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Misiones es la sexta provincia de menor presión fiscal sobre los bancos

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El Banco Central de la República Argentina dio un paso técnico con alto impacto político y fiscal: habilitó a los bancos a radicar las cuentas abiertas de manera no presencial en cualquier sucursal del país, independientemente del domicilio real del cliente. La medida, ya vigente, apunta a reducir el peso de Ingresos Brutos y otras cargas provinciales y municipales sobre la actividad financiera, uno de los factores que encarecen el crédito en la Argentina.

La decisión reabre una discusión de fondo: cuánto de la tasa que paga un usuario o una empresa responde al riesgo financiero y cuánto corresponde a la presión fiscal aplicada sobre los bancos. En un sistema donde buena parte de las operaciones ya se realizan por canales digitales, el BCRA introduce una posibilidad concreta: que las entidades asignen las cuentas abiertas por internet o por aplicación a sucursales ubicadas en jurisdicciones con menor carga tributaria. La única exigencia operativa es que el banco informe claramente al cliente cuál es la sucursal elegida.

El dato central surge del informe de ADEBA difundido por el propio BCRA: las diferencias entre provincias son muy marcadas. La Pampa encabeza el ranking de mayor presión sobre la actividad financiera, con una alícuota de 9,1% sobre Ingresos Brutos. Le siguen Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, todas con alícuotas del 9%. En el otro extremo aparece Santiago del Estero, que aplica 3% sobre el spread, mientras Corrientes tributa 4,7% y Formosa 5,5%.

Misiones queda en la parte media-baja del ranking, pero todavía por encima de las jurisdicciones más competitivas: figura en el puesto 19 sobre 24, con una alícuota del 7,8% sobre Ingresos Brutos. Además, según el cuadro de ADEBA, grava títulos públicos, pero no créditos hipotecarios. Esa combinación la diferencia de provincias como Mendoza, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y San Luis, que sí registran carga sobre créditos hipotecarios.

El punto más sensible está en la transmisión de esa carga al precio del crédito. En la práctica, una mayor presión de Ingresos Brutos sobre los bancos puede trasladarse a tasas más altas, comisiones o menor incentivo a prestar. Por eso la medida del BCRA opera como una forma indirecta de competencia fiscal: las provincias con menor carga pueden volverse más atractivas para la radicación administrativa de cuentas digitales, aun cuando el cliente viva y opere en otra jurisdicción.

Para Misiones, el nuevo esquema deja una señal ambivalente. Por un lado, no se encuentra entre las provincias de mayor presión, como La Pampa o Buenos Aires. Por otro, tampoco aparece entre las más competitivas. Con 7,8%, queda por debajo del pelotón del 8% y 9%, pero bastante lejos de Santiago del Estero, Corrientes y Formosa. En un mercado financiero cada vez más digital, esa diferencia puede ganar relevancia.

La discusión excede a los bancos. El BCRA busca empujar una baja de costos en el crédito, pero también tensiona la relación entre Nación y provincias, porque Ingresos Brutos es una fuente clave de recaudación subnacional. El dilema es conocido: aliviar la carga fiscal puede mejorar el acceso al financiamiento; mantenerla sostiene ingresos fiscales en un contexto de fuerte restricción presupuestaria.

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Misiones se mantiene entre las provincias con menor cantidad de empleo público por cada mil habitantes

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La estructura laboral argentina continúa mostrando profundas asimetrías entre provincias, con distritos altamente dependientes del empleo público y otros donde el sector privado formal sostiene gran parte de la actividad económica. Un informe elaborado por la economista Laura Caullo, del Ieral de la Fundación Mediterránea, expone con precisión ese desequilibrio y deja a Misiones en una posición intermedia dentro del mapa nacional.

