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Los efectos que puede tener la reforma impositiva en la economía de Misiones

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Una primera lectura sobre el impacto en Misiones de la reforma impositiva que quiere aplicar la Nación, permite observar que se trata de un programa ambicioso, pero gradual, pero con varios puntos complejos que pueden afectar a las economías regionales, sin una garantía de compensación.

Economis realizó varias consultas sobre qué puede suceder si se aplica la reforma tal como la presentó el ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Aunque todavía está “caliente” y no se conocen los detalles finos, en el Gobierno encendieron varias luces de alerta.

Por ejemplo, la reforma gradual a 5 años prevé compensar la baja en las alícuotas de impuestos con mayor crecimiento de la economía de manera que la recaudación no caiga o lo haga levemente. Primer punto: hay que ver si la premisa del crecimiento de la economía (a esa tasa prevista) se cumple para no desfinanciar a la Nación y a las provincias.

 

El otro eje es que implementa pagos a cuenta de impuestos llamados “distorsivos” pero se perjudica a las provincias. Por ejemplo permite computar impuesto a los débitos y créditos a cuenta de Ganancias. Entonces la Afip sigue recaudando impuesto a los créditos y débitos que sólo coparticipa el 30 por ciento y deja de recaudar Ganancias que coparticipa el 64 por ciento.

Seguramente es un tema que las provincias plantearán para coparticipar más el impuesto a los débitos y créditos para no verse perjudicadas.

 

En cuanto a los impuestos provinciales, la Nación plantea reducir a la mitad Ingresos Brutos, Sellos y eliminar “aduanas interiores”. Reducir Ingresos Brutos a la mitad en cinco años implica una reducción anual de 10 por ciento, por lo que la economía debería crecer en esa misma línea para no desfinanciar a las provincias. Algo imposible que ocurra. Es muy ambicioso y difícil de aplicar.

Buenos Aires, por ejemplo, envío su reforma impositiva pero con una baja para el año que viene de 5 por ciento y aun así es mucho.

En el caso de Sellos, Misiones tiene alícuotas a la mitad o un tercio de lo que tienen otras provincias. Habría que estudiar primero las alícuotas en todas las provincias, unificarlas y agregar el sellado a los contratos entre ausentes que lo hacen las grandes compañías y que hoy no pagan sellos en perjuicio de los más pequeños (doña Rosa que alquila y si paga).

Finalmente, en cuanto a las “aduanas interiores”, es un tema conceptual. El Gobierno argumenta que Misiones no tiene aduanas por lo cual no aplica la pretensión de Nación. Es un pago a cuenta para dar equidad y que las empresas foráneas a paguen a Misiones lo que les corresponde. Es tan eficaz y equitativo que Jujuy (provincia oficialista) lo acaba de implementar.

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Passalacqua aseguró disposición al diálogo tras los anuncios de Macri sobre el plan de gobierno al 2019

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El gobernador Hugo Passalacqua presenció este mediodía los anuncios del presidente de la Nación, Mauricio Macri, sobre las reformas gubernamentales de cara al 2019, que presentará al Congreso en los próximos días. El mandatario provincial, junto con otros gobernadores fue parte de una comitiva multisectorial que contó con empresarios, referentes sociales y sindicales en el Centro Cultural Kirchner (CCK), ubicado en la capital porteña.

“Saludamos con beneplácito el llamado del Presidente para el diálogo y el consenso entre todos los sectores. Estamos dispuestos a consensuar las reformas que enviará el Presidente al Congreso, manteniendo la firme predisposición al diálogo y a la evaluación exhaustiva de las medidas que beneficien a Misiones”, sostuvo el Gobernador al finalizar el encuentro donde Macri expuso los lineamientos generales a seguir para áreas claves de la economía, la producción y el desarrollo.

El discurso del Presidente tuvo tres ejes: responsabilidad fiscal, empleo y calidad institucional, cuyos objetivos fundamentales son la generación de trabajo y la reducción de la pobreza. En tanto, aseguró que “el país necesita una reforma tributaria que se debe lograr con equilibrio fiscal”.

“Queremos comprometer a todos los sectores a construir un Estado que esté al servicio de los argentinos. Esto incluye reformas en la justicia y en el sistema electoral”, agregó el Presidente.

