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Presupuesto 2026: Misiones congela la planta estatal

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El proyecto de Ley de Presupuesto 2026, presentado esta semana en la Cámara de Representantes de Misiones, reafirma una estrategia basada en el equilibrio fiscal, el fortalecimiento de la inversión social y la contención ante la disminución de recursos provenientes de la Nación. Uno de los puntos centrales del texto es la decisión de mantener el congelamiento en el ingreso de nuevos empleados públicos al Estado provincial, una medida ya implementada en años anteriores que busca garantizar un funcionamiento eficiente de la administración sin afectar la prestación de servicios esenciales.

La decisión se enmarca en una lógica de sostenibilidad financiera que evita medidas drásticas. No hay una política de “motosierra”, pero sí una administración con balanza: se prioriza mantener un “Estado suficiente”, es decir, con capacidad de respuesta en áreas clave como salud, educación y asistencia directa, sin ampliar innecesariamente el gasto estructural.

El congelamiento de la planta estatal contempla excepciones para sectores críticos o estratégicos, pero descarta incorporaciones masivas. Se trata de una herramienta para sostener la capacidad operativa del Estado sin comprometer los recursos disponibles, especialmente en un contexto donde el Gobierno nacional ha reducido su presencia en programas sociales y asistencia financiera.

El Presupuesto 2026 proyecta una inversión total de $4.092.995.715.000, con un resultado financiero equilibrado. Del total, el 70% estará destinado a inversión social, lo que permitirá sostener políticas públicas de alto impacto frente al repliegue de la Nación. También se destinará un 9,8% del gasto a obras de infraestructura pública, como parte de una estrategia de desarrollo territorial y generación de empleo.

En paralelo, se profundizará la política de créditos subsidiados como alternativa para fomentar el mercado interno sin recurrir al endeudamiento externo. Esta herramienta permite apuntalar a sectores productivos y comerciales con fondos provinciales, en un escenario económico nacional complejo.

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Presupuesto: Milei redistribuye $36.500 millones para obras, salud y defensa

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El Gobierno nacional oficializó una nueva modificación presupuestaria mediante el Decreto 425/2025, que redistribuye partidas por más de $36.500 millones y contempla obras de infraestructura estratégica, refuerzos salariales y ampliaciones de gastos operativos para diversos organismos del Estado. La medida, enmarcada en el contexto de emergencia pública, abarca desde inversión en defensa y salud hasta desarrollos tecnológicos y proyectos ambientales cofinanciados por organismos internacionales.

En ausencia de una ley de presupuesto 2025 sancionada por el Congreso, el Ejecutivo prorrogó los lineamientos de la Ley N.º 27.701 del año anterior. En este marco, el Decreto 425/2025 establece una serie de adecuaciones presupuestarias para garantizar el cumplimiento de funciones esenciales del Estado.

Entre los principales cambios se destacan:

  • Refuerzo de créditos para salarios, funcionamiento e infraestructura.
  • Modificaciones por transferencias de competencias entre ministerios.
  • Incorporación de ingresos excedentes en algunas jurisdicciones.
  • Contratación de obras con incidencia en ejercicios futuros.

Proyectos de inversión: defensa, energía y justicia

La medida autoriza inversiones plurianuales en obras y bienes estratégicos, totalizando más de $36.500 millones. Algunas de las más relevantes son:

  • $19.789 millones para incorporar capacidades del sistema de armas F-16 en la VI Brigada Aérea en Tandil.
  • $10.906 millones para la disposición final de la draga “Mendoza” en el puerto de Mar del Plata.
  • $3.548 millones para la planta piloto de producción de electrolitos de baterías de ion-litio en Pilcaniyeu, Río Negro.
  • $2.304 millones para simuladores de entrenamiento de vuelo en el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica.
  • Inversiones en infraestructura judicial en La Plata y San Juan, y construcción de instalaciones de incendios y emergencias (ICE) en parques nacionales de Chubut, Córdoba y Santiago del Estero.

