El senador Maurice Closs propuso una ley para que sea obligatorio otorgar y sostener las prestaciones sociales a las mujeres con discapacidad mientras subsistan las causas que las originaron.
El legislador misionero sostiene que “en ningún caso el derecho de una mujer a percibir una pensión por discapacidad podrá suspenderse o condicionarse” a la posibilidad de los parientes legalmente obligados a proporcionarles alimentos, a los bienes, ingresos y recursos que posean las mujeres con discapacidad u otra razón esgrimida en la reglamentación de la pensión por invalidez que pueda aplicarse en detrimento de los derechos adquiridos por las mujeres con discapacidad.
El proyecto de ley es clave en momentos en que se discuten diversas medidas de ajuste y el Gobierno recorta los aportes sociales. Por eso, Closs sostiene que las prestaciones por discapacidad otorgadas a mujeres que hubieren sido suspendidas deberán ser restablecidas en un plazo no mayor a 30 días.
Closs reconoce que en la política de ampliación de derechos de los últimos años pudieron haber errores, pero advierte que “sería razonable lograr el equilibrio fiscal quitando las pensiones a quienes falsificaron y mintieron sus niveles de discapacidad”, pero no quitar beneficios bajo el argumento de los ingresos, el poder adquisitivo o el patrimonio de su cónyuge.
“Dejar a esta mujer sin pensión implica lisa y llanamente dejarla bajo el único sostén y dependencia absoluta de su cónyuge o marido. No es una decisión que se debe tomar con un criterio economicista exclusivo. El Estado debe velar ante esta situación y garantizar ese ingreso mínimo que le permitirá a esta mujer discapacitada tener, por lo menos, alguna independencia económica que morigere la ya difícil situación de desigualdad por las que debe atravesar producto de su discapacidad”, argumenta Closs.
A seis años del golpe parlamentario que terminó con el gobierno de Fernando Lugo, en junio de 2012, el Parlamento paraguayo se apresta ahora a repetir un quiebre institucional, de prosperar la intención de una mayoría de senadores de tomar juramento al ex presidente Nicanor Duarte Frutos como senador activo, cuando la Constitución Nacional le reserva una banca vitalicia.
El juramento de Duarte Frutos, de concretarse, abre la puerta para la jura del presidente Horacio Cartes, cuya candidatura y elección también son abiertamente contrarias a lo que establece el artículo 189 de la Carta Magna, que prohíbe taxativamente a los jefes de Estado postularse al Senado.
La ruptura institucional que significaría el ingreso al Parlamento de ambos mandatarios terminó por aglutinar a toda la oposición en torno a la figura del senador Fernando Lugo, quien excluyó a Duarte Frutos y Cartes de la sesión en que dejó instalado el nuevo Senado, el 30 de junio pasado, cuando también entregó la Presidencia del Congreso.
En la ocasión, Lugo llamó a jurar a dos figuras impensadas, la cartista Mirtha Gusinsky, y el abdista Rodolfo Friedmann, lo que provocó una seguidilla de amparos judiciales por parte de Duarte Frutos, y una denuncia penal de Cartes a Lugo por “usurpación de funciones” al no acatar los mandatos judiciales que dieron luz verde a sus cuestionadas candidaturas.
Lugo se convirtió así en árbitro de una situación que amenaza ahora con desatar una crisis política de proporciones, a las puertas de la asunción del presidente electo en abril, el colorado Mario Abdo Benítez, que pasó de ser enemigo acérrimo de Cartes a continuador de sus políticas, que dejan un país con una deuda pública inédita, del 25% del PIB, y un índice de pobreza cercano al 30% de la población, esto es dos millones de personas.
Abdo Benítez dio la más clara muestra de seguir, e incluso profundizar, el modelo inaugurado por Cartes al respaldar el acuerdo Cartes – Macri para las notas reversales de Yacyretá, ratificadas por el Senado a fines de junio en una ajustada votación en que su bancada fue decisiva.
La embestida del cartismo en el Parlamento, utilizando a Duarte Frutos como cabeza de playa, se produce luego de que Cartes sufriera la primera derrota en su afán por asumir como senador, al no conseguir los votos para el tratamiento de su renuncia a la Presidencia a mediados de junio, a tal punto que debió retirarla.
