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Nación recaudó $1,5 billones para rutas, ejecutó apenas 26% y mantiene más de $1 billón en inversiones financieras

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La paralización de la obra pública nacional tiene una contracara financiera de dimensiones extraordinarias. Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el Estado recaudó $1.503.252 millones a través del Sistema Vial Integrado (SisVial), recursos que tienen como destino específico la construcción, mantenimiento y rehabilitación de rutas. Sin embargo, solamente $394.406 millones llegaron efectivamente a ese objetivo.

Los datos surgen de una investigación de La Nación, firmada por Hugo Alconada Mon, elaborada a partir de balances contables, informes mensuales de cuentas y documentación oficial obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública.

El resultado es una subejecución acumulada del 73,8% durante los primeros dos años y medio de la gestión libertaria. Mientras las rutas nacionales acumulan deterioro, obras paralizadas y reclamos de provincias y sectores productivos, el fideicomiso terminó mayo con más de $1 billón colocado en inversiones financieras.

La magnitud permite dimensionar una de las paradojas de la política de infraestructura nacional: no se trata únicamente de una caída de los recursos disponibles para las rutas. Una parte sustancial del dinero fue efectivamente recaudada, pero no llegó al asfalto.

De cada $100 recaudados, apenas $26 llegaron a las rutas

El comportamiento del SisVial muestra fuertes oscilaciones, pero una constante: la ejecución se mantuvo muy por debajo de la recaudación.

En 2024, ingresaron $360.238 millones y se ejecutaron apenas $40.668 millones, equivalente al 11,3%.

Durante 2025, la ejecución mejoró hasta el 39%: se aplicaron $270.592 millones sobre una recaudación de $692.514 millones.

Pero entre enero y mayo de 2026 volvió a desplomarse. Sobre $450.500 millones recaudados, solamente $83.144 millones se destinaron al sistema vial: 18,5% del total.

Sumados los tres períodos, Nación recaudó $1,503 billones y ejecutó $394.406 millones. Es decir que, por cada $100 que ingresaron al sistema con destino vial, aproximadamente $26 fueron utilizados para ese propósito y $74 quedaron sin ejecutar.

Un impuesto con destino específico

El punto central de la investigación es la naturaleza de esos recursos. El SisVial es un subsistema del fideicomiso creado mediante el decreto 976/01 y recibe una parte del impuesto a los combustibles líquidos. Su finalidad legal es financiar la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial.

El Ministerio de Economía funciona como autoridad de aplicación, mientras que el Banco Nación actúa como fiduciario.

Según explicó a LA NACION un especialista en administración financiera pública que participó del diseño original del esquema, la afectación específica de los recursos buscó precisamente impedir que el dinero recaudado para infraestructura vial terminara absorbido por otros gastos del Estado.

El mecanismo había sido implementado por exigencia del Banco Mundial para garantizar que esos fondos quedaran jurídicamente vinculados a las rutas.

Más de $1 billón en inversiones financieras

El dato más significativo aparece al observar qué ocurrió con los recursos que no fueron ejecutados.

Al 31 de mayo de 2026, la cartera de inversiones financieras del SisVial alcanzaba los $1.001.018 millones.

De ese monto:

$854.234 millones estaban colocados en títulos públicos, mientras que otros $146.784 millones permanecían en plazos fijos.

La comparación con el ritmo de las obras resulta elocuente. Sólo durante marzo, el SisVial destinó $1.090 millones a obras viales mientras su cartera financiera aumentó en $83.840 millones, al pasar de $785.136 millones a $868.976 millones.

Dos meses después ya había superado el billón de pesos. El esquema experimentó además una transformación durante 2025.

Hasta mediados de ese año, las inversiones se concentraban fundamentalmente en plazos fijos del Banco Nación. Pero desde julio comenzó a crecer con fuerza la participación de títulos públicos.

