El director de Arquitectura de Misiones, Sergio Bresiski, presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Legislatura la proyección de su área para 2026, con una partida estimada en 8.988 millones de pesos, lo que representa un incremento del 15 por ciento respecto a la ejecución de 2025.
Bresiski defendió que el trabajo de la Dirección “es mucho más que metros cuadrados construidos”, porque la obra pública “define y configura identidad en las comunidades”, especialmente en un contexto de deterioro de las condiciones sociales, donde la infraestructura cumple un rol central en mejorar la calidad de vida.
Salud como compromiso prioritario
El funcionario subrayó que la salud concentra un compromiso extraordinario dentro de la cartera. Entre las obras en marcha mencionó la construcción y refuncionalización de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y hospitales, como el de Almafuerte y Pozo Azul, y la ampliación y modernización del Hospital San Miguel de Eldorado. También destacó los pedidos de los intendentes de distintos municipios que ubican a la salud como la principal prioridad, lo que se refleja en la ejecución de hogares de día en San Vicente y otros puntos del interior.
En paralelo, Bresiski enumeró inversiones en infraestructura educativa, como la intervención en escuelas de Wanda y Dos de Mayo, además de un proyecto clave en el barrio El Porvenir de Posadas. En la capital provincial, resaltó la recuperación de La Usina, un edificio histórico que será reconvertido en un centro cultural y espacio de integración comunitaria.
El área de Bienestar Social también forma parte de la agenda prioritaria. Bresiski explicó que la demanda en este rubro responde al crecimiento poblacional y la fuerte proporción de jóvenes en Misiones, lo que motiva la construcción de espacios de contención y recreación.
En este sentido, adelantó la ejecución de polideportivos en Bernardo de Irigoyen, Concepción de la Sierra, San Javier y Tarumá, así como la puesta en valor del Instituto del Deporte en Posadas. También se trabaja en la infraestructura del escenario para las Fiestas y Raíces y en la refuncionalización del polideportivo de Jardín América.
En su defensa, Bresiski remarcó que la arquitectura pública no se limita a construir edificios, sino que busca generar espacios que fortalezcan la identidad local y respondan a las necesidades sociales. “Cada obra refleja la prioridad que cada comunidad manifiesta a través de sus intendentes. Y nuestra misión es transformar esas demandas en proyectos concretos que mejoren la vida cotidiana de los misioneros”, concluyó.
Este lunes comenzará el análisis del Presupuesto 2026 diseñado por el gobernador Hugo Passalacqua, que prevé recursos por más de 4,09 billones de pesos, lo que representa un incremento del 31,7 % respecto al ejercicio vigente. El texto mantiene la impronta de fuerte inversión social, con prioridad en educación, salud y programas de bienestar, al tiempo que incorpora nuevos instrumentos fiscales y de financiamiento para sostener la innovación y la actividad productiva.
El proyecto reivindica un “Estado Suficiente” que prioriza la inversión social y busca articular con el sector privado para amortiguar las asimetrías macro (tipo de cambio y frontera) y sostener actividad y empleo. Su rasgo distintivo es el alto sesgo social (69,17%) y la bajísima carga de deuda (0,34%), lo que otorga margen de maniobra para reasignar recursos hacia salud, educación y protección social.
La contracara es la marcada retracción del Estado nacional: el mensaje enumera la eliminación de aportes ANSES a la caja previsional provincial, FONID, programas de salud (Protección de Población Vulnerable ante Enfermedades Crónicas No Transmisibles, REDES), Fondo Compensador del Transporte, y parálisis/recorte de obras nacionales (inclusive sobre rutas nacionales) tras la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad. Este faltante ya generó perjuicios y, en algunos casos, debe ser suplido con fondos provinciales.