Passalacqua destacó también la importancia de este encuentro por la convocatoria multisectorial que tuvo y ratificó la postura de “lograr acuerdos en base a las reformas anunciadas pero siempre pensando en el interés legítimo de todos los misioneros, sin resignar los recursos que pertenecen a la provincia”.

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Cambiemos impulsa una reforma educativa en Misiones similar a la que se aplica en Buenos Aires

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La última sesión de la Legislatura provincial culminó con un intenso debate que se coló por la ventana y desnudó los contrastes ideológicos en una cuestión sensible: la educación. El disparador fue un pedido del diputado Martín Sereno para “repudiar” la reforma educativa impuesta en Buenos Aires. En contrapartida, la alianza Cambiemos, defendió la política de Horacio Rodríguez Larreta y la diputada Alba Beatriz Nilsson anunció que impulsará la creación de una comisión legislativa para analizar el diseño de una ley de educación en Misiones que contemple “los desafíos del nuevo milenio”.

Para ello, Nilsson propone convocar a especialistas en Educación, gremios y entidades empresarias, que planteen cuales son los mejores caminos para la inserción de los jóvenes en el mercado laboral.

“Ante un mercado laboral vertiginosamente cambiante como el actual, en el que la tecnología cada vez más es capaz de reemplazar al ser humano, es necesario educar a las generaciones que el día de mañana saldrán a buscar trabajo para afrontar los desafíos del siglo XXI. Si no ponemos nuestra mirada en el futuro, nos espera una sociedad más desigual, con adultos incapaces de insertarse laboralmente”, advierte la legisladora.

“Así como en los Evangelios (Mateo Cap. 9 Ver. 17, Marcos Cap. 2 Ver. 22 y Lucas Cap. 5 Ver. 37-38) se expresa que: “Nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. ¡El vino nuevo se pone en odres nuevos, y así ambos se conservan! De la misma manera, los nuevos modelos educativos y las nuevas realidades que desafían el presente y el futuro de nuestro sistema educativo deben estar normadas en una nueva Ley de Educación Provincial, que sea fruto de un vasto estudio y reflexión y del más amplio consenso político y social sea posible alcanzar”, reza el proyecto.

La comisión de reforma, dice Nilsson, debería convocar a toda aquella persona física o jurídica que tenga algún aporte útil que realizar en la materia: legisladores, funcionarios, teóricos de la educación, asociaciones estudiantiles, asociaciones de padres, todas las organizaciones gremiales educativas existentes en la provincia, las más importantes confederaciones gremiales de actividades económicas en general y las cámaras empresarias, los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales dedicadas al mejoramiento de la calidad educativa e institucional.

Pero una mirada gremialista puso reparos a la idea de las pasantías laborales. El camionero Ramón Velázquez contó que “en la empresa que manejo recibo 300 currículos por día de gente que estudió y está formada para trabajar. No son chicos de 18 años sino personas de 25 o 30 años que no encuentran su primer trabajo. Nunca fue fácil el primer empleo y mucha gente no lo consigue. Si ahora tomamos a chicos de la secundaria, precarizados, sin convenio colectivo, esa gente tendrá menos posibilidades de trabajar”.

Nilsson sostiene que es necesaria una nueva ley porque todavía en Misiones rige la de 1993, a la que recién se adhirió en 2003, cuando se sancionó una ley provincial que incorporó ese modelo educativo.  “A fines de 2006 se sanciona la ley nacional de educación y Misiones adhiere al año siguiente en 2007, pero jamás Misiones sancionó una nueva ley provincial de educación que recepcione los nuevos modelos educativos de la ley que adherimos ya hace una década”.

Educación para el mercado
La idea de “preparar” desde temprano a los jóvenes para ingresar al mercado laboral cosechó adeptos en la Legislatura. El radical Gustavo González dijo que en Misiones todavía rige la ley de Educación del menemismo –en realidad rige la ley aprobada en 2006- y Claudio Wipplinger puso como ejemplo a su propia hija que empezó a vincularse con el trabajo desde pequeña “pese a que no tenía necesidad”. “Los grandes emprendedores empezaron desde abajo y conocieron todos los puestos laborales de una empresa” dijo Wipplinger y agregó que “las pasantías también deberían ser en el Estado, no solo en empresas privadas”.