En junio representaban el 11,5% de la cartera; en julio saltaron al 61,5% y en agosto al 79,4%. Para diciembre de 2025, el 100% de los $664.494 millones invertidos por el SisVial estaba colocado en letras del Tesoro.

Recursos para intervenir hasta 25.000 kilómetros

La dimensión del dinero retenido adquiere otra escala cuando se traduce a infraestructura.

Un economista especializado en asuntos públicos consultado por LA NACION calculó que, tomando como referencia el costo por kilómetro surgido de una licitación reciente de Vialidad Nacional, con los recursos acumulados en inversiones financieras podrían haberse intervenido entre 20.000 y 25.000 kilómetros de rutas.

La cifra equivale aproximadamente a dos tercios de la red vial nacional, aunque el propio especialista aclaró que se trata de una estimación aproximada.

El contraste resulta particularmente relevante para las provincias y economías regionales, donde la infraestructura vial constituye un componente directo del costo logístico. El deterioro de las rutas no sólo impacta sobre seguridad y tiempos de viaje: también encarece el transporte de mercaderías, aumenta costos de mantenimiento y reduce competitividad.

Entre 65% y 70% de las rutas, en estado regular o malo

La acumulación financiera ocurre mientras crecen las advertencias sobre el estado de la infraestructura.

Un informe técnico de la Federación de Personal de Vialidad Nacional estimó que entre 65% y 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, situación que vinculó con la subejecución presupuestaria y la paralización de obras.

Los reclamos también comenzaron a multiplicarse entre los gobernadores. Alberto Weretilneck, de Río Negro, describió las rutas nacionales de su provincia como “heridas, rotas y olvidadas”, mientras que Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, advirtió sobre el profundo deterioro de distintos corredores.

La problemática tiene una dimensión especialmente sensible para provincias alejadas de los grandes centros de consumo, como Misiones, donde prácticamente toda la producción y el abastecimiento dependen del transporte terrestre y de corredores nacionales estratégicos.

Economía concentra las decisiones

Desde marzo de 2024, la decisión final sobre estos fondos quedó concentrada en el Ministerio de Economía.

El decreto 215/14 -según detalla la investigación- ubicó a la cartera conducida por Luis Caputo como fiduciante y autoridad de aplicación de los fondos fiduciarios integrados con recursos nacionales. Posteriormente, una resolución ministerial delegó facultades en la Secretaría Legal y Administrativa, con intervención previa de la Secretaría de Hacienda.

LA NACION consultó al ministro Caputo y a sus principales colaboradores sobre los desembolsos, las inversiones financieras y los criterios utilizados para seleccionar montos, instrumentos y plazos, pero no obtuvo respuestas antes de la publicación de la investigación.

Desde el Banco Nación, en tanto, señalaron que la entidad actúa únicamente como fiduciaria y ejecuta las instrucciones que recibe del Ministerio de Economía.

Un exdirector del Banco de Inversión y Comercio Exterior consultado por el diario describió el funcionamiento como una lógica propia de una “mesa de dinero”: obra pública prácticamente detenida mientras los recursos disponibles se orientan hacia inversiones financieras hasta su eventual utilización.

Más de $1,03 billones que no llegaron al asfalto

El balance final sintetiza la magnitud del fenómeno. Al cierre de mayo, el SisVial mantenía $1.001.018 millones en instrumentos financieros y otros $37.761 millones inmovilizados en una cuenta corriente.

En conjunto eran $1.038.779 millones que no habían sido volcados a infraestructura vial.

El dinero está. Pero, por ahora, una proporción sustancial permanece en activos financieros mientras el deterioro vial continúa trasladando costos a las provincias, las empresas, el transporte y los usuarios.

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Vialidad Nacional gastó menos de lo que le llegó asignado por el Impuesto a los Combustibles

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La red vial nacional atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. El deterioro de las rutas se profundiza al mismo tiempo que el Estado nacional incrementó significativamente la carga impositiva sobre los combustibles, un tributo que justamente tiene como destino específico el financiamiento de la infraestructura vial.