El estudio revela que el promedio nacional de empleo público provincial alcanza los 50 trabajadores cada 1.000 habitantes, aunque con diferencias extremas entre jurisdicciones. Córdoba aparece como la provincia con menor peso relativo del Estado, con 33 empleados públicos provinciales cada 1.000 habitantes, seguida por Buenos Aires (38), Santa Fe (41) y Mendoza (45). En el otro extremo, Tierra del Fuego lidera ampliamente con 141 empleados públicos cada 1.000 habitantes, seguida por La Rioja y Neuquén (111), Santa Cruz (109) y Catamarca (100).

En ese contexto, Misiones se ubica en un segundo pelotón, lejos de las provincias más estatizadas del norte argentino y apenas por encima de los distritos con mayor desarrollo del empleo privado formal, con 51 estatales cada mil habitantes. El informe sostiene que en gran parte del país el empleo estatal continúa siendo un componente central de la estructura ocupacional, especialmente en provincias con menor densidad empresarial y menor capacidad de absorción del mercado privado.

El dato adquiere relevancia en un momento en que el Gobierno nacional avanza con un fuerte ajuste sobre el sector público. Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, más de 66.000 personas dejaron de trabajar en el Estado y empresas públicas, considerando todos los niveles de gobierno.

El trabajo del Ieral remarca que las diferencias provinciales “no son sólo estadísticas”, sino que reflejan distintos niveles de productividad, desarrollo empresarial, inserción exportadora y capacidad de generación de empleo formal. Allí aparece uno de los principales desafíos estructurales de provincias como Misiones: ampliar la densidad del empleo privado registrado en un contexto nacional de baja inversión y recuperación económica desigual.

El contraste se observa con claridad al analizar el empleo asalariado privado formal. El promedio nacional alcanza los 144 trabajadores privados registrados cada 1.000 habitantes, aunque nuevamente aparecen enormes disparidades regionales. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza el ranking con 519 trabajadores privados formales cada 1.000 habitantes, seguida por Neuquén (219) y Tierra del Fuego (198), impulsadas por la energía y los regímenes de promoción industrial.

En el otro extremo aparecen Formosa, con apenas 37 trabajadores privados registrados cada 1.000 habitantes, Santiago del Estero (52) y Chaco (64). El informe marca que las provincias con mayor dependencia del empleo público suelen ser, al mismo tiempo, las que presentan menor densidad de empleo privado formal.

Para Misiones, el escenario muestra una situación más equilibrada respecto de otras provincias del Norte Grande, aunque todavía distante de los polos más dinámicos del país. La provincia logró en los últimos años consolidar sectores exportadores como la forestoindustria, el té, la yerba mate y parte de la economía del conocimiento, pero aún enfrenta limitaciones estructurales vinculadas a escala empresarial, logística, presión tributaria nacional y competitividad fronteriza. Misiones tiene hoy 84 empleos privados cada mil habitantes, aunque logró tener un porcentaje más alto, ya que cerró diciembre de 2023 con el segundo nivel de empleo privado más alto de la historia.

El informe también advierte sobre otra señal de alerta: la recuperación económica de 2026 todavía no logra traducirse en una mejora sostenida del empleo privado formal. Según Caullo, durante el último año cerca de 100.000 trabajadores asalariados privados registrados perdieron su empleo, mientras crecieron modalidades laborales más precarias, como el monotributo y el empleo informal.

La explicación, sostiene la economista, es que los sectores que actualmente impulsan la actividad -energía, minería, agroindustria y exportaciones- representan apenas el 3% del empleo total y sólo el 7% del empleo asalariado privado registrado, por lo que no tienen capacidad suficiente para absorber empleo masivo.

El trabajo concluye que las provincias con estructuras productivas más diversificadas y mayor densidad de empleo privado formal tendrán mejores condiciones para atraer inversiones, sostener salarios y adaptarse a una economía más abierta y competitiva. En ese escenario, Misiones aparece ante el desafío de profundizar su matriz exportadora y fortalecer la generación de empleo privado de calidad para reducir gradualmente la dependencia relativa del sector público.

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En la era Milei, Argentina perdió 24.437 empresas y más de 205 mil empleos privados

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La destrucción del entramado empresario y del empleo privado registrado se convirtió en uno de los datos más sensibles de la economía real. Según el informe semanal del Instituto Argentina Grande, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 cerraron 24.437 empresas en el país, una caída equivalente al 4,8% del total. El ritmo promedio marca una pérdida de alrededor de 30 empresas por día, más de una por hora.

