SENADO

No hubo dictamen en las Comisiones del Senado pero igual se tratará la despenalización del aborto el próximo miércoles

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No hubo dictamen en el plenario de Comisiones que debatió la Ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Ninguna inciativa alcanzó las firmas necesarias para obtener un dictamen de mayoría. El próximo 8 de agosto se debatirá en el recinto la media sanción que llegó de Diputado ya que el cuerpo había votado una preferencia para que el tema se analice con o sin despacho de comisión.
Presidido por el senador Mario Fiad (Cambiemos-Jujuy) se realizó el plenario de las comisiones de Salud, Asuntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación.
Los senadores que apoyan el aborto legal no alcanzaron a reunir la mayoría de firmas este miércoles en el plenario de comisiones, donde finalmente no hubo dictamen. En una reunión atravesada por una fuerte discusión reglamentaria, los detractores de la ley se negaron a suscribir un despacho y los “verdes” intentaron imponerse, pero no lograron reunir las firmas suficientes.


De las 53 firmas del total, los legisladores a favor del proyecto reunieron 26: nueve en la Comisión de Salud, ocho en Justicia y Asuntos Penales, y nueve en Asuntos Constitucionales. Sin embargo, según la interpretación que hizo el propio jefe del bloque Justicialista, Miguel Pichetto, se necesitaban 27 adhesiones -la mitad más uno- para el dictamen.
Pichetto se basó en el artículo 180 del reglamento interno, que habla de la mayoría absoluta sobre “el conjunto de integrantes de las comisiones participantes”. Pero los senadores “celestes” fueron al plenario con una lectura diferente: invocaron el artículo 105, que indica que para que haya dictamen tiene que reunir las firmas de “por lo menos más de la mitad de los miembros que integran cada comisión”. Con ese criterio, se necesitaban 28 firmas.
Luego de una larga discusión sobre el reglamento de la Cámara y de haber cumplido el plazo necesario para la firma de un dictamen que hubiera permitido que el proyecto fuera discutido en el recinto, el Secretario Parlamentario, Juan Pedro Tunessi, informó que la iniciativa que presentaba modificaciones a la que había venido de Diputados no alcanzaba la mayoría necesaria.
Tunessi comunicó que las firmas que modificaban la media sanción aprobada en la cámara baja, sumaban veintiséis. Nueve de ellas se habían registrado en la comisión de Salud, ocho en la de Justicia y Asuntos Penales y otras nueve en la de Asuntos Constitucionales.


“Con 26 firmas no hay factibilidad de dictamen, el debate será en el pleno el día 8 de agosto”, sostuvo el senador Fiad, antes de dar por finalizada la reunión plenaria de las comisiones que durante siete sesiones analizaron la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

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Mendoza en la mira de todo el país, a un paso de legalizar el funcionamiento de la aplicación Uber