Los números muestran una contradicción difícil de explicar. Desde el cambio de gestión, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ejecutó menos recursos —considerando todas sus fuentes de financiamiento— de los que ingresaron únicamente por la porción del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que le corresponde por ley.

De acuerdo con los datos disponibles, la DNV utilizó apenas un tercio de los fondos provenientes del impuesto que tiene asignación específica para infraestructura vial. En términos acumulados, la diferencia entre lo efectivamente recaudado y lo ejecutado asciende a 1,35 billones de pesos.

Ese monto no requería mayores transferencias del Tesoro Nacional ni un aumento adicional del gasto público. Eran recursos generados por un impuesto ya pagado por los consumidores cada vez que cargan combustible.

Más impuestos, menos inversión

El cambio también se observa en el surtidor. En noviembre de 2023, el Impuesto a los Combustibles representaba el 8,9% del precio de la nafta súper. Para julio de 2026, esa participación prácticamente se duplicó hasta alcanzar el 18,6%.

Es decir, los automovilistas, transportistas y productores pagan hoy una carga tributaria considerablemente mayor sobre cada litro de combustible. Sin embargo, esa mayor recaudación no se traduce en una mejora equivalente de la infraestructura vial.

Por el contrario, numerosos corredores nacionales presentan un creciente deterioro, con baches, deformaciones del pavimento y falta de mantenimiento preventivo.

Qué podría haberse hecho

Las estimaciones indican que, si Vialidad Nacional hubiera ejecutado la totalidad de los recursos provenientes del ICL que le corresponden, habría contado con 534.000 millones de pesos adicionales por año.

En términos acumulados, esos 1,35 billones de pesos habrían permitido financiar el mantenimiento anual de aproximadamente 9.148 kilómetros de rutas nacionales, cerca de una cuarta parte de toda la red vial federal.

La dimensión del número también puede medirse de otra manera: representa una distancia superior a dos veces el recorrido entre Ushuaia y La Quiaca, el extremo sur y norte del país.

Mientras disminuye la ejecución de recursos públicos destinados al mantenimiento, el Gobierno nacional avanza con un profundo proceso de reorganización del sistema vial.

En una primera etapa adjudicó aproximadamente 2.500 kilómetros de rutas nacionales, mientras que posteriormente incorporó otros 3.900 kilómetros dentro del esquema de concesiones.

El objetivo oficial es alcanzar cerca de 9.000 kilómetros de corredores administrados por operadores privados, modificando de manera sustancial el modelo de gestión de la red vial federal.

La discusión de fondo

El debate trasciende el nivel de gasto público. El Impuesto a los Combustibles fue concebido como un tributo de afectación específica, es decir, con un destino determinado para financiar infraestructura vial.

La principal crítica es que los usuarios continúan pagando un impuesto cuya carga sobre el precio final prácticamente se duplicó en menos de tres años, mientras el estado de las rutas nacionales sigue empeorando y la ejecución de los recursos destinados a su mantenimiento permanece muy por debajo de la recaudación disponible.

Para especialistas en infraestructura y finanzas públicas, la brecha entre lo que recauda el Estado por este concepto y lo que efectivamente invierte en conservación vial constituye una de las principales explicaciones del acelerado deterioro que hoy exhibe gran parte de la red nacional.

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El Gobierno adjudicó cuatro corredores viales por 20 años: el mileismo le abre la puerta Cristóbal López en el negocio de los peajes

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su plan de reorganización de la infraestructura vial al adjudicar cuatro corredores viales correspondientes a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. La medida, formalizada mediante la Resolución 1186 del Ministerio de Economía, entrega la operación de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales por un plazo de veinte años y redefine el mapa de los concesionarios privados, con el desembarco de nuevos jugadores y el regreso de empresarios que ya habían participado del sistema de peajes.