Refuerzos a salud, seguridad y programas energéticos

Además de las obras, el decreto incorpora incrementos destinados a:

  • Hospitales de alta complejidad como Garrahan, El Cruce, El Calafate y otros centros S.A.M.I.C., para gastos salariales y equipamiento.
  • Policía Federal: refuerzo de partidas para enfrentar el crimen organizado.
  • Caja de Retiros de la Policía Federal e Instituto de Ayuda Financiera para Fuerzas Armadas, en línea con los aumentos de haberes de personal en actividad.
  • Compensación tarifaria energética, incluyendo subsidios eléctricos y la Zona Fría.
  • Fortalecimiento del Ministerio de Economía para proyectos de infraestructura económica y la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.

El Decreto también redistribuye cargos entre jurisdicciones, destacándose la transferencia de funciones de la Dirección Nacional de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad Nacional. Como contrapartida, se reducen partidas en la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Además, se registran altas y bajas de cargos en la Jefatura de Gabinete y organismos descentralizados como la Superintendencia de Servicios de Salud.

El Ejecutivo justifica la medida en el contexto de emergencia declarado por el Decreto 70/2023 y la Ley de Bases (27.742), que otorgan facultades para adaptar los instrumentos presupuestarios a las necesidades coyunturales. La reasignación apunta a evitar la interrupción de servicios críticos y asegurar la continuidad operativa del aparato estatal.

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El arte de saber gastar en tiempos de crisis

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Una semana atrás, en esta columna de Economis, destacamos la importancia de sostener cuentas públicas equilibradas para poder pensar en un sendero de estabilidad, credibilidad y certidumbre necesaria para transitar el camino del desarrollo. A modo complementario, es necesario hacer una segunda evaluación, que se enfoque esta vez en las erogaciones, a través de lo que llamamos Gasto por Finalidad y Función: esto es, identificar el gasto público provincial según sus propósitos.

¿Por qué hacemos esto? La evaluación del gasto público provincial constituye una herramienta clave para comprender el alcance y la calidad de la intervención del Estado en las distintas áreas de enfoque. 

El análisis del gasto según finalidad y función permite desagregar y clasificar las erogaciones de las administraciones provinciales en base a los objetivos perseguidos y las áreas específicas de acción, como educación, salud, seguridad, desarrollo económico, entre otras. Esta clasificación no solo facilita una visión más precisa de las prioridades de política pública y la priorización, sino que también permite identificar posibles desbalances, cambios en la asignación de recursos y tendencias estructurales en el uso del presupuesto. En un contexto de crisis económica, restricciones fiscales y creciente demanda social, analizar esto es clave para entender de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. 

Vamos a lo que pasó en Misiones. Como es una costumbre, la inversión en Servicios Sociales concentró la mayor porción de las erogaciones misioneras: el 68,8% en 2024, con un crecimiento contra 2023 cuando fue del 68,5%. Es realmente relevante que los servicios sociales tengan un peso mayor en el gasto público porque reflejan el grado en que el Estado prioriza el bienestar de la población. Dentro de los servicios sociales se incluyen funciones como educación, salud, vivienda y promoción social, entre otros, que tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas, en la reducción de desigualdades y en la construcción de capital humano a largo plazo

Dentro de este grupo, podemos destacar algunos hitos que tuvo la administración en 2024. En primer lugar, la función de Salud tuvo un crecimiento muy importante: pasó de representar el 14% del gasto total en 2023 al 17,9% en 2024 (que a su vez implica una suba real de las erogaciones en esta área del 12,1% cuando el gasto total provincial cayó 12 puntos). 

La función salud representa uno de los pilares más sensibles y estratégicos de la política pública: es una expresión concreta del compromiso del Estado con el bienestar y la dignidad de su población. Destinar una proporción significativa de las erogaciones a esta función exhibe la alta priorización, en un contexto donde la inversión en salud no solo mejora indicadores sanitarios sino que también tiende a fortalecer el tejido social, reduce brechas históricas entre territorios y sectores sociales y busca garantizar derechos. 

