PROPIEDAD INTELECTUAL

El acuerdo UE-Mercosur instala un nuevo escenario para la industria de la madera

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La firma del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, se concretó el pasado 17 de enero, en Asunción, Paraguay. Establece una zona de libre comercio de más de 700 millones de consumidores, al mismo tiempo que introduce un inédito marco normativo en materia de sostenibilidad y cooperación técnica. Para el bloque Mercosur, el acuerdo implica el acceso preferencial al 92% de sus exportaciones hacia el mercado europeo. La UE logrará la eliminación progresiva de aranceles para el 91% de sus bienes industriales, señala un documento de la Asociación de Empresarios Metalúrgicos de la República Argentina.

Desgravación arancelaria: el horizonte de la forestoindustria

El sector de la madera y el mueble se posiciona como uno de los protagonistas de este acuerdo. Actualmente, los productos madereros del Mercosur enfrentan estructuras arancelarias que limitan su competitividad en Europa frente a proveedores de Europa del Este o el Sudeste Asiático.

Con la entrada en vigor del tratado, se prevé una eliminación gradual de los derechos de importación, que en ciertos productos de valor agregado (como muebles de diseño o paneles compensados) actualmente oscilan entre el 2% y el 10%. Esta ventana de oportunidad permite a las PyMEs regionales proyectar exportaciones de productos acabados, superando la histórica dependencia de la exportación de materia prima bruta.

El desafío de la trazabilidad y el Reglamento EUDR

La apertura de mercados viene acompañada de una exigencia técnica rigurosa: el cumplimiento del Reglamento de la UE sobre Productos Libres de Deforestación (EUDR).

Para la industria maderera del Mercosur, esto implica que cada metro cúbico exportado deberá contar con certificados de geolocalización que garanticen que su origen no proviene de tierras deforestadas después de diciembre de 2020. Si bien esto representa una barrera de entrada técnica para los productores informales, se convierte en un sello de calidad competitiva para las empresas que ya han invertido en certificaciones internacionales (como FSC o PEFC), posicionando a la región como un proveedor estratégico de biomasa y madera sostenible bajo estándares globales.

Modernización tecnológica y el efecto “catch-up”

El impacto para la industria del mueble será ambivalente. Por un lado, la reducción de aranceles para la importación de maquinaria de última generación y bienes de capital de origen europeo (especialmente de Alemania e Italia) facilitará la reconversión tecnológica de las plantas locales. Esto es crítico para mejorar la productividad y el acabado de los muebles regionales.

Sin embargo, la industria local deberá enfrentar la competencia de productos terminados europeos de alta gama que ingresarán con aranceles decrecientes. El éxito del sector dependerá de la capacidad de respuesta de las cámaras empresariales para aprovechar los programas de cooperación técnica y financiamiento que el acuerdo prevé para la transición productiva.

La perspectiva europea: entre la oportunidad de mercado y el blindaje ambiental

Mientras en el Mercosur el debate se centra en la competitividad, en los principales centros industriales de la UE (Alemania, Italia, Francia), las entidades representativas del sector ‒como CEI-Bois (Confederación Europea de Industrias de la Madera) y EFIC (Confederación Europea de Industrias del Mueble)‒ mantienen una postura de “optimismo vigilante”.

  1. Seguridad de suministros y materias primas críticas: Para la industria europea, el acuerdo es una pieza clave para diversificar sus fuentes de suministro. En un contexto de tensiones geopolíticas, la UE busca reducir su dependencia de mercados asiáticos. Las cámaras europeas ven al Mercosur como un proveedor de biomasa y madera certificada de escala industrial, esencial para cumplir con los objetivos del Green Deal europeo que exige sustituir materiales fósiles por renovables en la construcción y el mobiliario.
  2. Exportación de tecnología, el renovado rol de EUMABOISLa industria de la maquinaria para la industria de la madera (representada por Eumabois) es una de las más entusiasmadas con la firma del acuerdo. La eliminación de aranceles en el Mercosur para bienes de capital permite a los fabricantes europeos (especialmente italianos y alemanes) volver a consolidar su liderazgo tecnológico en la región. Para ellos, el acuerdo significa la posibilidad de recuperar la iniciativa en el mercado sudamericano donde hoy enfrentan una fuertísima competencia china. No se trata solo de vender máquinas, sino de establecer sus estándares técnicos y digitales como la norma a seguir en las fábricas del Mercosur.
  3. El “Level Playing Field” y la propiedad intelectual, estandartes de la sostenibilidad como “barrera” competitiva: Una de las mayores preocupaciones europeas ha sido históricamente la protección de diseños y la lucha contra la falsificación. El acuerdo firmado el 17 de enero incluye capítulos robustos sobre propiedad intelectual. Las cámaras europeas de diseño de muebles ven esto como una victoria, ya que les permite exportar productos de alto valor añadido con la garantía de que sus diseños industriales estarán protegidos legalmente en los cuatro países del bloque sudamericano.