El deterioro no fue homogéneo, pero sí federal. La caída alcanzó a 23 de las 24 jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires concentró el mayor impacto absoluto, con 5.374 empresas menos. Le siguieron Córdoba, con 4.159 firmas menos, y Santa Fe, con una pérdida cercana a las 2.774 empresas. En el otro extremo, Neuquén aparece como la única provincia con saldo positivo.

En términos relativos, la foto es todavía más dura para las economías provinciales de menor escala. La Rioja encabeza el ranking de deterioro empresario con una caída del 20,3%, seguida por Catamarca, con 15,5%, y Chaco, con 13,6%. También aparecen con retrocesos de dos dígitos Tierra del Fuego, Jujuy, Formosa y Misiones. En Misiones, el informe registra 1.034 empresas menos, una contracción relativa del 10,5%.

Ranking de destrucción de empresas
Noviembre 2023 – febrero 2026 | Variación absoluta
Puesto Provincia Empresas perdidas
1Buenos Aires-5.374
2Córdoba-4.159
3Santa Fe-2.774
4Ciudad Autónoma de Buenos Aires-2.082
5Mendoza-1.457
6Chaco-1.088
7Misiones-1.034
8Entre Ríos-935
9Corrientes-752
10Chubut-562
Total país: -24.437 empresas. Fuente: Instituto Argentina Grande en base a SRT.

El empleo privado registrado siguió la misma trayectoria. Desde noviembre de 2023 se perdieron 205.680 puestos formales en el sector privado, una baja nacional del 3,3%. La destrucción equivale a 254 empleos privados registrados por día. La provincia de Buenos Aires volvió a explicar el mayor volumen absoluto, con 73.370 empleos menos. Le siguieron Córdoba, con 15.460, Santa Fe, con 11.570, y Misiones, con 10.100 empleos destruidos.

Ranking de destrucción de empleo privado registrado
Noviembre 2023 – febrero 2026 | Variación absoluta
Puesto Provincia Empleos perdidos
1Buenos Aires-73.370
2Ciudad Autónoma de Buenos Aires-36.300
3Córdoba-15.460
4Santa Fe-11.570
5Misiones-10.100
6Santa Cruz-9.690
7Salta-7.620
8Chaco-6.970
9Chubut-6.180
10Tierra del Fuego-5.130
Total país: -205.680 empleos privados registrados. Fuente: Instituto Argentina Grande en base a SIPA.

La lectura relativa muestra otra dimensión del ajuste. Santa Cruz fue la provincia más golpeada en empleo formal, con una caída del 15,9%. Le siguieron Tierra del Fuego, con 13,2%, Formosa, con 11,5%, Misiones, con 9,3%, y Chaco, con 9,0%. Sólo Neuquén y Río Negro lograron crear empleo privado registrado en el período analizado.

El dato central es que la crisis no se limita a un sector ni a una región: combina cierre de empresas, destrucción de empleo formal, debilidad del mercado interno, caída de la construcción y deterioro de las pequeñas y medianas empresas. En ese mapa, Misiones aparece entre las jurisdicciones con mayor pérdida relativa de empresas y empleo, lo que expone la fragilidad de una economía provincial intensiva en comercio, servicios, agroindustria y pymes.

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Milei recortó casi $3 billones del Presupuesto 2026 y endurece el ajuste para sostener el superávit

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El Gobierno nacional oficializó una profunda modificación del Presupuesto 2026 mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. La medida combina ampliaciones puntuales de gasto previsional con recortes por casi $3 billones en distintas partidas del Estado nacional para reforzar la meta de superávit fiscal comprometida por el presidente Javier Milei.