Con un Estado nacional que desfinanció gran parte de los programas sanitarios a las provincias, una exagerada suba en los servicios de prepagas (principalmente a inicios de año) y un recorte en el poder adquisitivo de los hogares en términos generales, el alza que tuvo la función Salud durante el 2024 cobra notoria relevancia. 

Otro hito que se observa en Misiones durante el 2024 fue el alza que tuvo la función de Promoción y Asistencia Social: pasó de representar el 9,2% en 2023 al 10,5% del gasto en 2024. Esta función ocupa un lugar central en la agenda pública, sobre todo en contextos de crisis económica y de problemáticas laborales, al tiempo que expresa, en términos concretos, el grado de presencia y alcance del Estado en situaciones de mayor vulnerabilidad social. 

La promoción social implica políticas activas que buscan no solo mitigar el impacto de la pobreza, sino generar condiciones para la inclusión social. 

Otra función que tuvo destacada presencia en 2024 fue la de Vivienda y Urbanismo, que pasó del 5% al 6% del gasto provincial. En este caso, su incremento impacta directamente en las condiciones de vida de la población y en la configuración del territorio, buscando garantizar el derecho a un hábitat digno, planificar ciudades más inclusivas e incluso movilizar el empleo mediante proyectos de obra o de inversión pública dirigido a ello. 

Además de buscar mejorar la infraestructura básica, también está el foco en el crecimiento urbano con criterios de equidad. No es menor el hecho de que Misiones haya incrementado el gasto en esta función en un contexto donde justamente áreas como estas pasaron, en términos generales, a un segundo lugar en las administraciones provinciales.

En un escenario nacional caracterizado por la crisis económica, el ajuste fiscal y el retiro del Estado nacional de los programas de desarrollo provincial, la decisión de Misiones de fortalecer el gasto en salud, promoción social y vivienda y urbanismo no sólo es relevante desde el punto de vista presupuestario, sino altamente significativa en términos políticos y sociales. En un año donde muchos distritos optaron por el recorte muy fuerte con el fin de garantizarse un alto colchón financiero vía holgados superávits, orientar el gasto público hacia áreas sensibles produce un impacto que quizás no sea fuerte a primera vista, pero traza un camino de estabilidad hacia la búsqueda de progresos sostenidos.

A esto, debe sumarse el hecho de que el gasto en Administración Gubernamental se mantiene en niveles bajos: 14,6% del total, cuando en el resto de las provincias del NEA promedia el 29%

En este marco, cabe destacar las enormes diferencias que tiene Misiones respecto a las otras provincias de la región. Como ya dijimos, el gasto en Administración Gubernamental se define, básicamente, a los recursos que el Estado destina al funcionamiento del aparato público. En Misiones representó el 14,6% del gasto en 2024, pero en Chaco llegó al 31,0%, en Formosa al 24,3% y en Corrientes al 31,2%. Ya de entrada se observa una diferencia muy fuerte que se fortalece aún más cuando se la analiza en relación con 2023: en todas las provincias creció pero en diferentes niveles. En Misiones fue solo +0,5 puntos, pero en Chaco +4,9, en Formosa +5,8 y en Corrientes +5,7. 

A su vez, Misiones es la provincia que más recursos destina a los Servicios Sociales: el 68,8% supera al 60,7% de Chaco, 61,7% de Formosa y 55,8% de Corrientes. Hacia adentro de este, las funciones de Salud, Promoción y Asistencia Social y Vivienda y Urbanismo muestran a Misiones liderando en la región con un agregado fundamental: por ejemplo, en Promoción Social, Misiones no solo lidera sino que fue la única provincia de la región que lo incrementó respecto al 2023.
Por último, se destaca que el gasto en deuda pública de Misiones sigue en niveles muy bajos: apenas el 0,2% del total, solo por encima de Formosa (0,1%) pero por debajo de Corrientes (0,3%) y Chaco (2,4%). Pero además, fue la provincia que más redujo este indicador en la región. Naturalmente, mantener bajos los pagos por deuda pública permite al gobierno destinar más recursos a áreas clave, reducir el riesgo de crisis fiscal, generar confianza en los inversores y tener más flexibilidad para políticas económicas, ayudando a asegurar la sostenibilidad fiscal y fomenta el crecimiento económico.