Es importante destacar que, a diferencia de otros sectores, las entidades madereras europeas no temen a la competencia del Mercosur, siempre y cuando se aplique estrictamente el Reglamento EUDR. Su visión es clara: solo entrará al mercado común aquello que demuestre trazabilidad total. Esto “nivela el campo de juego” (el famoso level playing field), asegurando que las empresas europeas ‒que ya operan bajo costos ambientales altos‒ no se vean desplazadas por madera de origen incierto.

Implicancias para la industria de la madera del Acuerdo UE-Mercosur

Para la industria de la madera y el mueble, este acuerdo no solo reduce aranceles, sino que redefine las reglas de sostenibilidad y modernización tecnológica para los próximos veinte años.

  • La madera como vector de sostenibilidad y el reto de la trazabilidad. El acuerdo establece un marco de “cero arancel” para una vasta gama de productos de madera, pero la apertura no es un cheque en blanco. La UE ha dejado claro que el acceso al mercado común está intrínsecamente ligado al cumplimiento del Reglamento EUDR. Para los productores del Mercosur, la industria ya no se mide solo en metros cúbicos o calidad de fibra, sino en datos de geolocalización. Las cámaras empresarias europeas, como CEI-Bois, ven en este acuerdo una oportunidad para asegurar un flujo constante de madera de rápido crecimiento proveniente de Sudamérica, esencial para la bioeconomía europea, siempre que se garantice la ausencia de deforestación mediante sistemas de certificación robustos.
  • Transformación del sector del mueble: diseño y protección intelectual. El impacto en el sector del mueble presenta una dualidad técnica. Mientras que el Mercosur se beneficia de la eliminación de gravámenes para exportar mobiliario de madera maciza, la industria europea ‒liderada por la EFIC‒ celebra la armonización de estándares de Propiedad Intelectual. Esto protege los derechos de diseño industrial europeo en suelo sudamericano, fomentando una competencia basada en el valor añadido y no solo en el costo de materiales. Por otro lado, la reducción de aranceles para componentes y herrajes europeos permitirá a los fabricantes locales del Mercosur elevar el estándar de calidad de sus terminaciones, cerrando la brecha de calidad percibida en mercados internacionales.
  •  Bienes de capital, la carrera por la eficiencia productiva. Un componente crítico del acuerdo es la facilitación del comercio de maquinaria. Entidades como Eumabois han señalado que la eliminación de barreras técnicas y arancelarias para bienes de capital permitirá a las plantas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay acceder a tecnologías de Industria 4.0, centros de mecanizado CNC y sistemas de secado inteligente de origen europeo. Esta transferencia tecnológica es vista como el motor de un efecto “catch-up” (convergencia), donde la industria del Mercosur podrá procesar sus recursos forestales con la misma eficiencia técnica que sus pares nórdicos, aumentando la productividad por empleado y reduciendo el desperdicio de material.

El impacto país por país

 – Argentina: El sector de madera sólida en la región mesopotámica ve una puerta abierta para divisas. Sin embargo, el gran reto es la infraestructura logística. El impacto será positivo si se logra acoplar la oferta con los estándares de sostenibilidad europeos, pero negativo si la burocracia interna frena la agilidad de los certificados de exportación.

– Brasil: Posee la mayor escala del bloque. El impacto es netamente positivo en términos de volumen de exportación de tableros y celulosa. El desafío negativo reside en la fiscalización extrema que recibirá por parte de las ONGs y cámaras europeas sobre la cadena de custodia, lo que elevará los costos de auditoría interna.

– Uruguay: Con una industria forestal ya muy alineada a estándares internacionales, el impacto es de consolidación. El país se posiciona como el “puerto verde” de entrada de inversiones para CLT (madera laminada cruzada). El riesgo es la alta competitividad del mercado europeo que exigirá una especialización aún mayor en productos de ingeniería.

– Paraguay: El acuerdo actúa como un catalizador para la formalización. El impacto positivo será la llegada de capitales para reforestación comercial. El lado negativo es la vulnerabilidad de la pequeña industria del mueble artesanal, que podría verse desplazada por productos industriales importados si no se inicia un plan de reconversión técnica inmediato.