El ajuste se produce en un contexto diferente al del inicio de gestión. Según los datos citados en el reporte, la caída de la inflación y el deterioro de la recaudación tributaria redujeron el margen que el Gobierno había utilizado en 2024 para licuar gasto público. La discusión fiscal ahora se traslada a un terreno más delicado: qué partidas sostener, cuáles reducir y cuánto impacto político puede absorber la administración nacional.

El Gobierno amplió pagos previsionales y financió retiros en ANSES

Uno de los cambios centrales del decreto presupuestario fue la ampliación de $500.000 millones para cancelar sentencias judiciales previsionales y acuerdos vinculados con jubilaciones. El nuevo techo autorizado asciende a: $712.288 millones

La ampliación responde a retroactivos derivados de ajustes sobre prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), administrado por ANSES.

Al mismo tiempo, el Gobierno incorporó: $162.000 millones destinados al Plan de Retiros de Voluntad Recíproca dentro de ANSES.

El programa busca reducir estructura administrativa mediante retiros voluntarios y establece restricciones para quienes adhieran, incluyendo la imposibilidad de volver al sector público nacional durante el plazo fijado y la renuncia a tutela sindical en caso de cargos gremiales.

La mayor poda cayó sobre subsidios y programas de infraestructura

El ajuste más fuerte se concentró en partidas vinculadas a subsidios económicos y gasto de capital.

Entre los principales recortes aparecen:

  • $1,47 billones en “Otras Asistencias Financieras – Servicios Económicos”
  • $359.497 millones en programas de uso racional y eficiente de la energía
  • $320.671 millones en infraestructura para desarrollo deportivo
  • $97.104 millones para obras sobre la Ruta Nacional 38
  • $78.711 millones en compensación salarial docente
  • $63.021 millones en programas de cáncer
  • $55.465 millones en integración social y ciudadanía
  • $39.442 millones en integración socio-urbana

La Administración Central terminó con un recorte neto de: $2,5 billones

A eso se sumaron mayores ingresos por: $565.000 millones

Según lo informado, el resultado eleva la meta de superávit fiscal a: $3,2 billones

El ajuste entra en otra etapa: menos licuación y más administración fina

El trasfondo económico de la medida refleja un cambio importante en la dinámica fiscal del Gobierno.

Durante 2024, la alta inflación funcionó como mecanismo indirecto de reducción del gasto real. Esa herramienta perdió potencia en 2026 por dos factores mencionados en el reporte: desaceleración inflacionaria, y caída de la recaudación.

El economista Isidro Guardarucci, de FIEL, advirtió que el superávit ya no depende únicamente de grandes recortes lineales, sino de una “gestión fina” del gasto público.

Según los datos citados: la recaudación tributaria cayó 8% real en el primer trimestre, equivalente a unos $3 billones menos respecto de 2025, mientras el gasto retrocedió 5,1% real. El IVA aparece como uno de los tributos más afectados, con una caída cercana a: $0,9 billones

El escenario obliga al Ejecutivo a administrar tensiones más complejas que en el inicio de mandato: universidades en recomposición presupuestaria, subsidios que dejan de caer y provincias con menor margen financiero.

El Consejo de la Magistratura recibió refuerzos presupuestarios

La modificación también incluyó incrementos para el Consejo de la Magistratura.

Las partidas adicionadas contemplan: $115.194 millones para gastos de personal, y $22.000 millones para bienes de uso vinculados a la Justicia de Máxima Instancia.

Según el texto oficial, la reasignación busca garantizar el funcionamiento operativo del organismo judicial.

Menos obra pública y presión sobre las provincias

Aunque la decisión tiene alcance nacional, el ajuste sobre infraestructura, subsidios y transferencias repercute especialmente en provincias periféricas como Misiones.

La reducción de partidas vinculadas a: integración socio-urbana, obras públicas, energía, y transferencias puede impactar sobre la capacidad de financiamiento de proyectos locales y sobre la actividad económica vinculada a construcción y servicios.

El informe también menciona que las transferencias corrientes a provincias cayeron: 27% real

Para distritos del NEA, donde el peso de la coparticipación y los recursos nacionales tiene mayor incidencia relativa, el endurecimiento fiscal agrega presión sobre presupuestos provinciales y municipales.