Ahora, su intención es entregar el gobierno a Abdo Benítez el 15 de agosto y asumir su banca parlamentaria, siempre y cuando su correligionario Duarte Frutos pueda abrir una puerta que ya no consiguió en 2008, cuando su candidatura había sido también convalidada por la Corte Suprema de Justicia y la Justicia Electoral, pero los senadores le cerraron el acceso.
Eran también otros tiempos, Duarte Frutos no tenía, como ahora, a un hombre con el poder económico y la determinación de Cartes empujando detrás. Estaba solo y su partido había perdido las elecciones.
Sin embargo, el escenario vuelve hacérsele cuesta arriba. Los colorados y un sector afín del Partido Liberal reúnen la mayoría, pero cargan con el rechazo ciudadano que provoca el tema en los diversos sectores sociales y políticos, y la oposición de los grandes medios de prensa, cuyos propietarios se han colocado en las antípodas de Cartes, a quien ven como un peligro para sus propios negocios.
Comenzaron las exposiciones de expertos en las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales.
A partir de las 14 horas, comenzaron las exposiciones de especialistas en el plenario de comisiones del Senado que está tratando el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que ya cuenta con media sanción de Diputados.
Según informó el Senado en una comunicación, los expositores de hoy serán la secretaria general del Sindicato de Amas de Casa María Lucila Colombo; el rabino Fernando Szlajen; el abogado Manuel García Mansilla; el urólogo Fernando Secin; el director ejecutivo de Fundación Huésped Leandro Cahn; la médica y psicoanalista Martha Rosenberg; la médica especialista en epidemiología y políticas de salud Patricia Rosemberg; la licenciada en gobierno y relaciones internacionales Daniela Yozzi; el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa; el abogado y doctor en derecho y ciencias sociales Martín Farrell; el jurista Marcelo Alegre; el sacerdote Matías Jurado; la abogada y licenciada en ciencias políticas Inés Franck; la médica y maestra en ciencias de salud reproductiva Mariana Romero; la especialista en género y comunicación para la igualdad Belén Spinetta; la abogada y especialista en sociología jurídica Angélica Gelli; la socióloga María Elena Critto y el ginecólogo y miembro de la Academia Nacional de Medicina Eduardo Young.
Antes de que comenzaran las exposiciones, la senadora Anabel Fernández Sagasti solicitó al presidente de la comisión de Salud (Mario Fiad, que se manifestó en contra) que se disponga un espacio más grande, porque la sala habilitada es pequeña en relación a la cantidad de asistentes. En ese sentido Miguel Ángel Mayans propuso que se realice en el Salón de las provincias.
El debate en el Senado del proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo comenzará hoy en medio de la polémica. En respuesta a la presión ejercida por varios obispos contra la iniciativa, el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto (Río Negro), le pidió a la Iglesia “ejercer la tolerancia” con los que piensan distinto sobre el aborto.
“La Iglesia debería ejercer la tolerancia porque la ley está por encima de los dogmas”, sentenció Pichetto en diálogo con LA NACION y en respuesta a la ofensiva de la Iglesia contra la iniciativa sancionada por la Cámara de Diputados en la mañana del 14 de junio pasado, que se tradujo en duros conceptos vertidos durante las homilías por el 9 de Julio
Las palabras del rionegrino se convirtieron así en el prolegómeno del inicio del debate sobre la legalización del aborto en la Cámara alta, lo que ocurrirá hoy, a partir de las 14, en un plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Constitucionales.
El encuentro será la primera de siete jornadas (martes y miércoles durante las próximas cuatro semanas) a la que concurrirán invitados a exponer a favor y en contra del proyecto.
La hoja de ruta fijada por un acuerdo político sellado entre todos los bloques políticos del Senado establece que las comisiones deberán emitir dictamen el próximo 1° de agosto. El o los dictámenes que emita el plenario serán discutidos en el recinto una semana después.
