hace el sistema universitario para ayudar al país a que salga adelante. Me gustaría decirle que somos parte de la solución y extenderle una invitación a él y al Ejecutivo Nacional para que se sientan respaldados por el sistema educativo. Estoy seguro de que el sistema educativo puede contribuir significativamente al cambio que Argentina necesita. La visión de abrirse al mundo se puede lograr a través del sistema universitario y la capacitación de recursos humanos técnicos. Que vea de primera mano el excelente trabajo que se realiza aquí, sería muy importante.

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Déficit fiscal y deuda pública

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La mejora en el resultado primario de casi 5% del PIB en un año es contundente. Sin embargo, se cuestiona la dimensión de la consolidación fiscal porque, como ocurre desde hace varios años, una parte de los intereses pagados por la deuda local se registra “debajo de la línea”. Estimaciones propias muestran que, bajo diferentes medidas, la deuda pública consolidada se redujo en los últimos 12 meses, lo cual revela la magnitud del esfuerzo fiscal realizado.

El ancla fiscal es muy relevante para el funcionamiento del programa económico. Es muy importante que el resultado fiscal primario del gobierno nacional del año 2024 haya sido superavitario en alrededor de 1.9% del PIB y el resultado global después del pago de intereses fuese de 0.3% del PIB. Es un cambio claro respecto de la adicción a los déficits tan característica de los gobiernos previos.

La mejora en el resultado primario de casi 5% del PIB en un año es contundente. Sin embargo, desde hace varios años una parte de los intereses pagados por la deuda local se registra “debajo de la línea”. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se emite deuda con cupones cero (es decir, que el interés está implícito en la diferencia entre el precio al cual se coloca el bono y el valor al cual se lo rescata). En la información oficial de deuda bruta del gobierno nacional se puede inferir que los intereses capitalizados son importantes: en los primeros once meses de 2024, se registraron pagos de intereses por el equivalente a US$ 11.248 millones, de los cuales sólo US$ 1.755 millones corresponden a deuda emitida en moneda nacional. En ese mismo lapso, según la misma fuente, se hicieron amortizaciones de deuda emitida en moneda local por más de US$ 78.000 millones.

Se puede aproximar que el monto de intereses que se habría registrado debajo de la línea supera 1% del PIB.

Eso llevaría a concluir que, en realidad, hubo un déficit pequeño durante 2024. Sin embargo, esa conclusión es apresurada. En una economía inflacionaria una parte de los intereses compensa por el deterioro que la inflación le genera al capital prestado; eso debería registrarse como un pago del principal y no como interés. Y eso también opera para la deuda en moneda extranjera.

Una forma alternativa de chequear la consistencia de los números fiscales es revisar la evolución de la deuda pública. La deuda puede variar como consecuencia del resultado fiscal y también por pérdidas/ganancias de valor (por ejemplo, licuación por inflación). Además, durante 2024 el Tesoro se hizo cargo de los pasivos remunerados del BCRA que, en la práctica, operaban como endeudamiento público que el gobierno anterior “forzaba” a los depositantes a hacer vía el sistema financiero.

En el caso argentino también hay deuda intrasector público. Los principales tenedores de deuda del Teso-
ro son la ANSES, el BCRA y, en mucha menor medida, los bancos oficiales. Esa deuda es menos exigente que la que se tiene con el sector privado o con organismos multilaterales. Habitualmente se refinancia o, en el caso de las letras/adelantos que suscribió el BCRA, devenga intereses muy bajos o se licúa por la inflación.

Por ello, muchos analistas preferimos seguir la evolución de la deuda consolidada (que netea la deuda intrasector público y suma ese neto del Tesoro a los pasivos remunerados del BCRA).

El paso siguiente es cómo medirla ¿en pesos constantes, en porcentaje del PIB o en dólares? La medición en porcentaje del PIB es muy utilizada en las comparaciones con otros países, pero para un gobierno que tiene un porcentaje elevado de sus pasivos en moneda extranjera, el cociente se modifica en forma apreciable cuando hay cambios importantes en el tipo de campo real; en un contexto de apreciación como el vivido durante los últimos meses, el cociente cae por un aumento del PIB medido en dólares. Entre noviembre de 2023 (último mes completo de la gestión anterior) y noviembre de 2024, la deuda consolidada medida en porcentaje del PIB se redujo en alrededor del 20% (el equivalente a algo más de 10 puntos del PIB).