Función / Área
2025 (en $)
2026 (en $)
Variación %
Apoyo a Municipios
240.511.292.000
307.068.437.000
+27,7 %
Administración General
76.349.541.000
101.116.267.000
+32,4 %
Seguridad
225.332.164.000
306.473.472
+36,0 %
Salud
732.440.356.000
1.009.979.707.000
+37,8 %
Bienestar Social
653.211.733.000
799.993.064.000
+22,5 %
Cultura y Educación
747.165.504.000
1.021.072.661.000
+36,6 %
Desarrollo de la Economía
295.979.751.000
349.392.230.000
+18,0 %
Deuda Pública
5.360.531.000
4.861.431.000
-9,3 %
Total del Presupuesto
3.107.874.111.000
4.092.995.715.000
+31,7 %
Los recursos asignados a Salud alcanzarán los 1.009.979.707 pesos, con un aumento del 37,8 % interanual. Se establece además un mecanismo específico: el Poder Ejecutivo queda autorizado a destinar 135 pesos por mes por habitante para garantizar la atención primaria, con la posibilidad de articular con municipios e instituciones locales.
En Cultura y Educación, el presupuesto trepa a 1.021.072.661 pesos (+36,6 %). Allí se crea el Fondo de Financiamiento Educativo Provincial, con recursos de la coparticipación federal, que tendrá como fin sostener una educación de calidad y en condiciones equitativas.
En Seguridad, la previsión es de 306.473.472 pesos, un 36 % más que en 2025, reforzando el equipamiento y la operatividad de las fuerzas.
El área de Bienestar Social dispondrá de 799.993.064 pesos, con un aumento del 22,5 %. A esto se suma la continuidad del Programa Hambre Cero, que contará con un presupuesto específico de 5.391 millones de pesos distribuidos entre diferentes jurisdicciones del Estado provincial.
El texto también prorroga hasta diciembre de 2027 la emergencia alimentaria, y hasta diciembre de 2026 la suspensión de desalojos y remates para viviendas únicas y predios de producción agropecuaria familiar.
Una de las novedades es la autorización para que el Ejecutivo impulse un programa de promoción de la Economía del Conocimiento, destinado a fomentar startups y empresas que utilicen tecnología y digitalización. Se contemplan beneficios impositivos y subsidios para la radicación en parques industriales, con financiamiento adicional a través de fideicomisos alimentados por recursos ambientales e hídricos.
En paralelo, se habilita al Ministerio de Hacienda a realizar inversiones transitorias de fondos ociosos y a constituir mecanismos de crédito orientados a fortalecer la infraestructura productiva.
Disciplina fiscal y deuda
El Presupuesto prevé una reducción del 9,3 % en el servicio de la deuda pública, que se ubica en 4.861.431 pesos. El texto faculta al Ejecutivo a restructurar compromisos y renegociar pasivos, incluyendo la posibilidad de diferir vencimientos de los Certificados de Cancelación de Deudas (CEMIS) hasta 2028.
Asimismo, se autoriza la contratación de créditos públicos por hasta 100 millones de dólares, destinados a obras de saneamiento, vialidad, energía y equipamiento productivo en municipios.
El proyecto ratifica un límite en las remuneraciones de la administración: ningún funcionario o empleado podrá percibir un salario superior al 90 % de lo que cobra un ministro del Poder Ejecutivo. En el caso de jubilaciones y haberes previsionales, se fija un máximo del 82 % del sueldo del Contador General de la Provincia.
Una hoja de ruta política
En contraste con la política nacional de ajuste que impacta con fuerza en áreas sociales sensibles —con recortes en educación, salud y transferencias a las provincias—, el Presupuesto 2026 de Misiones refuerza la inversión en esos mismos sectores. Mientras el Gobierno central concentra su estrategia fiscal en la reducción del gasto público, la administración provincial busca blindar los recursos destinados a escuelas, hospitales y programas sociales, sosteniendo un modelo de desarrollo con fuerte anclaje territorial y con el objetivo de garantizar equidad en un escenario económico adverso.
Con este esquema, el Ejecutivo provincial apunta a consolidar un presupuesto con fuerte anclaje social, disciplina fiscal y proyección estratégica en áreas claves como educación, salud y la economía del conocimiento. Al mismo tiempo, busca garantizar sustentabilidad financiera en un contexto nacional de incertidumbre y ajuste, reforzando la autonomía de la provincia en materia de gestión y financiamiento.