La licitación forma parte de la estrategia oficial para transferir al sector privado la operación, el mantenimiento y las futuras inversiones sobre corredores estratégicos, bajo un esquema en el que las empresas podrán comenzar a percibir peajes una vez cumplidas las obras mínimas exigidas en los contratos. Los valores presentados durante el proceso licitatorio fueron calculados a precios de julio de 2025, por lo que deberán ser actualizados antes de su aplicación efectiva.

Uno de los principales ganadores fue el Grupo Corven, cuyo brazo financiero, Creditech, obtuvo dos de los cuatro corredores licitados. La compañía, históricamente vinculada a la fabricación de motocicletas y al sector financiero, ingresará por primera vez al negocio de las concesiones viales, convirtiéndose en uno de los operadores con mayor presencia dentro del nuevo esquema.

El consorcio integrado por Creditech y Plantel se adjudicó el corredor Mediterráneo, de 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35, que atraviesan Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, con una tarifa propuesta de $1.989,67 más IVA cada 100 kilómetros. El mismo grupo también obtuvo el corredor Portuario Sur, integrado por 636,75 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188, en Buenos Aires y La Pampa, donde ofertó un peaje de $1.256 más IVA cada 100 kilómetros.

Otro de los corredores adjudicados fue el denominado Puntano, que quedó en manos de la unión transitoria conformada por Basaa y Cecosa. La propuesta contempla la administración de 720 kilómetros distribuidos sobre las rutas nacionales 8, 36, 193 y la circunvalación de Río Cuarto, con una tarifa de $1.440,08 más IVA cada 100 kilómetros. Basaa, sucesora de Britos, mantiene una trayectoria vinculada a la obra pública en Córdoba y fue una de las constructoras con mayor participación durante las gestiones provinciales de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.

Sin embargo, el aspecto que concentra mayor atención política y empresarial es la adjudicación del corredor Portuario Norte a CPC, la constructora perteneciente al empresario Cristóbal López. El tramo comprende 528 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 33 y la avenida A-008 e incorpora futuras estaciones de peaje en localidades como Venado Tuerto, Rufino, Casilda, General Villegas y Trenque Lauquen. La empresa presentó una oferta con una tarifa de $1.856 cada 100 kilómetros.

La adjudicación marca el regreso de López al negocio de las concesiones viales luego de casi una década. Durante el gobierno de Mauricio Macri, la entonces concesionaria de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas perdió el contrato por incumplimientos en los planes de inversión y por la retención de fondos provenientes de los peajes que debían ser transferidos al Estado. Posteriormente, la empresa atravesó un concurso preventivo del que logró salir recién en 2025.

El regreso del empresario también reaviva el debate sobre los criterios de evaluación utilizados en las licitaciones públicas. López enfrenta actualmente procesos judiciales vinculados a las causas Cuadernos y Los Sauces-Hotesur, mientras que en el expediente Oil Combustibles obtuvo una absolución por parte de la Cámara de Casación Penal, aunque esa decisión permanece bajo revisión de la Corte Suprema tras la apelación del Ministerio Público Fiscal.

A ello se suman antecedentes contractuales de CPC como constructora. Entre ellos figura la rescisión de obras sobre la Ruta Nacional 3 durante 2018 y la paralización de la duplicación de la Ruta Nacional 5 entre Mercedes y Suipacha, un proyecto adjudicado en 2022 que no llegó a completarse y cuya continuidad deberá redefinirse dentro del nuevo esquema concesionado.

La decisión del Gobierno refleja el avance de la política de privatización de la infraestructura vial impulsada por el Ministerio de Economía. No obstante, la composición de los adjudicatarios vuelve a instalar interrogantes sobre los mecanismos de selección, la ponderación de antecedentes empresariales y los sistemas de control que deberán garantizar el cumplimiento de las inversiones comprometidas durante los próximos veinte años.

