El gobierno anunció que enviará al Congreso cuatro proyectos de reformas estructurales: una nueva Carta Orgánica del BCRA, el “Grillete Fiscal”, modificaciones a la legislación sobre mercado de capitales y cambios en normas referidas a seguros. Todavía no se conoce el detalle de los tres últimos.

En el caso de la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, se establece como mandato único de la autoridad monetaria preservar el valor del peso y velar por la estabilidad financiera, dejando de lado las imprecisiones introducidas en 2012 que agregaron objetivos de actividad y empleo y cuestiones sociales. Si bien es cierto que la Federal Reserve tiene un mandato dual (no así el Banco Central Europeo), en un país con alta predisposición a utilizar al banco central como financiador del Tesoro parece más adecuado el mandato único.

En ese sentido, se prohíbe el financiamiento al Tesoro y las utilidades del BCRA deben destinarse a reducir deuda. Esto último tiene particular sentido en un contexto en el cual el costo de la deuda es todavía elevado.

Pero el problema central de cualquier reforma es la capacidad del marco legal de resistir los embates populistas. La propuesta de contar con mayorías calificadas en ambas cámaras es una señal, pero podría ser modificada por otra ley que no requiere tales mayorías especiales. En definitiva, la inconsistencia temporal de obtener y gastar recursos en el corto plazo a costa de hipotecar el futuro no se resuelve por sí sola con una nueva ley, sino que requiere de perseverancia y éxito económico y de una sociedad que valore la estabilidad.

Nótese que un mismo gobierno populista pudo lograr capturar parte de las reservas del BCRA o apropiarse de los fondos que los trabajadores tenían en las AFJP (en este caso, validado por la justicia ya que en aquel momento no se podía demostrar el daño futuro), mientras que tuvo que ceder en su intento por aumentar los derechos de exportación al campo. En este último caso había un sector afectado con mayor capacidad de movilización y el daño era más cercano y visible, que el que sufriría varios años después el conjunto de aportantes a la seguridad social o el que podían padecer los ciudadanos por el deterioro en la calidad de los activos del BCRA.

En lo que respecta al “Grillete Fiscal”, según las declaraciones de los funcionarios, se buscaría alentar al Congreso a que corrija un déficit si éste se mantiene durante algunos meses. Para ello, se dispone que se cierren actividades no esenciales y que los legisladores nacionales y los funcionarios del Ejecutivo dejen de percibir sus haberes hasta que no se remedie el problema.

Esta reforma tiene poco que ver con una regla fiscal tradicional. Si bien tiene un parecido con el “shutdown” americano, en aquel caso no se pretende lograr un equilibrio de las cuentas públicas, sino que el Congreso aumente el tope de deuda.

Una regla fiscal pretende asegurar la solvencia del Estado, pero permitiendo que la política fiscal actúe en forma contracíclica. En las versiones más modernas se trata de preservar el recorte en la inversión pública, que es lo más fácil de hacer desde un punto de vista político[1]. En trabajos de FIEL encontramos evidencia de que las reglas provinciales flexibles protegieron la inversión pública durante períodos de consolidación fiscal y que las reglas nacionales pasadas no fueron un obstáculo para la expansión significativa del gasto público durante 2009 y 2016, cuando se relajaron las restricciones de la regla aprobada en 2004.[2]

En definitiva, las modificaciones en los marcos legales pueden ayudar, pero no son suficientes para asegurar la estabilidad y todavía queda pendiente contar con un marco fiscal de largo plazo moderno que aumente las chances de asegurar la solvencia intertemporal.   

Actividad económica e ingresos fiscales

La última información del PIB mensual correspondiente al mes de mayo arrojó un dato algo peor al esperado. Pero analizando un listado más amplio de indicadores se pueden obtener algunas conclusiones.

1. La actividad económica muestra que la recuperación modesta continuó a lo largo de los primeros meses del año, ubicándose alrededor de 5% por encima del nivel del año 2023.
2. La industria se mantiene en un nivel 9% más bajo que el observado en 2023, pero hace meses que detuvo su caída (aunque tampoco inició una recuperación).
3. En el caso de la construcción, luego de un desmoronamiento de 28% entre 2023 y 2024, se inició una mejora que ha continuado en los primeros meses de 2026. Ello ha permitido que el sector se encuentre en un nivel menos malo que el observado hace dos años (18% más bajo que en 2023).
4. La información del INDEC sobre consumo formal muestra que las ventas en supermercados medidas a precios constantes continúan en 2026 alrededor de 10% más bajas que en 2023, mientras que las que se realizan en shopping centers han vuelto a los niveles de aquel año. 

Es posible contrastar las cifras que arrojan los indicadores de consumo formal disponibles con los datos de recaudación impositiva. En el caso del IVA y de Ingresos Brutos, hay que contemplar que cada mes se recauda en función de las ventas del mes previo, mientras que en el caso del impuesto a las transacciones financieras, el fisco se hace de recursos prácticamente en el mismo mes, a medida que se registran los débitos y créditos en las cuentas corrientes bancarias de las empresas.

Debe tenerse presente que estos indicadores no son precisos. Por ejemplo, influye la cantidad de días hábiles de cada mes, y los valores mensuales pueden estar afectados por cambios en la parte que se recauda de IVA e Ingresos Brutos en la Aduana al importar insumos. Además, ingresos brutos y el impuesto al cheque son una mezcla de impuestos a la producción y al consumo por lo que su recaudación no debería reflejar perfectamente lo que pasa con el consumo formal.

De todas maneras, en los impuestos recaudados por el gobierno nacional se observa una caída entre 2023 y 2025 algo mayor que la observada en las ventas de supermercados y shopping centers. En cambio, el desempeño de la recaudación de ingresos brutos en ese período fue algo mejor que el observado en los impuestos nacionales mencionados.

Pero esa diferencia desaparece en 2026 y, en todos los casos, la recaudación estuvo por debajo de lo que sugiere la evolución de las ventas formales. Una posibilidad es que haya algo más de consumo informal, lo que es consistente con la evolución de la masa salarial informal que ha mejorado tanto por mayor empleo como por mayores ingresos reales, a diferencia de la masa salarial formal que se ha visto afectada negativamente, tanto por la evolución de los puestos de trabajo como de los ingresos de los trabajadores medidos a precios constantes.

Otra posibilidad es que las empresas se endeuden más con el fisco que en el pasado demorando el ingreso de sus obligaciones tributarias; sin embargo, esta opción no es consistente con la normalización de las tasas reales de financiamiento a corto plazo para empresas. 

El gobierno nacional ha compensado con esfuerzo la caída de los ingresos tributarios con reducciones adicionales en el gasto primario. Pero para mantener el ancla del programa económico parece que será necesario, no sólo un mayor dinamismo en la actividad económica, sino también mejorar la administración tributaria.

[1] Ver, por ejemplo, Ardanaz, Martín, Cavallo, Eduardo, Izquierdo, Alejandro y Puig, Jorge, 2021. «Growth-friendly fiscal rules? Safeguarding public investment from budget cuts through fiscal rule design,» Journal of International Money and Finance, Elsevier, vol. 111(C).

[2] Daniel Artana, Cynthia Moskovits, Jorge Puig e Ivana Templado, 2022. «Fiscal rules and the behavior of public investment: towards growth-friendly fiscal policy? The case of Argentina,» SN Business & Economics, Springer, vol. 2(8), pages 1-23, August.