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En el ojo de la tormenta, el Senado mendocino discutirá en el recinto la controvertida ley de Movilidad. Lo hará en medio de un paro y movilización a la Legislatura de taxistas, que dicen que su trabajo se redujo en un 50% desde que llegó la app.
El debate es seguido por todo el país, en Misiones la app propone instalarse en Posadas e Iguazú. Rosario también debate su habilitación y en Buenos Aires y CABA los taxistas salieron a las calles a protestar por la acción de la Legislatura mendocina.
Los Andes – Con un contexto polémico y la Legislatura sitiada por taxis y remises, el Senado puede darle hoy sanción definitiva al proyecto de Ley de Movilidad y con ella, al arribo de plataformas como Uber a Mendoza.
Al menos así lo entienden los legisladores oficialistas que dicen tener “confianza” en que la oposición acompañe con su voto el controvertido proyecto.
Pero a la sesión de hoy no será fácil de acceder. Es que los propietarios de taxis y remises han prometido hacer sentir su protesta.
Por eso convocaron a un “paro general” desde las 8 de la mañana, sin horario de finalización de la medida y “con movilización” a la Casa de las Leyes.
Es que si bien ha habido no pocas conversaciones y se han incorporado varias modificaciones, los taxistas y remiseros no aceptan esta nueva norma.
Su oposición a que se instalen plataformas electrónicas para el uso de vehículos de transporte de pasajeros no cede. Como tampoco el hecho de que los taxis pasen a considerarse “transporte de pasajeros de interés general” y no un servicio público (como sí lo es el transporte urbano de micros).
En realidad esos son solo algunos aspectos de la oposición. “Se quiere tratar de prepo esta Ley y sin tener en cuenta las opiniones de distintas cámaras”, se quejó Fernando Sáez, titular de Aprotam, la más combativa (en este tema) de las tres organizaciones de propietarios de taxis.
En el oficialismo opinan todo lo contrario. “La Ley lleva más de un mes discutiéndose. Se ha consultado a los distintos sectores”, resaltó el senador radical Diego Costarelli.
El mismo legislador señaló que “están salvaguardados” los derechos de los trabajadores y además “se regula el tema de las plataformas”.
El hecho de que la regulación llegue previamente a la instalación de aplicaciones como Uber o Cobify es ponderado por el Gobierno. “Mendoza será el primer lugar en el mundo en el que se regule a estas plataformas antes de que se instalen”, destacó el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema. Además, el funcionario quiso aclarar que “en ninguna ciudad en donde funcionan las plataformas desapareció el taxi”.
Mema y la titular del Emetur, Gabriela Testa, estuvieron ayer en el plenario de comisiones (Obras y Servicios Públicos, Hacienda y Legislación y Asuntos Constitucionales) en donde se analizó la norma.
Allí respondieron a las inquietudes de sectores involucrados como Aprotam (única cámara de propietarios que asistió) y legisladores opositores.
Y fue allí también donde el oficialismo consideró que la discusión estaba agotada. Por eso firmó el despacho para su tratamiento en el recinto, aunque sin el apoyo opositor.
Hay votos
Más allá de esa situación, la UCR y sus aliados confían en que este martes el proyecto podrá convertirse en Ley.
“Esperamos que haya coherencia en la oposición y apoye la iniciativa”, señaló Costarelli. El cornejista resaltó que “muchas de las modificaciones” que se hicieron en Diputados, “fueron planteadas por la oposición y se les hizo lugar.
El oficialismo cuenta hasta ahora (si no hay ausencias) con la mitad exacta de los 38 votos que hay en la Cámara Alta.
La oposición en tanto, no se muestra muy compacta.
Es cierto que la jefa del bloque PJ, Patricia Fadel mostró su negativa. “Si no nos dejan hacer modificaciones votaremos en contra”, lanzó. Y entre otros puntos, criticó que “en algunos departamentos como Tunuyán no se plantea transporte urbano”.
Pero hay voces que adentro de su bloque no hay pleno consenso. Y otros sectores, como Podemos (3 votos), darían su apoyo a la norma “en general” y buscarían cambios “en particular”, como opinó el referente Alejandro Abraham.
De todos modos nada es seguro aún y habrá que esperar al momento de la votación.
Taxistas movilizados hasta en Buenos Aires
Los propietarios de taxis diseñaron una fuerte campaña en contra de este proyecto de Ley.
Con el eslogan “yo tomo taxi” organizaron diversas acciones y movilizaciones.
Del lado del Sindicato de Peones de Taxi, el fin de semana pasado llegó a la provincia su referente nacional, Omar Viviani.
El gremialista consideró “ilegal” el desembarco de Uber y advirtió que pondría en peligro “miles de puestos de trabajo”.
La movilización de hoy que han organizado los propietarios de taxi tendrá también una parada en Buenos Aires.
Allí, frente a la Casa de Mendoza, se apostaron taxistas porteños “por tiempo indeterminado”.
La consigna con la que se instalaron apunta al gobernador Alfredo Cornejo. “No te dejes comprar por Uber”, le recomiendan.
Claves
Más de un mes discutiendo
El 18 de junio ingresó a Diputados el proyecto.
Reglas claras: El Gobierno pondera que Mendoza sea el primer lugar en el mundo en el que se regula a las plataformas “antes de que se instalen”

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Closs impulsa ley para garantizar prestaciones sociales a mujeres con discapacidad

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El senador Maurice Closs propuso una ley para que sea obligatorio otorgar y sostener las prestaciones sociales a las mujeres con discapacidad mientras subsistan las causas que las originaron.
El legislador misionero sostiene que “en ningún caso el derecho de una mujer a percibir una pensión por discapacidad podrá suspenderse o condicionarse” a la posibilidad de los parientes legalmente obligados a proporcionarles alimentos, a los bienes, ingresos y recursos que posean las mujeres con discapacidad u otra razón esgrimida en la reglamentación de la pensión por invalidez que pueda aplicarse en detrimento de los derechos adquiridos por las mujeres con discapacidad.
El proyecto de ley es clave en momentos en que se discuten diversas medidas de ajuste y el Gobierno recorta los aportes sociales. Por eso, Closs sostiene que las prestaciones por discapacidad otorgadas a mujeres que hubieren sido suspendidas deberán ser restablecidas en un plazo no mayor a 30 días.
Closs reconoce que en la política de ampliación de derechos de los últimos años pudieron haber errores, pero advierte que “sería razonable lograr el equilibrio fiscal quitando las pensiones a quienes falsificaron y mintieron sus niveles de discapacidad”, pero no quitar beneficios bajo el argumento de los ingresos, el poder adquisitivo o el patrimonio de su cónyuge.
“Dejar a esta mujer sin pensión implica lisa y llanamente dejarla bajo el único sostén y dependencia absoluta de su cónyuge o marido. No es una decisión que se debe tomar con un criterio economicista exclusivo. El Estado debe velar ante esta situación y garantizar ese ingreso mínimo que le permitirá a esta mujer discapacitada tener, por lo menos, alguna independencia económica que morigere la ya difícil situación de desigualdad por las que debe atravesar producto de su discapacidad”, argumenta Closs.