Para las provincias y los usuarios del sistema vial, el desafío excede el cambio de operadores. La eficiencia de las nuevas concesiones será medida por la capacidad de mejorar el estado de las rutas, reducir los costos logísticos y garantizar niveles adecuados de seguridad vial. En ese contexto, la transparencia en la ejecución de las obras y el monitoreo del cumplimiento contractual serán factores determinantes para evaluar si el nuevo modelo logra traducirse en mejores servicios para el transporte de personas y mercancías.

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El Gobierno adjudicó cuatro corredores viales por 20 años: quiénes operarán las rutas

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La privatización de Corredores Viales S.A. dio un nuevo paso con la adjudicación de cuatro tramos estratégicos de la Red Federal de Concesiones. A través de la Resolución 1149/2026 del Ministerio de Economía, el Gobierno nacional oficializó los ganadores de la licitación pública internacional que definirá durante los próximos 20 años la operación, mantenimiento, ampliación y explotación de algunos de los corredores más importantes del país.

La medida representa uno de los hitos centrales del proceso de reorganización de la infraestructura vial impulsado por la administración nacional, que busca trasladar al sector privado la gestión de las rutas concesionadas bajo el esquema de obra pública por peaje, con el argumento de mejorar la calidad del servicio y reducir la participación estatal en la operación.

La resolución aprueba la segunda etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 504-0015-LPU25 correspondiente a la denominada Red Federal de Concesiones – Etapa II-B, luego de que la comisión evaluadora analizara las propuestas económicas presentadas por las empresas precalificadas y concluyera que las ofertas seleccionadas eran las más convenientes para el interés público.

Los cuatro corredores adjudicados abarcan zonas de alto tránsito productivo y logístico, fundamentales para el transporte de granos, manufacturas y exportaciones.

El Tramo Mediterráneo fue adjudicado a la unión de empresas CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., que ofertó una tarifa de $1.989,67 sin IVA. El contrato tendrá una duración de veinte años.

Para el Tramo Puntano, la adjudicación quedó en manos de BASAA S.A. – CECOSA S.A., con una propuesta de $1.440,08 sin IVA.

En tanto, el Tramo Portuario Sur también será administrado por CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., cuya oferta ascendió a $1.256,03 sin IVA.

Finalmente, el Tramo Portuario Norte fue adjudicado a CPC S.A., con una tarifa propuesta de $1.856 sin IVA.

Todos los contratos tendrán una vigencia de veinte años e incluyen la construcción, explotación, administración, reparación, conservación, ampliación de infraestructura vial, mantenimiento integral, prestación de servicios al usuario y el desarrollo de actividades complementarias que permitan generar ingresos adicionales.

La licitación despertó un fuerte interés del sector constructor. Más de una decena de grupos empresarios participaron del proceso competitivo, entre ellos Roggio, Cartellone, Rovella Carranza, Panedile, Luciano Construcciones, Paolini Hermanos e IEB Construcciones, entre otros. Tras la evaluación técnica y económica, las ofertas seleccionadas fueron consideradas las más convenientes en términos de tarifa y cumplimiento de las exigencias establecidas en los pliegos.

Un dato relevante es que el dictamen de adjudicación no recibió impugnaciones durante el período reglamentario de publicidad en el sistema CONTRAT.AR, lo que permitió avanzar con la adjudicación definitiva sin nuevos obstáculos administrativos.

Qué cambia para quienes utilizan las rutas

Desde la perspectiva de los usuarios, el cambio no implica una modificación inmediata en el funcionamiento de las rutas, pero sí abre una nueva etapa en la administración de la infraestructura vial nacional.

Las empresas adjudicatarias asumirán la obligación de mantener las condiciones de transitabilidad, ejecutar obras comprometidas, conservar el estado de los corredores y prestar servicios de asistencia al usuario durante toda la vigencia de la concesión.

El esquema busca que las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura sean financiadas mediante el sistema de peajes, reduciendo el aporte directo del Estado en la operación cotidiana.

Para el sector productivo, especialmente las economías regionales, el transporte de cargas y las cadenas exportadoras, la expectativa oficial es que corredores en mejores condiciones permitan disminuir costos logísticos, reducir tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial.