El Gobierno busca sostener el superávit mientras cae la recaudación

La modificación presupuestaria expone la prioridad política de la administración Milei: preservar el equilibrio fiscal incluso en un escenario económico menos favorable.

El desafío ahora es distinto al de 2024. El margen para recortar gasto sin afectar áreas sensibles parece reducirse mientras la actividad económica y el consumo muestran señales de desaceleración.

El mercado seguirá de cerca tres variables: evolución de la recaudación, capacidad del Gobierno para sostener el ajuste, y reacción de provincias, universidades y sectores alcanzados por los recortes.

La discusión fiscal dejó de girar únicamente sobre cuánto recortar. El eje empieza a desplazarse hacia dónde ajustar y cuánto costo político puede absorber el esquema de superávit permanente.

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Ingresos: hay argentinos que viven con sólo 8 dólares por día

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Mientras en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una persona dispone en promedio de 25 dólares por día, en provincias del norte argentino como La Rioja, Chaco o Formosa ese ingreso no llega a los 9 dólares diarios. La diferencia, superior a tres veces, refleja con crudeza la desigualdad territorial que persiste en el país y cómo el promedio nacional suele esconder realidades profundamente distintas.

Un informe de la consultora Focus Market reveló que el ingreso individual promedio en Argentina asciende a 671,08 dólares medido al tipo de cambio oficial. Esa cifra ubica al país por encima de Bolivia (607,81 dólares), Paraguay (598,40 dólares) y Brasil (620 dólares), aunque todavía lejos de Uruguay (1.273 dólares) y Chile (1.518 dólares). Sin embargo, el verdadero problema aparece cuando se observa cómo se distribuyen esos ingresos dentro del territorio argentino.

“El ingreso total individual refleja la totalidad de los recursos económicos que percibe una persona, independientemente de su origen. Sueldos, jubilaciones, rentas, transferencias sociales y otras percepciones monetarias conforman este indicador”, explicó Damián Di Pace, director de la consultora.

Según el relevamiento, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encabeza el ranking con un ingreso per cápita familiar de 762,34 dólares mensuales, seguida por Tierra del Fuego con 635,52 dólares y Neuquén con 610,75 dólares. En el otro extremo aparecen La Rioja con 247,20 dólares, Chaco con 255,74 dólares y Formosa con 266,65 dólares. Esto implica que una persona en CABA percibe más del doble que alguien que vive en La Rioja.

Traducido a la vida cotidiana, la diferencia resulta todavía más evidente. En CABA, un día de trabajo permite comprar un kilo y tres cuartos de bifes, un kilo y medio de helado o catorce empanadas. En cambio, en La Rioja apenas alcanza para medio kilo de bifes, medio kilo de helado o cinco empanadas. En Chaco y Formosa el panorama es similar.

El informe también pone el foco en la brecha entre trabajadores formales e informales. En provincias como Santa Cruz, Chaco y San Luis, un trabajador informal percibe menos de la mitad de lo que gana uno formal. Santa Cruz presenta la mayor brecha del país con 67,3%, seguida por Chaco con 63,9% y San Luis con 62,7%. En contraste, Tierra del Fuego exhibe la menor diferencia con 31,6%, seguida por La Rioja con 42,5% y CABA con 42,6%.

Para Di Pace, estas desigualdades no son inevitables. “Reducir la informalidad laboral es una de las palancas más poderosas disponibles. Un trabajador que accede al sistema formal no solo mejora sus ingresos inmediatos, sino que construye derechos, previsibilidad y acceso al crédito”, sostuvo.

El especialista advirtió que mientras persistan diferencias de tres a uno en los ingresos diarios entre provincias y brechas superiores al 60% entre trabajadores formales e informales, cualquier discurso sobre recuperación económica seguirá siendo parcial. “Estabilidad, inversión y formalización son las tres condiciones necesarias para que el crecimiento se traduzca en mejoras reales y sostenidas para el conjunto de la población”, concluyó.

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