En relación las denuncias de acoso y abuso sexual dentro del colegio Roque González de Posadas, la Defensoría de los Derechos de Niños y Niñas exigió la aplicación plena de la Educación Sexual Integral en las escuelas y “escuchar las voces que se levantan como resultado de un proceso social ineludible”.
“Consideramos de vital importancia escuchar las voces de las y los adolescentes, que han sido por años silenciadas y quienes hoy exigen ser escuchados, respetados, protegidos, a que sus opiniones sean tenidas en cuenta a través de su participación como sujetos de derechos, derechos que están garantizados constitucionalmente y en la Ley Nacional 26061 como en la Provincial Ley II N° 16”, señaló en un documento Miguel Molina, Defensor de los niños en Misiones.
“Es de suma importancia dar prioridad y escuchar estas voces que se levantan y expresan como resultado de un proceso social ineludible. Invisibilizar hechos de violencia y abuso, legitima prácticas necesarias de erradicar; donde hombres y también mujeres formadas en un sistema patriarcal continúan naturalizando, justificando y minimizándolas”, reclama Molina.
“La situación actual demanda que los adultos seamos capaces de escuchar y estar a la altura de las circunstancias brindando escucha empática, protección, e información a cada adolescente de nuestra provincia”, expresa.
El especialista señala que “más allá de la sanción/límite aplicable en el caso particular, es necesario y urgente trabajar en el acompañamiento de las y los jóvenes garantizando la educación sexual integral como forma de tratamiento de la problemática en sí, como estrategia transversal no sólo en los contenidos para niñas, niños y adolescentes sino para las familias y las instituciones”.
Molina recuerda que “Misiones, a través del decreto Nº1122 en el año 2010, reglamentó la Ley Provincial de Educación Sexual Integral, en concordancia con la ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) 26.150 que se aprobara en el año 2006, normativa de alcance nacional tanto para escuelas públicas y privadas sin distinción. Como normativa establece límites, responsabilidades y derechos que son de orden público, razón por la cual no pueden ser voluntarias o dejadas de lado por los particulares”.
“Esta normativa recoge los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. En su espíritu propone una cultura democrática, una perspectiva de derechos que promueve la participación y el acceso a procesos de información, comunicación y educación con alcance universal”, detalla el funcionario.
Por ello, la Defensoría exhorta a “cumplir con la implementación de la ESI en cada establecimiento educativo de la provincia que avance en la desnaturalización y deconstrucción de estas prácticas, reconociendo los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en el caso en particular, reconozca su voz, proteja su integridad y promueva una cultura de respeto, equidad y diversidad”.
Molina celebra “la valentía de las adolescentes que alzaron su voz, en una sociedad donde aun se sigue culpabilizando a las victimas por los hechos sufridos”.