Habrá 56 expositores acordados entre los presidentes de las tres comisiones. En esa nómina inicial figuran, en partes proporcionales en sus posturas a favor o en contra del aborto, referentes del derecho, como Alberto García Lema, Jorge Vanossi, Andrés Gil Domínguez, Hernán Munilla Lacasa, Nicolás Becerra, Alberto Bianchi, Martín Farrel y la exjueza de la Corte de Mendoza Aída Kemelmajer; científicos del Conicet (Alberto Komblihtt, Dora Barrancos y Mariana Romero), de la UBA (Mónica Pinto) y de la Universidad de La Pata (Fabián Salvioli), y especialistas médicos, como el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica, Miguel Schiavone, la exdirectora de la Maternidad Sardá Patricia Rosemberg, y el jefe de obstetricia del Hospital Austral, Ernesto Beruti.
También serán invitados a prestar su testimonio referentes de instituciones como la Academia Nacional de Medicina y de Derecho y Ciencias Sociales, y de organizaciones y de asociaciones civiles.
La lista incluye también funcionarios, como el actual ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, quien se manifestó a favor de la legalización del aborto y concurrirá a exponer en la reunión prevista para el próximo 24.
Ese mismo día están invitados el exministro Ginés González García y Leonel Briozzo, exsubsecretario de Salud de Uruguay, país que tiene despenalizado el aborto hasta la semana 12 de gestación.También expondrán Víctor Urbani, ex ministro de salud jujeño, y Leandro Caruana, secretario de salud de Rosario.
Tras permanecer en un cuidadoso segundo plano mientras el proyecto se debatió en Diputados, la Iglesia decidió salir a redoblar sus esfuerzos en su lucha contra la legalización del aborto y recuperar el terreno perdido ante las marchas a favor del aborto legal.
Así, el papa Francisco comparó el aborto legal con los planes eugenésicos del régimen nacionalsocialista alemán, al asegurar que “es lo mismo que hacían los nazis para cuidar la raza, pero con guantes blancos”. Lo dijo dos días después de que el proyecto fuera aprobado en la Cámara baja. El Arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, durante la homilía por el Día de la Independencia
Ayer el arzobispo Carlos Sánchez aprovechó el Tedeum por la celebración del 9 de Julio para pedirle explícitamente a los senadores que “defiendan la vida”, en medio del debate por el proyecto que reglamenta la interrupción voluntaria del embarazo en el país, iniciativa que ya cuenta con media sanción de Diputados. “El aborto es la muerte de un inocente”, sentenció. Además, le habló a los senadores y pidió luchar contra el narcotráfico, la pobreza, la injusticia y la desigualdad.
Con la presencia de Gabriela Michetti en reemplazo de Mauricio Macri, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, encabezó el Tedeum en la catedral provincial con motivo del Día de la Independencia. A pesar de que se trata de una celebración por el 9 de Julio, el discurso Sánchez renovó las críticas de la Iglesia católica a la legalización del aborto, que desde este martes se comenzará a discutir en el Senado.
“Valor inalienable de la vida es un derecho que tiene todo argentino. Toda vida vale. Todo hombre es importante. No hay sobrantes en la Argentina. Nos toca edificar desde la promoción de la vida. El aborto es muerte de un inocente, de un niño y de un argentino”, aseveró.
“Cuántos argentino s se han pronunciado a favor de la vida. Cuántos jóvenes, ancianos y médicos de otras provincias. No edifiquemos sobre las arenas de leyes injustas”, añadió.
“No nos engañemos ni dejemos engañar”, agregó. “Nadie tiene derecho a eliminar la vida de otro ser humano”, sostuvo Sánchez en su homilía.
Las palabras del arzobispo fueron una continuidad de la multitudinaria misa que ofició en Luján el titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea. Ante miles de personas, Ojea lamentó que el proyecto despenalizador esté a punto de convertirse en ley, porque, según dijo, “legitimaría la eliminación de un ser humano por otro ser humano”.
En otro pasaje de la homilía, Sánchez bregó por buscar el bien común y construir una Patria de hermano. También reclamó luchar contra e l narcotráfico, que se apoderó de las calles. “Hoy vemos con mucha tristeza en nuestro querido Tucumán, y quizás en otras partes del país, que niños y mujeres son usados para vender muerte (droga) en los barrios. Es triste”.
