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Informe del IARAF: cuatro de seis sectores cerraron 2025 con ingresos reales negativos

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Entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, la mayoría de los ingresos reales registrados en la Argentina perdió poder adquisitivo, en un período que coincide con el inicio de la gestión de Javier Milei. Así lo revela un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), difundido por el economista Nadin Argañaraz, que muestra caídas reales en cuatro de los seis sectores analizados. Solo dos grupos lograron ganarle a la inflación: los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los jubilados que cobran el haber mínimo sin bono.

El estudio cuantifica pérdidas y ganancias acumuladas en términos reales, expone diferencias significativas entre sectores públicos y privados y aporta un diagnóstico preciso sobre la evolución del poder adquisitivo en los primeros dos años del actual gobierno.

Pérdidas generalizadas: trabajadores y jubilados con bono, los más afectados

El informe de IARAF concluye que cuatro de los seis sectores con ingresos registrados terminaron 2025 con variaciones reales negativas respecto de noviembre de 2023. Entre los más golpeados aparecen los trabajadores públicos nacionales, los empleados del sector privado, los trabajadores públicos provinciales y los jubilados que perciben el haber mínimo más bono compensatorio.

En el caso de los asalariados del sector privado, el documento señala que “habrían finalizado el 2025 con una pérdida acumulada de poder adquisitivo equivalente al 80% del poder adquisitivo del mes de noviembre de 2023”. En términos concretos, esa merma equivale a 24 días del ingreso real de aquel mes.

Para los trabajadores públicos nacionales, la situación resulta aún más severa: la pérdida acumulada asciende a 7 ingresos reales de noviembre de 2023. El informe detalla que, aunque cobraron 25 salarios mensuales durante el período, esos ingresos equivalen en términos reales a 18 salarios de noviembre de 2023. En tanto, los trabajadores públicos provinciales cerraron 2025 con una pérdida acumulada de 2,8 salarios reales de referencia.

Los jubilados que cobran el haber mínimo más el bono tampoco lograron sostener su poder de compra. Según IARAF, este grupo perdió el equivalente a 1,4 ingresos reales de noviembre de 2023, reflejando el impacto de la inflación sobre una prestación que combina haber y refuerzos discrecionales.

En términos de pérdidas acumuladas, el informe subraya que los empleados públicos nacionales fueron el sector con mayor deterioro real, al resignar en 25 meses el equivalente a siete ingresos completos.

Los ganadores: AUH y jubilados sin bono le ganaron a la inflación

En contraste con el panorama general, el estudio identifica dos sectores con mejoras reales acumuladas. El primero es el de los receptores de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se consolidó como el principal ganador del período.

Según el informe, quienes perciben la AUH finalizaron 2025 con un mayor poder adquisitivo acumulado equivalente a 21,3 ingresos reales de noviembre de 2023. En términos prácticos, esto implica que, en 25 meses de ingresos, obtuvieron un ingreso extra equivalente a 21 ingresos reales de aquel mes base, lo que se tradujo en un aumento del 85% del ingreso real acumulado en dos años.

El segundo grupo con resultado positivo fue el de los jubilados que cobran únicamente el haber mínimo, sin bono. Para este segmento, el cierre de 2025 significó un aumento real acumulado de 0,8 haberes de noviembre de 2023, un desempeño que el propio informe destaca como exactamente opuesto al de los trabajadores privados registrados.

Poder adquisitivo y clase media: un deterioro persistente

El análisis de IARAF también aborda la evolución del poder adquisitivo al cierre de 2025, con resultados que refuerzan la tendencia observada en los ingresos acumulados. De acuerdo con lo explicado por Argañaraz, los trabajadores privados registrados llegaron a diciembre de 2025 con un poder de compra casi 1% por debajo del nivel de noviembre de 2023.

Para los trabajadores públicos nacionales, la pérdida fue mucho más profunda: 33% de poder adquisitivo, aproximadamente, respecto del mismo mes de referencia. Los empleados públicos provinciales, tras una fuerte caída inicial, cerraron el período con una pérdida real del 6,5%. En tanto, los jubilados que cobran haber mínimo más bono finalizaron 2025 con una merma del 7,5% en su poder de compra.

Del lado positivo, los jubilados que perciben solo el haber mínimo registraron una suba real del 9,3%, mientras que los beneficiarios de la AUH duplicaron su poder adquisitivo frente a noviembre de 2023, consolidándose como el sector poblacional con mayor mejora real en los últimos dos años.