Un acuerdo que reconfigura el mapa del mercado global

El Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, firmado tras años de negociación, busca crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo. Potenciará el intercambio comercial, eliminando aranceles en más del 90% del comercio bilateral.

Aspectos clave del acuerdo (actualizado a 2026):

  • Alcance comercial: Liberaliza el 91% de las importaciones del Mercosur desde la UE (especialmente autos, químicos, maquinaria) y el 92% de la UE desde el Mercosur (agroalimentos).
  • Desgravación: La UE eliminará aranceles al 82% de las exportaciones del Mercosur, con un 70% de desgravación inmediata.
  • Beneficios para el Mercosur: Mayor acceso de productos agrícolas (soja, carne, maíz) al mercado europeo.
  • Sostenibilidad y medio ambiente: Incluye el cumplimiento del Acuerdo de París y compromisos contra la deforestación.
  • Situación actual: El Consejo de la UE autorizó la firma a principios de 2026, iniciando la fase de ratificación, aunque persiste el debate político y técnico, con el- Parlamento Europeo solicitando un dictamen al Tribunal de Justicia de la UE sobre su validez jurídica

Más de un cuarto de siglo de negociaciones

El acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur es el resultado de más de 25 años de negociaciones. Tras un principio de acuerdo alcanzado en 2019 y revisado posteriormente, los textos finales quedaron cerrados en diciembre de 2024. A comienzos de este año, el Consejo de la UE autorizó formalmente su firma, lo que marca el inicio de la fase de ratificación.

“El tratado es un acuerdo mixto, con dos pilares: el comercial regula el comercio de bienes y servicios, el acceso a los mercados y a la propiedad intelectual. Y el político y de cooperación, que abarca el diálogo institucional, la sostenibilidad y la cooperación. Esta estructura es clave porque determina cómo y cuándo puede aplicarse”, explica un análisis realizado por el reconocido estudio legal Marval, O’Farrell & Mairal.

El acuerdo prevé una liberalización progresiva:

  • La UE eliminaría aranceles para aproximadamente el 92 % de las importaciones provenientes del Mercosur;
  • El Mercosur haría lo propio con cerca del 91 % de las importaciones desde la UE.

“El sistema incluye plazos de transición, cuotas y mecanismos de protección para productos sensibles. Se verían directamente alcanzados los sectores agroindustriales, alimentos, bebidas, manufacturas e industria”, señala el estudio.

Por otra parte, el capítulo de propiedad intelectual es uno de los componentes técnicos más relevantes. Establece, por primera vez, un marco bilateral estructurado que cubre derechos de autor y derechos conexos, marcas, diseños industriales, patentes, variedades vegetales, indicaciones geográficas, secretos comerciales y medidas de observancia civil, administrativa y en frontera. El acuerdo prevé la protección recíproca de indicaciones geográficas (IG), contempla reglas de coexistencia con marcas y derechos preexistentes, evitando afectaciones automáticas.

El análisis de Marval, O’Farrell & Mairal recuerda que para que el acuerdo tenga efectos reales, aún deben cumplirse varias etapas:

  • Firma formal del tratado;
  • Aprobación del Parlamento Europeo;
  • Decisión de conclusión del Consejo de la UE;
  • Ratificación por los parlamentos de todos los Estados miembros de la UE;
  • Ratificación individual por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay;
  • Aprobación del tratado por el Congreso Nacional de cada Estado Parte del Mercosur;
  • Depósito del instrumento de ratificación ante la Secretaría del Mercosur;
  • Entrada en vigencia individual del tratado para cada Estado Parte del Mercosur, a medida que se completen las ratificaciones y se efectúe el depósito correspondiente.

“Solo cuando se cumplan estos pasos podrá entrar en vigencia. En el mejor escenario, podría aplicarse de forma provisional y parcial, limitada a materias de competencia exclusiva de la UE”, indica el análisis. Y puntualiza que el Parlamento Europeo remitió el acuerdo al Tribunal de Justicia para que evalúe la compatibilidad con la normativa comunitaria.

En el caso de Argentina, será necesaria, además, una adecuación normativa interna, incluida la legislación en materia de propiedad intelectual. A través del Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero de 2026, el Poder Ejecutivo Nacional convocó a sesiones extraordinarias para tratar el proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, formalizando así el comienzo de su etapa de internalización legislativa. “Hoy, el acuerdo no genera derechos ni obligaciones exigibles. Su relevancia está en lo que puede producir si se ratifica: cambios estructurales en comercio, inversión y en la gestión estratégica de la propiedad intelectual entre los países de ambos bloques”, concluye el estudio.