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Paraguay, de golpe en golpe

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A seis años del golpe parlamentario que terminó con el gobierno de Fernando Lugo, en junio de 2012, el Parlamento paraguayo se apresta ahora a repetir un quiebre institucional, de prosperar la intención de una mayoría de senadores de tomar juramento al ex presidente Nicanor Duarte Frutos como senador activo, cuando la Constitución Nacional le reserva una banca vitalicia.
El juramento de Duarte Frutos, de concretarse, abre la puerta para la jura del presidente Horacio Cartes, cuya candidatura y elección también son abiertamente contrarias a lo que establece el artículo 189 de la Carta Magna, que prohíbe taxativamente a los jefes de Estado postularse al Senado.
La ruptura institucional que significaría el ingreso al Parlamento de ambos mandatarios terminó por aglutinar a toda la oposición en torno a la figura del senador Fernando Lugo, quien excluyó a Duarte Frutos y Cartes de la sesión en que dejó instalado el nuevo Senado, el 30 de junio pasado, cuando también entregó la Presidencia del Congreso.
En la ocasión, Lugo llamó a jurar a dos figuras impensadas, la cartista Mirtha Gusinsky, y el abdista Rodolfo Friedmann, lo que provocó una seguidilla de amparos judiciales por parte de Duarte Frutos, y una denuncia penal de Cartes a Lugo por “usurpación de funciones” al no acatar los mandatos judiciales que dieron luz verde a sus cuestionadas candidaturas.
Lugo se convirtió así en árbitro de una situación que amenaza ahora con desatar una crisis política de proporciones, a las puertas de la asunción del presidente electo en abril, el colorado Mario Abdo Benítez, que pasó de ser enemigo acérrimo de Cartes a continuador de sus políticas, que dejan un país con una deuda pública inédita, del 25% del PIB, y un índice de pobreza cercano al 30% de la población, esto es dos millones de personas.
Abdo Benítez dio la más clara muestra de seguir, e incluso profundizar, el modelo inaugurado por Cartes al respaldar el acuerdo Cartes – Macri para las notas reversales de Yacyretá, ratificadas por el Senado a fines de junio en una ajustada votación en que su bancada fue decisiva.
La embestida del cartismo en el Parlamento, utilizando a Duarte Frutos como cabeza de playa, se produce luego de que Cartes sufriera la primera derrota en su afán por asumir como senador, al no conseguir los votos para el tratamiento de su renuncia a la Presidencia a mediados de junio, a tal punto que debió retirarla.
Ahora, su intención es entregar el gobierno a Abdo Benítez el 15 de agosto y asumir su banca parlamentaria, siempre y cuando su correligionario Duarte Frutos pueda abrir una puerta que ya no consiguió en 2008, cuando su candidatura había sido también convalidada por la Corte Suprema de Justicia y la Justicia Electoral, pero los senadores le cerraron el acceso.
Eran también otros tiempos, Duarte Frutos no tenía, como ahora, a un hombre con el poder económico y la determinación de Cartes empujando detrás. Estaba solo y su partido había perdido las elecciones.
Sin embargo, el escenario vuelve hacérsele cuesta arriba. Los colorados y un sector afín del Partido Liberal reúnen la mayoría, pero cargan con el rechazo ciudadano que provoca el tema en los diversos sectores sociales y políticos, y la oposición de los grandes medios de prensa, cuyos propietarios se han colocado en las antípodas de Cartes, a quien ven como un peligro para sus propios negocios.

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Comenzaron las exposiciones en el Senado por el tratamiento sobre la interrupción voluntaria del embarazo

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Comenzaron las exposiciones de expertos en las comisiones de Salud, Justicia y Asuntos Penales, y Asuntos Constitucionales.
A partir de las 14 horas, comenzaron las exposiciones de especialistas en el plenario de comisiones del Senado que está tratando el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que ya cuenta con media sanción de Diputados.
Según informó el Senado en una comunicación, los expositores de hoy serán la secretaria general del Sindicato de Amas de Casa María Lucila Colombo; el rabino Fernando Szlajen; el abogado Manuel García Mansilla; el urólogo Fernando Secin; el director ejecutivo de Fundación Huésped Leandro Cahn; la médica y psicoanalista Martha Rosenberg; la médica especialista en epidemiología y políticas de salud Patricia Rosemberg; la licenciada en gobierno y relaciones internacionales Daniela Yozzi; el abogado penalista Hernán Munilla Lacasa; el abogado y doctor en derecho y ciencias sociales Martín Farrell; el jurista Marcelo Alegre; el sacerdote Matías Jurado; la abogada y licenciada en ciencias políticas Inés Franck; la médica y maestra en ciencias de salud reproductiva Mariana Romero; la especialista en género y comunicación para la igualdad Belén Spinetta; la abogada y especialista en sociología jurídica Angélica Gelli; la socióloga María Elena Critto y el ginecólogo y miembro de la Academia Nacional de Medicina Eduardo Young.
Antes de que comenzaran las exposiciones, la senadora Anabel Fernández Sagasti solicitó al presidente de la comisión de Salud (Mario Fiad, que se manifestó en contra) que se disponga un espacio más grande, porque la sala habilitada es pequeña en relación a la cantidad de asistentes. En ese sentido Miguel Ángel Mayans propuso que se realice en el Salón de las provincias.

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