El informe concluye que esta dinámica se traduce en una clase media más empobrecida, con fuertes asimetrías entre sectores y con un esquema de ingresos donde las políticas de transferencias sociales explican buena parte de las mejoras relativas.

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Inflación a la baja, salarios rezagados, el 77% siente que perdió poder adquisitivo

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Aunque los indicadores oficiales muestran una moderación de la inflación, la percepción social va en sentido contrario. Un informe privado citado por la periodista de Radio Rivadavia Rocío Kalenok revela que el 77% de los argentinos considera que su salario perdió poder adquisitivo frente al avance del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con un impacto especialmente visible en la clase media.

El relevamiento expone una brecha creciente entre los datos macroeconómicos y la experiencia cotidiana de los hogares, atravesada por subas persistentes en tarifas, transporte y combustibles, rubros que erosionan el ingreso disponible.

Inflación más baja, pero salarios en “efecto serrucho”

El análisis se apoya en un estudio de la consultora Centric, que midió cómo el avance del IPC se refleja —o no— en los ingresos percibidos por los argentinos. Según Kalenok, la Argentina sigue siendo “una foto aparte”: “Hace algunos años teníamos una de las inflaciones más altas del mundo, incluso en comparación con países con conflictos políticos o bélicos”.

A ese diagnóstico se suma un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que describe un “efecto serrucho” en los salarios: aumentos nominales que no logran sostenerse en términos reales frente a subas concentradas en consumos esenciales. “Hoy se gasta mucho más en servicios, transporte y combustibles. Eso va comiendo el poder adquisitivo y termina dejando menos margen para otras compras”, explicó la periodista.

El fenómeno genera una disonancia clara: aun cuando la inflación general desacelera, los rubros que más pesan en el presupuesto familiar crecen por encima del promedio, lo que impide que los hogares perciban una mejora real. “Todos esos consumos esenciales terminan generando que la persona no sienta que el número de inflación sea el más bajo en los últimos siete años”, sintetizó Kalenok.

Clase media en retroceso: percepción de caída social y ajuste en el consumo

Los datos del informe refuerzan la sensación de deterioro social. El 64% de los encuestados se percibe como clase media baja o baja, una tendencia que supera a la mitad de la muestra y marca un corrimiento identitario dentro del entramado social argentino.

En paralelo, el 55% considera que la situación económica del país es peor que su situación personal, una lectura que sugiere una evaluación negativa del contexto macroeconómico aun cuando algunos hogares logran sostenerse de manera individual. “Los encuestados ven que la economía está peor que su situación particular”, señaló Kalenok.

Esa percepción se traduce en decisiones concretas de consumo. Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el 48% anticipó menores gastos, y una porción de los consultados incluso rescindió o ajustó sus vacaciones ante la pérdida de poder adquisitivo. El recorte del gasto discrecional aparece así como un mecanismo defensivo frente a ingresos que no alcanzan.

Inflación de diciembre: CABA marcó 2,7% y anticipa el dato nacional

En términos de precios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró en diciembre de 2025 una inflación de 2,7%, con lo que cerró el año en 31,8%. El dato, aunque aún no oficial a nivel nacional, funciona como anticipo de lo que difundirá el INDEC el martes 13 de enero.

Entre los rubros con mayor incidencia se destacó transporte, con un aumento de 5,5%, seguido por alimentos y bebidas, que promediaron 2,4%. Dentro de esta división, el principal impulso provino de carnes y derivados (7,4%), seguidos por frutas (3,7%) y pan y cereales (2,0%). En sentido contrario, verduras, tubérculos y legumbres registraron una baja de -5,9%, lo que moderó parcialmente la suba general.

Consultoras privadas prevén que el IPC nacional de diciembre se ubique en un nivel similar o superior al de noviembre (2,5%), consolidando un escenario de inflación mensual contenida, pero todavía significativa en términos acumulados.

Una brecha persistente entre datos y experiencia cotidiana

El cuadro que surge del informe es claro: la desaceleración inflacionaria no se traduce automáticamente en alivio para la clase media. La combinación de salarios con ajustes intermitentes, aumentos focalizados en gastos esenciales y una percepción social de retroceso configura un escenario de tensión distributiva.

Más allá de los indicadores técnicos, la clave está en la capacidad de los ingresos para recomponerse de manera sostenida frente a los precios que más pesan en la vida diaria. Mientras esa brecha persista, la inflación “a la baja” seguirá sin sentirse en los bolsillos, reforzando una percepción extendida de pérdida del poder adquisitivo y fragilidad económica.