El Senado de la Nación sancionó este miércoles, con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones, la Ley de Financiamiento Universitario que garantiza la recomposición salarial docente, la actualización de becas y la preservación del presupuesto de las universidades nacionales. Sin embargo, el presidente Javier Milei ya adelantó que vetará nuevamente la norma, como lo hizo en 2024, lo que augura un nuevo choque institucional entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.
El debate en la Cámara alta fue un deja vu legislativo. En septiembre de 2024 el Congreso ya había aprobado una ley similar, vetada en octubre por Milei bajo el argumento de que generaba un impacto fiscal insostenible.
El texto aprobado ahora contó con un amplio respaldo opositor y de sectores provinciales: acompañaron los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; todos los integrantes del bloque Unión por la Patria, 11 senadores radicales, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Carlos Espínola, Alejandra Vigo, Beatriz Ávila, Edith Terenzi y otros espacios. El consenso incluyó aportes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la diputada entrerriana Blanca Osuna y referentes de la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal.
El senador Eduardo “Wado” De Pedro, presidente de la Comisión de Educación, advirtió: “Los argentinos perdimos más de un año sin que se haya construido un aula. Los docentes perdieron el 30% del poder adquisitivo y muchos estudiantes tuvieron que dejar la universidad”.
Según el legislador, el nuevo texto busca blindar legalmente la asignación de partidas presupuestarias al sistema universitario, en un contexto en que los salarios docentes y no docentes cayeron un 46,7% en términos reales desde diciembre de 2023, y más del 70% del personal universitario está bajo la línea de pobreza.
Contenido técnico de la ley: recomposición salarial y ajuste automático por IPC
La norma establece que, a partir del 1° de enero de 2025, el Poder Ejecutivo deberá actualizar trimestralmente los presupuestos universitarios en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.
Entre los principales puntos se destacan:
Funcionamiento universitario: asignación automática y bimestral de partidas para gastos operativos, hospitales universitarios, investigación y extensión.
Recomposición salarial: actualización de sueldos docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, nunca por debajo del IPC. La medida será remunerativa y bonificable, incorporando las sumas no remunerativas al básico.
Becas: actualización de Progresar, Manuel Belgrano, Enfermería y otras, ajustadas por inflación y con aumento progresivo según la matrícula.
Investigación científica: partida específica para el ingreso a la carrera de investigador.
Auditoría: control de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre universidades públicas, con informes remitidos al Congreso para fortalecer la rendición de cuentas.
La iniciativa busca equilibrar la autonomía universitaria con mayores controles institucionales, tras las críticas del oficialismo que acusó a las universidades de “adoctrinamiento” y “gasto ineficiente”.
Fundamentos y debate político
Desde la oposición, Maximiliano Abad (UCR) planteó que el atraso en la resolución de reclamos sociales “nos impide discutir una agenda de futuro, como la reforma tributaria o la modernización laboral”.
Por su parte, Martín Lousteau advirtió que “los salarios docentes están por debajo del 2002 en poder adquisitivo” y criticó al Ejecutivo por “despreciar a la universidad pública”.
La senadora Alejandra Vigo (Córdoba) sostuvo que la ley es clave para la movilidad social y la innovación tecnológica: “La educación universitaria es sinónimo de desarrollo. Sin recursos para las universidades, la Argentina hipoteca su futuro”.
Desde el oficialismo, el jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche defendió la postura presidencial: “No estamos dispuestos a financiar universidades ineficientes que producen apenas el 4% de los egresados y se llevan el 55% del presupuesto”.
El nuevo veto presidencial que ya adelantó Milei abrirá un escenario complejo. Para insistir y convertir la ley en vigente sin el aval del Ejecutivo, el Congreso debería reunir nuevamente los dos tercios en ambas cámaras, un desafío político mayor que en 2024.
El conflicto se da en un contexto de caída real del presupuesto universitario (46,7%), parálisis de obras de infraestructura y pérdida salarial docente del 30%, lo que genera fuerte presión social sobre un sistema que nuclea a 2 millones de estudiantes y 220.000 trabajadores.
La discusión también expone el modelo de país en disputa: mientras el Gobierno busca recortar gastos para sostener el equilibrio fiscal, el Congreso impulsa el financiamiento universitario como política de desarrollo social y económico de largo plazo.