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Argentina firmó un acuerdo comercial e inversiones con Estados Unidos: qué incluye y por qué es clave

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Argentina concretó la firma del Acuerdo Marco de Comercio e Inversión Recíproco con Estados Unidos, un entendimiento bilateral que apunta a profundizar la integración comercial, reducir barreras arancelarias y no arancelarias, y estimular la inversión en sectores estratégicos.

El acuerdo fue rubricado por el canciller Pablo Quirno, durante su visita oficial a Washington, en el marco de la cumbre ministerial sobre minerales críticos. También participó el embajador argentino en ese país, Alec Oxenford.

“Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al representante comercial de Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera”, expresó Quirno tras la firma.

La concreción del entendimiento se da en un contexto marcado por la virtual congelación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, que fue enviado al máximo tribunal europeo para su evaluación, proceso que podría demorar cerca de un año.

El texto firmado retoma y amplía el marco anunciado meses atrás y propone profundizar la cooperación bilateral en comercio e inversión, con compromisos concretos en múltiples frentes.

Apertura comercial y aranceles

Argentina se compromete a otorgar acceso preferencial a exportaciones estadounidenses de:

  • Medicamentos y productos farmacéuticos
  • Productos químicos
  • Maquinaria y bienes de capital
  • Tecnologías de la información
  • Dispositivos médicos
  • Vehículos automotores
  • Una amplia gama de productos agrícolas

Por su parte, Estados Unidos se comprometió a revisar la Sección 232, que aplica aranceles de hasta el 50% a productos considerados estratégicos para la seguridad nacional, como el acero.

Además, eliminará aranceles recíprocos a recursos naturales no disponibles en su territorio y a productos farmacéuticos no patentados.

Carne, alimentos y productos agroindustriales

Ambos países acordaron mejorar las condiciones de acceso bilateral para el comercio de carne vacuna.

Argentina también se comprometió a:

  • Abrir su mercado al ganado vivo estadounidense
  • Permitir el ingreso de carne aviar en el plazo de un año
  • No aplicar restricciones al uso de términos tradicionales asociados a quesos y carnes

El acuerdo establece que ambos países trabajarán en conjunto para reducir barreras no arancelarias que afecten el comercio de alimentos y productos agrícolas.

Barreras no arancelarias y facilitación del comercio

Argentina asumió compromisos clave para reducir costos y tiempos de importación, entre ellos:

  • Reducción de licencias de importación
  • Eliminación de formalidades consulares para exportaciones estadounidenses
  • Eliminación gradual de impuestos a la importación de productos de Estados Unidos

También se compromete a alinearse con normas internacionales, aceptando productos que cumplan con estándares estadounidenses o internacionales, sin exigir evaluaciones adicionales.

En el sector automotor, Argentina permitirá la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos que cumplan con normas de seguridad y emisiones de ese país.

En materia de propiedad intelectual, el acuerdo reconoce avances de Argentina en la lucha contra la falsificación y la piratería, pero exige mayores estándares de protección, con foco en grandes centros de comercialización de productos falsificados.

Trabajo, ambiente y minerales críticos

El texto incorpora compromisos laborales y ambientales:

  • Argentina se compromete a no importar bienes producidos con trabajo forzoso y a fortalecer su legislación laboral
  • Se acuerda combatir la tala ilegal y promover el uso eficiente de recursos naturales
  • Se refuerza la cooperación en minerales críticos, un eje estratégico para la transición energética y tecnológica

También se propone trabajar en conjunto para estabilizar el comercio global de soja, uno de los principales complejos exportadores argentinos.

El acuerdo establece que Argentina deberá:

  • Revisar “cuestiones distorsivas” vinculadas a empresas estatales
  • Analizar subsidios industriales que puedan afectar la relación bilateral

En el plano digital, el país reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada para la transferencia de datos personales y se compromete a no discriminar servicios y productos digitales estadounidenses.

Un acuerdo con impacto económico y geopolítico

El entendimiento con Estados Unidos refuerza la estrategia del gobierno de Argentina para ampliar mercados, atraer inversiones y fortalecer su inserción internacional, en un contexto donde la generación de divisas vía exportaciones aparece como una prioridad central.

La foto política del acercamiento quedó sellada meses atrás con el encuentro entre Donald Trump y Javier Milei en Davos, pero ahora toma forma concreta con un acuerdo que impacta de lleno en comercio, industria, agro y economía digital.