En realidad, lo que generó el repudio de Sereno y de algunos otros legisladores no es a la idea de “vinculación”, sino a que en la ciudad de Buenos Aires, los jóvenes de las escuelas públicas son compelidos a trabajar gratuitamente en empresas perdiendo horas de clases. Eso los puede preparar para el trabajo, pero no necesariamente sirve para su formación.
Los legisladores de Cambiemos intentaron minimizar las críticas a lo que sucede en otra jurisdicción y hasta aseguraron que Misiones acompañó la reforma de la Capital.

“Tenemos una ministra de Educación de Misiones que firmó ese proyecto que fue consensuado por todos los ministros. Esto no va en desmedro de la educación. No se puede aislar la escuela de la vida laboral”, indicó Nilsson.

Sin embargo, esa reforma nunca fue tratada en el Consejo Federal de Educación y los ministros de varias provincias le advirtieron a la titular de la cartera educativa porteña, que una reforma a base de resoluciones, encontraría demasiados escollos y escasos consensos, tal como quedó demostrado en la toma por parte de los estudiantes una veintena de colegios públicos.

Lo que se está discutiendo en el Consejo Federal es el plan Secundaria 2030, pero se está lejos de arribar a un acuerdo definitivo entre las provincias. El plan de la Secretaría de Calidad e Innovación Educativa es impulsado por Mercedes Miguel, una amiga del ex ministro Esteban Bullrich, quien considera que “la mejor formación es la actividad”. La funcionaria, que no es docente ni tiene un título de grado, promociona que “hay que sacar a los chicos del aula, para que dejen de mirarse la nuca”. Hace pocos días fue noticia cuando anunció que Misiones iba a imitar la reforma porteña, cuando Educación no tiene en agenda ninguna reforma de la secundaria misionera.

“No escapamos a la necesidad de reformas, pero en el Consejo Federal hemos planteado que se debe dar un debate a fondo sobre las reformas educativas y no que sea impuesto de apuro”, contó la ministra de Educación de Misiones, Ivonne Aquino.
La ministra misionera advierte que no se puede hablar de reformas estructurales en momentos en que se recorta el presupuesto federal destinado a la educación. Al mismo tiempo, argumenta que cualquier cambio de prácticas y metodologías para que dé resultado y sea inclusivo, “debe ser universal” y no sectorizado, porque profundizaría las desigualdades.

La reforma aplicada en Buenos Aires está lejos de lo que quieren las demás provincias. La ministra de CABA, Soledad Acuña, se entusiasmó con reemplazar horas cátedra por “horas trabajo” y desató la furia de los estudiantes.

En Río Negro también se inició una reforma, pero con un incremento presupuestario del 30 por ciento que todavía se aplica en solo 50 escuelas, porque suma cargos y horas cátedra.

Pese a lo dicho por los diputados de la oposición, en Misiones hay dos leyes de Educación en carpeta. Ambas son de autoría del presidente de la Legislatura, Carlos Rovira. La primera es una ley de Educación provincial y la segunda, de educación digital. El propio Rovira cuestionó que no haya recibido aportes de ningún legislador de la oposición.

Además se trabaja fuertemente en la inserción de los jóvenes al exigente mercado laboral. Las escuelas técnicas y agrarias tienen programas de vinculación.
El cien por ciento de las escuelas técnicas tiene jornada completa, a lo que se suman talleres de formación profesional. Eso representa casi un tercio de las escuelas secundarias de Misiones. Ese cambio vino de la mano de la ley de Educación Técnica que determinó que al menos una técnica debe haber en cada municipio. Las prácticas profesionalizantes son habituales en las escuelas técnicas y agrarias y es permanente el análisis sobre el estado de la educación secundaria. Nadie esconde que un dato desalentador es que el 50 por ciento de los jóvenes abandona antes de culminar el quinto año.
En paralelo, también se trabaja en el incentivo a las pasantías. El diputado renovador Nicolás Daviña presentó un proyecto de ley para regular las pasantías y la diferencia con la reforma porteña es clave: son optativas de acuerdo a la orientación que elija el alumno para la elección de una carrera universitaria y se aplicaría en las escuelas públicas y privadas. Tampoco se quitan horas de materias, sino que las prácticas serían para “indivisible” de la propuesta curricular.