La Legislatura provincial comenzará a analizar el presupuesto que el gobernador Hugo Passalacqua diseñó para 2026. El mensaje oficial llega en un contexto nacional complejo y se convierte en un verdadero manifiesto de la estrategia de Misiones frente a la retracción del financiamiento de la Nación. La provincia presenta un plan que prioriza la inversión social, con un perfil de deuda mínima y con un fuerte señalamiento político sobre la ausencia del Estado nacional en obras, programas y transferencias.
El monto global previsto asciende a 4,09 billones de pesos, que constituyen la base de la planificación de gastos e inversiones para el próximo año. El dato sobresaliente es que el 69,17% de ese total se destinará a inversión social -equivalente a 2,83 billones de pesos– en tres grandes áreas: educación y cultura, salud y bienestar social, con participaciones del 24,95%, 24,68% y 19,55% respectivamente. La orientación social no es casual: responde a la tradición de la Renovación de volcar la mayor parte de los recursos provinciales hacia servicios universales y políticas de inclusión.
Este sesgo social se acompaña de una particularidad financiera: la exposición a deuda pública es mínima. Los servicios de deuda -amortizaciones e intereses- representan apenas el 0,34% de los ingresos corrientes netos, lo que le otorga a la provincia una holgura inusual en el escenario nacional y la posibilidad de reasignar recursos hacia áreas sociales y productivas sin comprometer solvencia. En la misma línea, el presupuesto consolidado se presenta con resultado financiero equilibrado.
Pero la nota política más fuerte del mensaje está en el diagnóstico de la relación con la Nación. Passalacqua detalla que en 2024 Misiones recibió 224 mil millones de pesos menos en transferencias automáticas, discrecionales e inversión real directa, en comparación con 2023. Esa tendencia se profundizó en 2025 y se proyecta que continuará en 2026.
El documento recuerda la eliminación de aportes de la ANSeS a la caja previsional provincial, del Fondo Nacional de Incentivo Docente, de programas de salud como Protección de Población Vulnerable y Redes, del Fondo Compensador del Transporte, además de la paralización de la mayoría de las obras de infraestructura nacional, incluidas las rutas que son de competencia exclusiva del Estado federal tras la “reorganización” de la Dirección Nacional de Vialidad. La conclusión es clara: en numerosos casos, la Provincia debe cubrir con fondos propios responsabilidades que le corresponden a la Nación.
En este marco, las obras de infraestructura provinciales representan 9,8% del presupuesto, una cifra que expone la reducción de transferencias nacionales, aunque el gobierno provincial subraya su importancia estratégica. La apuesta es complementar con empréstitos blandos de organismos multilaterales para financiar proyectos considerados impostergables, como la línea de 132 kV San Isidro-Leandro N. Alem-Oberá, el transformador de 500 kV en la estación San Isidro de Posadas y diversas obras viales. Son inversiones pensadas no solo para acercar servicios a la población, sino para sostener la competitividad económica y productiva.
A su vez, se asigna un 8,54% del presupuesto -unos 349.392 millones de pesos- al Desarrollo de la Economía, lo que implica sostener programas productivos, apoyo a emprendedores, promoción industrial y fortalecimiento de la logística multimodal con énfasis en puertos, transporte y distribución de energía eléctrica. El plan económico se completa con transferencias por el 44,28% del total -unos 1,81 billones de pesos- para financiar instituciones educativas de gestión privada con aporte estatal y organizaciones sociales solidarias que cumplen funciones de contención en todo el territorio.
En cuanto al empleo público, el proyecto se apoya en una planta de 63.934 cargos y 280.904 horas cátedra, con una política salarial de recomposición gradual “por etapas” según las posibilidades del Tesoro. El objetivo, subraya el mensaje, es proteger las fuentes de trabajo, sostener el poder adquisitivo de activos y pasivos y, en consecuencia, mantener el nivel de consumo interno. En paralelo, se mantiene una rígida política de contención de gastos no esenciales, supervisada por una comisión específica que depende directamente del gobernador.