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La Indicación Geográfica “Té Argentino” suma 15 empresas y potencia la competitividad del sector

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La Indicación Geográfica (IG) “Té Argentino” alcanzó un punto de inflexión para la producción tealera del nordeste argentino: 15 empresas de Misiones ya forman parte del sello, una herramienta estratégica que protege el origen, la calidad y el valor cultural del té producido en la región y fortalece su posicionamiento en los mercados nacionales e internacionales. El reconocimiento oficial fue otorgado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación mediante la Resolución 126/2024, a fines de 2024, y coronó más de un año de trabajo interinstitucional.

El proceso fue impulsado y acompañado por el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal, junto con la Asociación de Té, el INTA y el INTI. La medida representa un avance institucional clave para el sector, al consolidar un marco de protección legal, diferenciación productiva y mejora competitiva para una de las economías regionales más relevantes de la provincia.

Qué implica la Indicación Geográfica y por qué es estratégica

La Indicación Geográfica es un derecho de propiedad intelectual regulado por la Ley 25.380, cuyo objetivo es proteger y valorizar productos cuyas características específicas están directamente vinculadas a su origen geográfico. No se trata de una herramienta que se crea, sino que se reconoce, ya que su valor se asienta en cualidades preexistentes derivadas de la combinación entre recursos naturales, prácticas productivas locales, historia y cultura.

En términos operativos, la IG garantiza que todas las etapas de producción, transformación y elaboración se realicen íntegramente dentro de la zona delimitada. En el caso del Té Argentino, certifica el producto cultivado y elaborado en Misiones y en el extremo noreste de Corrientes, reconocida como la región productora de té más austral del mundo.

La certificación destaca cualidades diferenciales del té de la región: elevado contenido de polifenoles, que potencia su capacidad antioxidante; un perfil sensorial menos astringente, más suave y dulce frente a otros orígenes; y brillo y traslucidez en la infusión fría. Estas características se vinculan de manera directa con las condiciones agroecológicas, como el relieve ondulado y la predominancia de suelos rojos, además de un fuerte componente histórico y humano que se remonta a 1923, cuando comenzó el cultivo de té en la Argentina.

Gobernanza, control y trabajo interinstitucional

La gestión, promoción y administración de la IG está a cargo de la Asociación Civil Consejo de la Indicación Geográfica Té Argentino, que nuclea a productores y elaboradores de la región. Su función es central para la representación colectiva del sector y la defensa de la calidad del producto, supervisando y participando en las auditorías que verifican el cumplimiento de los estándares de calidad, origen y trazabilidad establecidos en el protocolo.

Este esquema se desarrolla de forma articulada con el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones, el INTA y el INTI, y es supervisado por el Consejo Asesor de la Indicación Geográfica “Té Argentino”, integrado por la Asociación Civil Té Argentino; el Ministerio del Agro —a través de la Subsecretaría de Desarrollo y Producción Vegetal y la Dirección General de Yerba Mate y Té—; el INTA; y el INTI. El proceso cuenta además con la validación de la Comisión Nacional Asesora de Indicaciones Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen (DO).

En este marco, la directora general de Yerba Mate y Té, Tatiana Bida, explicó que “el Consejo Asesor coordinado por el Ministerio realiza las auditorías técnicas a las plantas elaboradoras para verificar que cumplen rigurosamente con todos los estándares de calidad, origen y trazabilidad establecidos en el pliego de condiciones de la IG, habilitándolas para utilizar el sello distintivo de ‘Té Argentino’. Para nosotros es clave el trabajo interinstitucional”.

Desde el Gobierno provincial, el ministro Facundo López Sartori subrayó que la Indicación Geográfica “es una política que fortalece a los productores y elaboradores, mejora el desempeño del té argentino tanto en el mercado local como internacional y consolida el valor del origen como un diferencial competitivo”. En la misma línea, la subsecretaria Luciana Imbrogno destacó que “este reconocimiento posiciona al té argentino a nivel global, garantiza que el producto cumpla con estándares de calidad y de preservación ambiental, y protege su valor cultural y productivo como propiedad intelectual”.

Impacto económico y beneficios para exportadores

Más allá del reconocimiento simbólico y productivo, la IG “Té Argentino” tiene un impacto económico concreto. Los productos que utilizan el sello pueden acceder a un reintegro adicional del 0,5% sobre el valor de exportación, conforme a lo establecido por el Decreto 1341/16. Este incentivo mejora la competitividad externa del sector y refuerza la estrategia de posicionamiento del té argentino como producto diferenciado de alta calidad.

Para acceder al uso del sello y al beneficio económico, el primer paso es contactar a la Asociación Té Argentino, mientras que los requisitos se encuentran disponibles en el sitio oficial del Ministerio del Agro y la Producción de Misiones.