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Gabriela Michetti, sobre el sistema electoral: “Una posibilidad es pensar un gobierno de seis años”

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Gabriela Michetti volvió a abrir un debate sobre el sistema electoral. La vicepresidenta planteó que sería saludable discutir sobre la posibilidad de que un mandato presidencial tenga seis años de duración y no cuatro, como establece la Constitución Nacional desde la reforma de 1994. En plena campaña para las PASO del 13 de agosto próximo, Michetti consideró que de esa forma se podrían celebrar elecciones intermedias cada tres años.

Sin embargo, aclaró que “nunca” habló del tema con Macri y que “no tratará de impulsarlo”. “No es mi tema, pero creo que es una idea que habría que pensar”, sostuvo la presidenta del Senado.

La ex vicejefa de gobierno porteño había planteado meses atrás que “lo más efectivo sería evitar” los comicios de medio término. En ese momento, argumentó que “la competencia destructiva” que se genera entre los partidos políticos en años electorales suele complicar los planes de un gobierno.

 

“Hubo mucho ruido con lo que dije de las elecciones intermedias. Yo no lo dije por estas elecciones. Si hiciéramos un cambio de este tipo, sacando elecciones intermedias, no sería para nosotros, sería para el gobierno que viniera después”, señaló hoy Michetti en una entrevista con el portal Big Bang News.

Y agregó: “Una posibilidad es pensar un Gobierno de seis años con elecciones en tres. Ahí tiene otro color, es un intermedio que no estaría mal”.

La vicepresidenta, que se encuentra en una visita oficial en Egipto, insistió en que sería saludable discutir sobre las elecciones de medio término cada dos años. “Si uno le pregunta a la ciudadanía, cree que es una locura. Solo le sirve a la política, al círculo rojo”, indicó.

Si bien Macri comparte la postura de Michetti sobre los comicios de medio término, el Gobierno no planteó hasta el momento la posibilidad de debatir sobre la duración de los mandatos presidenciales. Dentro del proyecto de reforma política que la Casa Rosada prepara para después de las legislativas de octubre sobresale una certeza: el Presidente buscará el aval del Congreso para derogar las PASO en 2018.

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El Gobierno nacional insiste con un anteproyecto para la reforma del sistema penal juvenil

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El Poder Ejecutivo avanza en la definición de un anteproyecto que enviará al Congreso para la reforma del sistema penal juvenil, que incluye la baja de la edad para la punibilidad de los menores, a 14 años para homicidios, y a 15 años para los casos de robo calificado con arma de fuego, violación, y secuestro extorsivo.

“El proyecto está a días de finalizarse para ponerlo a disposición del ministro (de Justicia y Derechos Humanos, Germán) Garvano para su análisis y consultas correspondientes”, reveló a Télam el subsecretario de Política Criminal de esa cartera, Juan José Benítez, integrante de la Comisión que desde hace seis meses elabora el proyecto.

Así lo señaló luego de que, una vez más, el debate en torno a la edad de imputabilidad de los menores quedara ubicada en el centro de la escena a raíz de la detención de un adolescente de 16 años por el crimen de Agustín Bustamante, ocurrido el miércoles pasado en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.

En ese marco, el jefe de la policía bonaerense, comisario general Fabián Perroni, expresó su rechazo a bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, se manifestó “muy preocupado” por la inseguridad en el distrito, y cuestionó a la Justicia por la liberación de personas con antecedentes penales, a quienes responsabilizó de “la totalidad de las detenciones y los enfrentamientos armados” que afrontan las fuerzas de seguridad.

El proyecto está a días de finalizarse para ponerlo a disposición del ministro (de Justicia y Derechos Humanos, Germán) Garvano para su análisis y consultas correspondientes

JUAN JOSÉ BENÍTEZ, INTEGRANTE DE LA COMISIÓN
 

“Personalmente no (estoy de acuerdo). Creo que hay que trabajar más en los chicos que vienen postergados hace años”, dijo Perroni al ser consultado en radio La Red acerca de su postura respecto de una eventual baja en la edad de imputabilidad a los 14 años.