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Crisis en Tapebicuá: 430 operarios quedan sin convenio y rechazan cobrar el 60% del salario

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La empresa Forestal Tapebicuá, ubicada en Gobernador Virasoro, cerró el pasado domingo 30 de noviembre el convenio laboral vigente con sus 430 operarios. La firma había propuesto suspensiones con “vacaciones forzosas” y un pago del 60% de los haberes hasta marzo de 2026, pero el planteo fue rechazado por la representación sindical, que exige elevarlo al 80%. La situación se agrava en medio de versiones de venta de la compañía y un escenario de inactividad prolongada.

Fin del convenio, propuesta de suspensión y tensiones por los salarios

El conflicto en Forestal Tapebicuá escaló en las últimas horas tras el vencimiento del acuerdo que regulaba las condiciones entre la firma y los operarios. El convenio dejó de estar vigente este domingo 30 de noviembre, dejando a 430 trabajadores sin un marco de continuidad claro.

Según trascendió durante la última reunión entre la empresa y los sindicatos, realizada el viernes, la compañía planteó: suspensiones con “vacaciones forzosas” por tres meses, pago del 60% del salario, continuidad de la medida hasta los primeros días de marzo de 2026, un esquema que incluiría el aporte provincial de un subsidio de $250.000.

En números concretos, la propuesta contemplaba abonar alrededor de $650.000 mensuales por trabajador más el subsidio estatal complementario.

La representación sindical rechazó el ofrecimiento al considerar que no garantiza el sustento mínimo de las familias durante un período de inactividad tan prolongado. La posición gremial es clara: exigir que el porcentaje de pago durante la suspensión se eleve al 80% del salario.

Un conflicto que se profundiza por la posible venta de la compañía

El trasfondo económico agrega tensión al escenario laboral. Fuentes internas señalan que la empresa estaría atravesando un proceso de venta, situación que explicaría la decisión de paralizar operaciones.

Esa presunta transición empresaria —no confirmada formalmente por la firma— dejó al personal sin definiciones sobre su continuidad, su relación laboral y el restablecimiento de la actividad productiva.

La propuesta de otorgar vacaciones forzosas por tres meses y pagar el 60% del salario aparece, en este contexto, como una solución de contingencia para la empresa, pero como una pérdida sustantiva de ingresos para los operarios.

Por ahora solo nos resta esperar hasta el 3 de diciembre, que será la próxima reunión con los empresarios y saber qué va a pasar”, expresó un trabajador de la planta a un medio local de Virasoro, graficando el clima de incertidumbre que atraviesa a las familias dependientes del complejo forestal

Impacto económico y político: qué está en juego

El conflicto no solo afecta a los operarios, sino también a la cadena forestoindustrial de Virasoro y de toda la región nordeste, donde la actividad aporta empleo, logística, servicios y movimiento comercial.

Los puntos críticos del escenario actual son: 430 trabajadores sin certeza sobre salario pleno ni continuidad laboral. Una oferta empresarial muy por debajo del ingreso normal. La intervención parcial del Gobierno provincial con subsidios, aunque insuficientes para neutralizar la pérdida salarial. Una empresa en presunto proceso de transferencia, lo que podría modificar estructura, producción y condiciones laborales. Riesgo de paralización total de la actividad durante al menos tres meses.

En términos institucionales, la situación reabre el debate sobre los mecanismos de protección en empresas en transición patrimonial y la necesidad de instrumentos de negociación que eviten que la carga económica recaiga exclusivamente sobre los trabajadores.

La próxima reunión —3 de diciembre— será clave para destrabar el conflicto, definir un esquema de ingresos y proyectar el futuro de la actividad forestal en una de las ciudades más industrializadas del nordeste argentino.

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Entidades financieras se oponen a que las billeteras paguen sueldos y jubilaciones

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Los bancos rechazan que billeteras virtuales paguen sueldos y jubilaciones y alertan por “riesgos para trabajadores y jubilados”

Las principales entidades financieras del país cuestionaron la propuesta incluida en la reforma laboral que habilita a las billeteras virtuales a pagar salarios, jubilaciones y prestaciones sociales. Aseguran que el sistema bancario es el único con estándares regulatorios suficientes para garantizar seguridad, trazabilidad y protección de los haberes.