Actualmente, integran la Indicación Geográfica “Té Argentino” las siguientes empresas: Akasha Tea, Del Iguazú Infusiones, Hebras Misioneras, Té Kaeriyama, Doña Irma Té Artesanal, Infusiones Jesper, Cooperativa Agrícola Ltda. Ruiz de Montoya, Cooperativa Yerbatera Dos de Mayo Ltda., Don Basilio, Klimiuk Infusiones, Don Layo S.R.L., Valmitran, Fontana S.A., Martin Bauer Argentina y Las Treinta S.A.

Con esta incorporación, Misiones consolida una política pública de largo plazo, que reconoce el valor del territorio, protege el conocimiento productivo acumulado y fortalece la competitividad del té argentino en el escenario global, a partir de una estrategia común que articula Estado, productores y sistema científico-tecnológico.

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Los Santiago y el Derecho que viene: marcas, ciberdelito e inteligencia artificial

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Hay entrevistas que, con el paso del tiempo, dejan de ser una foto y se convierten en un expediente vivo. El reportaje que Economis publicó hace cinco años sobre el estudio de Sergio Santiago -en plena pandemia- pertenece a esa estirpe: no fue solo un retrato de coyuntura, sino la señal temprana de una transformación que hoy se ve con claridad.

Cinco años después, Santiago vuelve a sentarse a conversar junto a sus hijos Sebastián y Facundo. No para reeditar aquella historia, sino para medir el trayecto, ponerle contexto a un quinquenio que sacudió la práctica jurídica, y mirar el mapa del Derecho con una convicción renovada: lo que cambió no fue apenas el procedimiento; cambió la profesión.

Se habla de marcas registradas, patentes, propiedad intelectual, ciberdelito, estafas bancarias, de la federalización de trámites que antes vivían cautivos en Buenos Aires, y de una herramienta inevitable: la inteligencia artificial.

El primero en hablar es el padre. Como corresponde en el relato y como corresponde en el linaje. Sergio Santiago arranca con una frase que parece chiste, pero no lo es: es resumen, es diagnóstico, es resistencia.

Estamos todavía vivos y molestando. Es cierto”.

Lo dice mientras cuenta una escena reciente: el Colegio de Abogados lo distinguió por un dato que pesa tanto como una sentencia: 40 años de matrícula. En un salón con cientos de personas, el reencuentro con un viejo compañero de facultad (Corrientes, la vida estudiantil, las historias que se congelan y vuelven) termina en un grito que desarma protocolos.

Me ve, pega un grito y dice: ‘Vos tampoco te pudiste morir’. Así, en todo el salón”.

La risa aparece, sí. Pero lo que se revela es otra cosa: el Derecho, también, es biografía. 

Sergio habla de un “retorno a la normalidad” que en el mundo judicial siempre llega con demora y con expedientes: juicios que se cierran, etapas que se clausuran, heridas que dejan de sangrar o aprenden a convivir con el cuerpo.

“La pandemia fue bisagra. Pero también fue un proceso. Y en ese proceso, yo salía de un abismo. Había pasado un montón de cosas. Ese mismo año falleció mi papá, que es una figura indeleble en mi vida. Se sumaron los chicos al estudio”.

“Eso me obligó a reconstruir. Literalmente. Pintar el estudio, mejorar despachos, tirar cosas del pasado: papeles, computadoras viejas, escáneres que no servían. No solo fue limpieza material. Fue simbólica”.

Y entonces aparece una frase que funciona como título dentro del título, porque condensa el núcleo de esta conversación: el estudio se consolidó como marca, y además como marca registrada. Un gesto que en un reportaje jurídico no puede pasar desapercibido.

“Hoy el estudio está absolutamente instalado como marca. Y sí: marca registrada. Valga la redundancia”.

Cuando toma la palabra Sebastián, el tono cambia levemente: es el mayor de los herederos y tiene una mirada más sistemática, más de ingeniería institucional, más de “abogado del día a día” que mira el impacto real del giro digital.

Sebastián fue el primer socio del padre y ya lleva una década como abogado.

Para él, uno de los puntos centrales del último lustro fue el cambio cultural que implicó la digitalización: lo que antes era una peregrinación a Buenos Aires -especialmente en marcas y patentes- se federalizó de hecho.

“Antes todos los trámites se hacían presenciales en Buenos Aires. Después de la pandemia se digitaliza todo y se abre el juego. Eso disparó el mercado, pero también la toma de conciencia”.