En tanto, el subsecretario de Política Criminal de la cartera de Justicia coincidió en el diagnóstico sobre el déficit en la presencia del Estado pero dio cuenta de la intención del Ejecutivo de avanzar con un anteproyecto, que, previo al envío al Congreso, será puesto a consideración de los ciudadanos a través de la plataforma online del Programa Justicia 2020.

Entre los lineamientos que incluye esta reforma del sistema penal juvenil, figura una baja en la edad de punibilidad a 14 años para homicidios, lo que implica que el joven “pueda ser sometido a proceso, es decir que se pueda investigar para determinar su responsabilidad en el delito cometido”, pero también que pueda “recibir una respuesta del Estado, acorde a la edad y el delito”, ya sea a través de “sanciones” o de “medidas restaurativas” para su reinserción en la sociedad, luego del cumplimiento de su pena, explicó el funcionario.

Respecto a la pena que puede recibir un menor de 14 años que cometió un homicidio, Benítez dejó claro que “el encierro es la última instancia”, cuando se descartan todas las otras sanciones disciplinarias menores, que pueden ser la indicación de que el joven termine el colegio, o inicie la capacitación para algún oficio, o se aleje de un lugar, o directamente que no pueda ir a un lugar, o que no pueda conducir vehículos, en los casos en que el delito haya sido cometido al conducir.

Otras alternativas intermedias al encierro total son situaciones de privación de la libertad por períodos, por ejemplo los fines de semana, en los que el joven deberá concurrir al instituto, o prisión domiciliaria con monitoreo electrónico o a través de la supervisación de una institución o un referente, indicó el funcionario.

En todos los casos, según el anteproyecto, cada menor tendrá un supervisor que será el que proponga las diferentes estrategias de abordaje para su caso, de acuerdo al grado de madurez del joven, su entorno social y la gravedad del delito que cometió, explicó el funcionario del ministerio de Justicia.

La baja en la edad de punibilidad también alcanza a jóvenes de 15 años que cometan robo calificado con arma de fuego, violación, o secuestro extorsivo, que también tendrá como pena máxima el encierro en institutos.

En el caso de los adolescentes de entre 16 y 18 años, están alcanzados con la pena máxima del encierro aquellos que hayan cometido delitos con pena mayor a dos años, según se explicó.

El anteproyecto, según consignó Benítez, surgió del “consenso mayoritario” dentro de la comisión encargada de la redacción de la iniciativa, de la que participaron distintos sectores, con lo cual expresó su confianza en que, una vez presentado en el Legislativo, avance la discusión en el Congreso.

La comisión para la reforma del sistema penal juvenil arrancó a principios de 2016, con reuniones con Unicef y charlas en la Universidad de Buenos Aires y en distintas provincias. No obstante, en lo referido puntualmente a la baja en la edad de imputabilidad, el organismo de las Naciones Unidas mantuvo su postura en contra de la iniciativa.

En tanto, este año, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, le dio un nuevo impulso al proyecto, y convocó a mesas de trabajo interdisciplinarias, que reunieron a las provincias, organizaciones sin fines de lucro (ONG), legisladores, jueces, fiscales, asesores y defensores de menores, especialistas en el tema, y ministros de Justicia de todas las provincias, según detalló Benítez.

Esta comisión redactora del nuevo sistema penal juvenil trabajó en base a los diferentes proyectos que existían sobre el tema, conscientes de que era necesaria una reforma para una ley de 1980, de plena dictadura militar.

Según Benítez, “la pata fuerte de este trabajo fue la participación de la justicia especializada, es decir de los jueces especiales para la temática juvenil, que aportaron diferentes maneras de resolver los problemas para dar respuestas acordes con la gravedad del delito, y también con la edad”.

Pero, para el funcionario también fue central que se hayan involucrado “agencias del Estado”, y que se hayan contemplado aspectos “socioeducativos, culturales y deportivos” tanto para las sanciones como para facilitar su posterior reinserción en la sociedad.

“Surgió claro del análisis la carencia de la presencia estatal, que fue abordada de diferentes maneras, desde el aspecto socio educativo, cultural y deportivo, con gran participación del ministerio de Educación y Deporte y de Desarrollo Social”, afirmó Benítez.

 
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