Para el cierre, dejó un mensaje direccionado para los senadores, quienes tendrán la decisión final de convertir en ley, o no, el proyecto que reglamenta la interrupción voluntaria del embarazo. “Que el Señor ilumine a nuestros senadores para que defendamos la vida, porque toda vida vale. Que así sea”,concluyó.
Luego de arduas negociaciones, y tras la polémica que había generado la decisión de Gabriela Michetti, el interbloque Cambiemos aceptó retirar el giro de la inciativa a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y fijar el 8 de agosto para la votación de la interrupción voluntaria del embarazo. Todas las fuerzas políticas acompañaron la propuesta, en una aprobación a mano alzada.
Luego de la polémica que se generó por la decisión de Gabriela Michetti de girar a cuatro comisiones el proyecto de despenalización y legalización del aborto, este miércoles (27/06) la discusión se trasladó al recinto de la Cámara alta.
Según publica Semanario Parlamentario, luego de intensas negociaciones, que provocaron que el retraso del comienzo de la sesión, el interbloque Cambiemos aceptó retirar el giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y, tal como se acordó en Labor Parlamentaria ayer, fijar el 8 de agosto para la votación de la interrupción voluntaria del embarazo, con media sanción de Diputados. Todas las fuerzas políticas acompañaron la propuesta, en una aprobación a mano alzada.
Michetti recordó que como presidenta del Cuerpo tiene la facultad de definir los giros y ase guró que “con mucha conciencia y mucho trabajo de estudios de antecedentes, y poner todo el profesionalismo que pude delante de mí, creí y creo que es necesario girar el proyecto a cuatro comisiones. Lo sigo pensando de esta manera, pero hay una petición del interbloque Cambiemos de hacer otra propuesta”.
Cabe recordar que la decisión de Michetti de enviar el proyecto a cuatro comisiones del Senado -en vez de a dos como había acordado con los jefes de los bloques-, había sido intepretado por muchos como un intento de dilatar la votación. Sobre todo, se cuestionaba su envío a la Comisión de Presupuesto.
Luego tomó la palabra Federico Pinedo, quien valoró “absolutamente su criterio -el de Michetti- y además lo comparto en este caso”, pero dijo que en Labor Parlamentaria surgià ³ un “intercambio de opiniones, un pensamiento bastante amplio en el sentido de buscar algún mecanismo que disipara algunas imputaciones que se habían hecho desde afuera de esta Casa al comportamiento del Senado”.
“Queremos aventar cualquier tipo de dudas sobre esa cuestión”, sostuvo el presidente provisional de la Cámara alta y consideró que se trata de un “tema importante, serio para la sociedad” por eso “queremos garantizar un debate serio y respetuoso, cordial y constructivo”.
Pinedo propuso que “finalmente el proyecto sea tratado por tres comisiones”, las de Salud, Justicia y Asuntos Penales y Asuntos Constitucionales, y enfatizó: “creemos que tiene que haber un tiempo razonable de análisis y de escucha de la sociedad y seriedad en el tratamiento”. Por último, afirmó que una “fecha razonable” de votación es el 8 de agosto y que el dictamen pueda firmarse una sema na antes.
Por su parte, el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, pronosticó que “el Senado va a dar un debate que va a estar a la altura” y calificó a la propuesta como “altamente razonable”. Además aclaró que “estamos dispuestos a debatir” el proyecto aún si no hubiera dictamen el 8 de agosto. El rionegrino expresó que “esto zanja las diferencias y pone al tema en un camino de alta razonabilidad y de responsabilidad institucional”.
En tanto, el presidente del FpV-PJ, Marcelo Fuentes, consideró también la propuesta como “razonable y equilibrada” y que “hace precisamente al cumplimiento de las tareas que tenemos por delante”.
La senadora Ada Itúrrez (Frente Cívico por Santiago) manifestó: “vamos a acompañar pero no sin dejar de decir que esta propuesta debe tratarse fundamentalmente en la Co misión de Presupuesto”.
“Vamos por buen camino con la propuesta del 8 de agosto”, señaló el puntano Adolfo Rodríguez Saá, al tiempo que también avalaron la decisión la rionegrina Magdalena Odarda, la salteña Cristina Fiore Viñuales y la misionera Magdalena Solari.