El Derecho, en su lectura, se volvió más preventivo, menos reactivo. Y eso lo cambió todo: el cliente que registra una marca no llega con un conflicto; llega para evitarlo, agrega Facundo, el menor, pero al mismo tiempo, el disparador del eje del estudio.

“El que viene por una marca, muchas veces no viene con un problema. Viene con un proyecto. Con prevención. Quiere evitar que le copien o que esté infringiendo derechos ajenos”.

En esa prevención aparece una pedagogía: explicar qué se protege, por qué se protege, y cómo un intangible puede ser el activo más valioso de una pyme. Un tema que, en Misiones, cobra un relieve particular por la combinación de provincia joven, emprendedurismo, economía regional y creatividad.

“Nos propusimos también hacer docencia: explicar qué significa proteger una marca, qué es una patente, qué valor económico tiene”.

En números, el crecimiento es contundente: el estudio supera las 800 marcas registradas. “Economis fue una de las primeras. Literalmente, segundo, tercero o cuarto cliente”, recuerda Sergio.

De la música a la propiedad intelectual, y de Misiones a Alicante

Facundo entra con una identidad propia: el músico que se volvió abogado y encontró, casi de manera natural, el puente entre creación y norma. El tono vuelve a cambiar: hay entusiasmo genuino, una especie de curiosidad en movimiento.

“Yo entré por la música, por derechos de autor. Y me encontré con un mundo enorme”.

De ese mundo nace una apuesta que hoy estructura al estudio: la especialización en propiedad intelectual en tiempos donde el valor económico se concentra cada vez más en intangibles, marcas, diseños, patentes, autoría, software y reputación digital.

Facundo ya había transitado formación en Buenos Aires y experiencias internacionales. En 2023, Estados Unidos; en 2024, España, Santander. Y ahora viene el paso que lo entusiasma como proyecto personal y profesional: Alicante, en enero, para un curso focalizado en marcas, diseños y derechos de autor, en una ciudad que es, en términos institucionales, un centro neurálgico: allí está la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea.

“Es un módulo de un máster más amplio, centrado en marcas, diseños y derechos de autor. Alicante tiene un peso especial en esto”.

La comparación es inevitable y, lejos de desanimar, le enciende la motivación.

“Europa está diez años adelante. Ir, ver, entender y volver con eso es una forma de aportar más”.

Facundo Santiago irá por una actualización jurídica en Alicante, España.
Facundo Santiago irá por una actualización jurídica en Alicante, España.

En su mirada, la pospandemia aceleró dos grandes procesos: la digitalización administrativa (que abrió el acceso al registro desde el interior) y la expansión del universo “propiedad intelectual” hacia todo el país.

“Después de la pandemia, estos temas se empezaron a abrir desde Buenos Aires hacia todo el país. Y acá, en Misiones, hay muchísima recepción”.

Ciberdelito: del desierto a la fiscalía especializada

Hay un capítulo que atraviesa la conversación y se impone con fuerza: las estafas bancarias y el ciberdelito. No como moda, sino como realidad económica y judicial que crece y exige respuestas.

Sergio recuerda cómo el tema era, hace pocos años, una especie de territorio sin nombre.

“Cuando arrancamos, nadie le daba pelota. Hoy tenés una procuración enfocada, fiscalía, equipo capacitado. Falta completar con juzgado o secretaría especializada, pero el salto es enorme”.

El ciberdelito como fenómeno no es solo penal; es institucional, tecnológico, económico y cultural. Y exige una justicia que entienda la materia.

“A los bancos esto también los obliga. No por mérito nuestro, sino porque la justicia empezó a aceptar el problema y eso impone inversión en software y hardware”.

La frase que tira Sergio es de esas que piden resaltador: “Hoy el ciberdelito maneja más guita que la droga”.

El volumen del daño económico se vuelve un argumento de política pública. Si el sistema no responde, no solo pierde la víctima: se erosiona la confianza social en la justicia.

Inteligencia artificial: el nuevo compañero de escritorio (con correa)

En el tramo final, aparece el tema que, inevitablemente, ya está reescribiendo el oficio: la inteligencia artificial. No como ciencia ficción, sino como herramienta diaria.

“La usamos todos los días”, dice Sebastián. “Pero siempre pasando por el cedazo, porque la inteligencia artificial todavía divaga”.

Sergio Santiago aporta la experiencia, aunque dice estar obligado a la actualización para seguir el ritmo de sus hijos.

Sergio suma un detalle que pinta el cambio de época: habla de trabajar con asistentes como Copilot y de exigirle que cite fuentes, pero también de no delegar el criterio.

En su visión, la profesión va a cambiar inexorablemente. Algunas ramas pueden perder protagonismo; otras se van a reconfigurar por completo.