Un rechazo institucional: los bancos advierten sobre los riesgos de “bajar el nivel de formalidad” en el sistema de pagos

Las cámaras que nuclean a los bancos públicos, privados y extranjeros —ADEBA, ABA y ABAPPRA— emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron “de plano” la posibilidad de que las billeteras virtuales se conviertan en plataformas habilitadas para el pago de salarios, jubilaciones y prestaciones, tal como contempla la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Las entidades señalaron que el actual esquema de acreditación de haberes “ha sido una de las pocas políticas de Estado exitosas que tuvo la Argentina”, y destacaron que su implementación en las últimas décadas consolidó un sistema “formal, seguro y gratuito para trabajadores y jubilados”.

En su mensaje, los bancos recordaron que el sistema financiero argentino “demostró su fortaleza incluso en las crisis de las últimas tres décadas”, subrayando que esa resiliencia se sustenta en exigencias regulatorias, supervisión permanente y garantías que las billeteras virtuales —en su rol actual— no están obligadas a cumplir.

“El nivel de servicios para los usuarios es excelente, además de gratuito”, remarcaron, en referencia al alcance, estabilidad y cobertura del sistema bancario en materia de pagos previsionales y laborales.

Argumentos técnicos y regulatorios: sin beneficios claros, con “costos y riesgos” potenciales

En otro tramo del comunicado, ADEBA, ABA y ABAPPRA enfatizaron que, “en línea con la legislación vigente y las mejores prácticas internacionales”, los haberes deben mantenerse dentro del sistema bancario formal, que opera bajo un marco normativo más rígido que el que aplica para las fintech y billeteras virtuales.

Las entidades alertaron que “no se observan beneficios —pero sí costos y riesgos— de bajar el nivel de formalidad y exigencias para las entidades que tienen la responsabilidad de velar por el pago y la seguridad de sueldos y jubilaciones”.

El punto central del planteo bancario es la seguridad de los fondos: “Quienes promueven relajar las condiciones para el pago de salarios y jubilaciones deben ser conscientes de que dicha decisión expone a los trabajadores y jubilados al riesgo de perder sus haberes, en casos de que la billetera en la que cobren tenga dificultades o desmanejos económicos”, advirtieron.

Con esta afirmación, las cámaras buscan subrayar que el sistema bancario no solo opera con garantías legales y regulatorias más estrictas, sino que además está obligado a implementar sistemas de respaldo financiero, encajes y controles externos que las billeteras digitales no tienen.

Tensión entre bancos y fintech en medio de la reforma laboral

La discusión se inscribe en un contexto de fuerte competencia entre el sistema financiero tradicional y los nuevos actores del ecosistema digital. La reforma laboral propone ampliar el abanico de entidades donde pueden acreditarse haberes, un movimiento que beneficiaría directamente a las billeteras virtuales que buscan consolidarse como proveedores integrales de servicios financieros.

Para los bancos, esta flexibilización abre un escenario donde: se fragmenta el sistema de pagos, se reduce la trazabilidad, se amplifican riesgos operativos, y se debilita un ecosistema que consideran clave para la formalidad laboral.

Desde el lado fintech, si bien no se pronuncian en este texto, la expectativa suele estar enfocada en ganar participación en el mercado de pagos, profundizar la competencia y reducir costos de intermediación.

El debate promete escalar tanto en el Congreso como en el sistema financiero: mientras el Gobierno impulsa políticas de desregulación y competencia, los bancos buscan preservar el marco regulatorio vigente para el pago de salarios y jubilaciones, uno de los segmentos más sensibles del sistema.

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El promedio de aumentos mensuales continúa sin poder romper el techo del 2%

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Para la consultora Ecolatina por cuarto mes consecutivo, el nivel de aumentos mensuales osciló en el rango 1,6%-1,9%, lo que refleja que las paritarias están estabilizadas luego de aquel salto inflacionario visto en marzo/abril. 

Como dato negativo para los salarios, este nivel de estabilización se dio por debajo de los niveles del IPC, por lo cual la gran mayoría de los gremios acumula pérdidas en 2025. Para octubre, los salarios promediaron aumentos en el orden del 1,9% mensual, contra una inflación proyectada por diversas fuentes privadas en el orden del 1,8%-2,2% mensual, lo cual haría que los salarios estén una luz por debajo del nivel de aumento de precios.

Con respecto a los gremios más grandes, SMATA, Camioneros y Comercio ya tienen su acuerdo cerrado y renegociarán nuevamente en 2026. El mejor ubicado de los tres es SMATA, con aumentos que rondan el 32,6% para el 2025, mientras que Comercio y Camioneros cerraron en torno al 22% ambos. El resto, que aún tiene uno o dos meses más por arreglar, irían en la línea de Comercio/Camioneros, y no en la línea de SMATA: todos terminarían el 2025 con aumentos en el orden del 24% anual.

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