El financiamiento del presupuesto se basa mayormente en recursos provinciales, estimados por el Ministerio de Hacienda en coordinación con la Agencia Tributaria de Misiones, sobre la base de la recaudación real y de la política tributaria vigente. En cuanto a los recursos nacionales, el gobierno provincial los estima por cuenta propia, dado que al momento de la remisión del proyecto el Gobierno nacional no había presentado aún su presupuesto 2026.
El documento mantiene la estructura tradicional de dos capítulos: el primero, con las erogaciones proyectadas, recursos y financiamiento con sus normas específicas; y el segundo, con disposiciones generales que establecen la flexibilidad necesaria para ajustar partidas durante la ejecución sin necesidad de leyes modificatorias. Esa flexibilidad presupuestaria es presentada como un instrumento indispensable frente a la volatilidad de la coyuntura económica.
En términos políticos y económicos, el presupuesto misionero para 2026 es una combinación de prudencia y desafío. Prudencia porque sostiene el equilibrio fiscal y mantiene la deuda en mínimos, apostando a la disciplina financiera como ancla de estabilidad. Desafío porque asume el costo de suplir con recursos propios la retirada del Estado nacional en áreas sensibles, lo que obliga a Misiones a hacer más con menos. El énfasis en la inversión social garantiza continuidad de políticas inclusivas, mientras que la búsqueda de financiamiento multilateral para infraestructura muestra la necesidad de asegurar condiciones de competitividad en energía, logística y transporte.
El éxito del esquema dependerá de varios factores: que la economía nacional cumpla el crecimiento del 5,5% proyectado para 2025, que la inflación efectivamente se desacelere, que los organismos multilaterales habiliten rápidamente los créditos previstos y que la recaudación provincial no sufra un deterioro adicional por el impacto del tipo de cambio en el comercio transfronterizo y las exportaciones. Si estas condiciones se cumplen, Misiones podrá blindar el gasto social, sostener la actividad productiva y avanzar en obras clave. Si no, la baja deuda y la flexibilidad presupuestaria se convertirán en los principales amortiguadores de un escenario adverso.
La diputada provincial y presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Representantes de Misiones dejó en claro las diferencias en la administración de lo público entre el gobierno misionero y el nacional.
El próximo lunes 25 de agosto comienzan las presentaciones -42 en total- en la Legislatura provincial de los distintos representantes de ministerios y entes de la provincia para solicitar y justificar las distintas partidas que serán parte del Presupuesto Provincial 2026. Este jueves 21 el proyecto enviado por el ejecutivo conducido por Hugo Passalacqua tomará estado parlamentario. Hace ya muchos años que el gobierno provincial envía el proyecto en tiempo y forma para que sea debatido en comisión y luego votado en el recinto.
Quien se explaya sobre la cuestión es la diputada renovadora Suzel Vaider, que preside la Comisión de Presupuesto del Parlamento Misionero y señala que ante las adversidades en que sumió al país el gobierno nacional, “Misiones avanza tipo tractorcito. Avanzamos, seguimos, cumplimos, estamos ordenados”.
“En el Presupuesto 2026 presentado por el gobernador está contemplada la inflación que estima el Poder Ejecutivo Nacional para este año, es decir, un incremento del 30% con respecto al de este año. En el armado del proyecto se toma en cuenta la proyección nacional y el contexto internacional: el FMI prevé un 25% de inflación en Argentina durante 2025 y la Oficina del Presidente un 5% de crecimiento para el año en curso, aunque hay que decir que en términos reales vamos a estar en el mismo lugar que en el que estamos ahora”, ahonda Vaider.
La fortaleza de Misiones
“Hay que entender que el Presupuesto es como la línea, digamos, como vos te organizás cotidianamente con lo que vas a hacer, te da previsibilidad, querés hacer una inversión o querés ir a algún lugar, tenés que previamente pensar todo”, explica la legisladora y agrega que es “lo que hace esta provincia hace ya muchos años, el Presupuesto justamente prevé cada uno de los puntos ¿Y qué implica eso? Que hay gente que está proyectando, que está diciendo que el año que viene vamos a hacer esto, o si no, pasa lo que está pasando en Nación”.