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La inversión pública como clave para la recuperación en Misiones

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El 2024 cerró con un superávit financiero del sector público nacional de 0,3% del PIB y un superávit primario de 1,8%, el mejor resultado fiscal para el país de los últimos dieciséis años. Desde la perspectiva macro, es un dato altamente positivo; pero si miramos la mecánica del logro, encontramos los nubarrones. 

El gasto público cayó 26% y hacia dentro de los componentes del gasto, la obra pública explicó el 24% del recorte con una caída que fue inédita para los últimos, por lo menos, veinte años: la inversión de la secretaría de Obras Públicas cayó 67% en el año 2024.

¿Qué pasa cuando vemos la ejecución presupuestaria de Obras Públicas para Misiones? Se ve una ejecución por $8.162 millones y una caída respecto al 2023 del 86%. La Provincia no estuvo exenta del recorte generalizado que se vio en todo el país con dos consecuencias directas y graves: en primer lugar, postergar el desarrollo y profundizar asimetrías en materia de infraestructura altamente necesaria e imprescindible en estos lados de la república; y en segundo lugar, el fuerte golpe en materia de empleo y calidad de vida de comunidades. 

Del total detallado que se ejecutó en la provincia durante el año pasado, el 85% corresponde al programa “Construcción de Autopistas y Autovías” que contiene dentro solo una actividad para el caso misionero: las obras en ruta nacional 105. Si bien esta es la que muestra el mayor grado de ejecución en pesos ($6.900 millones) tuvo una caída en términos reales del 68% contra el 2023, verificando así un fuerte retroceso en una obra trascendental para la conectividad. 

Apenas otros $1.200 millones fueron ejecutados en diversos programas vinculados a infraestructura. Entre ellos, $726 millones se ejecutaron en el programa de desarrollo de la infraestructura hidráulica, mostrando una caída del 81% real anual. Sobre esto, debe hacerse una salvedad: la totalidad de ese financiamiento es externo: $27 millones de la CAF y $699 millones del BID. 

Por su parte, $370 millones se ejecutaron en tareas de mantenimiento de la red vial, que cayó 75% real anual. Hasta ahí llegó el financiamiento por parte del Gobierno nacional, ya que los $100 millones restantes para completar esos $8.160 millones detallados antes corresponden a conceptos menores no relevantes y en todos los casos muestran fuertes caídas. 

Por el lado del financiamiento provincial, la escasez de recursos por fuertes contracciones de recursos tributarios y recorte de asistencias financieras produjo que durante el primer semestre del año pasado las erogaciones de capital caigan en torno al 55%, un número que seguramente será menor hacia finales del 2024 cuando la provincia publique la ejecución presupuestaria, ya que durante el último tramo del año se vio una importante reactivación, pero que no será suficiente para compensar las caídas de los primeros seis meses. 

Así, Misiones (como casi todos los otros distritos) llega al 2025 con un piso muy bajo en términos de inversión pública que deberá, de la mano de la estabilización macro y recuperación de los niveles de actividad, impulsar fuertemente no mirando superar los números del 2024 sino apuntando, de mínima, a recuperar los niveles del 2021, año donde la inversión real directa misionera representó el 12% del gasto total provincial. Para lograr esto, la Provincia podría contar con algunas herramientas. 

En primer lugar, una recuperación de recursos vía mejora de la recaudación tributaria, tanto a nivel nacional, que llega vía coparticipación, como en niveles provinciales a partir de una recuperación de la recaudación tributaria que también mostró bajas en 2024. En segundo lugar, la reactivación de obras de financiamiento nacional que están frenadas o demoradas y que corresponden al convenio firmado con el Gobierno nacional a mediados del año pasado, que son fundamentalmente obras hídricas. 