La medición en dólares, que es la que mensualmente publica el Ministerio de Economía, también está influida por cambios en el tipo de cambio real, pero en sentido inverso. Cuando se aprecia el tipo de cambio real, la deuda emitida en moneda local aumenta en términos relativos a la emitida en moneda extranjera cuyo capital no se modifica en dólares (si no hay cancelaciones/emisiones netas). En cualquier caso, la deuda consolidada medida en dólares también se redujo en ese mismo período de 12 meses, pero algo menos del 10%.

Finalmente, podemos estimar la evolución de la deuda en pesos constantes ajustados por la evolución del IPC Nacional. Como la mayoría de los flujos fiscales son en moneda local, esta medida del stock de pasivos es más consistente con el flujo de ingresos y egresos. En ese mismo período de 12 meses, la deuda consolidada se redujo alrededor de 3% en términos reales.

En conclusión, la mejora en los flujos fiscales y alguna licuación de la deuda previa han permitido reducir la deuda del sector público nacional más BCRA independientemente de la métrica que se utilice para calcularla (pesos constantes, porcentaje del PIB o dólares). Esto destaca la importancia del esfuerzo fiscal realizado por el gobierno nacional.

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El Gobierno ejecutó el 94% del Presupuesto 2024

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Se trata de una medición mas acotada en base al devengado sin tener en cuenta organismos descentralizados, universidades y empresas públicas. Las jubilaciones representaron el 39% del gasto total. Quedó una deuda flotante de $2 billones.

El Gobierno ejecutó en 2024 el 94% del crédito presupuestario de la Administración Pública Nacional (APN), lo que implica que a pesar de haberse manejado con las pautas de 2023 y luego de haberle hecho 13 modificaciones, se mantuvo dentro de los niveles que se podrían considerar normales.

Así lo indica en un informe la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP) en su último informe sobre la ejecución de los gastos e ingresos a diciembre base devengado de la APN.

El informe no refleja el gasto ejecutado efectivamente, sino el autorizado desde el momento el proveedor presenta su factura a lo largo de los doce meses pasados y no incluye a la totalidad del Sector Público Nacional, con los organismos descentralizados, universidades, las empresas del Estado y las instituciones de la seguridad social.

No obstante, el análisis de la APN base devengado ayuda a comprender la dinámica del presupuesto a lo largo de un año, a pesar de que los resultados sean diferentes con el base caja del SPN. De un gasto total de $96 billones que figuran en el presupuesto prorrogado, se devengaron erogaciones por $90 billones. O dicho de otro modo, quedaron $6 billones sin gastarse.

En este caso, el gobierno cerró el año pasado con un superávit primario devengado acumulado de $8,3 billones y un déficit financiero de $1 billón.

Los datos marcan una sustancial mejora con 2023, cuando la APN tuvo un quebranto primario de $5,5 billones y otro financiero de $8,9 billones.

Medido el resultado fiscalde otro modo, como proporción de los ingresos, en 2023 el gobierno de entonces gastó $131 por cada $100 que había logrado recaudar. Este año esa relación bajó a $101, lo que marca una mejora de 30 puntos de un año a otro.

El próximo 17 de enero la Secretaría de Hacienda publicará los datos finales base caja del Sector Público Nacional (SPN) que es la forma de medición que interesa a los organismos internacionales de crédito.

En diciembre, según ya lo anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, en un par de ocasiones, se registró un déficit fiscal equivalente a entre el 0,2 y el 0,3 puntos del PBI, el cual es “un tercio del que hubo en el mismo mes del 2023”. En cuanto al resultado primario, que no tiene en cuenta intereses de deuda, el gobierno mantuvo el superávit que se vio a lo largo del 2024.

Según indica el informe de ASAP el año pasado el gasto social fue mas alto en proporción a otros componentes del presupuesto. Eso no quiere decir que el gobierno haya gastado mas, sino que al reducir más fuerte otros componentes, ese rubro cobró mayor ponderación.

“Como consecuencia del disímil desempeño de los distintos conceptos durante 2024, el Presupuesto de la Administración Pública pasó a estar más enfocado en los Gastos Corrientes, en particular en las Jubilaciones y Pensiones (pasaron de representar el 34,1% del gasto total en 2023, al 39,7% en 2024, incrementando su participación en 5,6 puntos), en detrimento de los Gastos de Capital (obra pública), que pasaron del 6,7% en 2023 al 2,5% del gasto total en 2024”, señala el informe de ASAP,

En reporte también detalla que el gobierno “dejó para el 2025” una deuda de unos $2 billones. Se trata de gastos devengados durante este período que no se abonaron todavía. Se denomina técnicamente “deuda flotante”. Ese rubro no tuvo mayor incidencia en el resultado porque a valores actuales, el gobierno de Javier Milei recibió de Alberto Fernández una deuda más alta. De manera que también hubo una mejora en ese concepto.

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