“A nivel nacional no tenemos Presupuesto vigente y cuando no tenés Presupuesto no tenés un norte, el Ejecutivo no tiene un norte de adonde está yendo y ¿Quién está decidiendo? Además, no se rinden cuentas, vos podés decidir qué hacer en tu casa con tus cosas, con tus recursos hacé lo que quieras y no tenés que rendirle cuentas a nadie, pero cuando administrás dinero público, un gobierno no puede no tener una proyección de Presupuesto, no puede no tener un Presupuesto simplemente porque es dinero público, no es dinero personal”, sentencia la presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Legislatura Misionera.
Contrastes
“Es importante subrayar que este Presupuesto provincial se ubica en el opuesto extremo de lo que hace Nación, acompaña el sostenimiento de la salud, el sostenimiento de la educación, de las personas que necesitan y esos tres conceptos generan un montón de ítems pequeños que tienen que ver con Salud, Educación e Inversión Social están muy presentes en el proyecto que presentó el gobernador”, expresa la diputada y afirma que esas diferencias, esos contrapuntos, son “decisiones políticas y este acompañamiento ya es mucho. Fundamentalmente porque tenemos una administración nacional que dice ‘arréglense como puedan, que el mercado se ocupe’. El mercado son esas propias personas que están tomando decisiones por nosotros, pero le decimos mercado, es una entelequia, ¿qué mercado? yo tengo que comer”.
Son decisiones
“La economía es una ciencia, pero es política. Yo saco esto, no compro aquello, invierto en lo otro. Yo decido. No es alguien que decide. La economía la decide la persona que está en el lugar del poder político”, indica Vaider y se explaya: “Entonces, en esta provincia el poder político decide que eso va a seguir estando al lado del misionero. Siempre digo que, en la provincia de Misiones, el Frente Renovador de la Concordia es confianza. Si te pasa algo, sabés que tenés atención, que tenés rutas, servicios, viviendas, que tenés soluciones”.
Equilibrio fiscal, ¿a qué costo?
El combate contra el déficit fiscal es uno de los caballitos de batalla de esta gestión nacional, pero existen varios bemoles que expresan claramente que se elige, de qué manera y como recortar: jubilaciones y pensiones, transferencias a las provincias, educación, salud. Esos son los grandes temas, el resto de la motosierra es puramente ideológica, no hace mella en lo que gasta la Nación -Conicet, Incaa, Vialidad Nacional, INTI, INTA, Hospitales Nacionales, etc.-.
“Misiones hace años que tiene equilibrio fiscal, entonces observo con asombro que el presidente propone auditar a las provincias. No tenemos Presupuesto Nacional, no tenemos norte, no sabemos dónde se invierte el recurso de los misioneros y resulta que quieren examinar a las provincias que estamos haciendo lo que podemos para poder sostener el andamiaje social y productivo”, detalla la diputada Vaider y se lamenta: “la gran reflexión para estos tiempos es que uno a veces se da cuenta de lo que tenía cuando lo pierde o cuando tiene la oportunidad de compararlo”.
Sin deuda
Los niveles de endeudamiento de la provincia siguen siendo de los más bajos del país, “el año pasado por una jugada estratégica del gobernador pudimos hacer una compensación de deudas, así que tenemos un porcentaje menor. En 2024 éramos la tercera provincia con el nivel más bajo de endeudamiento, creo que ahora somos la segunda. Además, hace años no hipotecamos el futuro de los misioneros tomando deuda en dólares”, explica la representante.
Camino a octubre
La legisladora expresa que lo sucedido en estos 20 meses “nos sirva para reflexionar en las próximas elecciones, porque cuando uno elige, cuando uno va y elige, no está eligiendo porque me gusta la carita o porque vino y me saludó. Está eligiendo porque detrás hay una propuesta política que va a resolver y que va a acompañar determinadas cuestiones”.
“El desmanejo de la macroeconomía afecta a todo lo que tratamos de sostener desde la provincia, todo el esfuerzo, fíjense todas las economías regionales como están afectadas. De que sirven todos esos anuncios de que la macro mejora si no se incluye a la gente, si no se piensa en el día a día del misionero”, sentencia la diputada Suzel Vaider y finaliza con una pregunta: “¿A qué persona de tu entorno le fue mejor en estos dos últimos años?”