Sin embargo, el verdadero desafío será verificar durante los próximos años el cumplimiento efectivo de los planes de inversión comprometidos por las concesionarias y el equilibrio entre las mejoras en la infraestructura y la evolución de las tarifas de peaje, un aspecto que impacta directamente sobre transportistas, productores y usuarios particulares.

Con esta adjudicación, el Gobierno profundiza el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., declarado sujeto a privatización por la Ley 27.742, consolidando un nuevo modelo de gestión para parte de la red vial nacional basado en concesiones privadas de largo plazo.

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Avanzan con la privatización de rutas nacionales: abren las ofertas económicas de la Etapa III, que incluye a Misiones

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de concesión de la infraestructura vial al abrir este miércoles las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un esquema que prevé incorporar capital privado para la operación, mantenimiento y modernización de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidas en once provincias, entre ellas Misiones.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que esta etapa forma parte del plan para concesionar más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos, por donde circula cerca del 80% del tránsito nacional. El objetivo oficial es reemplazar el financiamiento estatal de estas obras por inversión privada, bajo un modelo de concesión que busca mejorar la infraestructura vial y reducir los costos logísticos para la producción.

Para Misiones, el proceso adquiere especial relevancia porque la provincia integra dos de los corredores licitados. Por un lado, el Tramo Mesopotámico, que comprende 276 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 18, y por otro el Tramo Noreste, con 456 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 105, dos ejes fundamentales para la conectividad provincial y el comercio con Paraguay y Brasil.

La Ruta Nacional 12 constituye el principal corredor logístico de Misiones. Conecta la provincia con Corrientes y el resto del país, además de vincular ciudades estratégicas como Posadas, Jardín América, Eldorado, Puerto Esperanza e Iguazú. La Ruta Nacional 105, en tanto, funciona como uno de los principales accesos al área metropolitana de Posadas y canaliza buena parte del tránsito de cargas provenientes del sur provincial.

La Etapa III también incluye otros seis corredores distribuidos en distintas regiones del país. El Tramo Centro comprende 681 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 19 y 34; el Centro Norte abarca 536 kilómetros de la Ruta Nacional 34; el Noroeste suma 596 kilómetros sobre las rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016; el Litoral comprende 547 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16; el corredor Chaco-Santa Fe cubre 497 kilómetros de la Ruta Nacional 11; mientras que el Tramo Cuyo incorpora 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7.

Según explicó Caputo en sus redes sociales, la apertura de las ofertas económicas representa un nuevo avance del proceso licitatorio y permitirá continuar con la evaluación para adjudicar cada uno de los corredores.

“Se realizó la apertura de las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un nuevo avance del proceso licitatorio para concesionar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión 100 % privada”, señaló el ministro.

El funcionario sostuvo además que estos corredores son “fundamentales para la producción, el comercio, el turismo y la integración regional”, al tiempo que reafirmó la estrategia oficial de avanzar hacia un esquema donde el mantenimiento y desarrollo de la red vial quede en manos de operadores privados.

La iniciativa se enmarca en el proceso de transformación del sistema de infraestructura impulsado por el Gobierno nacional, que busca reemplazar el modelo tradicional de obra pública financiada con recursos del Estado por concesiones de largo plazo. En este esquema, las empresas adjudicatarias asumirán las inversiones necesarias para mantener, reparar y ampliar las rutas, recuperando esos desembolsos a través de la explotación de los corredores concesionados.

Para Misiones, donde la competitividad de sectores como la forestoindustria, la yerba mate, el té, el turismo y el comercio internacional depende en gran medida de la calidad de la infraestructura vial, la modernización de estos corredores aparece como un factor clave para reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad y fortalecer la integración logística con el Mercosur. El desafío, sin embargo, será que las futuras concesiones logren equilibrar inversiones, calidad del servicio y costos para los usuarios, en un contexto donde el transporte terrestre continúa siendo uno de los principales motores de la economía regional.

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