“La abogacía no desaparece si se adapta. Lo humano -empatía, creatividad, criterio- sigue siendo insustituible”.

Y abre una discusión fuerte, propia de debate jurídico de época: la regulación.

Hay que regular el algoritmo antes, no después. Poner límites éticos antes de que el daño ocurra”.

Trabajar en familia, dicen, es una mezcla de amor y fricción, pero también de método.

“Nos queremos, nos puteamos… las dos cosas”, suelta Sergio, y se ríen.

Pero el núcleo es otro: el estudio funciona como un taller donde el escrito circula, se debate, se afina. La corrección colectiva no es un gesto: es política interna.

No hay tema que no discutimos en el grupo”, dice Sergio. “Cuando terminamos un escrito, circulamos. Todos opinamos. Todos nos corregimos”.

Facundo aparece como motor de una especialidad que obligó a todos a estudiar más.

“De propiedad intelectual, mucho de lo que ellos manejan lo aprendieron de lo que yo fui trayendo. Y a mí eso me obliga a sostener una actualización permanente”.

Sebastián suma el valor agregado de la experiencia del padre: esa intuición que no se aprende en manuales.

“Hay cosas que no están en los libros. Es roce, oficio, lectura del caso”.

Sergio lo ilustra con un caso concreto: una ejecución prendaria por plan de ahorro, pocos días para reaccionar, y una estrategia que desplaza el eje hacia derecho del consumidor, cláusulas abusivas, contexto contemporáneo.

“Fue la primera vez que, según el abogado de la firma, alguien le cambió el eje de discusión”.

El Derecho también es creatividad jurídica aplicada en un entorno más complejo, más tecnológico, más veloz.

El cierre se arma solo: cinco años después, el estudio consolidó su presencia como marca, amplió su campo técnico, se metió en la agenda dura del ciberdelito y apostó a la propiedad intelectual con formación internacional. Pero, sobre todo, entendió que el Derecho ya no se ejerce en un mundo estable: se ejerce en una época de aceleración.

Sergio lo dice con una vocación que no busca publicidad personal, sino cultura jurídica:

“Nosotros no vamos a los medios para que vengan al estudio. Vamos para que la gente vaya al abogado. Como el que va al médico”.

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Agricultura y el sector semillero se reunieron para analizar protección de la propiedad intelectual

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La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Asociación de Semilleros Argentinas (ASA), mantuvieron hoy una reunión para profundizar en las transformaciones que el sector semillero aporta al país, en especial, a la adhesión por parte de Argentina a la UPOV 1991 (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales) en el marco del proyecto de ley ómnibus que el Gobierno envío al Congreso.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella, destacó el encuentro con el sector y enfatizó “la necesidad de transformar la realidad económica del país junto con el sector agroindustrial como parte fundamental de la solución”.

En este sentido, según un comunicado de la cartera rural, destacó el rol estratégico de la semilla y subrayó el reconocimiento de la propiedad intelectual como catalizador del progreso económico; de allí la propuesta de incorporar al proyecto de ley ómnibus la adhesión a UPOV 1991, a la vez que afirmó que duplicar las exportaciones implica un cambio en la matriz productiva, donde el sector privado desempeña un papel crucial.

Por su parte, el subsecretario de Fortalecimiento Productivo y Sustentable, Pedro Vigneau, señaló la importancia de “ofrecer a los productores la mejor tecnología genética disponible para aprovechar los recursos naturales del país”.

En la misma línea, presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Claudio Dunan, resaltó la importancia del organismo en el desarrollo de la bioeconomía y remarcó la necesidad de fortalecer su capacidad de fiscalización para proteger las inversiones en el desarrollo genético.

En cuanto al sector privado, el presidente de ASA, Nicolás Gear, expresó su apoyo a la iniciativa del gobierno de ingresar a la Argentina en UPOV 1991 destacando la importancia de la innovación y la sostenibilidad en el desarrollo agrícola y remarcó la necesidad de impulsar el crecimiento del sector y hacer especial hincapié en las virtudes del productor argentino.

Como parte de la comitiva de ASA estuvieron presentes también Juan Erdmann, Federico Garat, Horacio Oyhanarte (Bayer); Lisandro Galindez (Syngenta); Alejandro Fried (Gensus); Julián Echazarreta (ACA); Marcos Lorenzo (Don Mario); Ignacio Rosasco (Stine); Magdalena Sosa Belaustegui (BASF); Victoria Serigos (Corteva); Verónica Vallini (Limagrain); y Hugo Previgliano (RAGT).

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