En tercer lugar, y no menor, es la posibilidad que tiene la provincia de buscar financiamiento para darle velocidad a la reactivación: provincias como Santa Fe y Córdoba han emitido bonos para financiar proyectos de infraestructura y darle así un empujón al sector que puede ser robustecido por la inyección de fondos propios. 

En este punto, Misiones tiene una enorme ventaja en su propio perfil de deuda: tiene un stock muy bajo (equivale a quince días de coparticipación federal), buen historial crediticio y amplio margen para pago de intereses, dado que apenas destina el 0,2% de su gasto para los servicios de renta. Dada la estabilización en términos de inflación y de tasas, emitir un bono (o porque no, créditos directos con organismos internacionales) para impulsar proyectos de infraestructura podría ser una buena herramienta. 

Esto ayudaría, además, a fortalecer el proceso que el sector privado ya está realizando en la provincia: en diferentes municipios se ve una importante reactivación del sector de la construcción que en su mayoría responde a proyectos de inversión de particulares que podría ser un excelente complemento para que la provincia experimente un rebote considerable en el sector. 

De acuerdo con el presupuesto provincial del año en curso, las erogaciones de capital tendrían un incremento cercano al 45% en términos reales, lo cual se traduce en que hay una voluntad del Gobierno provincial de impulsar la inversión pública dada, posiblemente, las mejores condiciones y las nuevas oportunidades que brindaría un escenario mucho más estable y que aún con desafíos, permite pensar en medidas ya no de contención sino de expansión.

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Presupuesto 2025: caída del 26,7% en recursos y dudas sobre la recaudación impositiva

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a cargo de la administración del Presupuesto nacional, estableció para 2025 un total de recursos para el sector público de $88,01 billones, según la Decisión Administrativa 3/25 publicada en el Boletín Oficial.

Según un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Pública (ASAP), este monto representa una reducción de recursos totales de $1,96 billones respecto del cierre de 2024. En términos reales, el ajuste implica una caída del 26,7%.

El Gobierno nacional continúa operando con el Presupuesto 2023, prorrogado durante 2024 y nuevamente extendido para 2025. Esto otorga al Poder Ejecutivo la facultad de determinar la distribución de partidas de gasto y la proyección de ingresos sin necesidad de aprobación legislativa.

De acuerdo con ASAP, el proyecto original de Presupuesto 2025, que finalmente el oficialismo decidió no tratar en el Congreso, contemplaba ingresos por $113,6 billones. Sin embargo, la decisión administrativa publicada reduce esos ingresos en $25,59 billones.

El informe no detalla las razones específicas de esta reducción en la proyección de ingresos. No obstante, se especula con un posible margen de discrecionalidad para la administración de recursos adicionales que ingresen por encima de lo presupuestado. Cabe recordar que la prórroga del Presupuesto 2023 no contempló la actualización por inflación, lo que también se repite en la pauta 2025.

ASAP destaca que la mayor diferencia en los recursos corrientes se debe a una caída en los ingresos impositivos. En comparación con el total de recursos vigentes al cierre de 2024, se registra una disminución de $5,65 billones, lo que equivale a un descenso del 32,4% interanual ajustado por inflación.

Este descenso está directamente relacionado con la reducción de la recaudación del Impuesto PAIS, clave en 2024. El informe aclara que no se realizó una proyección actualizada para el nuevo ejercicio, lo que genera dudas sobre la previsión de ingresos.

En paralelo, se espera un aumento en la recaudación por Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social de $3,8 billones, lo que compensaría parcialmente la caída de ingresos impositivos.

En cuanto a los ingresos no impositivos, se proyecta una disminución para 2025, mientras que los recursos de capital, que representan una porción menor de los ingresos, registrarían una merma de $1.524 millones, atribuida a menores transferencias de capital.

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